En el anuncio de cambios para el sector de telecomunicaciones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dejó entrever que el gobierno podría estar pensando en el arribo de un cuarto operador móvil: “El gobierno nacional tomó la decisión de ampliar la oferta en el rubro, en el mundo de las telecomunicaciones (…), medidas para alentar una mayor competencia entre las empresas del sector (…), analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria (…). El gobierno trabaja constantemente en el programa de desregulación, apertura de mercado y corrección de cualquier distorsión existente que afecte la calidad o condiciones de prestación de los servicios”.
Estas frases usó Adorni para anunciar la puesta a disposición de los 150 MHz en la banda de 3.5 GHz para 5G: los 100 MHz que habían sido asignados a Arsat y 50 MHz por los que no se ofertó en la última licitación. Se trató de un anuncio que llamó la atención porque se dio entre otros avisos relevantes a nivel nacional como el cierre de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el relevamiento de todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones, la derogación del reglamento general de servicios de TV por suscripción, que incluía obligaciones de grilla a las empresas de TV paga, y la intempestiva crítica a Telecom y Telefónica por presuntamente adeudar la suma de 3 mil millones de pesos (USD 3 millones) al Fondo de Servicio Universal.
En un sector que a nivel internacional busca la consolidación para mantener el ritmo inversor, los ejemplos regionales de mercados con cuatro o más operadores móviles no están dando buenos resultados. En Chile, WOM ingresó al mercado móvil en 2015 y actualmente pidió la adhesión al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos y está a la venta; en Brasil, después años de pérdidas, Oi no pudo sostenerse y un consorcio formado por sus competidores (Vivo, TIM y Claro) adquirió sus activos móviles en 2020; en Colombia, que tiene el ARPU más bajo de América Latina, avanza la fusión de Tigo con Movistar mientras WOM enfrenta actualmente a un proceso de reestructuración para hacer frente a su pesada deuda.
Abundan los ejemplos, también en Europa, sobre la necesidad de consolidación en el sector, considerando además los desafíos de sostenibilidad financiera en un contexto de desaceleración o caída de los ingresos y aumento de las necesidades de infraestructura de red. Una mayor competencia generada artificialmente puede terminar diluyendo los márgenes operativos y dificultando la estabilidad de las inversiones a largo plazo, lo que a menudo resulta en menos capacidad para desarrollar infraestructura avanzada, como redes 5G, y mantener una cobertura de alta calidad.
Esta no sería la primera ocasión en la que sobrevuela en Argentina la idea de un cuarto operador móvil. En 2012, Cristina Kirchner llegó a lanzar Libre.ar, un operador móvil público de la mano de Arsat que nunca llegaría a funcionar. En la subasta de espectro 4G en 2014, buscaron el ingreso de un nuevo operador, y Arlink, del Grupo Vila-Manzano, adquirió frecuencias que luego no pudo pagar. En la gestión de Alberto Fernández se volvió a especular con un rol de Arsat como operador público móvil –minorista o mayorista–, aunque el único avance fue la asignación de espectro que ahora se retira. Lo que sí se concretó entonces fue el ingreso de Imowi como operador móvil virtual (OMV) de la mano de Telefónica.
De confirmarse la intención del gobierno de avanzar en esta dirección, ¿quién podría ser este cuarto operador en Argentina? Las opciones son pocas en un sector consolidado, con poco margen de crecimiento y con altas inversiones de capital ya efectuadas por operadores tradicionales en los últimos años.
Una alternativa podría ser Vrio, compañía del Grupo Werthein (que mantiene buena relación con Javier Milei, ya que Gerardo Werthein es el embajador argentino en Estados Unidos). El Grupo maneja con éxito desde 2021 las operaciones de DirecTV en América Latina. Si bien su negocio central es el servicio de TV satelital, avanza firme hacia la convergencia diversificándose con el lanzamiento de operaciones de fibra al hogar (FTTH) en Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Quizá no sea casual que hace unos días el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó la inscripción de DirecTV como OMV, con lo que el Grupo podría también buscar una alianza con alguno de los incumbentes para ofrecer el servicio.
Otro actor al que le podría interesar el ingreso al mercado móvil es Telecentro, compañía de triple play de Buenos Aires que el año pasado recibió regulación especial cuando el Enacom reglamentó condiciones de negocio para la relación de los Operadores Móviles de Red (OMR) y Telecentro como operador virtual.
También se podría pensar en fondos de inversión internacionales, aunque en este caso está el desafío de la aún inestable macroeconomía, que aunque viene mejorando en sus indicadores, tiene todavía el reto de levantar el control de capitales. Podría ser un atractivo para empresas internacionales la incipiente recuperación que viene mostrando el ARPU móvil. En el caso chileno, por los activos de WOM se han interesado fondos como KKR, Digital Bridge e incluso Saudi Telecom Group (STC).
En un ejercicio de imaginación, se podría incluso mencionar a Starlink, de Elon Musk, gracias al buen vínculo personal que tiene el empresario con Javier Milei. Pero hasta el momento, Starlink no tiene ningún negocio con espectro 5G en el mundo. En cambio, Musk sí se podría beneficiar del anuncio de la relicitación del contrato para la provisión de servicios de conectividad en 16 mil escuelas del país, de las cuales muchas son con conectividad satelital.
La posible entrada de un cuarto operador al mercado móvil argentino desde luego plantea grandes desafíos, dados los antecedentes regionales acerca de la limitada sostenibilidad financiera en mercados con más de tres jugadores. Por su relevancia para el desarrollo socioeconómico de los países, la industria de la infraestructura de conectividad es un sector que requiere operadores solventes con planes de negocio sostenibles en el tiempo.
Aunque la intención del gobierno de aumentar la competencia puede parecer positiva a corto plazo, es fundamental considerar entonces los ejemplos de países vecinos, donde la sobreoferta ha generado inestabilidad financiera y dificultades para invertir en infraestructura avanzada. Si bien actores locales relevantes podrían estar interesados en expandir su presencia, el éxito de un nuevo operador dependerá de su capacidad para afrontar las exigentes inversiones que requiere el sector, así como de las condiciones macroeconómicas y regulatorias.
¿Nueva pelea con el Grupo Clarín? Algunos de los anuncios de este lunes 21 de octubre nos pueden hacer recordar a la acalorada disputa que mantuvo el gobierno kirchnerista con el principal medio de comunicación local, el Grupo Clarín, por la Ley de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios).
El vocero presidencial, Adorni, anunció también un cambio en el régimen impositivo de diarios y revistas, donde se elimina la excepción del IVA establecida en 2018, poniendo en peligro la sostenibilidad de algunos medios de comunicación y en un contexto donde Javier Milei suele cuestionar al periodismo. Días atrás, en una entrevista televisiva, el presidente dijo sobre la prensa: “Hay un 15% que dice la verdad; el 85% miente todo el tiempo”.
No se puede dejar de lado que Adorni hizo especial hincapié en que Telecom, que comparte accionistas con el Grupo Clarín, abonó los intereses moratorios dos años después de su liquidación original, en relación a la deuda de los aportes del Fondo de Servicio Universal. No es habitual que Adorni en sus conferencias señale de esta forma a empresas privadas.
Además, la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplaza a AFIP, incluye el nombramiento de Andrés Vázquez al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), quien, según algunos medios, es un antiguo funcionario de la AFIP que “saltó a la tapa de los diarios el 10 de septiembre de 2009, al liderar el operativo de allanamiento con 200 inspectores en Clarín”.
Reavivar las tensiones entre el gobierno y el Grupo Clarín podría volver esta relación aún más conflictiva, con implicaciones que van más allá del ámbito de las telecomunicaciones y que desde luego no serían positivas para el desarrollo de la conectividad en Argentina.
