Telecom Argentina y Telefónica responden a las acusaciones del gobierno sobre obligaciones del Servicio Universal
Tan rápido como pudieron, Telecom y Telefónica contestaron a las acusaciones del gobierno argentino, que señaló ayer a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, que estas empresas debían unos 3 mil millones de pesos (hoy 3.05 millones de dólares) en concepto de aportes de inversión al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU). Ambas señalaron que “han cumplido siempre” con sus obligaciones en el país.
Desde Telecom indicaron que aportó 12 mil millones de pesos (12.2 millones de dólares) al FFSU en lo que va de 2024, lo que la convierte en el “principal aportante” al Fondo. Agregaron que “respecto de la deuda (señalada por Adorni), ha ejercido en sede administrativa las defensas correspondientes, por entender que ha realizado las prestaciones por encima de sus obligaciones regulatorias”.
El operador destacó inversiones por más de 6 mil millones de dólares en el país entre 2017 y 2023 y defendió que “ha sido auditada anualmente respecto de la composición e información contenidas en las declaraciones juradas presentadas ante la autoridad competente y todas las intimaciones recibidas han sido respondidas siempre en tiempo y forma”.
Ante la consulta de DPL News, Telefónica contestó que “hizo los pagos correspondientes desde el primer momento en que se constituyó el FFSU” y “cumplió desde el origen con los programas de Servicio Universal definidos en la regulación vigente en cada momento”. También marcó que presentó al regulador declaraciones juradas correspondientes y que “la autoridad realizó observaciones” que fueron respondidas en procedimientos administrativos que todavía están en trámite.
En la conferencia, Adorni señaló que por las irregularidades detectadas en la actividad del regulador Enacom durante la intervención, se iniciará un relevamiento de todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones. Además, anunció que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia avanzará en un proceso de “exhaustivas investigaciones en todo el territorio de la nación para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria”.
El gobierno también anunció que dispondrá de los 100 MHz en 3.5 GHz que le habían sido reservados a Arsat a través de la Resolución 1289/2023. Lo mismo ocurrirá con los otros 50 MHz que están en manos del Enacom —se trataría del bloque no adjudicado en la última subasta—. También se “relicitará el contrato para la provisión de servicios de conectividad en 16 mil escuelas del país”, entre otras medidas.