La propiedad intelectual es un activo de competitividad en la era del T-MEC y la IA

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) en 2020, la reforma publicada el pasado 3 de abril en el Diario Oficial de la Federación representa uno de los cambios más significativos en el sistema mexicano de propiedad intelectual.

Se trata de una reforma que llega en un contexto estratégico para México, marcado por la revisión del T-MEC y el uso intensivo de Inteligencia Artificial (IA). Bajo esta nueva normativa, la gestión de marcas o patentes ya no es sólo un tema jurídico, sino que se transforma en una herramienta de innovación.

La reforma a aportó cambios relevantes al sistema de patentes en México; entre ellos, tiempos máximos de respuesta; solicitudes provisionales de patente; la creación de un Comité Técnico Especializado; e incluso infracciones por el uso indebido de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), como reutilizar contenido sin autorización o asociar marcas a eventos masivos no relacionados (especialmente relevante de cara al Mundial de Futbol 2026).

Aurora López-Portillo, directora de Servicios Legales de ClarkeModet México, explica en entrevista con DPL News que estos cambios significan que la gestión de marcas, patentes y desarrollos tecnológicos ya no puede ser tratada como un trámite puramente burocrático o legal por parte de las empresas, sino que debe ser vista como una pieza central de la planeación de negocios y el gobierno corporativo.

“Innovar ya no va a ser suficiente. Aquí va a haber una ventaja competitiva en aquellos titulares que desde un inicio sepan proteger y monetizar esa innovación, porque ya no sólo es ver cómo registro, sino protegerlo bien y ver cómo voy a sacar uso de eso para generar mayor valor”, afirma.

Para la directora, esta reforma fortalece la defensa estratégica e introduce herramientas clave para la transferencia en mercados cada vez más complejos.

El peso de los intangibles y el despertar de la innovación local

Las industrias intensivas en propiedad intelectual aportaron el 47.8% del PIB nacional en 2024, según cifras del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Asimismo, el ecosistema de innovación local da señales de aceleración, ya que en 2025 se registraron 988 patentes a personas mexicanas, siendo la cifra histórica más alta para inventores nacionales.

No obstante, el panorama aún revela una asimetría estructural, según advierte ClarkeModet. El 96% de las patentes otorgadas en el país corresponden a solicitantes extranjeros. Este dato evidencia la urgencia de que las organizaciones locales adopten una gestión estratégica mucho más sofisticada para robustecer sus procesos tecnológicos y convertir el conocimiento en productividad y licenciamiento.

Velocidad y certidumbre

Uno de los cambios más drásticos de la reforma radica en la optimización de los tiempos institucionales. Los plazos de resolución se reducirán significativamente: procesos que antes tomaban hasta cinco años ahora se tardarán alrededor de un año para patentes y sólo cinco meses para marcas que no presenten oposición.

Para dinamizar las etapas tempranas de desarrollo, la ley incorpora la solicitud provisional de patente. Esta figura permitirá a inventores, startups y universidades presentar una primera protección con menores costos iniciales, otorgándoles hasta un año de prioridad para robustecer la documentación definitiva.

Además, para blindar la certidumbre jurídica, se introduce un mecanismo de control institucional: si el IMPI no resuelve dentro de los plazos legales, un Comité Técnico Especializado podrá ordenar la emisión de una resolución en un máximo de diez días hábiles. Este nuevo escenario eleva la exigencia técnica para las empresas, ya que las solicitudes deberán estar perfectamente alineadas con una visión clara de negocio desde el primer día.

Propiedad intelectual en el T-MEC

La evolución de la regulación en México no es un hecho aislado, ya que responde de manera directa a los compromisos de armonización internacional asumidos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El acuerdo trilateral coloca a la propiedad intelectual como una condición indispensable de competitividad para atraer inversión, influyendo en debates críticos sobre transferencia tecnológica y cadenas de valor globales, explica López-Portillo.

La directora celebra que ya se observa el reconocimiento de estas reformas operativas, ya que el país fue removido de la Priority Watch List (Lista de Vigilancia Prioritaria) de Estados Unidos, un reporte que identifica países con deficiencias graves en la protección de la propiedad intelectual. Esto, asegura, valida el fortalecimiento de la legislación mexicana y la adopción de prácticas de enforcement digital acordes con los estándares internacionales.  

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IA promete eficiencia, pero con riesgos millonarios

Por otro lado, la adopción masiva de la IA Generativa representa un catalizador de doble filo para los departamentos de innovación. Si bien la IA democratiza la creación de contenido y reduce drásticamente costos que antes se tercerizaban con agencias, también introduce riesgos regulatorios que ya están plasmados en la ley. 

El principal reto proviene de la naturaleza misma de los modelos de IA, los cuales se nutren de bases de datos globales –de texto, audio o video– sin distinguir la existencia de derechos preexistentes. En ese sentido, las empresas se enfrentan al riesgo de incurrir en infracciones por el uso involuntario de elementos de terceros o por la creación de publicidad engañosa.

Ante esto, la reforma incluye sanciones por el uso indebido de IA en la falsificación de marcas, el uso no autorizado de patentes, la apropiación de secretos industriales o la generación de publicidad engañosa. Por estos actos considerados ilegales, la reforma integra infracciones por hasta 250,000 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que implica pagos de decenas de millones de pesos.

Además, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta ahora con facultades extendidas para ejecutar bloqueos de contenido digital e interrupciones inmediatas de la actividad comercial.  

Incluso, “las medidas no sólo van a implicar sanciones en contra del usuario, sino también en contra de la plataforma que subió el video o que tiene a la venta los productos; si ellos no bajan el contenido, también los pueden sancionar”, advierte López-Portillo.  

Para mitigar este riesgo operativo, la especialista señala que el criterio humano sigue siendo el mejor filtro, por lo que debe haber un doble check, ya sea por parte de los equipos de diseño o legal, para asegurarse de que el contenido obtenido por IA no genere infracciones a la empresa antes de salir al mercado.

López-Portillo también recomendó involucrar al equipo legal desde la fase de generación de ideas de las campañas para delimitar qué es viable proteger y qué pudiera vulnerar los derechos de terceros.

Incentivos para la innovación local

Más allá de la protección al contenido a través de plataformas de IA, la reforma es parte de la estrategia del gobierno mexicano para integrar incentivos que permitan dinamizar el desarrollo y la innovación nacional.

Por ejemplo, el IMPI ha desplegado programas que otorgan facilidades de pago en derechos de registro y asesorías enfocadas en la protección de patentes para inventores nacionales.

“La idea –una vez que se empiecen a avanzar los nuevos trámites con las nuevas presentaciones– es facilitar el registro para los titulares y creo que eso va a motivar mucho la innovación y la inversión que se va a tener en este sector”, puntualiza López-Portillo.

Para la directora, la propiedad intelectual ya no debe ser tratada como asunto exclusivo del departamento legal, pues en realidad es un activo estratégico que obliga a las empresas a adoptar estrategias de propiedad intelectual transversales, que contemplen su protección, aprovechamiento y monetización, para convertirla en un componente de competitividad.