Uruguay | Rendición de Cuentas inicia su recorrido con poco impacto para el sector

Un pequeño cúmulo de asuntos y con impacto limitado para el sector está escrito en el nuevo proyecto de Rendición de Cuentas que el gobierno uruguayo envió al Congreso para revisión. Lo justo sería hablar más de las ausencias que de las presencias: ningún artículo propone la derogación total o parcial de la Ley de Medios. Así, ad portas de un año electoral —se elegirá presidente y otros cargos en octubre de 2024—, el gobierno optó por dejar fuera una propuesta que intentó incluir en la partida pasada y que fue parte de sus promesas en materia sectorial.

“Las leyes presupuestales tienen plazos de aprobación indefectibles, no dependes de la voluntad de que haya tratamiento. Siempre ha sido para todos los gobiernos, en particular este, una forma de colocar temas que quiere sacar sin dilaciones. Pensé que sería un escenario en el que lo volvería a intentar pero no hay nada en los 442 artículos”, analizó Gustavo Gómez, de Observacom, ante la consulta de DPL News. Consideró que esto es “llamativo” pero “positivo, porque la ley no es inconstitucional ni es una ley que censure o vaya en contra de la libertad de expresión”.

El año pasado, el gobierno logró aceptación durante la discusión de algunos artículos que ahora ya corren como parte de la regulación para el sector, entre ellos una nueva redacción del artículo 56 de la mencionada Ley de Medios vigente, a partir del cual se dio luz verde para que cableoperadores puedan dar Internet en el país. “Estamos expectantes de que el Ejecutivo comience a otorgar las primeras licencias”, dijo sobre este punto Washington Melo, presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), en diálogo con este medio. Recordó que al momento las autorizaciones vigentes son las que corren a partir de los fallos de la Corte Suprema.

Rendición de Cuentas del ejercicio 2022

El nuevo documento presenta un artículo que, de prosperar, dará a la Agencia Nacional para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) el cometido de asesorar al Ministerio de Salud Pública (MSP) en la aplicación de tecnologías de la información en el ámbito de la salud en general. También se propone la creación de un Comité de Gestión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para que apoye a Agesic y facilite su actuación en la materia.

La misma Agesic tendrá la atribución, si prospera el artículo 65 del borrador, de diseñar y desarrollar una estrategia nacional de datos e Inteligencia Artificial, “fundada en una gestión responsable de los datos y rendición de cuentas en los ámbitos público y privado”. Al mismo tiempo, podrá “promover la creación de entornos controlados de pruebas con el objetivo de poner en práctica proyectos tecnológicos de innovación en ámbitos definidos con entidades interesadas”, señala el texto en su apartado 66.

Además, por medio del artículo 227 se plantea la sustitución del artículo 125 de la Ley de Medios de modo que diga: “Las autorizaciones para prestar servicios de comunicación audiovisual 132 no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico y la correspondiente concesión de su uso, se otorgarán por un plazo de doce años para servicios de radiodifusión de radio y de quince años para servicios de radiodifusión de televisión. Las renovaciones serán, en ambos casos, por periodos de diez años”. Al mismo tiempo se revisan los plazos para que titulares de los servicios de radiodifusión comunitaria puedan regularizar la situación de sus autorizaciones.

Por último, el apartado 230 avanza sobre un tema ampliamente debatido y con artículos relacionados aprobados durante la discusión del año pasado: el bloqueo de contenidos. De avanzar sin cambios esta propuesta, el apartado 712 de la ley 19,924 pasará a decir lo siguiente: “Los titulares de servicios de televisión para abonados, de señales de televisión que se emiten por servicios de TV paga y de señales de televisión con autorización para emitir por aire en Uruguay, podrán presentar una denuncia fundada ante la Ursec, bajo declaración jurada, debiendo agregar, como mínimo, los recaudos técnicos y jurídicos que la respalden, sin perjuicio del inicio de las acciones judiciales que pudieran corresponder”.

Antel

Como resulta habitual, el gobierno dio detalles de la operación de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) como parte de la exposición de motivos de su Rendición de Cuentas. La estatal ejecutó 156.7 millones de dólares de inversiones en infraestructura de telecomunicaciones en 2022, alcanzando una ejecución del 61 por ciento del plan previsto por la actual administración.

La firma sigue con el despliegue de fibra al hogar, que “actualmente alcanza a más de 968 mil servicios” y busca sustituir la red de cobre, principalmente en el interior del país. Al mismo tiempo mantiene como objetivo la mayor cobertura de su red 4G, “de forma de alcanzar más localidades rurales y rutas principales o secundarias”, mientras que esta semana presentó servicios sobre 5G en algunas localidades del país, convirtiéndose en el primero en hacerlo con uso de la banda de 3.5 GHz recientemente subastada.