Brasil atraviesa un momento histórico en la transición de las telecomunicaciones: los tradicionales orelhões –llamados así por su formato que recuerda a una gran oreja (orejón)–, oficialmente denominados Teléfonos de Uso Público (TUP), están siendo retirados de forma gradual de las calles brasileñas a partir de 2026, en un proceso que marca el fin de una era iniciada en 1972 con la popularización de estos equipos.

El cambio se produce tras la finalización de los contratos de concesión de la telefonía fija en 2025, que vinculaban a operadoras como Oi, Claro, Vivo (Telefónica), Algar y Sercomtel a la obligación de instalar y mantener los teléfonos públicos como parte de las metas de universalización del servicio de voz.

Con la adaptación de estos contratos al régimen de autorización, previsto en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), las empresas dejan de estar obligadas a mantener estos equipos, lo que abrió el camino para la retirada de los teléfonos públicos.

Según datos oficiales, en diciembre de 2025 había cerca de 38,454 teléfonos públicos en el país, cifra que ya representa menos de la mitad de los aproximadamente 84,938 registrados en diciembre de 2024 y muy por debajo de los más de 200,000 existentes en 2020. La fuerte caída acompaña la sustitución del servicio por la telefonía móvil e Internet, con un uso que se ha reducido de forma drástica en los últimos años.

Aunque la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) no cuenta con un cronograma ni un mapa específico de las localidades, la información disponible indica que la retirada de los equipos no será inmediata ni simultánea en todo el país: alrededor de 9,000 teléfonos públicos deberán permanecer en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2028, especialmente en áreas rurales o en municipios donde no existe cobertura mínima de telefonía móvil ni una alternativa de comunicación de voz disponible.

La medida refleja la priorización de inversiones por parte de las operadoras en el mercado móvil 4G y 5G, además de la banda ancha, tecnologías más alineadas con las necesidades actuales de los usuarios. La permanencia de estos teléfonos, asociados a un modelo antiguo de telecomunicaciones, se ha vuelto cada vez más insostenible ante la obsolescencia tecnológica.

De este modo, el proceso marca el fin de un ícono cultural de la comunicación en Brasil, pero también un movimiento esperado en consonancia con la evolución de las redes de comunicación y de la propia regulación del sector.

El Sol de México

Así como los parquímetros, las básculas públicas y los buzones de correo, en el paisaje urbano es común observar algunas casetas telefónicas que poco, o nada, son utilizadas por la población. 

No obstante, estos aparatos fueron una importante herramienta de comunicación durante la década de los ochenta y principios de los noventa, pues no toda la población tenía un teléfono en casa. 

La historia de los teléfonos públicos en el país se originó a partir de 1960, cuando llegaron las primeras casetas a México, casi un siglo después que el teléfono de alcancía fuera creado por William Gray. 

Leer más: https://oem.com.mx/elsoldelcentro/cultura/la-nostalgica-historia-de-los-telefonos-publicos-en-mexico-21119178

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dispuso cambios en las reglas que aplican para la provisión de telefonía pública en Argentina. En concreto, se modificó el Plan Nacional de Telefonía Social Pública, en atención a la “marcada merma en la demanda” de teléfonos públicos en el país. Se mantendrán ciertas obligaciones para los licenciatarios Telecom Argentina y Telefónica.

La normativa vigente hasta el momento establecía que el servicio debía prestarse mediante la conexión de aparatos telefónicos de uso público en zonas con importante densidad poblacional de bajos recursos económicos y entidades de interés; la autoridad podía determinar la ubicación de hasta un 5 por ciento del total de aparatos a ser instalados por cada operador. Desde ahora, sólo deberán garantizar la permanencia de teléfonos públicos en lugares de interés público determinados por el regulador.

Los cambios no aplicarán, por ejemplo, al ámbito de servicios penitenciarios, por entenderse que en estos sitios los aparatos “cumplen un rol relevante en el resguardo del derecho de comunicación de las personas privadas de su libertad”. También se considera necesario garantizar la subsistencia de terminales de este tipo en centros de salud, palacios de Justicia, terminales de transporte y comisarías, entre otros.

El nuevo texto señala como argumento que las redes de comunicaciones móviles han alcanzado un alto grado de penetración en todo el territorio, además de que buena parte del parque de teléfonos públicos ya fue retirado por falta de demanda y hechos de vandalismo.

Excélsior

La dificultad para obtener una tarjeta para teléfonos públicos o la vandalización de los aparatos que los ha dejado inservibles, limita el servicio para el que fueron concebidos. 

Actualmente, los teléfonos públicos pensados para usuarios que no tienen línea fija o móvil sólo pueden utilizarse con tarjetas que se venden en Centros de Atención Telmex o con monedas. 

Leer más: https://www.dineroenimagen.com/empresas/telefonos-publicos-en-el-abandono-inservibles-y-casi-mas-dificiles-de-usar/167193

El Heraldo Daniel Zepeda

Hace unos años, cuando la delincuencia no azotaba con tanta fuerza y la desconfianza no dominaba el ambiente, era común ver a ciudadanos utilizando los famosos teléfonos públicos en diversos rincones del país.

Hoy, esa imagen es casi una reliquia del pasado. En la actualidad, el Distrito Central (DC) solo cuenta con 1,060 teléfonos públicos, según el último dato de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

Leer más: https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/olvido-mas-1-000-telefonos-publicos-capital-BM19404588

El Heraldo Lorena Martínez

Allá por los “gloriosos” años 90, caminar desde El Hatillo hasta el centro de la ciudad no era ningún sacrificio para Carlos Melara. Escuchar la voz de su amada “Canda” remediaba cualquier dolor muscular que surgiera luego de la maratónica caminata y es que el ahora sexagenario cada sábado tenía una cita de larga distancia con quien pensó sería la madre de sus hijos. Conseguir monedas de 20 y 50 centavos eran su principal meta durante la semana; con ellas costeaba una corta pero satisfactoria llamada telefónica con su entonces novia desde un teléfono público del centro de la ciudad.

“Cuando el teléfono estaba ocupado, me ‘arrechaba’ -dijo entre risas- pero tenía que esperar, era la única forma que tenía de comunicarme con ella”, recordó el capitalino.

Pero con el surgimiento de nuevas tecnologías, esa forma de comunicación quedó en el pasado y con ella también se quedaron las ganas e intenciones de las autoridades de mantener activas las cabinas telefónicas. Al menos así lo comprobó EL HERALDO en más de diez cabinas revisadas en el centro de la ciudad, cuyas condiciones eran deplorables.

En algunas, hasta se distinguen heces fecales, mientras que otras sirven como buró de anuncios o pizarras públicas donde hay cualquier tipo de grafitis que los mismos ciudadanos se encargaron de dejarlas en esas condiciones.

Pese a que los aparatos pasan por desapercibidos, hay un total de 1,060 de estas unidades en todo el Distrito Central, según informó la empresa de telecomunicaciones Hondutel a EL HERALDO a través de la solicitud de información SOL-HONDUTEL-128-2022. “Su finalidad ha sido la de brindar telefonía al público en varios puntos de la ciudad. Sin embargo, estos han caído en desuso por la tendencia de otras tecnologías. Estos (teléfonos públicos) no han cursado tráfico telefónico en meses y quizá años, por lo que hasta se podría prescindir de ellos”, agrega la información.

Pese a ello, Carlos Montoya, gerente de Hondutel, dijo a EL HERALDO que se está ejecutando un estudio con la intención de mejorar ese servicio. “Ahora no solo será de llamadas, sino también tipo call center, e informativos como teléfonos de emergencia”, agregó. No obstante, desconocía el monto de inversión, pero prometió que en cuestión de días habrá avances significativos del proyecto.

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La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil puede anticipar la Agenda Regulatoria 2023 para comenzar a preparar un nuevo aviso público para la concesión del Servicio de Telefonía Fija Conmutada (STFC), en caso de ser necesario. La información proviene del consejero Artur Coimbra, quien asumió en abril de este año.

En entrevista con DPL News, el consejero explicó qué sucede si los concesionarios del STFC, cuyos contratos vencen en 2025, no migran al modelo de autorización. También dijo que la Anatel está interesada en simplificar los cobros sectoriales, tanto para reducir los costos administrativos de las empresas como para que las tarifas sean menos regresivas. “Los pobres pagan más que los ricos, proporcionalmente, en telefonía móvil. Este es un tributo regresivo y lo ideal sería que lo revisáramos”, comentó.

Coimbra también defendió el desempeño de las empresas de satélites de órbita baja en Brasil, que tienen la posibilidad de expandir el acceso de banda ancha en regiones remotas, donde no hay red terrestre.

A continuación, la entrevista completa:

DPL News: Para empezar, me gustaría saber cuáles son los desafíos de su mandato como consejero.

Artur Coimbra: Mi mandato no es muy largo, tengo como dos años y medio de mandato por delante, pero en este periodo creo que hay tres o cuatro desafíos que podemos enfrentar. El primero de ellos diría que es seguir con el 5G. Habiendo ganado el proceso de licitación de 5G, hacer que la implementación de 5G suceda de manera efectiva como se esperaba.

También tenemos un desafío especial, que es mantener organizadas las concesiones de telefonía. Impulsar el proceso de adecuación para aquellos concesionarios que lo deseen, adecuando sus concesiones a la autorización, pero también atendiendo lo que será de la concesión a partir de ahora si un concesionario no migra.

Tenemos un reto fiscal que afortunadamente se ha superado. Recientemente tuvimos la aprobación del Proyecto de Ley Complementaria Nº 18, que actualmente está siendo sancionado por el presidente de la República [el texto fue sancionado el día de la entrevista], lo que implica una reducción del ICMS en los servicios de telecomunicaciones. Es algo muy importante para el sector y esperado desde hace más de dos décadas.

También tenemos el desafío de infraestructura, la compartición de postes. Los postes de energía eléctrica también se utilizan para redes de telecomunicaciones y, en Brasil, esto está bastante desordenado y ha causado dificultades para la implementación de la red. Existe una dificultad en la cooperación entre los operadores de telecomunicaciones y las empresas de energía. Por lo tanto, crear un entorno regulatorio que permita esta cooperación y que haga atractivo este proceso de compartir polos, tanto para los operadores de telecomunicaciones como para los distribuidores de energía, es un desafío en este periodo.

Relacionado: El alto precio de los postes compartidos hace que los servicios de telecomunicaciones sean inviables

DPL News: Una novedad en el Consejo Directivo es la división temática de directores. Usted se quedó con el tema de la migración de las concesiones del STFC y el tema tributario. ¿Cuál es su opinión sobre esta forma de gestión?

Artur Coimbra: El presidente Carlos Baigorri es empleado de la Anatel desde hace más de 10 años y tiene un profundo conocimiento de las dificultades de gestión que existen dentro de la Agencia. Entiendo que su propuesta fue muy lúcida porque, por un lado, permite crear un vínculo embrionario entre el Consejo Directivo y el área técnica de la Agencia en esos asuntos; sin embargo, entregar un asunto a la exclusividad de un consejero particular, al fin y al cabo, estamos ante un colegiado, todos los consejeros tienen el mismo derecho a manifestarse.

De esta manera, existe la oportunidad de que los asuntos que dejan el área técnica hacia el Consejo sean calibrados de acuerdo con los lineamientos del propio Consejo. Cuando no había este tipo de asignación de curadores, había una gran separación entre el área técnica y el Consejo, y muchas veces los proyectos que llegaban del área técnica se remodelaban por completo. Esto es malo para el Consejo, es malo para el área técnica, es malo para la Agencia en su conjunto. Creo que fue una sabia decisión del presidente para mejorar la gestión de la Agencia.

DPL News: En el tema de la migración de concesión para autorización del STFC, ¿cuáles son sus expectativas respecto a la migración? ¿Qué pasa si las empresas no quieren migrar y devuelven la concesión?

Artur Coimbra: Mi expectativa es que todos migren porque entiendo que la migración es buena para las concesionarias, para la Anatel y para la Unión, tanto por seguridad jurídica como por la desmovilización de inversiones que hoy son innecesarias. No necesitas tener una planta de STFC, por lo que la modernización te permite remodelar tu red y reasignar el capital de manera más eficiente. Eso es bueno para las empresas, para la Unión, sobre todo para el ciudadano brasileño, que tendrá acceso a redes y servicios más modernos donde hoy no los tiene.

Mi expectativa es que la adaptación se lleve a cabo, pero eso depende de la voluntad de los operadores. En general, todos son bastante favorables al proceso, pero efectivamente dependerá de las condiciones concretas que se les presenten, tanto en términos de costos, del valor económico de la inmigración, como en relación a las obligaciones que asumirán luego de esta adaptación.

Si no hay esa adecuación, un camino que venimos señalando internamente es impulsar una nueva concesión.

La obligación de la Anatel como autoridad concedente, en caso de prestación de un servicio bajo el régimen público, es garantizar la continuidad del servicio, por lo que a partir de 2026 debe haber una nueva concesión.

Y, para eso, pretendemos adelantar en este punto la agenda regulatoria 2023, para que el área técnica ya pueda empezar a preparar un nuevo aviso de concesión a realizar en su momento, para que haya un nuevo concesionario en el próximo ciclo.

Por supuesto, este aviso público no se puede utilizar si migran todos, o si hay otra solución, pero es algo importante porque es nuestro deber garantizar la continuidad de este servicio que aún se brinda bajo el régimen público.

DPL News: ¿Este aviso público sería para el caso de devolución de las concesiones actuales?

Artur Coimbra: No devolverlo sería una rescisión del contrato de concesión. Este contrato vence, tanto para los concesionarios como para la autoridad concedente, en 2025. Y, para que la concesión continúe, tendría que haber un nuevo contrato, una nueva concesión. Es en este caso que estamos preparando el aviso público.

DPL News: En la práctica, ¿el cambio de modelo modifica algo para la población?

Artur Coimbra: Los ciudadanos sentirán la diferencia porque tendrán a su disposición, especialmente para los que viven en lugares más remotos, en localidades, una infraestructura más moderna. Una persona sale hoy y ve el teléfono público, en el futuro ese teléfono público será reemplazado por cobertura de voz móvil o WiFi gratis, o algún tipo de infraestructura más moderna que efectivamente sea de su interés.

En la actualidad, poco más del 30 por ciento de los teléfonos públicos no han recibido ninguna llamada durante más de dos años y más de la mitad de los teléfonos públicos tienen menos de una llamada al mes.

De hecho, es una estructura antigua, nadie la quiere, pero todavía existe esta obligación derivada del contrato de concesión, por lo que el ciudadano verá que se reemplaza este teléfono público por algo que sea más de su interés.

DPL News: ¿Cómo puede ayudar la Anatel a reducir los impuestos a las telecomunicaciones? ¿Y qué tan importante es eso?

Artur Coimbra: Afortunadamente se aprobó el Proyecto de Ley Complementaria Nº 18 que, al ser sancionado, reducirá las tarifas del ICMS que hoy son un promedio de 27 y 28 por ciento a 17 y 18 por ciento, una reducción importante para las telecomunicaciones. Creemos que aumentará el número de accesos, por lo que más gente contratará los servicios porque el precio bajará. Tenemos un mercado competitivo y, por tanto, la reducción de impuestos se repercute en el usuario como una reducción de precio.

A partir de ahí, tenemos una discusión a nivel federal. La Anatel es el sujeto pasivo activo de algunos de los cargos, pero no tiene la facultad de establecer o eliminar impuestos por sí misma. A pesar de eso, estamos muy interesados ​​en reformar los sectoriales, me refiero a la Tasa de Fiscalización de Instalación (TFI), la Tasa de Fiscalización de Operación (TFF), la Contribución al Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional (Condecine), la Contribución para Fomento de Radiodifusión Pública (CRFP), el aporte del Fondo para la Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST) y el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Telecomunicaciones (Funttel), son seis cargos sectoriales.

Hay un interés en reformar estos cargos para tratarlos de manera única, para que sean más fáciles de manejar, para que el costo administrativo de las empresas para contabilizar sus cargos sea menor y para que sean menos regresivos, porque, proporcionalmente, los de menores ingresos pagan más que los de mayores ingresos en telefonía móvil. O sea, los pobres pagan proporcionalmente más que los ricos en telefonía móvil, esto es un impuesto regresivo, lo ideal sería que lo revisáramos. Y para revisar, es necesario cambiar la ley. Pero la Anatel puede actuar haciendo propuestas para cambiar esta legislación.

DPL News: ¿Qué valoración hace de la carga fiscal que tiene hoy en día el sector de las telecomunicaciones?

Artur Coimbra: Hoy tenemos una carga tributaria que ocupa el segundo o tercer lugar en el mundo y que ciertamente no trata el servicio de telecomunicaciones como esencial, es un servicio gravado como un lujo por una razón muy pragmática: para las autoridades fiscales estatales, que representan el 83 por ciento de la carga fiscal de las telecomunicaciones, es más fácil cobrar mucho a pocas empresas que poco a muchas empresas.

Telecomunicaciones, energía, petróleo y gas son sectores con tasas muy altas, aunque son esenciales, porque simplemente es más fácil recaudar, por lo tanto, no hay justicia tributaria. Por el contrario, la justicia fiscal queda en un segundo plano, se transforma en injusticia fiscal en beneficio del trabajo burocrático de recaudación de impuestos.

Esta es la situación fiscal en Brasil hoy y, por lo tanto, este trabajo que se hizo en el Congreso Nacional, con el apoyo de muchos gobernadores, es importante para la aprobación del Proyecto de Ley Complementaria Nº 18/2022 [actual Ley Complementaria Nº 194/ 2022].

DPL News: La Anatel aprobó recientemente la operación de varias empresas de Internet satelital. ¿Cuál es el papel de estas compañías en la masificación de la banda ancha?

Artur Coimbra: Tras la aprobación de la Ley Nº 13.879/2019, los procesos para otorgar el derecho a explorar satélites son más ágiles. La Anatel no necesita realizar una subasta para otorgar el derecho a explorar el satélite, especialmente el geoestacionario. Como resultado, ha habido más interés en tener satélites, ya sean nacionales o extranjeros. Mientras tanto, las constelaciones de satélites de órbita baja comenzaron a crecer. Ya tiene varias operando y muchas más planeadas para ser lanzadas.

Tenemos un fenómeno que está ocurriendo, que son estas constelaciones de órbita baja, y el desarrollo del sector de los satélites está provocando una caída sustancial del precio. Por lo tanto, el precio de la conexión por satélite ha ido bajando y la calidad ha ido en aumento. Al mismo tiempo, la inversión terrestre no se ha detenido. Así que tenemos un fenómeno que es doblemente beneficioso para los ciudadanos: la red terrestre por fibra óptica terrestre o por radio llegan cada vez más lejos y el satélite cada vez es más barato.

Esto significa que el satélite, por un lado, consigue dirigir su capacidad, su esfuerzo comercial a los lugares más necesitados de acceso a Internet, tanto porque es el mercado que le queda, como porque el precio es bajo y la gente puede contratar. Por otro lado, el satélite comienza a competir con las conexiones terrestres. Esto sucede, por ejemplo, en la periferia de las ciudades medianas y grandes, en esa zona de transición a las zonas rurales, por precio y calidad.

La ventaja de este satélite de órbita baja, y por eso somos muy enfáticos y queremos que más operadores compitan en Brasil, es que tienen baja latencia. Además de tener una mayor capacidad de ancho de banda, la latencia es muy baja. Y para 5G, la baja latencia es clave. Entonces, si queremos llevar 5G de manera efectiva a todo Brasil, a todas las ciudades brasileñas, la Amazonía, el Cerrado, el interior del Noreste, necesitaremos baja latencia, y muchas de estas áreas no existen o no es factible tener red de fibra óptica, por lo que son importantes los satélites de órbita baja, para que el 5G sea viable para todo el país.

DPL News: En el acto de toma de posesión como asesor de la Anatel, mencionó que la Agencia necesita acercarse a otros sectores, como radiodifusión y audiovisual. ¿Cómo la Anatel puede hacer esto? ¿Y cuál es la importancia de esta aproximación?

Artur Coimbra: La Anatel viene haciendo cada vez más esfuerzos para interactuar con estos órganos, ya sean institucionales, desde el punto de vista normativo y personal, pero también desde el punto de vista físico. Hemos regalado nuestros edificios, espacios compartidos con estos cuerpos y eso está muy bien porque cada vez es más difícil separar lo que es contenido de lo que es medio.

De hecho, todavía puedes separar, pero hoy tienes servicios regulados en su conjunto -contenido y medio- que es el caso de la radiodifusión y la televisión de paga, y tienes servicios regulados por separado, por ejemplo, el servicio de comunicación multimedia, que es el acceso de banda ancha y que es distinto del contenido que viaja por él. Este contenido no está regulado, pero en la televisión de paga y la radiodifusión existe una regulación sobre el contenido.

Necesitamos estar cada vez más cerca de estos sectores para que no haya oportunidad de arbitraje, es decir, de oportunismo derivado de algún punto ciego de la regulación, pero sobre todo para equiparar las cargas existentes en todos estos servicios, ya que muchos de ellos ya están compitiendo entre sí.

Internet compite con la TV de paga, ¿qué cargos le puedo sacar a la TV de paga para que sea más competitiva? ¿Qué puedes hacer para que más personas accedan a este contenido? Para que los contenidos de la televisión de paga, por ejemplo, también se puedan vender por Internet, ¿en qué condiciones puede ocurrir esto? Hay una discusión que hacer con el contenido –estamos hablando de la Agencia Nacional de Cine (Ancine) y de radiodifusión–, es el desafío de abordar y lograr esa convergencia normativa entre medio y contenido.

DPL News: La semana pasada salió a la luz la encuesta TIC Domicílios 2021, que muestra que el acceso a Internet y el uso de Internet en las zonas rurales de Brasil aumentó en 20 puntos porcentuales de 2019 a 2021. Conociendo su larga trayectoria en los Ministerios de Comunicaciones y la Anatel, ¿cómo ve este progreso? ¿Y cuáles son las expectativas de cara al futuro?

Artur Coimbra: Si alguien todavía dudaba de que el servicio de telecomunicaciones es un servicio esencial y debe ser tratado como tal, ya no tiene esa duda. Lo que tenemos de 2019 a 2021 en varios sectores es una reducción del consumo. Hubo una reducción en el consumo de alimentos, bienes duraderos, vestuario, bienes varios y servicios debido a la caída de los ingresos. Incluso frente a esta caída, hubo un crecimiento significativo en el uso de Internet. Esto demuestra cuán esencial es este servicio, este es el sentido de la investigación. También muestra que tal vez nos estamos acercando al final del desafío de la infraestructura. Quizás estamos logrando casi universalizar la infraestructura de telecomunicaciones para el acceso a Internet.

Esto significa que tenemos que mirar el lado de los ingresos. Si las personas perdieron ingresos durante este periodo en términos reales y compraron más acceso a Internet, eso significa que están sacrificando más para pagar ese acceso a Internet. ¿Cómo podemos ayudar a estas familias a tener acceso a Internet sin comprometer tanto sus ingresos? Ese es el próximo desafío que tenemos y ya se refleja, por ejemplo, en el programa Internet Brasil lanzado recientemente por el gobierno federal, que pretende brindar acceso gratuito a Internet móvil a estudiantes de familias de bajos recursos, para que estas familias no comprometan más de sus ingresos con algo que es esencial. Diría que este es nuestro propio desafío, como parece indicar la investigación.

El Siglo, Emilia Zballos

Cuando estaba en el colegio, hace más de 15 años, los teléfonos públicos, eran la manera que estaba a mi alcance de comunicarme con mis familiares y amigos.

Me pasaba horas pegada a ese teléfono. Hasta tarjeta llegué a comprar. Eran viejos momentos. Pero hoy en día, estos están pasando a la historia. Poco a poco estos aparatos, se han ido desplazando por los celulares. Al punto que puedo contar las veces, que los he vuelto a usar, en los últimos cinco años. Si acaso tres veces, y porque mi celular se ha quedado sin carga o sin saldo.

‘Aún se usan, por supuesto, en menor escala. Principalmente en áreas de difícil acceso y zonas rurales del país; su uso desde el año 2009 a la fecha representa una caída del 95% en términos del volumen de minutos y llamadas cursadas a través de la Telefonía Pública y Semipública” , manifestó Roberto Mendoza.

De acuerdo con la empresa, el único operador dentro del territorio nacional que opera la licencia para la prestación de los Servicios de Telefonía Pública y Semipública, un 40% de los teléfonos se concentra en zonas del área metropolitana ubicados en centros hospitalarios, escuelas, comercios, centros comerciales, avenidas y aeropuertos. Mientras que el 60% está distribuido en las demás provincias del país.

Mendoza resaltó que actualmente, existe un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para las terminales y tratan de que los equipos no tengan daños por desgaste de piezas y cabinas. Y se han dado los primeros pasos, en coordinación con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicas (Asep), para la remoción, reubicación de Teléfonos Públicos, con objeto de relocalizar, de forma planificada y organizada, en lugares donde tienen un impacto y eliminar aquellos con ningún uso.

Consulta más información aquí.

La Nación Kimberly Herrera.

Trate de hacer memoria: ¿cuándo fue la última vez que hizo una llamada desde un teléfono público?

Posiblemente no tenga una respuesta precisa, pero lo cierto es que ha pasado un buen tiempo desde que esos aparatos dejaron de estar en el radar de muchos de nosotros, aún cuando por décadas dichos equipos fueron testigos de miles de historias, anécdotas y chascos.

Echando atrás la memoria podemos evocar aquella ocasión en que se nos cortó una llamada importante porque se acabaron las monedas, o de cuando presenciamos la acalorada discusión mientras esperaba su turno en la fila para poder usar el teléfono.

También estaban los clientes frecuentes del servicio de llamadas a cobrar 1110, principalmente estudiantes de escuelas y colegios, quienes se acostumbraron a decir su nombre después del tono con gran velocidad, para que en su casa les aceptaran la llamada.

Y, por supuesto, no faltaban aquellos “chistosos” que gastaban monedas o compraban tarjetas de teléfonos públicos solamente para hacer bromas.

Si nada de lo anterior se le hace familiar, usted de seguro ronda los 20 años, la telefonía celular siempre ha sido parte de su vida, y si bien debe de haberlos visto por ahí, la verdad es que no tiene ni idea de cómo funcionan los teléfonos públicos ni entiende por qué siguen existiendo.

Hasta hace unos años, la telefonía pública era no solo común sino vital, siendo uno de los medios de comunicación más accesibles para la población y de los más utilizados.

No obstante, aquella época “dorada” de los teléfonos públicos, cuando se hacían largas filas para poder usarlos, se ha acabado y basta con estar una tarde o una mañana frente a ellos para entender que es mínima la cantidad de personas que se acercan a llamar desde uno de estos aparatos.

Son las 9 a. m. de un lunes en la Plaza de la Cultura, San José centro. Personas van, personas vienen; hay quienes hacen una pausa en su corre-corre para reposar bajo los árboles, mientras los vendedores ambulantes hacen lo suyo o al menos lo intentan (son tiempos de pandemia).

Mientras tanto, los fotógrafos callejeros se preparan para comenzar a retratar a las personas que quieran posar con las palomas, pero antes se aseguran de poner sus pertenencias en un lugar seguro: los teléfonos públicos.

Las jornadas de estos retratistas urbanos son largas y como no hay un lugar en el que puedan dejar sus bolsos, encontraron en los cuatro teléfonos que se encuentran en la esquina noroeste de la plazoleta el depósito perfecto para “guardar” sus pertenencias… al fin y al cabo son muy poco utilizados.

Los teléfonos públicos dejaron de ser un medio de comunicación apreciado por la población a medida que los celulares acapararon poco a poco el mercado hasta convertirse en el medio de comunicación y socialización por excelencia.

Así pasan las horas y nadie se acerca a los aparatos de comunicación públicos empotrados en la Plaza de la Cultura, a excepción de un par de niños que juegan a marcar los botones numéricos. Los demás transeúntes que se detienen cerca de estos equipos lo hacen sin prestarles atención, pues están revisando su celular.

Son pasadas las 12 mediodía y finalmente alguien se acerca a los teléfonos públicos. Esta vez no es un niño que toma el aparato para jugar, tampoco es una persona que está acomodando sus pertenencias como si fuera un casillero, ni alguien que responde un mensaje de texto.

“El servicio de telefonía pública llega a las comunidades más vulnerables, a los sitios más alejados y a las personas que más lo necesitan y al ser un servicio universal. Tenemos la responsabilidad social de seguirlo manteniendo, precisamente porque llega a los lugares más remotos, sitios en los que este es el único medio de comunicación”, Magaly Lara, ICE.

Se trata de Andŕes González, un hombre que necesita llamar de emergencia a un juzgado, sin embargo, su celular dejó de funcionar. Ante su precisa, el vecino de Ciudad Cortés optó por el teléfono público, pues es lo único que tiene a la mano y que le puede ayudar.

“La realidad es que yo sí utilizo los teléfonos públicos, no siempre, pero sí de forma esporádica, principalmente cuando se me presenta una emergencia y tengo que llamar sí o sí. Es como ahorita, que el celular se me descodificó y no lo traje, por eso ando tratando de usar un teléfono público, porque me urge hablar a un juzgado”, relata el usuario.

González agrega que antes de la pandemia empleaba más la telefonía pública, y que en más de una ocasión lo ha salvado en emergencias. No obstante, ahora prefiere utilizarla lo menos posible, pues ya no se siente tan seguro como antes de que la covid-19 llegara al país, dado que no sabe quién utilizó el teléfono antes que él.

“Es cierto que antes lo usaba mucho más, ahora prefiero acercarme lo menos posible. Por ejemplo, en este momento lo utilizo porque de verdad es una necesidad muy grande, de lo contrario no lo estaría usando, para evitar”, añade.

Sin embargo, a la hora de llamar “en el público”, González enfrentó ciertas complicaciones, pues no tenía tarjeta y debió irse rápidamente a buscar algún local cercano que le vendiera una.

Una vez más los teléfonos públicos volvieron a lucir desolados…Cuestión de tecnología

La telefonía pública llegó a Costa Rica en 1970, cuando el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) instaló su primer dispositivo administrado en Quepos. A partir de allí, en las décadas siguientes, se fueron colocando aparatos de este tipo en diferentes partes del país.

De acuerdo con datos proporcionados por el ICE, en Costa Rica existen actualmente 3.240 teléfonos públicos distribuidos en todo el territorio nacional: 1.184 están en centros penales; 81 se encuentran distribuidos dentro de centros educativos; 1.282 se ubican en vía pública y 118 más están en zonas rurales.

Además, existe un porcentaje de estos dispositivos que se encuentra dentro de centros médicos y otros más en sitios turísticos.

Sin embargo, la cifra que se maneja en la actualidad dista mucho de la cantidad que había en el 2011, cuando se contabilizaban 5.399 teléfonos públicos, según información suministrada por el ICE.

El desarrollo y accesibilidad de las nuevas tecnologías de comunicación móvil se han encargado de ir diezmando, poco a poco, la presencia de los teléfonos públicos.

“La telefonía pública en la actualidad es muy diferente a la de hace años atrás, porque recordemos que antes, cuando se incluyó la telefonía pública, no teníamos telefonía móvil. Además, cuando se incluyó la telefonía móvil era un poco costosa y no todas las personas tenían acceso a ella, entonces seguían utilizando teléfonos públicos; pero todavía es un servicio que nosotros brindamos y que está dirigido a un sector de la población”, explica Magaly Lara, jefa de la Unidad de Infraestructura de Telecomunicaciones del ICE.

La funcionaria asegura que constantemente la institución ha procurado ir modernizando la telefonía pública, para que los aparatos que utilicen los usuarios vayan de la mano con la tecnología, principalmente de la telefonía móvil.

Por ello, Costa Rica pasó de tener teléfonos de monedas, a aparatos con chip, como se utiliza actualmente.

“Ha sido un cambio paulatino, pero conforme la tecnología móvil se ha venido ampliando, el teléfono público ha pasado a un segundo plano. Es decir, ya no es de los servicios más rentables que tiene el ICE; sin embargo, pareciera que no se usa pero sí es un servicio bastante utilizado y sobre eso nosotros mantenemos esa tecnología y en diferentes zonas, porque no solamente está enfocado en el Gran Área Metropolitana, sino también en otras zonas donde quizá es el único medio de comunicación”, agrega Lara.

Xiomara Ramírez es una dependiente, quien trabaja en un negocio frente a unos teléfonos públicos de la Plaza de la Cultura desde hace aproximadamente dos décadas. Ella ha sido testigo de cómo la telefonía pública se ha ido reduciendo, desplazada por la telefonía móvil.

“Ya no se usan como antes, vieras cómo ha cambiado. Ahora viene muy poquita gente a usarlos y a muchos ni siquiera les sirve, porque para utilizarlos necesitan tarjeta y no se consiguen tan fácilmente aquí”, detalla.

La vendedora afirma que actualmente quienes más utilizan los teléfonos públicos en el centro de San José, donde ella labora, son los indigentes.

Además, cuenta que en ocasiones, cuando un usuario llega hasta los teléfonos públicos para hacer una llamada urgente y el aparato no sirve, hay otra vendedora que suele prestar su teléfono celular a quienes necesitan comunicarse de emergencia.

De esta forma, ayuda a quienes necesitan un teléfono y de paso se gana un extra, pues le pagan por la llamada.Como “bicho raro”

Un par de horas después de que Andrés González llamó al juzgado desde los teléfonos públicos de la Plaza de la Cultura, se acercó Nidia Durán.

Esta vecina de Desamparados nunca se acostumbró a utilizar teléfono celular y, de hecho, tiene uno que nunca utiliza. Ella prefiere la telefonía tradicional, a la que se habituó desde que era una jovencita.

“Yo tengo un celular pero es que nunca lo recargo, solo lo uso en la casa, por el internet pero cuando salgo no lo traigo. A mí me gusta más usar el teléfono público, porque traigo la costumbre de mi época; y yo le cuento a mis hijos que uno siempre andaba con ese montón de monedas y se tenía que sentar a esperar, porque se hacían unas filas larguísimas.

“Recuerdo lo incómodo que era cuando uno iba a hablar con un novio, porque siempre había un montón de gente esperando en la fila y escuchaban lo que uno hablaba”, cuenta Durán, quien es madre de cuatro hijos.

Durán caminó por los diferentes parques del centro de la capital en busca de un teléfono, sin embargo, no encontró uno que se pudiera utilizar hasta que llegó a la Plaza de la Cultura. En el caso de los aparatos que se ubican en el Parque Central, estos están dentro del perímetro cerrado en prevención al contagio de la covid-19, lo que le impidió usarlos.

Ella ocupaba llamar a su hermana, a la que acompañaría a una cita médica, sin embargo, por más intentos que hizo, no le contestó la llamada que hizo por cobrar.

“Hay gente que compra tarjetas de recarga, pero yo lo que uso es el servicio del 1110, ahí la contestadora le pide a uno que digite el número al que quiere llamar y entra la llamada, pero es cuestión de suerte, por ejemplo, mi hermana no me contestó”, afirma.

“A mí me gusta más usar el teléfono público, porque traigo la costumbre de mi época; y yo le cuento a mis hijos que uno siempre andaba con ese montón de monedas y se tenía que sentar a esperar, porque se hacían unas filas larguísimas”, Nidia Durán, usuaria teléfonos públicos.

Y pese a que es una cliente frecuente de los teléfonos públicos, Duran confiesa que en ocasiones le da un poco de pena hablar desde un teléfono público, no porque escuchen lo que dice, sino porque la gente se sorprende al verla hablando desde un equipo de este tipo.

“Yo veo que ya nadie los usa y de hecho hasta me da vergüenza porque yo veo que ahora la gente lo ve a uno como un bicho raro”, expresa entre risas.

Luego de que la usuaria se marchó para buscar a su hermana, los teléfonos públicos volvieron a su estado habitual: desocupados. Y así lucieron a lo largo de la tarde, más aún tomando en cuenta que a eso de las 3 p. m. la lluvia apareció en el centro de la capital.

El 1110, eterno favorito

“Usted tiene una llamada por cobrar de…”

Podrán quedar pocos teléfonos públicos, pero nunca faltarán las personas que utilicen estos aparatos para hacer llamadas por cobrar. Para muchos usuarios de estos dispositivos, el servicio 1110 (antes 110) fue, es y seguirá siendo un salvador de emergencias.

De hecho, este recurso es uno de los más utilizados en los teléfonos públicos. De acuerdo a datos suministrados por el ICE, del total de llamadas por cobrar que se realizan mensualmente en el país, un 80% provienen de la telefonía pública.

Por ejemplo, en enero del 2021 al servicio 1110 se registraron un total de 182.729 llamadas y de esa cantidad, 143.387 provenían de un teléfono público.

“Yo veo la telefonía pública y el 1110 como un híbrido. Este es un servicio que se utiliza mucho a través de los teléfonos públicos y todos estos equipos permiten hacer llamadas a cobrar, precisamente porque es telefonía pública”, explica Lara.

Eso sí, como es un servicio exclusivo del ICE, no es una opción que puedan utilizar las personas que quieran llamar a clientes de otras redes de telecomunicaciones.

“Ha sido un cambio paulatino, pero conforme la tecnología móvil se ha venido ampliando, el teléfono público ha pasado a un segundo plano. Es decir, ya no es de los servicios más rentables que tiene el ICE”, Magaly Salas, ICE.

Según explica Lara, esto se debe a que los cobros son revertidos y si permitieran que el servicio funcionara con otras redes, generaría muchísimas complicaciones en la facturación.

Otro de los servicios que todavía es bastante utilizado por los usuarios de los teléfonos públicos es el 1113. A esa línea el cliente puede llamar y solicitar un número de teléfono.

“Son líneas que parece que no fueran muy usadas, pero que la gente todavía los utiliza bastante. A este número el usuario llama y le atiende una operadora a quien se le solicita el número de teléfono que requiere y un sistema electrónico le facilita el contacto”, agrega Lara.Para rato

Pese a que la telefonía pública ha ido en descenso, la encargada de la Unidad de Infraestructura de Telecomunicaciones del ICE fue enfática en que no se tiene contemplado eliminar este servicio.

La razón es muy sencilla: los teléfonos públicos se han convertido en prácticamente un proyecto de responsabilidad social para la institución, pues es un servicio que, según Lara, es bastante concurrido en lugares específicos como cárceles, hospitales y zonas indígenas.

“Aunque no está dentro de nuestros primeros servicios de uso y que no se considere un servicio altamente rentable, la telefonía pública es de mucha utilidad y se sigue utilizando.

“El servicio de telefonía pública llega a las comunidades más vulnerables, a los sitios más alejados y a las personas que más lo necesitan y al ser un servicio universal, tenemos la responsabilidad social de seguirlo manteniendo, precisamente porque llega a los lugares más remotos, sitios en los que este es el único medio de comunicación. Entonces parte de los planes que tenemos es darle continuidad, hasta que de alguna forma tengamos otro tipo de tecnología que nos obligue a cambiar”, comenta.

Asimismo, Lara detalla que para eliminar un servicio, el ICE primero hace un análisis de mercado, así como una valoración de rentabilidad sobre el costo-beneficio.

Y aunque “los públicos” son poco usados en gran parte del país, la experta asegura que el mantenimiento que se le da a todas las unidades es constante e incluye revisiones preventivas y correctivas.

“Tenemos equipos un poco obsoletos, entonces lo que hacemos es que realizamos una valoración del equipo y si hay posibilidad de tener uno nuevo, con otro tipo de comunicación, lo retiramos. Para ello, hacemos todo un estudio para no afectar a los clientes”, añade.

Además, cuando se trata de dispositivos que presentan alguna avería, se atienden inmediatamente. Esto garantiza que a lo largo del país los teléfonos públicos funcionen en condiciones óptimas.

De hecho, Lara afirma que incluso en ocasiones, cuando no se enteran de la avería del teléfono, los mismos clientes son los que los alertan, pues generalmente reportan las fallas.

Además, como es previsible, los teléfonos públicos no son ajenos al vandalismo y nunca falta alguien que dañe estos aparatos.

“Hay gente que no los cuida, más que todo los que están en la capital. Cuando nosotros nos damos cuenta de que alguno está fallando, lo atendemos, porque sabemos que no podemos dejar algunos sitios fuera de servicio. Sin embargo, hay otros lugares como, por ejemplo, los teléfonos públicos que están en escuelas y centros penales, que son muy cuidados por los usuarios, porque son su único medio de comunicación”, enfatiza.

Por ello, la telefonía pública seguirá escribiendo su historia en el país, esa que comenzó hace poco más de cinco décadas y que a lo largo de los años ha sido testigo de miles de historias y anécdotas al compás del caer de las monedas o del abrir de los paquetitos de las recordadas tarjetas Colibrí.

El Universal Carla Martínez

La telefonía pública dejó de ser un servicio indispensable entre quienes carecían de una línea fija, para convertirse en un objeto prácticamente en desuso.

A la fecha hay 51 mil 396 localidades donde todavía pueden verse casetas de telefonía pública, de las cuales 6.8 millones tienen líneas de Telmex, ya que esta empresa tiene la obligación de brindar el servicio en el país.

Mientras el uso de telefonía pública decrece al existir 7.8 millones de líneas a 2019 y con entidades donde hay dos líneas por cada mil habitantes, como Campeche, y 12 por cada mil personas en la Ciudad de México, la telefonía móvil alcanza 122 millones de líneas y 86.5 millones de habitantes tienen acceso a internet, indican cifras del Inegi.

Gonzalo Rojón, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU), comentó que durante la pandemia por el Covid-19, este servicio redujo su uso porque lo que menos quiere la gente es tomar un teléfono público.

Sin embargo, estos aparatos existen aunque están en desuso, pues hay tecnologías alternas, incluso en varias comunidades existen los llamados “telulares” que son como teléfonos fijos pero en realidad es tecnología móvil.

“Es una tecnología que va en desuso, hay personas que lo utilizan, pero son los menos, sobre todo en metrópolis donde la penetración móvil supera 100%”.

Además, el ingreso que se obtiene por casetas públicas debe ser muy bajo, comentó Rojón.

Sin embargo, dijo que es necesario el servicio porque hay personas sin acceso a la telefonía móvil ni a la fija, por lo que se pueden mantener algunos de estos aparatos, pero destacó que hay tecnologías que pueden ser más eficientes, como los celulares.

“La telefonía pública sólo da servicio de voz cuando la necesidad son datos [internet]”.

Telmex, el rey

Este mercado lo concentra Telmex, empresa que pasó de tener 56% de los aparatos en 2015 para sumar 86.5% en 2019, porque aunque quiera salir de este negocio no puede.

Su título de concesión señala —desde 1990— que “Telmex se obliga a instalar y mantener operando casetas públicas telefónicas en su área de servicio, de acuerdo con un programa de expansión concertado cada cuatro años con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y conforme a la densidad de aparatos públicos que se establezca a partir de enero de 1999”.

Además, se establece que para 1994 la empresa debía brindar dos casetas públicas por cada mil habitantes y cinco por cada mil habitantes para 1998.

Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, comentó que este es un tema que otros países han ido liquidando.

“Las obligaciones de cobertura universal con servicios de telefonía pública ya fueron eliminadas en Europa, prácticamente todos los países de ese continente lo eliminaron. En Estados Unidos también y lo que han hecho es mantenerlo en las áreas no conectadas”, explicó Negrete.

El servicio de telefonía fija se mantiene sólo en las zonas donde no llega la conectividad. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un área roja donde el programa América Conectada destina 20 mil millones de dólares para conectarlos, pero en tanto llega el dinero, se tiene el servicio de telefonía con cabinas.

“Pero en este momento es absolutamente oneroso para los operadores de telecomunicaciones que sostienen todavía esta obligación mantenerlo”, dijo.

Infraestructura anquilosada

Además es infraestructura que se vandaliza, que requiere mantenimiento y usa espacio público que puede emplearse en otras cosas.

“Me parece que no hay nada más ocioso que la infraestructura pública para la conectividad en materia de telefonía fija, estas obligaciones de cobertura universal con telefonía fija en este momento son anacrónicas”, aseguró el especialista.

En todo caso, los operadores de telecomunicaciones han hecho esfuerzos por crear hotspots de internet en parques públicos, que es la conexión actual. El mismo mercado sustituye la telefonía fija por el wifi público, incluso los gobiernos lo han financiado.