La competencia es un factor clave en la idea de universalización y, en ese contexto, controlar los precios de telecomunicaciones no parece una opción conveniente para solucionar problemas de conectividad, coincidieron los oradores durante un panel de las Jornadas ATVC. Tras las palabras de inauguración, fue momento de revisar qué ocurre en otras latitudes para evaluar la situación de Argentina.

“El avance que ha tenido la regulación no fue de la mano con el tecnológico. Ha intentado seguir la velocidad, pero siempre la tecnología le gana. Hay reguladores que están preocupados por los servicios tradicionales cuando ya son otros los que marcan la pauta”, inició el debate Manuel Cipriano, consultor sectorial con pasado en el Osiptel y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú.

El panel fue conducido por Paula Bertolini, directora de la Agencia DPL News, quien invitó a los oradores a analizar qué ocurre en otros países de la región. “Brasil y Chile en general no imponen regulación (a los precios). Perú solo aplica asimetría a Telefónica, y México a América Móvil. El caso más similar a Argentina es Ecuador, con una prestación básica, pero destinada a un nicho más específico”, indicó Javier Morales, de Cullen International.

“En Argentina, la prestación básica universal (PBU) son planes un 20 por ciento más económicos que los comerciales y benefician a un alto sector de la población”, amplió el ejecutivo, en referencia al alcance de una de las reglamentaciones del DNU 690, que en boca de la industria no ha tenido mayor uso por parte de la población. En general, el servicio de TV de paga no es alcanzado por medidas de este tipo, agregó como otra diferencia local respecto de lo habitual en la región.

“El control de precios no es el camino correcto. El mercado local no justifica una sobrerregulación y falta análisis del impacto que trajo consigo la medida. La necesidad de actualizar responde a una cuestión macroeconómica y está sobre la mesa que no es un capricho de los operadores”, afirmó Laura Botero, directora Regional para la Comunidad Andina de Asiet.

Por su parte, Alexia González, de la OCDE, inició un largo camino de recomendaciones que es visto como buena práctica en materia de conectividad, entre las que destacó planes nacionales de banda ancha, obligaciones de cobertura en los procesos de asignación de espectro, asociación público-privada y foco también en la demanda con, por ejemplo, subvenciones para el acceso.

“La ampliación de los servicios en una tarea conjunta del Estado y los operadores, además de otros actores”, añadió Botero, quien mencionó la ley colombiana por la que se declaró a Internet como servicio público como buena noticia por sus objetivos y alcance, entre ellos la incorporación de subsidios para sitios rurales y el concepto de silencio administrativo.

Luego, los oradores agregaron otros focos entre los que deben atender las políticas públicas para lograr los objetivos planteados: menos tasas tributarias, simplificación normativa y análisis exhaustivo de las consecuencias directas e indirectas de una nueva regulación. Todo esto sí, control de precios no, fue el claro mensaje que dejó el panel a las autoridades nacionales. ¿Tomarán nota?

El decreto 690 en Argentina trajo consigo la Prestación Básica Universal (PBU), una resistida propuesta por la que los operadores deben dar servicios a un precio establecido por las autoridades. ¿El objetivo? Asegurar la conectividad de las personas de bajos recursos en el contexto de pandemia. Según pudo saber DPL News, la propuesta no fue la más elegida por los usuarios y el gobierno tomó nota: se juntó con los operadores para que llegue a tres millones de personas.

El encuentro, uno más para debatir estos temas, estuvo a cargo del Jefe de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero. Participaron la Presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; la Secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm; el Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, y representantes de las empresas, entre otros. No fue virtual como otras reuniones, sino que tuvo lugar en el salón Eva Perón de la Casa Rosada.

“Tuvo origen en la necesidad que tienen los argentinos y argentinas de poder acceder a la conectividad y a la obligación del Estado y las empresas de garantizar el acceso”, resumió el regulador en un comunicado y agregó el objetivo: se analizaron los indicadores de pobreza e indigencia para identificar la urgente necesidad de hacer efectiva la política de tarifas acordadas y reglamentada oportunamente, y garantizar el acceso en el corto plazo para más de tres millones de personas de 750 mil hogares.

En palabras de Tolosa, “la conectividad es una plataforma de acceso a la educación, la salud y, en este sentido, lo que estamos haciendo ahora es darnos un plazo, un marco regulatorio para que en 30 días tres millones de argentinos tengan PBU en sus casas”. No queda claro cómo se buscará ese número ni a qué servicios se refiere exactamente, ya que la PBU alcanza a los cuatro tradicionales (Internet, telefonía fija y móvil y TV de paga).

“El gobierno se pone de manera conjunta a trabajar con las telefónicas para llegar a cada hogar, manteniendo el compromiso vigencia de una PBU de 350 pesos (3.7 dólares) mensuales, que son 150 pesos (1.6 dólares) de WhatsApp ilimitado y 200 pesos (2.1 dólares) por un giga de datos”, agregó Tolosa despejando dudas: parece que el desafío está dirigido exclusivamente al servicio móvil, el de mayor penetración del país, y el foco puesto en WhatsApp, un medio que demostró ser clave para la comunicación de las personas en el contexto de pandemia.

“Armamos una reunión de trabajo para solucionar temas y hacerle más fácil a los clientes acceder a la PBU”, dijo tras el encuentro Alejandro Lastra, director de Relaciones Institucionales de Telefónica. “Quedamos en trabajar, cruzar información, para seguir impulsando este tipo de medidas”, agregó su par local en Claro, Alejandro Quiroga López. El ejecutivo se refirió a la poca demanda que tuvo la PBU para la filial argentina de América Móvil en una charla con DPL News publicada esta semana.

La Cámara Argentina de Argentina (Cabase) dijo que el pedido de la PBU por parte de clientes  fue “menor que el 1 x 1000”. Su Presidente, Ariel Graizer, sugirió en un evento local que se busquen otras alternativas para garantizar el acceso por parte de la población. La industria propone como solución posible que se utilice el Fondo de Servicio Universal para que personas de bajos recursos puedan acceder a prestaciones. Por el momento, al parecer, el plan del gobierno es mantener esta estrategia y reunió al sector para profundizar su alcance.

No trascendió si en la reunión también se debatió sobre otro alcance del DNU 690, igual o más discutido: la fijación de topes de aumento para prestadores. Si bien el gobierno autorizó algunos incrementos tras las quejas de operadores que dijeron no poder sostener el negocio por una combinación explosiva entre la reglamentación, aumento de costos e inflación, el punto todavía se mantiene como eje de debate entre las partes. Hace unos días, de hecho, Movistar anunció un incremento para mayo y junio a sus clientes, y el Enacom respondió que no autorizó incrementos para esos meses.

La Nación.

Desde el 1 de enero entró en vigencia la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) para los servicios de telefonía fija o móvil, Internet o TV por cable. Se trata de una tarifa diferencial destinada a la que pueden acceder los titulares de beneficios y haberes que paga la Anses, entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Para ser admitido como beneficiario, cada individuo o entidad debe presentar una declaración jurada ante la empresa prestadora del servicio.

Según la resolución 1467/2020 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) publicada en el Boletín Oficial, el objetivo de la PBU es “posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad”.

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Desde el primero de enero del 2021, la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) entró en vigor en Argentina, por lo que la población vulnerable o de menores ingresos ya puede acceder a servicios de telefonía e Internet fijos y móviles y televisión por cable a precios más asequibles.

La PBU es una de las medidas que conforman el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, emitido por el gobierno en agosto del año pasado con el objetivo de garantizar el acceso a las TIC con nuevas reglas tarifarias.

Sólo podrán acogerse a la PBU las personas beneficiarias de seguridades sociales como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, los pensionados, las personas con seguro de desempleo, clubes de barrio, asociaciones de bomberos, algunas entidades de bien público y otros sectores específicos.

Para recibir algún servicio de telefonía, Internet o TV a través de este mecanismo, los usuarios deberán hacer una declaración jurada en la que se establezca que cumplen con los requisitos de alcance. Dicho documento será tomado por los operadores como un medio de acreditación.

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Según los lineamientos del Ente Nacional de Comunicaciones, están disponibles planes de telefonía móvil con llamadas y mensajes por 150 pesos al mes; servicio de telefonía fija por 380 pesos; paquetes de datos (1 GB) por 200 pesos, y descuentos de hasta 30 por ciento en la televisión de paga.

En estos momentos, el organismo regulador está trabajando en la reglamentación del DNU 690 y se está reuniendo con representantes de la industria para definir los detalles de la normativa. Desde un inicio, los operadores se mostraron en desacuerdo con las disposiciones del gobierno, debido a que consideran que afectaría las inversiones del sector de telecomunicaciones y generaría un entorno de incertidumbre.

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El Jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Santiago Cafiero, se reunió con representantes de cinco asociaciones de cooperativas de todo el país, quienes fueron a plantear su preocupación por la reglamentación del DNU 690.

La primera parte de la reglamentación del decreto habilitó la Prestación Básica Universal y permitió a las cooperativas un incremento del 5 por ciento en los precios, cifra que las entidades la consideran insuficiente para la subsistencia.

De acuerdo con un comunicado, el funcionario se comprometió a dar inicio al análisis de la excepcionalidad del Artículo 2 de la Resolución 1466 de los servicios TIC que brindan las cooperativas y pymes, para resolver la sostenibilidad de los servicios.

En la reunión participaron también la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, y el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini. Las entidades que estuvieron presentes fueron: la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL), la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (COLSECOR), la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Ltda. (FEDECOBA), la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur Ltda. (FECOSUR) y la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones Ltda. (FECOTEL).

Además, las entidades solicitaron trabajar en una propuesta de Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) que esté acorde a las posibilidades de las organizaciones de la economía social y el sector pyme.

Como lo establece el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, el gobierno de Argentina anunció la Prestación Básica Obligatoria y autorizó a las empresas a subir los precios sólo un 5 por ciento a partir de enero. El descontento de la industria suma un nuevo capítulo.

El viernes, el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, presentó la PBU (Prestación Básica Universal Obligatoria) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a Internet y TV por suscripción, con el objetivo de favorecer la universalización del acceso por parte de los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos.

La PBU estará destinada a jubilados y pensionados, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que cuenten con una remuneración inferior a dos salarios mínimos; beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo; inscriptos al monotributo social; beneficiarios del seguro de desempleo; clubes de barrio; entidades de bien público; asociaciones de bomberos voluntarios; entre otros.

La prestación básica incluye un plan de telefonía fija (con 300 minutos de llamadas locales y larga distancia nacional a 380 pesos), telefonía móvil (500 minutos libres a misma compañía, 50 minutos a otras compañías, y 500 SMS, a 150 pesos), paquete de datos móviles (uno por 200 pesos mensuales que incluyen 1 GB, y el otro por 18 pesos por día por 50 MB).

En cuanto al servicio de Internet y el de TV de paga, habrá diferencias según el tamaño del operador. Por ejemplo, los prestadores de Internet que cuenten con más de 50 mil abonados deberán ofrecer 10 Mbps a 700 pesos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y 5 Mbps al mismo precio en el resto del país. Mientras que los que tengan entre 2 mil y 50 mil abonados podrán ofrecer 5 Mbps por 700 pesos y los de menos, 2 Mbps por 600 pesos.

Los operadores de TV de paga que cuenten con más de 500 mil abonados tendrán que ofrecer un descuento del 40 por ciento sobre el plan de menor valor, y los que tengan entre 100 mil y 500 mil clientes, el descuento que tendrán que hacer es del 35 por ciento.

Por otro lado, a través de la resolución 1466/20 publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a los licenciatarios de servicio de Internet, TV de paga, telefonía fija y móvil, a aumentar un 5 por ciento los precios a partir de enero próximo. Se trata del primer aumento en un año que pueden hacer las telcos, cuando la inflación anual promedió cerca del 30 por ciento.

La norma aclara que los operadores que poseen menos de 100 mil accesos pueden aumentar el 8 por ciento.

Además, señala que “cualquier pretensión particular de incremento de un porcentaje superior a los establecidos deberá solicitarse con carácter excepcional y fundarse debidamente a través de documentación fehaciente”.

Peligros que ve la industria

Para las grandes empresas, el alza del 5 por ciento no es suficiente para cubrir los costos operativos de la industria; para las chicas, el porcentaje de 8 por ciento podría significar un riesgo de subsistencia.

Telecom Argentina sostuvo que la reglamentación “está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias en muchos casos, irreversibles”.

“Un aumento del 5 por ciento no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora”, afirmaron desde el operador.

En un comunicado, la Cámara Argentina de Internet (Cabase) sostuvo que “la fijación arbitraria de precios y porcentajes de aumento sin un análisis pormenorizado y criterioso de la estructura de costos, como la que se ha hecho en forma inconsulta y a las apuradas, obliga a los ISPs a vender a pérdida, porque no es un dato menor que es una industria en la que la gran mayoría de los costos son en dólares”.

“Entendemos perfectamente la necesidad de que la gente pueda acceder a la conectividad, pero no puede ser a costa de la subsistencia de las pequeñas empresas y emprendedores. Con la inflación acumulada durante el año y una devaluación de más del 30 por ciento en el valor del dólar oficial, estos aumentos no son suficientes para sostener ni siquiera la estructura de costos de los servicios de Internet, mucho menos generar una rentabilidad mínima que permita afrontar las inversiones que las redes necesitan para seguir operando”, agregó la Cámara.

El Clarín

El Gobierno publicó este lunes la “Prestación Básica Universal Obligatoria” para el servicio básico telefónico, comunicaciones móviles, internet y televisión por cable en el Boletín oficial, mediante la cual las compañías deberán brindar los planes subsidiados a partir del 1° de enero de 2021. 

Con el objetivo de beneficiar a 10 millones de personas, entre ellas jubilados, desocupados y titulares de la AUH entre otros planes, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) anunció los detalles para acceder a los planes con “precios cuidados”.

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