Un conjunto de 34 organizaciones civiles, académicas y empresariales enviaron una carta al gobierno de Pedro Castillo, en la que piden que la transformación digital sea tomada como una prioridad en la agenda de política pública de Perú.

Entre las firmantes se encuentran la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Internet Society, el Instituto para la Sociedad de la Información y la Cuarta Revolución Industrial, Plataforma Tecnológica Peruana, la Sociedad Nacional de Industrias, Comex Perú, la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales, la Cámara de Comercio Lima, y la Asociación Peruana de Software, Tecnologías y Economía Digital.

El llamado de los grupos surge en un momento de inestabilidad política e institucional en Perú, pues en los pocos meses de su gobierno Pedro Castillo ha tenido varios cambios de Gabinete, escándalos por conflictos de interés e irregularidades. En el sector TIC, esto ha impedido avanzar en proyectos urgentes como las subastas de espectro y el rescate de la red dorsal de fibra óptica.

Las más de tres decenas de organizaciones advirtieron que el país se encuentra en un “alarmante atraso tecnológico y digital”, por lo que es urgente que el gobierno asuma un compromiso con la política 25 del Acuerdo Nacional.

Dicha política se refiere a impulsar el desarrollo de una Sociedad de la Información y del Conocimiento, el acceso universal a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la generación de contenidos digitales, la digitalización del Estado y el uso transversal de las TIC en todos los sectores económicos y sociales.

Además, en línea con la política 25, las 34 organizaciones señalaron ocho ejes estratégicos en los que se debe trabajar para construir un Perú digital. El primero está vinculado con la institucionalidad: fortalecer el sistema de gobernanza e incentivar la participación activa de todas las partes interesadas en el diseño y ejecución de la política digital.

En segundo lugar, atender la brecha de conectividad, dando prioridad a la masificación del acceso a Internet; en tercero, generar competencias y capacidades digitales, en alianza con el sector privado, para contar con más talentos digitales y avanzar en la alfabetización digital de la población.

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Otra de las demandas es avanzar hacia un Estado digital e interactivo, que facilite el acceso a servicios públicos y trámites mediante las TIC; el quinto punto es que exista una transparencia total en la administración de Pedro Castillo y se garantice el acceso a datos abiertos.

Para las organizaciones, también resulta importante incorporar las tecnologías digitales en todas las industrias para recuperar la competitividad de la economía e incrementar la productividad; desarrollar un ecosistema emprendedor en el país, ya que es una fuente económica relevante y un factor de crecimiento en el futuro; así como, por último, crear marcos adecuados en ciberseguridad y privacidad.

ALAI, Internet Society, Comex Perú y las otras 31 organizaciones también apelaron al rol del Congreso de Perú en la tarea de impulsar la transformación digital. Los legisladores deben realizar un riguroso y exhaustivo análisis de impacto regulatorio en todas las propuestas de leyes y normas que estén relacionadas con el entorno digital, dijeron.

Hasta ahora, las asociaciones consideran que el Congreso ha tramitado varios proyectos que carecen de este estudio detallado, lo cual impacta negativamente en el comercio electrónico, la economía colaborativa de las plataformas digitales y, en general, el desarrollo digital del país.

El año pasado se comenzó a discutir una iniciativa de ley para regular el comercio electrónico, el cual, según organizaciones como ALAI, crea figuras legales que afecten a este sector; por ejemplo, con la figura de “derecho de arrepentimiento”, que permite a los consumidores abandonar su compra en un periodo de 15 días, generando sobrecostos. Las más afectadas serían las pequeñas y medianas empresas que venden a través de las plataformas digitales.

El Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel) promovió un amparo, que le fue concedido, para solicitar que el gobierno de México dé cumplimiento a su mandato constitucional de crear una Política de Inclusión Digital Universal (PIDU).

La organización civil reveló que el amparo fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el 24 de noviembre de 2021.

“En términos generales, plantea que existe un mandato constitucional expreso para el Estado y particularmente para el Ejecutivo federal de elaborar la Política de Inclusión Digital Universal con metas anuales y sexenales.

“Los parámetros mínimos de la PIDU están definidos esencialmente en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, recordó el Observatel.

Asimismo, aseveró que la omisión en la que incurren las autoridades responsables vulnera directamente los derechos de los ciudadanos señalados y lastima el ejercicio de otros derechos humanos que son habilitados por las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), como la igualdad, el acceso a la educación, al trabajo y la salud, entre otros.

Observatel apuntó que dicha situación de una falta de política pública afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población.

Asimismo, advirtió que al carecer de una política digital con metas específicas, propicia que el Estado mexicano tome decisiones que alejan a la población de la digitalización. “Por ejemplo, la imposición de mecanismos de censura en Internet como el de ‘notificación y retirada’, sanciones desproporcionadas (bloqueo) a prestadores de servicios digitales que incumplan con obligaciones fiscales, establecimiento de precios elevados de espectro radioeléctrico que dificultan el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, o el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, entre otras medidas contrarias a la digitalización que se han adoptado recientemente en nuestro país”, agregó la organización civil.

A pesar de que la transformación digital es un proceso en curso e irreversible que ya está mostrando sus beneficios sociales y económicos, México carece de políticas públicas digitales integrales, lo cual puede provocar una profundización de la pobreza, marginación y el subdesarrollo, advirtió Jorge Bravo, director General de DPL Group.

“Por eso, es desesperante que los gobiernos que diseñan las políticas públicas digitales y la regulación sectorial no comprendan los cambios tecnológicos que se avecinan, porque su pensamiento es burocrático y estático, anclado a leyes y procedimientos que crean zonas de confort sólo para ellos”, señaló durante el evento México 5G.

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En el sector público, la reacción inmediata hacia los cambios digitales es meter el freno y retrasar la transformación que se avecina con nuevas tecnologías y modelos de negocio. Y también en el sector privado hay resistencia a aceptar la irrupción, pues se prefiere prolongar modelos de negocio como el de la televisión sin hacer una revisión profunda, comentó.

TICs deben contribuir a consolidar democracia participativa

Además, el directivo destacó que la transformación digital está impactando en la democracia, en el ejercicio de derechos fundamentales y las formas de generar igualdad, equidad, pluralidad y participación.

“Las tecnologías deben contribuir a consolidar una democracia no sólo representativa sino más participativa”, dijo el también presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Bravo señaló que las TIC permiten el ejercicio de los derechos políticos a través de la red, incluidos la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el acceso a la información, el derecho a la discusión y participación pública.

“La democracia digital es un reflejo de la sociedad que emplea los medios tecnológicos, de información, las plataformas y las redes sociales al servicio de la ciudadanía para fomentar la discusión, la interacción virtual, la creación de ideas, opiniones y decisiones políticas”.

“También para interpelar al ciudadano, consultarlo, mejorar la rendición de cuentas de los actores político-electorales y una mayor interacción directa entre gobernantes y gobernados”, explicó.

En ese sentido, el presidente de la Amedi refirió que una de las instituciones mexicanas que debe abrazar la adopción digital es el Instituto Nacional Electoral (INE), pues necesita abordar la ciberseguridad de los datos de los ciudadanos y emplear la tecnología al servicio de la ciudadanía.

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El Punto de Intercambio de Tráfico de São Paulo superó al de Frankfurt, Alemania, en 2020, informó Demi Getschko, presidente de NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR). Ahora, la organización está trabajando para difundir este tipo de actividad a otras partes del país, como las regiones norte y noreste.

Durante el panel “Políticas de Conectividad e Innovación de los Estados”, de INOVAtic, Getschko mostró el alto nivel de conexiones en Brasil y la importancia de descentralizar el tráfico de datos.

También estuvieron presentes Lucas Ramos, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de Pernambuco, y Marta Menezes, coordinadora de Modernización e Inclusión Digital del Departamento de Ciencia, Tecnología y Educación Superior de Ceará. Abordaron algunos programas de sus estados que tienen como objetivo conectar a la población y fomentar proyectos innovadores.

Pernambuco

Lucas Ramos recordó que la Secretaría General de la Contraloría de Pernambuco tuvo el primer Laboratorio de Innovación del Sector Público en Brasil. La expectativa es que cada secretaría estatal tenga un centro “conectado al hub de innovación del gobierno, al que llamamos Planta Pernambucana de Innovación”.

Se trata de una fábrica de ideas para resolver desafíos del sector público, como el suministro de agua y la insuficiencia energética. “La Planta Pernambucana es el camino que necesitamos para hacer contratos, convenios, ejecutar políticas públicas y promover la formación de los servidores públicos”, dijo el secretario.

También mencionó la Red de Investigación y Educación de Pernambuco (REPEPE), que pretende acercar la conectividad a puntos de interés del sector público, como escuelas, universidades y centros de salud, a través de infraestructura de fibra óptica.

Ramos explicó que el gobierno federal implementó un cinturón en Recife, capital de Pernambuco, y otro en Petrolina, que permitió un tráfico de datos más rápido. “Estamos hablando de conectividad de hasta 100 Gbps de velocidad, muy baja latencia y muy alta calidad”. A partir de ahí, el estado amplió una red de 3 mil kilómetros de fibra óptica para conectar nuevos puntos de interés.

“Hoy, un estudiante residente en el Hospital das Clínicas de Recife puede ser asistido por un médico en Petrolina a través de esta red”, agregó. En la siguiente fase del proyecto, el objetivo es conectar todos los hospitales vinculados al estado para realizar teleservicios y trámites remotos.

Ceará

Marta Menezes, del vecino estado, comentó sobre el proyecto Corredores Digitales, “el mayor programa de innovación orientado al desarrollo de empresas, productos y negocios en áreas estratégicas de la economía cearense”.

Según la coordinadora, el proyecto se encuentra en su sexta edición y, con el apoyo del sector privado, ya capacitó a 6 mil 567 emprendedores, apoyó 650 startups y ayudó a crear 50 nuevas empresas.

El programa busca startups que propongan soluciones principalmente para los sectores de salud, educación y tecnologías de la información y la comunicación, así como turismo, energías renovables, agricultura, entre otros.

Finalmente, Getschko advirtió sobre la importancia de que los estados inviertan en respaldos y buenas medidas de seguridad, dados los recientes ataques digitales a portales públicos. “Si no tienes una copia de seguridad de tu información y un día eres atacado por alguien que encripta tus datos, terminarás pagando un rescate”, señaló.

En la apertura del evento Iberoamérica Transformación Digital Now, organizado por DPL Group, Mario Cimoli, secretario Ejecutivo Adjunto de la Cepal, sostuvo que en el actual escenario de crisis económica y sanitaria, donde es imprescindible la digitalización, “no se puede pensar en políticas TIC si no está sentado en la misma mesa el ministro que hace política industrial, el de comercio, social o educación. Lo digital es transversal”.

En esto mismo coincidió Maryleana Méndez, secretaria General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet). Para ella, es necesario realizar un esfuerzo transversal que involucre a todos los organismos públicos a lo que se deberá sumar una nueva generación de alianzas público-privadas.

Comentó que, tras la crisis sanitaria, “tenemos la certeza que lo digital prevalecerá”. Destacó que en este proceso irreversible de digitalización, las redes de telecomunicaciones fueron fundamentales.

Para Mauricio Agudelo, coordinador de la Agenda Digital de CAF, la pandemia remarcó las desigualdades en la región, y generó enormes desafíos y retos estructurales en infraestructura, acceso de los hogares, adopción de tecnologías en el sistema productivo, en gobierno y empresas, de capacidades humanas y política pública.

Allan Ruiz, secretario Ejecutivo de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (Comtelca), señaló que la transformación digital de América Latina tiene que ser inclusiva, que se alinee con todos los esfuerzos de recuperación económica.

“Más de la mitad de las familias en algunas ciudades de la región no tienen acceso a los beneficios de la digitalización; se hace necesario desde la política y de las altas autoridades saber a dónde tenemos que ir y a dónde tenemos que llegar”, puntualizó.

Iberoamérica Transformación Digital Now se realiza este 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre. Puedes seguirlo en vivo en nuestro canal de YouTube.

De acuerdo con el estudio de la OCDE sobre transformación digital “Going Digital”, en Colombia la productividad sigue siendo baja, con grandes diferencias entre sectores, empresas y regiones. Además, la alta informalidad en el mercado de trabajo merma los incentivos para innovar y reducen los recursos impositivos disponibles para financiar las políticas públicas. Pero las políticas de digitalización podrían resolver estos problemas.

Como primera medida, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) considera que Colombia tiene que mejorar la conectividad y promover la competencia. Esto se podría hacer posible a través de que el país subaste el espectro en la banda de 700 MHz “lo antes posible”; revise las tasas de importación impuestas a los equipos, terminales y reduzca la carga fiscal que soportan los operadores; y preserve la independencia del nuevo regulador convergente.

Asimismo, para que exista una mayor adopción y uso de las tecnologías digitales, el organismo internacional recomendó a Colombia: mejorar la orientación del financiamiento público destinado a puntos y kioscos digitales; conseguir nuevas fuentes de financiamiento para el programa “Computadores para Educar”; promover un mayor uso de la banca electrónica; aumentar la confianza de los consumidores en los establecimientos de venta por Internet creando un departamento especial en la fiscalía que persiga delitos informáticos; facilitar el acceso a préstamos a una tasa preferente para las inversiones TIC por parte de pymes; entre otros puntos.

Para la promoción de la innovación digital, Colombia deberá, según plantea la OCDE, garantizar una mayor estabilidad de fondos para el recién creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; crear una perspectiva de innovación íntegra y promover mayor protagonismo a las empresas; y afianzar los vínculos entre investigadores y compañías.

Un punto primordial que hizo hincapié la OCDE es adaptar el mercado laboral a la economía digital. Para eso propone optimizar la regulación de plataformas de trabajo en Internet para que los trabajadores dispongan de incentivos para compartir datos con las autoridades fiscales y laborales y así reducir la informalidad. También sugiere seguir utilizando las tecnologías digitales y las analíticas de Big Data para mejorar la correspondencia entre oferta y demanda de empleo.

Para que el país aproveche las nuevas oportunidades de crecimiento generadas por la transformación digital, deberá crear un entorno reglamentario más favorable para los servicios profesionales y financieros, promover el uso de tecnologías digitales encaminadas a fomentar el comercio de bienes y servicios principalmente en la agricultura y la minería, reducir los costos comerciales derivados de barreras no arancelarias, y mejorar la interoperabilidad de las normas contractuales nacionales y la protección de datos personales en transferencias transfronterizas.

Por último, la OCDE propone a largo plazo desarrollar una Estrategia Digital Nacional a través de un proceso en el que puedan participar las múltiples partes interesadas, seguido de una consulta pública.

Colombia ingresó a la OCDE el año pasado. Pero este documento también podría servir para avanzar en la transformación digital en aquellos países que están en tratativas para ser parte del organismo internacional, como Argentina o Costa Rica.