La Fiscalía Nacional Económica (FNE) defendió el concepto de convergencia y neutralidad tecnológica en una nueva instancia de reunión en Comisión Mixta del Senado por el proyecto que busca declarar a Internet como servicio público en Chile. Indicó que “estos principios favorecen directamente a los usuarios porque permiten actualizaciones según nuevas tecnologías, incrementan la competencia y propenden el uso eficiente de espectro”.

Aunque el texto en debate analiza cambios en distintos pasajes de la ley de Telecomunicaciones, la discusión está concentrada en la modificación de su artículo 14, a partir de la cual se consagraría la facultad del regulador Subtel de autorizar la adición de prestaciones específicas una concesión de telecomunicaciones pudiendo condicionarse esta a medidas compensatorias y a un informe de la fiscalía.

La entidad consideró “positiva la especificidad legal de las atribuciones que tiene Subtel en materia de notificación de concesiones para la autorización de nuevos servicios o prestaciones que surjan en el tiempo con el avance tecnológico, lo cual va en línea de materializar los principios de neutralidad y convergencia tecnológica y de servicios, piedras angulares del desarrollo de las telecomunicaciones”.

Al mismo tiempo, sugirió que el informe previo que se propone solicitar para autorizar a los concesionarios a adicionar nuevos servicios sería un acto “contrario al diseño institucional de libre competencia”. Propuso, en contrapunto, que el accionar de la FNE puede limitarse al caso de que se verifique alguna distorsión competitiva en la que la autoridad no haya reparado.

Tarea cumplida. Con esa frase cerró Claudio Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) un mano a mano con DPL News minutos después de que se conocieran los resultados de la subasta por la que se asignó espectro en 3.5 GHz a Claro (100 MHz), Telecom (100 MHz) y Movistar (50 MHz). “Estamos contentos y satisfechos, hubo mucho trabajo para poder decir que Argentina ya cuenta con espectro para 5G”, indicó.

Tras ratificar que el espectro de la banda ya está limpio, el ejecutivo consideró que el despliegue se dará de forma asimétrica: “Claro ya tiene el core listo, Personal en un 90 por ciento por lo que manifiesta, así que entiendo que ellas van a estar primeras. Telefónica llegará un poco más rezagado, entiendo, pero si compró es porque quiere desplegar”. Al mismo tiempo, descartó la posibilidad de una subasta que incluya espectro remanente en 4G en el corto plazo.

Sobre el bloque desierto de 50 MHz expresó que “sería lógico que se asignara a Arsat pero es una decisión que debemos tomar en conjunto. Quedaron en el medio, es una decisión que hay que abordar junto a la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía”. En cuanto a la opción que se barajó de que se generaran nuevas obligaciones para MVNO, algo que finalmente no fue parte del pliego, el ejecutivo dijo que “los tres operadores van a tener 5G. Después cada uno puede tomar su decisión pero no hay ni habrá obligación ni nada parecido”.

Para finalizar, Ambrosini respondió a este medio sobre la postura del regulador en torno a equipos y seguridad. Dejó claro que hubo cuestiones de este tipo presentes en el pliego y los operadores “la cumplieron a la perfección” y cerró: “Desde el presidente Alberto Fernandez y el Ministerio de Economía la instrucción que le dieron a Enacom fue clara: neutralidad tecnológica”.

El País

La compañía telefónica Movistar salió a pedir que se establezcan y garanticen “condiciones de neutralidad” para “el desarrollo futuro del sector de las telecomunicaciones en Uruguay”.

La empresa dijo en un comunicado que “no existen mecanismos que garanticen que no haya transferencias de recursos desde el sector monopólico al sector en competencia, cuando existe un operador presente en ambos”, en referencia (sin nombrarla) a Antel.

Según la firma, “a las ‘prácticas monopólicas por derecho’, se suman las ‘prácticas monopólicas de hecho’, como lo son las contrataciones directas de servicios móviles a la empresa estatal por parte de los organismos públicos”.

El comunicado expresó que “existen otros aspectos que requieren una completa reformulación previamente al despliegue de tecnología 5G. Por ejemplo, beneficios para el operador estatal a la hora de acceder al espectro radioeléctrico. O la imposibilidad para otros operadores de acceder a infraestructuras esenciales, que solo el operador estatal tuvo la posibilidad de desarrollar”.

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