Es de suponer que en política es ideal tomar decisiones correctas, hacer un uso efectivo de los recursos y construir las condiciones para el bienestar y desarrollo de sus ciudadanos y empresas. 

Más aún, todavía en muchas ocasiones queda la sensación de que la política se basa en el oportunismo reactivo carente de un análisis real del entorno y sin previa evaluación cuantitativa y cualitativa de las necesidades de quienes conforman el Estado.

No obstante, esto puede cambiar por algunas razones. La cobertura de conectividad va avanzando, los ambientes virtuales son cada vez más comunes, los ciudadanos digitalizados aumentan, las habilidades digitales poco a poco son más robustas y el uso de herramientas tecnológicas es más democratizado. Además, en esta ecuación, los algoritmos toman un papel protagónico.

Estos algoritmos, podemos definirlos como una serie de instrucciones lógicas que a partir de datos suministrados generan un resultado determinado. 

Ello, con dos características extraordinarias: cada día hay más datos disponibles para brindar un resultado más robusto; además de que un algoritmo tiene la capacidad de aprender y generar conocimiento por sí mismo, volviéndose cada día más inteligente.

Y es entonces, en la política, un campo donde los seres humanos deberíamos simular el concepto funcional de los algoritmos, los cuales trabajan de forma coordinada, producen en equipo, están sometidos a la mejora continua, usan eficientemente la energía y hacen un uso efectivo de los datos para tomar decisiones que satisfagan los resultados esperados por los usuarios.

Lamentablemente, en muchos casos en la política aún no se ha logrado el total entendimiento de la realidad actual y se sigue pensando en prosa y decidiendo en analógico, cayendo en un ciclo de toma de decisiones que podríamos denominar: “ocurrencias humanas generativas”, con consecuencias que limitan las oportunidades a los ciudadanos y dan paso al uso perverso de algoritmos direccionados a la desinformación, mentira y polarización social. 

Es hora de cambiar el modelo de establecer decisiones de políticas públicas inteligentes, intentando simular el comportamiento de los algoritmos; construyendo un balance adecuado entre el pensamiento humano y el conocimiento de fuentes digitales, promoviendo soluciones innovadoras y eficientes cuyo objetivo primordial sea la prosperidad de las personas y empresas.

Evidentemente se requiere una generación de líderes y gobernantes 4.0 que comprendan lo que realmente está pasando a nivel global; donde a pesar de los esfuerzos mundiales que seguiremos impulsando por regular los usos riesgosos de los algoritmos y la Inteligencia Artificial, las máquinas llegarán a sustituir a los seres humanos en muchos campos.

Es obligatorio cimentar las decisiones políticas basadas en datos, con procesos inteligentes de análisis de variables, inmersas en el mundo de algoritmos digitales; con el fin de definir la ruta de desarrollo que los países requieren para obtener el mayor provecho para los seres humanos a partir de políticas públicas inteligentes que impulsen la educación, economía, seguridad, salud y convivencia humana.

Desde la prehistoria, que termina con la aparición de la escritura, pasando por la edad antigua con la caída del imperio romano, la Edad Media con el descubrimiento de América, la edad moderna con la Revolución Francesa y hasta llegar a la edad contemporánea, han sido constantes tres elementos importantes: la existencia de imperios, la aparición de nuevas tecnologías y la interacción entre las personas.

Hoy en día, es evidente que estos tres elementos están ocurriendo, pero con una diferencia sustantiva, y es que las tecnologías avanzan a una velocidad nunca antes vista y en una realidad que se extiende más allá del mundo físico hasta otro completamente virtualizado, que está en constante expansión, donde aún no está bajo el control absoluto de nadie y en donde se está construyendo la nueva edad de la historia.

Para contextualizar, la empresa PwC, en un reciente estudio sobre el impacto económico de 5G en un grupo de industrias, prevé hasta un total de 1.3 billones de dólares del PIB global a 2030. 

El sitio web Statista determina en el escenario más pesimista a 2030, un mercado de hasta 1.9 trillones de dólares en el metaverso. 

Además, un estudio de Canalys estima en 223.8 billones de dólares de inversión en ciberseguridad en 2023.

Finalmente, acorde a Mckinsey & Company, en el campo de la Inteligencia Artificial (IA), con 63 casos de uso de IA generativa, se podría añadir el equivalente de hasta 4.4 billones de dólares a la economía mundial. En resumen, el peso del imperio ciberespacial es enorme, creciente y acelerado.

En agosto de 2021, publiqué el artículo denominado “Un nuevo modelo de desarrollo digital”, en el cual hacía referencia a la importancia que revestirían las tecnologías 5G, IA y ciberseguridad, para lograr un sistema de evolución del país basado en el conocimiento e innovación y la adopción de tecnologías de manera inclusiva y equitativa.  

En aquel momento, estás tecnologías estaban en etapas de evolución incremental; pero hoy, poco más de dos años después, su incidencia en la humanidad y su futuro son inmensamente más tangibles y están marcando las bases de la nueva época, basada en datos, algoritmos y sistemas digitales. 

Este rápido cambio de circunstancias presentan la incógnita coyuntural de encontrar el “cómo” alcanzar una estrategia equilibrada y contundente que permita que organizaciones globales construyan acuerdos internacionales, para que los gobiernos puedan generar políticas públicas nacionales y aplicar acciones regionales, en cuanto al uso de dichas tecnologías de forma transversal para enfrentar los mayores desafíos de la humanidad, como la mitigación del calentamiento global, reducción de la pobreza, solución de conflictos internacionales y el aseguramiento de acceso a la educación, agua y alimentos.

Para entender el paradigma actual, es esencial comprender que las tecnologías emergentes que están provocando este cambio de época tienen una naturaleza funcional que se puede resumir como la consideración de los datos como insumo primario para que los algoritmos puedan ejecutarse apropiadamente en unidades de procesamiento cada vez más poderosas y cuyos resultados requieren de grandes capacidades de almacenamiento en nubes digitales que permitan su seguro resguardo, integralidad y ágil acceso, con una alta demanda de energía, deseablemente a futuro proveniente de fuentes renovables. 

Un primer paso hacia este entorno es la disminución de brecha de acceso a la tecnología. El Informe sobre Conectividad Mundial 2022 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, menciona que se debe cerrar la brecha de cobertura, ya que “a pesar de que 95 por ciento de la población mundial ya está dentro de la zona de cobertura de una red de banda ancha móvil, hay al menos 390 millones de personas que no tienen posibilidad de conectarse a Internet”, debido, entre otros, por altos costos, falta de dispositivos o competencias digitales. 

Todo esto, paralelo a otra realidad dispar, en la cual acorde a la organización 5G Americas, la tecnología 5G superará a LTE 4G en más de 2.500 millones de conexiones en su primera década, totalizando los 8.000 millones en 2028.

Igualmente, tenemos el reto de desplegar infraestructura, crear marcos regulatorios, desarrollar capacidades técnicas y afianzar mecanismos de apoyo internacional, debido a que el ciberespacio presenta un territorio en fragmentación con un constante peligro de ciberdelincuencia, ciberterrorismo e incluso guerras híbridas que han convertido la ciberseguridad en un verdadero riesgo para las personas, organizaciones y países. Incluso, así plasmado por el Foro Económico Mundial dentro del mapa global de riesgos de 2023. 

Definitivamente, un tema que merece atención particular es la Inteligencia Artificial, pues a mi criterio es el hito que marcará el inicio de una nueva era, la Edad Digital. 

Y es que su avance exponencial actual, colmado de hipótesis y especulaciones de todo tipo, han creado un desafío para la humanidad y una competencia mundial casi inédita por lograr “controlar” su desarrollo, potenciar sus beneficios, disminuir sus riesgos y “evitar” un desplazamiento de los seres humanos.

A pesar de que la existencia de la IA data de muchos años atrás, la masificación de ChatGPT vino a apurar el mundo en los últimos meses, con una fuerza política, técnica e inversión realmente sorprendentes.

Destacan cinco hechos que han sucedido en las últimas semanas, que revelan la importancia planetaria que conlleva la inminente necesidad de trabajar en conjunto para abordar responsablemente una tecnología que, visualizamos, podría incluso superar muchas capacidades y tareas humanas.

En primera instancia, el G7 como parte del proyecto Hiroshima AI Process, publicó un código de conducta para las organizaciones que desarrollan sistemas avanzados de IA. 

El fin de este insumo es buscar que se dé un trabajo conjunto de identificar, evaluar y mitigar riesgos a lo largo del ciclo de vida de la IA, considerando, entre otras cosas: la compartición de información, gestión de riesgos, desarrollo de normas y técnicas, identificación de vulnerabilidades, además de la adecuada protección de datos y propiedad intelectual.

Un segundo evento, fue el resultado de la cumbre de 28 países efectuada en Gran Bretaña, con la firma de la denominada “Bletchley Declaration”, donde China, Estados Unidos y países de la Unión Europea acordaron cooperar en el proceso de atender los potenciales riesgos de la IA. Resultado catalogado por el primer ministro británico Rishi Sunak, como un factor que “inclinaría la balanza a favor de la humanidad”.

Seguidamente, el presidente de Estados Unidos dictó un hito, con la firma de la Orden Ejecutiva para regular el uso de la Inteligencia Artificial, considerando los aportes de empresas líderes para alcanzar nuevos estándares de seguridad y temas relativos al manejo y protección de datos. En este acto, el presidente Biden manifestó de manera categórica la necesidad de “promover y exigir una innovación responsable”. 

Igualmente, la UNESCO ha mantenido un liderazgo en gestión de acciones para el uso ético de la IA, que plasmó con la “Declaración de Santiago para promover el uso ético de la IA en América Latina”, reafirmando las capacidades que tiene esta tecnología en la transformación de los modelos de desarrollo, para que sean más inclusivos, productivos y sostenibles; mientras se mantenga una regulación ética y pensada en el ser humano.

Finalmente, surgió la primera normativa en la Unión Europea en la cual se categorizan los riesgos de la Inteligencia Artificial, buscando un equilibrio entre protección a las personas y el impulso a la investigación y desarrollo de esta tecnología.

Estamos cambiando hacia la Edad Digital. Se han transformado los modelos en los cuales interactuamos en un mundo hiperdigitalizado.

Debe  entenderse que estamos frente a un cambio de época y que es imprescindible construir puentes de cooperación internacional, estrategias nacionales y planes de acción regional; todos  con una visión clara de las variables críticas de éxito, tales como formación de talento y educación, promoción de la innovación, regulación apropiada, impulso a la adopción tecnológica, construcción de infraestructura y fortalecimiento de la relación público privada. 

El reto es complejo pero fascinante. Estamos ante la encrucijada de ingresar a esta nueva época, con la determinación de acrecentar el pensamiento y conocimiento humanos de la mano de la tecnología, teniendo presente los riesgos y oportunidades existentes. 

Sin embargo, deberá privar la ética, la cooperación, el trabajo global y, lo más importante, la búsqueda constante de áreas de alto impacto que mejoren las condiciones de vida de las personas con equidad.

La transformación e innovación basada en plataformas digitales requiere del despliegue intensivo de infraestructura de telecomunicaciones que amplifique las capacidades de comunicaciones, tanto a nivel de conectividad móvil como fija.  

Además, es fundamental contar con espectro suficiente, en el momento oportuno, a un costo adecuado y con disponibilidad para los operadores de un mercado en competencia.

Lo anterior implica que los gobiernos de los países construyan las condiciones adecuadas para que las empresas cuenten con los elementos mencionados, además de un medio con la suficiente seguridad técnica y jurídica para que los operadores puedan hacer las altas inversiones de capital para expandir dicha infraestructura y llegar a la mayor cantidad de mercado con la capacidad y calidad de primer nivel.

Sin duda, este tema es esencial. Es evidente que el desarrollo de infraestructura digital requiere de planificadas y amplias inversiones, tanto a nivel de CAPEX como de OPEX por parte de todos los operadores de las diferentes tecnologías en el mercado de telecomunicaciones. De ahí la oportunidad de estudiar alternativas de acción para potenciar la digitalización de un país.

En múltiples ocasiones, la idea de asignación de espectro en procesos de licitación para adjudicación de concesiones de uso comercial se ha dado con el modelo recaudatorio, generando un ingreso robusto en una única ocasión. 

Hay varios ejemplos, en los cuales las subastas de espectro estaban dirigidas a lograr el mejor precio posible por parte de los operadores, que poco a poco incursionaban en mercados de servicios móviles.

Este mecanismo ha permitido la dotación de fondos sólidos para llevar a cabo proyectos de reducción de brecha y despliegue de infraestructura para poblaciones en vulnerabilidad, los cuales son de extrema importancia para los países cuyos objetivos de inclusión digital son prioritarios en la generación de oportunidades para las personas.

Entonces, salta el reto trascendental de que los gobiernos sigan invirtiendo con prioridad absoluta en crear condiciones equitativas de acceso a las tecnología digitales en dirección de robustecer capacidades de desarrollo de las personas y empresas en un mundo hiperconectado.

A la vez, que permitan a los operadores hacer grandes inversiones en despliegue de infraestructura, buscando la consolidación de un mercado en competencia con sustantivos servicios para los clientes.

Es por lo anterior que viene a la mesa de análisis el planteamiento de un debate serio, amplio, técnicamente fundamentado, acorde a la realidad de cada país y con la participación de múltiples actores, en el cual se profundice sobre cuál debe ser el modelo de cobro real del espectro, pensando en la maximización de ingresos a corto, mediano y largo plazos.  

Es válido estudiar alternativas de establecer un modelo de precios, en el cual los costos del espectro permitan no sólo tener una entrada de ingresos para el gobierno “en una única ocasión”, sino que también permitan a las empresas contar con capital para lograr compromisos de despliegue de infraestructura amplios, en plazos determinados de forma que existan carreteras digitales de amplia capacidad.

Es importante consolidar esta discusión, analizando casos de países que ya han pasado por asignaciones de espectro en bandas bajas, medias y altas, para poder observar cuál ha sido la experiencia y cómo podría lograrse el mayor provecho posible en la cobertura, capacidades, velocidades, habilitación de redes de cuarta y quinta generación que impulsen la economía del conocimiento y desarrollo de soluciones transversales en áreas como educación, salud, seguridad, entre muchos otros

Estamos en un buen momento para analizar el tema y, a partir de eso, tomar decisiones que tengan como objetivo mercados de telecomunicaciones competitivos, de alta calidad y con un enfoque de apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad para que tengan apoyo para contar con conectividad.

Costa Rica es un mercado deseoso de los servicios digitales porque sabe usar la tecnología y 94 por ciento de los usuarios se siente satisfecho con los servicios de las plataformas digitales, comentó en entrevista con DPL News Luis Adrián Salazar, coordinador del primer Estudio sobre Plataformas Digitales en Costa Rica. 

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El ex ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones detalló que Costa Rica tiene una gran oportunidad de expansión de estos servicios a través de la tecnología móvil, ya que tiene una penetración celular de 150 por ciento

Resaltó que la economía colaborativa está en pleno desarrollo, pues ya son 40 mil las familias costarricenses que recurren a este modelo de negocio para generar ingresos, por lo que, si se multiplica por los 3 ó 4 integrantes que conforman los núcleos familiares costarricenses, impacta en alrededor de 150 mil personas. 

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El consultor internacional explicó que el objetivo del estudio fue crear “un documento que sirviese de consulta para el desarrollo de diferentes políticas públicas e investigaciones, el cual tuviese un desarrollo metodológico lo suficientemente científico para conseguir y analizar datos a través de elementos que fueran total y completamente nacidos o sacados de una medición cuantitativa, científica y metodológicamente organizada”. 

“Hay una rápida evolución, por eso es importante que quienes tomen decisiones lo hagan apegados a datos”, declaró Adrián Salazar. 

Plataformas en la recuperación económica tras Covid-19

Al igual que en otros países, en Costa Rica las plataformas digitales tuvieron un auge durante la pandemia y han tenido una contribución significativa a la recuperación económica post Covid.

Durante la contingencia, en el país centroamericano los servicios de repartición crecieron 63 por ciento y los de movilidad 40 por ciento, aunque la demanda de transporte creció casi el doble, 84 por ciento. 

Por ello, para 80 por ciento de las personas estas plataformas digitales son un mecanismo de reactivación económica en Costa Rica, luego de que el país llegara a 25 por ciento de desempleo durante el confinamiento. 

Independencia y flexibilidad, dos claves de las plataformas digitales

Las dos características más valoradas del nuevo modelo económico surgido a raíz de las plataformas digitales son la independencia, mencionada por 87 por ciento de los prestadores de servicios y la flexibilidad, por 64 por ciento de los colaboradores.

“La flexibilidad y la independencia no sólo son altamente valorados y elementos esenciales de la economía colaborativa —comenta Salazar—, sino que van a ser cualidades intrínsecas dentro de los modelos de negocio y de trabajo.”

“Para nadie es un secreto que, a nivel internacional, los modelos de negocio han cambiado: para las personas que trabajan tiempo parcial es fundamental cómo se valora el trabajo, ya sea desde la casa o a la hora que yo quiera para una empresa transnacional. Todos estos son modelos de negocio que la economía digital va trayendo”, agrega.

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“Lo que se muestra en el estudio es una productividad lo suficientemente importante para dar opciones de crecimiento a las personas. Éstas pueden llegar y complementar los ingresos con otras actividades económicas o pueden trabajar a partir de la capacidad que tengan de dedicar unas horas o un activo disponible. 

“Estamos dando una opción real para que acorde a las posibilidades que tenga cada persona colaboradora, pueda generar ingresos y llevar bienestar a su familias, además de complementar con otras actividades”.

Equilibrio entre regulación analógica y digital

En materia regulatoria, Salazar Solís comentó que 75 por ciento de la población y 90 por ciento de los conductores quieren que se regulen las plataformas de movilidad. 

Se requiere un marco regulatorio en el cual las personas se sientan tranquilas trabajando. 

La economía digital es un modelo de generación de ingresos. 

Explicó que, a partir de una concatenación de los elementos del estudio, se desprenden tres hallazgos prioritarios: la generación de regulación en la movilidad, potenciar un marco regulatorio donde las personas se sientan tranquilas trabajando y el hecho de que la economía digital es un modelo de generación de ingresos que está impactando directamente en la economía, por lo que hay que facilitar las regulaciones. 

Salazar Solís considera que son tres las principales barreras para el óptimo desarrollo de las plataformas digitales en Costa Rica: el desconocimiento real de cómo funcionan las plataformas digitales; a nivel político se toma más tiempo para el desarrollo de políticas públicas y la falta de talento y de capacidad de inversión. “La barrera más importante es darnos cuenta que son temas que necesitan alta prioridad.”

Reconoce la necesidad de que exista un modelo lo suficientemente sensato que no genere barreras que “podrían sacarnos de un modelo de negocios creciente”, detalla. 

“El equilibrio entre una regulación analógica y una regulación digital no sólo va a ser un reto para este modelo de negocio de movilidad y reparto, sino que cada vez va a ser más transversal dentro de la economía de los países. Si nosotros no somos capaces de generar el marco regulatorio, la gente no se va a sentir tranquila y podríamos crear barreras para el desarrollo de modelos económicos basados en el conocimiento”. 

No obstante, reconoce como principal ventaja del país para insertarse en la economía digital la evolución de la adopción tecnológica y la penetración celular.

Políticas públicas y marco regulatorio

Finalmente, Luis Adrián Salazar hace una reflexión desde su experiencia como funcionario gubernamental: “tenemos que generar las estructuras necesarias para validar las necesidades que existen para nuevas tecnologías digitales, tanto a nivel regulatorio, talento e infraestructura, para visualizar áreas de investigación y desarrollo para la innovación que ayuden a generar más talento que permita el emprendedurismo o atracción de inversión extranjera directa”. 

“Es fundamental e impostergable avanzar en políticas públicas, un marco regulatorio y posibilidades para incorporar a todos los ciudadanos a la economía digitalizada”, agrega.

El 75 por ciento de la población costarricense considera que las plataformas digitales, como DiDi y Uber, deben regularse para garantizar el derecho a la movilidad y el acceso a productos y servicios.

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El porcentaje es mayor si se toma en cuenta la opinión de las personas conductoras, ya que 90 por ciento piensa que es necesario regular las plataformas digitales para que puedan seguir ofreciendo sus servicios y generar ingresos tranquilamente, que les permitan satisfacer sus necesidades. 

Así lo reveló el Estudio de Plataformas Digitales, realizado por la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), en el cual Cid-Gallup encuestó a 10 mil 887 personas, entre conductores, repartidores, usuarios y población general, entre febrero y mayo de 2022.  

El estudió fue coordinado por el consultor internacional Luis Adrián Salazar; Luis Mesalles, quien analizó el impacto económico, y la politóloga Marcela Piedra, quien aportó la perspectiva de género. 

“Con esto dejamos de tener conversaciones sobre supuestos alrededor de las plataformas digitales, y ahora podemos contar con información de primera mano que refleje la voz de las personas involucradas, lo cual enriquecerá las discusiones no sólo sobre regulación, también sobre el impacto, las condiciones y necesidades de estos servicios”, aseguró el exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. 

Mientras que el presidente de la CCCR, Julio Castilla, resaltó como principales beneficios de las aplicaciones tecnológicas la generación de autoempleo y la dinamización de la economía debido a su presencia en la cotidianidad de la mayoría de la población nacional. 

“Como país, nos corresponde fomentar un mercado que a todas luces crece y beneficia a miles de personas”, aseveró Castilla.  

La economía colaborativa en Costa Rica

El estudio registra que hay cerca de 40 mil personas que generan ingresos a través de las plataformas digitales en Costa Rica: 30 mil a través de la conducción y 10 mil mediante la entrega. 

El 87 por ciento de las personas conductoras declaró que la independencia, la flexibilidad y ser sus propios jefes son lo que más valoran de la actividad. Mientras que 68 por ciento de las personas repartidoras declaró que pudo mantener o aumentar sus ganancias durante la pandemia.

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También reveló que son más de un millón de usuarios los que solicitan viajes y servicios a través de las plataformas tecnológicas. En la encuesta, 94 por ciento de las personas usuarias declaró sentirse satisfecho en general por el servicio de las plataformas digitales. 

Finalmente, un porcentaje similar de conductores y repartidores (63 y 70 por ciento, respectivamente) se siente satisfecho con las funcionalidades de seguridad que ofrecen las plataformas. 

La evocación del conocimiento nos guía hacia un espacio de iteraciones neuronales en algoritmos dinámicos que, a partir de duda, creatividad, riesgo, rigor de investigación, fracaso, disciplina y perseverancia, generan resultados que mueven el engranaje sistémico humano en el mundo que habitamos

Son reiterados los foros en el ámbito mundial -sobre todo en tiempos de incertidumbre de Covid 19- donde los temas económicos, sociales, geopolíticos, tecnológicos y ambientales tienen relevancia; tanto en oportunidades para desarrollo o, por el contrario, áreas potenciales generadoras de brechas. 

Todo ello, sumado a la inestabilidad creada por la invasión rusa a Ucrania, la probabilidad de recesión económica, el rápido aumento de la inflación, la compleja capacidad de recuperación de las industrias, el aumento del desempleo, los problemas en las cadenas de distribución, suministro de alimentos, entre muchos otros.

Con este precedente, se hace imperioso plasmar alternativas reales en el marco difuso de las condiciones actuales; para lo cual, el activo “talento humano” y el desarrollo de nuevas fuentes de energía no contaminantes deben ser priorizadas en la cadena de soluciones concretas hacia una producción de innovación de valor en el mercado del conocimiento.

Y es que el talento individual de las personas potenciado a través de un adecuado modelo de educación colectiva, robusta, dinámica, equitativa, inclusiva y adaptada a las necesidades actuales, sin duda promoverá la capacidad de co-creación de valor productivo y bienestar; pues desencadenará ambientes de generación de conocimiento estimulando la innovación y solución a problemas complejos en las diferentes áreas del quehacer humano, compitiendo por alcanzar la diferenciación productiva que robustezca la competitividad de los países.  

Es en este punto exacto donde el trabajo conjunto, asociativo y multisectorial puede brindar grandes oportunidades a América Latina. Tan solo requerimos ser capaces de leer las necesidades de adaptación tecnológica en la construcción de oferta de productos y servicios innovadores basados en la investigación y desarrollo tecnológico.

Ahora bien, el talento debe reforzarse con modelos de aprendizajes ágiles, escalables, permanentes e incluso en cortos periodos de tiempo. Ello, trabajando en la dirección de habilitar la adaptabilidad de la demanda de soluciones y la posibilidad de integración de áreas del saber, puestas en marcha de la mano de sistemas de producción convergentes de tecnologías emergentes como ciberseguridad, inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología, 5G y modelos de trabajo remoto en ambientes virtuales.

América Latina tiene toda la capacidad de sacar provecho de la economía digital. Tenemos -como región- el capital humano para producir innovación y vocaciones científicas fomentando capitales de riesgo regional para la incubación creativa de ideas, la aceleración de empresas y otras facilidades de financiamiento en las diferentes etapas de creación de emprendimientos. 

Toda esta propuesta requiere persistir en la consolidación de infraestructura de telecomunicaciones y desarrollo de capacidades digitales a todo nivel, considerándolas como las vías de comunicación digitales requeridas para seguir caminando hacia la América Latina de la Cuarta Revolución Industrial, con la combinación asertiva de los objetivos de crecimiento, inclusión, innovación, sostenibilidad y asociación propuestos en la agenda Conectar 2030 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

Es necesario continuar facilitando los despliegues de infraestructura; los testbed, los sandboxes, la transferencia tecnológica, el fortalecimiento regulatorio, las normas de competencia y todas las acciones para ser líderes mundiales en este nuevo y disruptivo mundo hiperconectado. Claramente, con toda la seguridad técnica y jurídica, esenciales en el desarrollo de inversiones y despliegues de capacidades digitales.

Debemos ser contundentes como Latinoamérica; no basta la aspiración, se requiere apoyar con capacidad financiera real al sector público, privado y académico en el desarrollo de todas las variables de la economía digital; además de planificar concretas y ambiciosas metas para estimular la investigación y desarrollo en construcción de carreteras digitales que nos lleven a mantener la competitividad, logrando potentes propuestas de valor productivo y crecimiento con impacto en mercado mundial.

Lo que es importante es que coordinemos, articulemos, trabajemos en conjunto estructuradamente con tiempos, responsables, objetivos; pero sobre todo teniendo en mente que juntos somo capaces de avanzar más y dar mejores oportunidades a nuestros países. 

No es coincidencia que el Reporte de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial 2022 muestre temas como: erosión de la cohesión social, fallos de ciberseguridad, inequidad digital y temas climáticos, como algunas de las amenazas para los siguientes dos años en el mundo, pues ya en la perversa invasión rusa a Ucrania estamos viviendo algunas de ellas. 

A dos semanas de iniciado este esquizofrénico ataque, es evidente el sentido expansionista y sangriento de Putin por apoderarse a cualquier precio de Ucrania, manifiesto también en el ciberespacio; sea mediante ciberataques, desinformación o destruyendo infraestructura de comunicaciones. 

Sin embargo, Ucrania y los países aliados, equivalentemente han encontrado en el mundo digital herramientas efectivas para imponer sanciones y adoptar mecanismos de defensa.

Y es que Rusia no solamente ha pretendido destruir toda Ucrania mediante un uso indiscriminado de misiles y otras armas; también se presume de una gran cantidad de ataques cibernéticos cuyos fines han sido inhabilitar infraestructuras críticas, sistemas de información y medios de comunicación. Tal fue el caso del bombardeo a la torre de televisión ubicada en Kiev y el ataque a medios de radiodifusión.

Según relata un artículo del periódico The New York Times del 28 de febrero, desde horas antes de que iniciase la invasión militar a Ucrania, la empresa Microsoft -mediante su Centro de Inteligencia de Amenazas- advertía de un malware peligroso llamado Foxblade, el cual tenía capacidad de atacar blancos en Ucrania y borrar información de sistemas digitales de ese país. 

Más aún, esta empresa logró que los sistemas de detección de virus pudiesen bloquear el código malicioso, disminuyendo su impacto, con el apoyo de la oficina de seguridad nacional de la Casa Blanca para tecnologías emergentes y cibernéticas, marcando esta situación el inicio de una guerra cibernética.

En este proceso, el grupo activista Anonymous declaró la guerra cibernética a Rusia y, con ello, el apoyo de defensa de Ucrania; donde, en días recientes, reivindicó esta acción como “la mayor operación de Anonymous jamás vista”,  atacando infraestructura digital y afirmando haber hackeado la televisión estatal  (Rusia 24, Channel One y Moscow 24) para emitir imágenes reales de la guerra en Ucrania a toda la población de ese país.

Al mismo tiempo, Mykhaylo Fedorov, máxima autoridad de transformación digital ucraniana generaba la solicitud de apoyo al empresario Elon Musk para que dotase a la población de conectividad mediante el sistema satelital Starlink. Esto último, poco después de que el sitio Netblocks.org reportara disrupciones mayores al principal canal de Internet hacia Ucrania, Gigatrans.

Complementariamente, en los últimos días los operadores de telefonía móvil de Ucrania como Kyvistar, Vodafone Ukraine y Lifecell llegaron al acuerdo de que sus usuarios puedan utilizar cualquiera de las redes de dichos operadores sin importar de quién sean clientes, de forma que tengan opciones de conectarse acorde a la disponibilidad de señal en el lugar donde se encuentren.

Igualmente, los aliados de Ucrania como Estados Unidos y la Unión Europea han  tenido en los sistemas digitales, medios para responder al inhumano ataque ruso, mediante la imposición de sanciones en transacciones digitales. Tal es el caso de la eliminación de entidades financieras rusas de SWIFT (Society for World Interbank Financial Telecommunication), herramienta que permite brindar códigos internacionales para efectuar transferencias internacionales de fondos, limitando su posibilidad de operar globalmente.   

También en el área económica es importante mencionar que empresas como Visa, Mastercard y American Express han suspendido operaciones en Rusia, a la vez que se ha generado un llamado del Vice Primer Ministro, Fedorov, solicitando a las plataformas de criptomonedas bloquear direcciones de usuarios rusos.

Ahora bien, los gigantes tecnológicos han tenido una respuesta ante la invasión rusa, que van desde la dotación de hospedaje para refugiados, desplazados por la guerra como Airbnb hasta la eliminación de usuarios de Rusia y Bielorusia de plataformas de comercio de NFTs y el metaverso.

Por ejemplo, desde el inicio del conflicto, Google eliminó el acceso de Rusia de la herramienta Google Maps, dado su potencial uso en la incursión terrestre a Ucrania, y luego de eso, fue masiva la salida de empresas de tecnología de Rusia.  

Gigantes de la tecnología como Youtube, Meta, Twitter, Apple, Microsoft, Netflix, Amazon y TikTok, entre muchas otras, han tomado decisiones contundentes que van desde la eliminación de contenido de medios rusos como la cadena RT o Sputnik hasta la retirada de tiendas, prestación de servicios en línea, monetización de operaciones comerciales a través de sus plataformas y la restricción de contenidos dirigidos a la desinformación.

La arremetida criminal de Rusia a Ucrania ha mostrado un pueblo valiente defendiendo su patria, un presidente que ha tomado la decisión de luchar hasta el final por su país, pero también el potencial de las tecnologías digitales. Si bien hasta ahora no se han dado, existe el riesgo de ataques cibernéticos con el fin de  afectar aeropuertos, hospitales o plantas de producción de energía.

Finalmente, América Latina, a pesar de tener avances en ciberseguridad, podría estar en exposición de ataques cibernéticos destructivos de un momento a otro, por la cual es necesario fomentar e impulsar la cooperación de entidades multilaterales y acuerdos bilaterales entre países para incrementar el apoyo de esquemas de ciberdefensa regional a partir de la transferencia tecnológica, desarrollo de infraestructura, coordinación de flujos de información y formación de talento especializado.

Los Estados deben crear una estrategia de transformación digital sobre bases de políticas públicas, que involucre a todos los actores -iniciativa privada, gobierno, sociedad y alianzas internacionales-, para avanzar hacia la digitalización, la tecnología 5G y las economías basadas en conocimiento. No hacerlo, es condenar a las naciones a vivir supeditadas o relegadas.

Por ello, se creó la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0.

Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, dijo que, en su país, existe un amplio margen de crecimiento en las oportunidades de digitalización e innovación, por lo cual la coordinación interinstitucional, articulación política y normalización técnica requieren del apoyo político del más alto nivel.

Por esta razón, la administración del presidente Carlos Alvarado Quesada “ha encomendado al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (MICITT) consolidar una estrategia de transformación digital, la cual identifique las iniciativas y las propuestas tecnológicas disruptivas que permitan crear un ecosistema digital nacional que habilite mayor equidad de oportunidades y beneficios para los ciudadanos, las empresas y el Estado costarricense”.

En entrevista con Digital Policy & Law News, Luis Adrián Salazar afirmó: “hoy más que nunca, las tecnologías digitales se vuelven un catalizador de la transformación de las naciones”.

El reto es llevar a Costa Rica en una dirección que potencie las oportunidades y coseche los beneficios de la Cuarta Revolución Industrial y de la Sociedad del Conocimiento.

Tiene planteado una Costa Rica transformada digitalmente, que acelere la productividad, la competitividad y el desarrollo socio-económico, tomando ventaja de la Cuarta Revolución Industrial y las sociedades del conocimiento, para procurar el bienestar de sus habitantes de manera inclusiva y potenciar el desarrollo sostenible del país.

¿Pero qué es la Cuarta Revolución Industrial?

Se refiere a los cambios impulsados por los avances en tecnologías como robótica, Inteligencia Artificial, nanotecnología y biotecnología, que experimentarán las industrias y la sociedad para el año 2020.

Para la elaboración de una Estrategia de Transformación Digital como la que lleva a cabo Costa Rica, se requirió un análisis del marco regulatorio y legal, estudio de buenas prácticas internacionales, evaluación del estado actual, establecer un modelo de gobernanza, alineamiento estratégico, síntesis de lineamientos rectores, definición de la visión, co-creación de líneas de acción y validación de las mismas.

La Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0 tiene seis ejes estratégicos: Pura Vida Digital, Gobierno Digital, Transformación Empresarial 4.0, Sociedad Innovadora, Buena Gobernanza, Costa Rica Conectada.

El ministro destacó la importancia de trabajar en conjunto. Entre los aliados estratégicos están la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud, de Seguridad Pública, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Educación Pública (MEP), de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), el Sistema Financiero Nacional y el sector privado, por ejemplo.

“Nuestra meta es ser líderes y llevar el ritmo de lo que ocurre en Latinoamérica y el mundo, como ocurre en los países más desarrollados, si no nos quedaremos relegados”, dijo.

La carrera hacia 5G

Después de que los operadores Claro y Kölbi anunciaron el inicio de pruebas técnicas de la tecnología 5G para este año, Costa Rica lideraría el desarrollo de estas redes en Centroamérica.

Para el ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica la carrera hacia 5G “es un fenómeno que se vive en todos los países y está ligado totalmente a la infraestructura”.

Destacó que es necesario modificar el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, particularmente en las frecuencias más altas, arriba de 20 GHz, para recuperar y licitar espectro que hoy está concentrado en la banda de 3.5 GHz y la disposición en el corto plazo de la banda de 700 MHz, que utilizan las televisoras de señal abierta en formato analógico.

Por cierto, el apagón analógico de la televisión en Costa Rica está programado para el próximo 14 de agosto.

“Hay retos, incluso en tecnologías anteriores como 4G en temas de cobertura, pero hoy debemos tener decisiones acertadas y avanzar en 5G, liberar la banda de 700 MHz, que no haya interferencias y que potencialicemos el desarrollo de la tecnología”, dijo.

Un mercado en competencia

De acuerdo con el ministro Luis Adrián Salazar, en los últimos 10 años en el mercado de telecomunicaciones costarricense se ha logrado madurez para tener condiciones adecuadas de competencia y un clima que favorezca el crecimiento económico de las empresas.

No obstante, reconoce que en telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, “nunca se alcanzarán las condiciones necesarias, son mercados en movimiento que presentan retos de infraestructura, por eso debemos trabajar en unidad y generar condiciones para que la gente llegue a invertir a nuestro país”.