La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reveló que no se llegó a un acuerdo con los extrabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) respecto a su indemnización, por lo que el asunto irá a tribunales.

El nuevo órgano regulador mexicano aseveró que los extrabajadores del IFT demandan el pago de una liquidación adicional al finiquito que les fue otorgado por el propio Instituto.

“La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha mantenido un diálogo permanente con el grupo para mediar en este proceso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero lamentablemente no es posible continuar con esa mediación, debido a que los extrabajadores decidieron firmar su baja ante el extinto organismo, a fin de acceder a su seguro de separación”, detalló la CRT.

Por lo anterior, el nuevo órgano regulador informó que los extrabajadores deberán dirigirse a las autoridades laborales del país para continuar con el proceso correspondiente.

“De acuerdo con el propio grupo, varios de los extrabajadores decidieron desistirse de la exigencia de liquidación, por lo que el número de integrantes se redujo de 133 a 89. La CRT continuará informando con transparencia y actuando con estricto apego a la normatividad”, agregó la Comisión.

Un tribunal de apelaciones de la Suprema Corte de Justicia de Nueva York emitió una nueva sentencia en el caso de Telefónica contra Millicom, por la cual refrendó la decisión que le daba la razón al operador español por la fallida venta de su filial en Costa Rica. Sin embargo, determinó que se deberá calcular un nuevo monto de indemnización, menor al esperado por la demandante, ya que no se debió haber calculado sobre el monto total de venta.

Después de haber obtenido una sentencia a favor en febrero de 2024, el juez también había determinado un monto de indemnización de alrededor de 60 millones de dólares, más un 9 por ciento de intereses perjudiciales sobre el monto total de la venta acordada de 621.8 millones de dólares.

Una nueva sentencia publicada a finales de mayo de 2025 determinó que dicha sentencia fue equivocada y que “el Tribunal Supremo no debería haber concedido intereses de demora sobre la totalidad del precio del contrato desde la fecha de cierre hasta la fecha de la operación de reemplazo”. Por el contrario, el monto de indemnización se debió determinar de acuerdo a las prácticas y reglas de la ley de Nueva York.

“En el caso de incumplimiento de un contrato de compraventa de acciones, ‘los daños esperados se calculan como la diferencia entre el precio acordado de las acciones y el valor justo de mercado en el momento del incumplimiento”, señala el tribunal de apelaciones.

“En consecuencia, devolvemos el caso al Tribunal Supremo para que proceda a determinar la cuantía de los daños y perjuicios, si los hubiere, durante los periodos pertinentes desde el momento del incumplimiento hasta la fecha para los que deberían estar disponibles los intereses de demora […], incluido el periodo comprendido entre el momento del incumplimiento y la transacción de sustitución”, agrega.

El caso se remonta al 2019, cuando Millicom firmó un contrato para comprar la filial costarricense de Telefónica por 621.8 millones de dólares. Un año después, Millicom se negó a cerrar el trato, alegando que la compra no había sido refrendada por la Contraloría General de la República y, por tanto, no contaba con las aprobaciones regulatorias necesarias.

Por su parte, Telefónica consideró que se habían logrado las condiciones establecidas en el contrato para cerrar la venta y decidió presentar una demanda en contra de Millicom ante los juzgados de Nueva York. A principios de 2024, los tribunales estadounidenses fallaron a favor de Telefónica, a quien le dieron la razón que no era necesaria ninguna autorización o refrendo de la Contraloría costarricense y, por tanto, Millicom había incumplido con lo establecido en el contrato de compraventa.

La filial costarricense fue finalmente comprada por Liberty Latin America a finales de 2020 por 500 millones de dólares, un precio menor al pactado con Millicom.Pese al litigio abierto entre ambos operadores, Millicom firmó un nuevo acuerdo para adquirir la filial de Telefónica en Uruguay por 440 millones de dólares, conforme el operador español bajo una nueva dirección busca su salida total del mercado hispanoamericano.

El País

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a Vodafone a indemnizar con 6.000 euros a un usuario al que molestaba con llamadas comerciales a cualquier hora. La sentencia es pionera porque estima que esta conducta de la compañía supuso una intromisión en el derecho a la intimidad personal y familiar del afectado. El criterio puede ser seguido por otras audiencias provinciales para casos similares, aunque la empresa ha evitado recurrirla ante el Tribunal Supremo, cuyas sentencias son las que sientan jurisprudencia.

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Las empresas tecnológicas tendrán que indemnizar o compensar a las personas usuarias de la Unión Europea (UE) cuando los productos o servicios que utilizan Inteligencia Artificial (IA) fallen, causen lesiones personales, daños a la propiedad o pérdida de datos.

Este miércoles, la Comisión Europea (CE) adoptó dos propuestas para modificar las normas de responsabilidad objetiva de los fabricantes de productos defectuosos como los dispositivos inteligentes, en línea con la iniciativa de Ley de Inteligencia Artificial que se espera aprobar muy pronto.

Una de las propuestas aprobadas en Bruselas señala que las personas deberán obtener una compensación por daños cuando los productos como robots, drones o sistemas domésticos inteligentes se vuelvan inseguros debido a actualizaciones de software, Inteligencia Artificial o servicios digitales con los que operan, al igual que por vulnerabilidades de ciberseguridad.

Además, los fabricantes tendrán la obligación de revelar pruebas sobre la confiabilidad de sus productos y servicios, introducir mayor flexibilidad en la ventana de tiempo para presentar reclamaciones y aliviar la carga de la prueba para las víctimas en casos complejos.

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La Comisión Europea destacó que la actualización de la normativa sobre responsabilidad de la IA protegerá de forma más amplia a las víctimas, ya sean personas físicas o empresas, y fomentará que los sistemas de Inteligencia Artificial brinden más garantías en caso de daños, violaciones a la privacidad o problemas de seguridad.

Además, será más sencillo para las personas reclamar cuando un servicio o producto falle o cause daños, ya que no tendrán que explicar excesivos detalles cuando se trata de sistemas complejos de IA, y tendrán acceso a la evidencia de empresas y proveedores acerca de las pruebas de productos con uso de alto riesgo de la IA.

Por otro lado, la segunda propuesta adoptada por la CE plantea armonizar las normas nacionales de responsabilidad para la Inteligencia Artificial en toda la UE, lo cual establecerá un marco de excelencia y confianza acerca de los servicios y productos tecnológicos.

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Bruselas resaltó que “las nuevas reglas logran un equilibrio entre la protección de los consumidores y el fomento de la innovación, eliminando barreras adicionales para que las víctimas accedan a la compensación, al tiempo que establecen garantías para el sector de la IA al introducir, por ejemplo, el derecho a luchar contra una reclamación de responsabilidad basada en una presunción de causalidad”.

“Queremos que las tecnologías de IA prosperen en la UE. Para que esto suceda, las personas deben confiar en las innovaciones digitales. Con la propuesta de hoy sobre la responsabilidad civil de la IA, damos a los clientes herramientas de reparación en caso de daños causados ​​por la IA para que tengan el mismo nivel de protección que con las tecnologías tradicionales y garantizamos la seguridad jurídica para nuestro mercado interior”, aseguró la Vicepresidenta de Valores y Transparencia de la CE, Věra Jourová.

Luego de que Bruselas adoptó ambas propuestas, el siguiente paso es que pasen por el Parlamento y el Consejo Europeo, para su posterior entrada en vigor. Una vez que eso suceda, la Comisión planea evaluar de nuevo las reglas de responsabilidad después de cinco años.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de Costa Rica remitió al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) un dictamen técnico que señala la improcedencia del pago de una eventual indemnización al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por la recuperación de las frecuencias que son necesarias para 5G. Además, el regulador hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que se tomen acciones urgentes de cara a la implementación de la nueva tecnología y pidió que no se postergue el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones.

La Sutel ha documentado en reiteradas ocasiones la no utilización del espectro asignado al Grupo ICE en las bandas de frecuencias de 1400 MHz, 2600 MHz, 3500 MHz y 26 GHz, que hoy son indispensables para el desarrollo de la tecnología 5G.

Para el regulador, al estar estas frecuencias sin uso o con un uso ineficiente, no cabría una indemnización, según lo establece el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642.

“Si un concesionario de Espectro Radioeléctrico no hace un uso o utiliza de manera ineficiente este recurso del Estado, lo que es contrario al ordenamiento, no puede generar un derecho de indemnización, pues se está en presencia de un posible incumplimiento a las obligaciones de la concesión como tal”, explicó Federico Chacón, presidente del Consejo de la Sutel.

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Después de reiterados pedidos de la industria, el Micitt inició en junio pasado el proceso para la recuperación de frecuencias de 5G concesionadas al Grupo ICE. La dependencia se encuentra elaborando el informe técnico-jurídico que contenga las recomendaciones sobre el procedimiento que corresponda respecto a las frecuencias concesionadas a la compañía estatal.

En ese momento, el Ministerio aclaró que ha estado abierto a la posibilidad de lograr un acuerdo mutuo de devolución de espectro con el ICE, pero “no se ha recibido ninguna propuesta de devolución”.

De acuerdo con datos de la Sutel, Costa Rica podría perder al 2024 un total de mil 134 millones de dólares si no recuperan pronto las frecuencias en la banda media.

“Las autoridades del Micitt deben acatar el ordenamiento jurídico (principio de legalidad) y los múltiples dictámenes técnicos emitidos por la Sutel desde el 2012 y no retardar más el avance tecnológico y económico que traería al país las tecnologías 5G, dado que la determinación de la eventual apertura de los procedimientos correspondientes no es una condición discrecional”, sostuvo el regulador en un comunicado.

Cinco días

La dirección de Vodafone España y los sindicatos han vuelto a reunirse este lunes dentro del proceso de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) abierto, que afecta a 467 trabajadores.

Según fuentes sindicales, la empresa ha aceptado que los empleados de las tiendas puedan elegir entre la indemnización y el pase a un distribuidor. Y es que uno de los puntos principales del ajuste pasa por la posible externalización de las 34 tiendas propias de Vodafone España, en las que trabajan 237 personas. En un primer momento, la operadora había anunciado su intención de cerrar estas tiendas, para concentrar el esfuerzo comercial en los establecimientos de franquicias y distribuidores.

En la reunión de la pasada semana, los sindicatos pidieron elección total por parte del empleado entre indemnización o subrogación de contrato. Según UGT, dado que la empresa ha reconocido que dicha subrogación se ofrecerá sin garantía de empleo, “entendemos que es una buena noticia para los compañeros, que ven alejarse un despido posterior en unas condiciones inferiores y fuera del foco mediático”. El sindicato afirmó la pasada semana que, de estar verdaderamente interesada, la empresa presentará una oferta suficientemente atractiva en garantías para que, en esa elección, la plantilla opte por la subrogación de manera mayoritaria.

En cualquier caso, el proceso sigue abierto. La teleco se comprometió la pasada semana a reducir en 42 empleados, un 15%, el total de afectados por el plan de ajuste, que afectaría a 467 trabajadores. Inicialmente, la teleco planteó 515 salidas, que pasaron a ser 509. De estas 42 personas, un total de 32 serán vacantes del plan social y 10 serán bajas voluntarias o movimientos entre departamentos que ya se han tenido lugar, que se tendrán en cuenta para no afectar al empleo.

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