Los eurodiputados dieron su visto bueno a la nueva legislación que se propone como solución para “mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales”. Se esperan 43 millones de trabajadores de este tipo en el bloque para 2025, con más de 500 plataformas activas.

La norma introduce una presunción de relación laboral que se activa ante supuestos indicios de control o dirección sobre el trabajador, atendiendo la legislación nacional, los convenios colectivos y la jurisprudencia de la Unión Europea. Se pretende, así, “corregir el desequilibrio de poder entre la plataforma y la persona”. En otras palabras, se regulará bajo reglas tradicionales negocios que surgen dentro del nuevo paradigma digital. 

Te puede interesar: Gobierno español pide a entidades locales agilizar trámites para despliegues telco

El proyecto se había acordado en febrero y fue respaldado por 554 votos a favor; 56 se opusieron y 24 se abstuvieron. Entrará en vigencia, de aprobarse por el Consejo, dos años después de su publicación.

“Con esta directiva, hasta 40 millones de trabajadores de plataformas tendrán acceso a condiciones laborales justas. Corregirá el falso trabajo autónomo y evitará la competencia desleal, protegerá el verdadero autoempleo e introducirá normas innovadoras sobre la gestión de algoritmos”, resumió la ponente Elisabetta Gualmini.

Las plataformas también tendrán prohibido tratar ciertos tipos de datos personales, como los relativos al estado emocional o psicológico y las creencias personales.

Con 524 votos a favor, 39 en contra y 124 abstenciones, el Parlamento Europeo adoptó una resolución para exigir que las personas que trabajan por medio de las plataformas digitales tengan garantizados los mismos derechos que cualquier empleado tradicional.

Los diputados piden que la Unión Europea adopte un marco legal a favor de la protección social de los repartidores, conductores u otros colaboradores de las plataformas de movilidad, de entrega de comida a domicilio y otras de la llamada economía colaborativa.

El Parlamento considera que estas personas deben disfrutar de contribuciones a la seguridad social, garantías para su salud y seguridad, y tener el derecho de participar en negociaciones colectivas de trabajo.

Además, el organismo se posicionó a favor de que se brinde un seguro de accidentes y equipo de protección a los repartidores y conductores de las plataformas, ya que por la naturaleza de sus actividades están más expuestos a incidentes o lesiones.

La resolución del Parlamento es controversial para las empresas de Internet de la economía colaborativa, ya que estas sostienen que no hay relación laboral con los colaboradores de la misma forma que en los empleos tradicionales, debido a que no existen horarios fijos, rendición de resultados y otras obligaciones.

También lee: Un tercio de la fuerza laboral de la UE no tiene habilidades digitales

Anticipándose a este argumento, los legisladores proponen invertir la carga de la prueba en caso de procedimientos judiciales. Es decir, las plataformas deberán demostrar que no existe una relación laboral con las personas, y no al revés.

Pero los diputados también reconocen que no se puede hacer una “clasificación automática de todos los trabajadores de plataformas; los que realmente trabajan por cuenta propia deberían poder permanecer en ese puesto”, señaló el Parlamento.

Otro de los elementos por los que aboga el organismo es que las empresas de Internet desarrollen algoritmos transparentes, no discriminatorios y éticos para la asignación de tareas, categorizaciones, fijación de precios y desactivación en el funcionamiento de las aplicaciones, con el fin de no perjudicar a lo colaboradores.

La resolución del Parlamento surge como antesala de una posible iniciativa legislativa para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas. La Comisión Europea prevé presentar un proyecto formal en los meses que restan de 2021.

La Fiscal General, Maura Healey, presentó una demanda contra Uber y Lyft en Massachusetts, Estados Unidos, la cual busca que los conductores de las compañías de transporte se rijan bajo las leyes de salarios y horarios de los estados, para así acceder a derechos y beneficios como salario mínimo, horas extras e incapacidad pagada por enfermedad.

“Uber y Lyft han construido sus negocios de miles de millones de dólares mientras niegan a sus conductores protecciones y beneficios básicos para los empleados durante años”, señaló la fiscal. “Este modelo de negocio es injusto y explotador. Estamos buscando esta determinación de la corte porque estos conductores tienen derecho a ser tratados de manera justa”.

Según las leyes de Massachusetts, un trabajador que brinda algún servicio a otra parte es un empleado y no puede ser clasificado como contratista independiente, a menos que cuente con las siguientes características:

• El trabajador es libre de su dirección y control
• Los servicios que realiza el trabajador están fuera del curso habitual de su negocio
• El trabajador se dedica habitualmente a un comercio, ocupación o negocio establecido independientemente de la misma naturaleza que el servicio que presta a la parte.

De acuerdo con la queja, los conductores de Uber y Lyft no están libres de la dirección y el control de las compañías; además, los conductores deben celebrar acuerdos estandarizados que establezcan términos y condiciones no negociados. Estos estándares de desempeño y las disposiciones de arbitraje forzoso de las compañías impiden a los conductores entablar un litigio privado para hacer cumplir sus derechos bajo las leyes estatales de salarios y horas.

Por su parte, ambas compañías afirman que los conductores establecen sus horarios de trabajo; sin embargo, monitorean de cerca las actividades de los conductores por medio de la aplicación y ofrecen incentivos monetarios para inducir a los conductores a trabajar en horarios que benefician directamente a las compañías.

Asimismo, las compañías pueden penalizar a los conductores por no aceptar suficientes viajes, cancelar demasiados viajes, no mantener las calificaciones de satisfacción del cliente o participar en cualquier comportamiento que las compañías determinen como motivo de suspensión o terminación.

Recientemente, Uber y Lyft comenzaron a ofrecer a los conductores permisos pagados ante la contingencia por Covid-19; no obstante, incluso esas nuevas políticas incumplen la ley de Massachusetts de tiempo por enfermedad.

La oficina de la fiscal General busca una sentencia declaratoria que ordene a Uber y Lyft reclasificar a los conductores como empleados, poniendo a disposición los beneficios y protecciones que brindan las leyes.

Ambas empresas anunciaron planes para gastar 100 millones de dólares para anular una ley de California que protege a los trabajadores de la clasificación errónea.