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La Comisión Nacional de Competencia (Conacom) realizó un informe técnico sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la criptominería en Paraguay. Bajo el criterio de la comisión, esta propuesta legislativa, que se encuentra en la Cámara de Senadores, podría fomentar la clandestinidad porque restringe la competencia de ese mercado.

“Empresarios de la industria nos manifestaron su preocupación sobre el proyecto y la Conacom emitió una opinión, que es como un dictamen. Si bien no es un elemento vinculante, expresa un informe técnico. A nuestro criterio, este proyecto restringe la competencia de ese mercado y podría fomentar la clandestinidad”, expresó Eduardo Barros, directivo de la comisión, a la 780 AM.

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El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, habló acerca de la potencialidad de las criptominerías, siempre que sean legales, pues pueden ser una alternativa válida para aprovechar el excedente de energía eléctrica que produce el país con el fin de monetizarlo.

Si bien fue claro en precisar que las granjas de criptominería no son una política industrial, ya que tampoco es una actividad que podrá multiplicar empleos, pero permite dar respuesta a una situación real respecto a ese excedente de energía, dijo.

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Para el martes 23 de abril, a las nueve de la mañana, convocarán a una audiencia pública para tratar sobre el proyecto de ley “que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o Cripto activos, CriptoMonedas y la instalación de granjas de Cripto minería en territorio paraguayo”.

Invitarán al presidente de la AMD para que brinde un panorama al respecto, así como empresas y gremios relacionadas a esta actividad, anunciaron.

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El gobierno de Estados Unidos presentó una nueva propuesta para el presupuesto de 2024 que buscaría imponer una tasa impositiva de hasta el 30 por ciento sobre el costo de la electricidad utilizada para actividades de minería de criptoactivos, que también serviría para atender los costos económicos y ambientales de esta práctica.

El impuesto sobre el consumo de energía de minería de activos digitales (DAME), propuesto por el presidente Joe Biden, pretende compensar las externalidades negativas provenientes de la minería de criptomonedas, tales como contaminación ambiental local, precios más altos de la energía y los impactos del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima.

Según la Casa Blanca, se busca que el impuesto DAME haga “que los criptomineros paguen su parte justa de los costos impuestos a las comunidades locales y al medio ambiente“ y “animar a las empresas a empezar a tener más en cuenta los daños que imponen a la sociedad”. Se estima que este impuesto aportará cerca de 3.5 mil millones de dólares a las arcas públicas durante 10 años.

La criptominería es un proceso para validar transacciones entre titulares de criptoactivos, que permite el registro y transferencia de activos asegurados criptográficamente en un libro mayor distribuido (Blockchain). Al tratarse de complejos algoritmos matemáticos, este proceso implica un importante consumo energético de las computadoras involucradas, el cual ha ido incrementándose en línea con la adopción de estos criptoactivos y la aparición de nuevas plataformas (Bitcoin, Dogecon, Ethereum, etc.)

Se estima que tan sólo Bitcoin consume 131 teravatios-hora (TWh) al año, según el Índice de consumo energético de la Universidad de Cambridge, lo que incluso supera el consumo anual de países como Noruega.

De acuerdo con información del gobierno estadounidense, la cantidad de electricidad utilizada en la criptominería en Estados Unidos en 2022 fue similar a la que se usa para alimentar todas las computadoras domésticas o la iluminación residencial del país.

En ese sentido, la Casa Blanca advierte que este alto consumo de electricidad tiene importantes consecuencias negativas sobre el medio ambiente y sobre la economía en general. En los Estados Unidos, se estima que la actividad de las criptomonedas emite entre 25 y 50 millones de toneladas de CO2 cada año, a la par de las emisiones anuales del combustible diésel utilizado por los ferrocarriles estadounidenses, advierte el Rocky Mountain Institute.

Aun cuando utilizan fuentes de energía limpia (como hidroeléctricas), la demanda para criptominería puede elevarse tanto, que eventualmente reduce la disponibilidad de este recurso para el resto de la comunidad, obligando a usar otras fuentes de energía basadas en combustibles fósiles.

Adicionalmente, existen también impactos económicos, como hacer subir los precios de la electricidad para los consumidores, derivado del consumo volátil de la criptominería; a la vez que existen riesgos para las redes eléctricas locales, como sobrecargar los equipos, provocar interrupciones del servicio y peligros para la seguridad.

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En ese sentido, el gobierno también advierte que debido a que la criptominería es geográficamente móvil y la estabilidad del modelo comercial sigue sin estar clara, las empresas de servicios públicos locales también enfrentan incertidumbre respecto a la financiación de mayor capacidad, ya que esta puede no ser necesaria si la actividad se muda o desaparece.

Por ello, la propuesta del gobierno implica que el DAME se imponga a nivel nacional, para evitar que las operaciones de criptominería se muden de una comunidad a otra.

En la propuesta impositiva, el gobierno también cuestiona los beneficios sociales de la criptominería, ya que existe poca evidencia de que generen empleo u oportunidades económicas para las comunidades donde operan.

China prohibió por completo cualquier actividad relacionada a las criptomonedas en 2021, al igual que otros ocho países, mientras que tres provincias canadienses también han anunciado o promulgado moratorias de criptominería.

El Director de Tecnología de Nvidia, Michael Kagan, afirmó en una entrevista con The Guardian que las criptomonedas no aportan nada útil a la sociedad. En cambio, considera que la Inteligencia Artificial como ChatGPT es más valiosa.

Nvidia considera que utilizar la capacidad de procesamiento de sus chips en la minería de criptomonedas no merece la pena, porque aunque las personas pueden comprar cualquier cosa con ellas, en realidad no orientan a las empresas hacia ningún objetivo concreto.

Mientras que usar sus potentes procesadores en el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial Generativa (IA Gen) tiene mucho más potencial porque cree que “reinventará casi todas las industrias y revolucionará a la sociedad”.

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Las declaraciones del mayor fabricante de tarjetas gráficas resuenan en la industria luego de que la empresa se benefició con el auge de la minería de criptomonedas durante la pandemia generando millones de dólares en ingresos.

Sin embargo, la demanda de criptomineros provocó una crisis de escasez de GPU que dejó a los jugadores e investigadores sin opciones para actualizar sus componentes. Ante esta crisis, Nvidia nunca estuvo de acuerdo con que se usaran sus tarjetas gráficas e incluso lanzó un software para restringir su uso en la minería de Ethereum, pero no funcionó.

Después de esta crisis y el desplome de las criptodivisas en 2022, Nvidia se ha dedicado a convertir sus tarjetas gráficas en parte esencial para el entrenamiento complejo de IA. De hecho, la inversión de Microsoft en OpenAI se tradujo en miles de procesadores que se encargaron de entrenar al popular chatbot ChatGPT.

En un momento en el que muchas empresas tienen objetivos de cero emisiones de carbono, el uso del Bitcoin va en sentido contrario, pues no ha logrado reducir la cantidad de energía que consume esta criptomoneda para funcionar.

El Índice de la Universidad de Cambridge sobre el Consumo de Electricidad en Criptomonedas reveló que, desde 2017, el consumo energético de Bitcoin ha ido al alza. Por ejemplo, en ese año consumió un total de 14.44 TeraWatts Hora (TWh), mientras que para 2018 fueron 45.55 TWh.

El ascenso en el consumo de energía continuó año tras año y fue en 2021 cuando rompió récord y alcanzó los 104.89 KWh, mientras que para 2022 el Bitcoin ha alcanzado 85 KWh.

Y es que la minería de Bitcoins requiere un alto uso de servidores que consumen tal cantidad energética, lo que tiene un gran impacto al medio ambiente, de acuerdo con los especialistas.

Para poner en perspectiva el consumo energético del Bitcoin, de acuerdo con información de CryptoMonday, la creación de un solo Bitcoin nuevo consume tanta electricidad como una familia entera en nueve años.

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De acuerdo con un reporte del sitio italiano Corcom, aunque el uso del carbón se ha reducido del 47 por ciento en enero de 2021 frente al 37 por ciento en el mismo mes de 2022, los Bitcoins ahora dependen más del gas, pues a principios de este año representaba una cuarta parte de su combinación energética frente al 16 por ciento de 2021. Señalan que el problema es tanto de sostenibilidad como de disponibilidad y precio.

“En los primeros años de Bitcoin, la minería se realizaba principalmente utilizando unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de propósito general y matrices de puertas programables en campo (FPGA). Esto cambió considerablemente cuando en 2012 comenzaron a surgir los primeros circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC, por sus siglas en inglés). Los ASIC son hardware especializado optimizado específicamente para la minería de Bitcoin que son órdenes de magnitud más eficientes que los dispositivos anteriores utilizados para la minería. Como resultado, los ASIC no tardaron mucho en dominar y eventualmente desplazar la minería GPU y FPGA.

“Hemos compilado una lista de más de 100 modelos ASIC de Bitcoin diferentes, diseñados para operaciones que se han lanzado al mercado desde 2013. La lista se basa en una combinación de recursos públicos que enumeran varios tipos de equipos de minería y sus especificaciones”, detalló la Universidad de Cambridge.

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Las granjas de criptomonedas ocasionan pérdidas anuales de US$ 60 millones a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), según explicó el representante legal de la estatal, Nelson Medina. Así también, mencionó que los locales clandestinos se encargan de adulterar los datos a fin de no ser detectados y que solo una de estas conexiones consumen de forma mensual de 500 a 800 millones de guaraníes.

“Nosotros tenemos una pérdida anual que orilla los 60 millones de dólares de energía consumida por estas personas y que no abonan el precio de la energía eléctrica. Es un grave impacto que significa a las arcas de la Ande y que directamente impacta a la hora de que la institución tenga que desarrollar sus proyectos”, explicó a Unicanal y reconoció que como las minerías se conectan de manera irregular, la empresa de energía eléctrica no puede realizar una medición y en consecuencia, obtienen la corriente de manera gratuita.

Recalcó que incluso “son personas tan hábiles cuyos procesadores están en un container, entonces antes de que llegue la comitiva judicial ellos alzan eso en grandes camiones y abandonan el lugar”. Esto, pese a las inversiones en comandos de telemediciones o artefactos que pueden determinar un consumo fuera del rango normal, por lo cual se dificulta muchísimo sorprenderlos infraganti, comentó Medina.

Cabe destacar que desde la Cámara Paraguaya de Fintech, emitieron un comunicado días atrás mencionando que en la tarifa propuesta por la institución se establecen niveles de precios con aumentos de hasta 58%, garantías excesivas y requisitos exorbitantes que son económicamente inviables para el 90% de los empresarios del rubro. Además, manifestaron que los montos propuestos por la Ande castigan fuertemente y principalmente a los medianos y pequeños mineros paraguayos.

Vitalik Buterin, cofundador de la plataforma Ethereum, anunció en su cuenta de Twitter que se ha completado “la fusión”. Se trata de la mayor actualización en la historia de las criptomonedas que permitirá realizar cripto transacciones más ecológicas.

Ethereum es la plataforma de Blockchain en la que se registra la propiedad de Ether, la segunda criptomoneda más importante del mundo por detrás de Bitcoin. Pero también es la favorita para alojar otros activos digitales como los tokens no fungibles, mejor conocidos como NFTs.

La “fusión” se trata esencialmente de una transición en su modelo operativo del protocolo PoW (Proof-of-Work o Prueba de Trabajo), al protocolo PoS (Proof-of-Stake o prueba de participación).

La gran diferencia entre ambos sistemas de codificación de criptomonedas es que PoS elimina por completo la llamada minería como método para crear nuevos tokens de Ether.

La minería es una de las grandes debilidades del ecosistema cripto que ha generado críticas tanto de inversionistas como de ambientalistas, debido a que es bastante ineficiente desde el punto de vista energético.

El sistema PoW funciona a través de la minería, que podemos resumir como un montón de computadoras (mineros) compitiendo entre ellas para resolver códigos criptográficos al mismo tiempo y que solamente una puede ganar para recibir como recompensa nuevas monedas por el trabajo que hizo al resolver la operación.

Este proceso requiere de muchos cálculos por parte de esas computadoras y, por supuesto, de mucha energía eléctrica desperdiciada por las otras que no resolvieron el problema a tiempo.

En cambio, con el método de “prueba de participación” o PoS, los mineros serán reemplazados por los llamados validadores, que deben apostar ciertas cantidades de sus propios tokens como garantía para verificar nuevos registros en la cadena de bloques y de esta forma obtener nuevos tokens, además de las criptomonedas apostadas.

De acuerdo con la Fundación Ethereum, este cambio en el sistema de minado permitirá reducir el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99.9 por ciento, pasando de 112 teravatios hora por año a 0.01 teravatios hora por año.

Otro de los grandes cambios es que ya no se necesitarán potentes tarjetas gráficas (GPU) para minar criptomonedas, lo que dará como resultado un alivio en la demanda de estos componentes y una reducción en los precios aumentando el mercado de ventas de segunda mano.

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La Administración Nacional de Electricidad (Ande) deja de facturar por lo menos US $70 millones anuales al no vender su energía a la criptominería, sostuvieron desde la Federación de Industrias Creativas (FIC). Esta repercusión se da tras el veto al proyecto de ley que busca reconocerla como una actividad industrial y con incentivos en el consumo de energía eléctrica.

Según comentó a La Nación/Nación Media, Alejandro de Filippis, miembro del gremio, con los pedidos de potencia de las empresas mineras legalmente constituidas y miembros de la Cámara Paraguaya de Fintech podrían estar pagando más de 70 millones de dólares anuales en promedio a la Ande por la energía.

“En los últimos seis meses, la ANDE recibió cerca de 300 pedidos de consultas de media tensión, con un promedio de 6 megas que máximo estarían contratando. Esta energía eléctrica es la que compra de Itaipú y no está vendiendo, se está despilfarrando un montón de dinero y la energía que no se vendió se pierde”, dijo.

Asimismo, sostuvo que la minería se encarga de contratar a empresas metalúrgicas, de electricidad y también cierta cantidad de mano de obra. “La mano de obra durante el proceso de ejecución del proyecto sí es escasa, pero para eso se tendría que establecer la ley para que se puedan pagar los impuestos”, afirmó.

Sobre el punto, dijo que la ley ayudaría a formalizar y regular el negocio. “Este proyecto de ley hablaba de que por cinco años nada más se le iba a dar al minero la posibilidad de minar y que en ese tiempo el Ministerio de Industria y Comercio podría planificar la instalación de industrias que usen la energía y generen mano de obra”, acotó. Agregó que la propuesta se hubiese vetado parcialmente para modificarla y establecer acuerdos entre las partes.

“A mí me parece que la Ande o está mal asesorada o Mario Ado estuvo mal asesorado porque se podía vetar parcialmente para modificar lo que haga falta y establecer a la minería como una industria que consume energía y que se adecua a las normativas”, puntualizó. Todo esto debido a que el pasado lunes el Ejecutivo vetó totalmente el proyecto de ley aprobado por el Senado en julio para convertir la minería de criptoactivos en una actividad industrial.

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El Poder Ejecutivo vetó totalmente el proyecto de ley que busca reconocer a la criptominería como una actividad industrial y con incentivos en el consumo de energía eléctrica. Esta decisión se da pese a que desde la Cámara Paraguaya de Fintech habían expresado que sería importante su regulación debido a que impulsaría la inversión digital.

En horas de la tarde se dio a conocer el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que busca reconocer a la criptominería como una actividad industrial y con incentivos en el consumo de energía eléctrica. Mencionan que el principal motivo radica en la condición de la iniciativa de ley de que la producción de monedas virtuales sea reconocida como una actividad y que cuente con una tarifa eléctrica que no exceda en más del 15%.

Sobre ese punto, desde la Administración Nacional de Electricidad (Ande) consideran que la actividad se caracteriza por su alto consumo de energía y escasa utilización de mano de obra, por lo que no ingresa en la categoría de industrias beneficiadas con esta tarifa.

Fernando Arriola, miembro de la Cámara Paraguaya de Fintech, había mencionado que no existen casas de cambios de activas digitales en nuestro país a causa de que ni siquiera se tienen normas fijas sobre cómo deben ser estas estructuras. Además, aseguró que incluso existe interés de inversores chilenos de invertir en nuestro país, ya que ven como un lugar óptimo para este tipo de trabajos de fintechs.

El documento del veto apunta que esta diferenciación ofrece, de forma indirecta, un incentivo industrial a esta actividad, que va en contra de la Ley 966/64, que establece los mecanismos para la determinación de tarifas diferenciadas.

Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en su dictamen sobre el proyecto, señaló que las condiciones propuestas en la ley constituyen una competencia directa y discriminatoria hacia las actividades manufactureras.

En tanto, el Ministerio de Hacienda dictaminó que la generación de criptomonedas no genera mano de obra como el sector industrial, por lo que no debería ser sujeto de incentivos fiscales. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado en el mes de julio; sin embargo, el veto del Ejecutivo será estudiado por ambas cámaras para su aprobación o rechazo.