La administración de Javier Milei defiende la reducción de la participación del Estado en diferentes actividades y empresas de Argentina, al punto que Arsat fue durante el tratamiento del proyecto de Ley Bases una de las compañías susceptibles de privatización. Aunque eso finalmente no quedó plasmado en el texto aprobado, el destino del capital de la firma estatal de telecomunicaciones es campo de debate por estas horas.

La ley vigente señala que al menos 51 por ciento de las acciones de la compañía debe permanecer en manos del Estado, entonces el debate se concentra en el porcentaje restante. “Creo que el 49 por ciento ese que sale a capital privado tiene que quedar en manos de los actores actuales, los que estamos invirtiendo en el país hace tantos años”, dijo Marcelo Tulissi, en su rol de presidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet PyME (Cacpy).

En el marco de un panel durante el encuentro “La revolución de la economía digital”, organizado y transmitido por La Nación, la presidenta de Infraestructura Digital Argentina (IDA), Leticia Vásquez, hizo hincapié en los 100 MHz de espectro que se le otorgaron a Arsat en la banda de 3.5 GHz como un activo a considerar en un eventual cambio accionario. Sobre esto, el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Juan Martín Ozores, había dicho que seguramente le será solicitado ese espectro a Arsat para disponibilizarlo en una próxima subasta.

También participó el gerente general de Fecosur, Enrique Alonso, quien valoró el rol de las cooperativas en el ecosistema de telecomunicaciones de Argentina.

Antes habló Andrea Folgueiras, CTIO de Telefónica, quien consideró que “el próximo salto tecnológico es la personalización”, y habló del camino de la compañía para desplegar permanentemente la tecnología más nueva, buscando eficiencia de recursos, de espectro, de personas y al mismo tiempo dar más capacidad y ganar en cobertura. La firma ofrece servicios a unos 100 millones de clientes en Hispanoamérica.

Por tercera vez en 50 días, prestadores de telecomunicaciones de Argentina se quejaron de las restricciones para la importación de equipos clave para la operación en el país. Esta vez, la solicitud fue firmada por Telecom, Telefónica, Vrio, la Cámara Argentina de Internet (Cabase), la Cámara Argentina de Cableoperadoras TIC Pymes (Cacpy) y Fecosur.

El nuevo esquema de acceso a insumos importados que rige desde octubre “genera una barrera insalvable para que los operadores y sus proveedores logren importar equipamiento esencial”, expresó la Mesa de la Industria TIC en un comunicado, en el que alertó que “si bien la Secretaría de Comercio, de la Economía y Enacom colaboran en la resolución de trámites críticos, esto resulta insuficiente para solucionar el problema existente”.

La situación es peor para determinadas pymes y cooperativas que, como no hay producción nacional, “se quedaron sin stock”, alertaron los firmantes para luego pedir que “se flexibilicen las trabas a las importaciones de bienes y servicios esenciales para la actividad”. Para finalizar, se mostraron de nuevo a disposición de dialogar con las autoridades para “encontrar soluciones que mantengan en funcionamiento las redes”.

Después de varios días de tensa calma, declaraciones del presidente Alberto Fernández reactivaron la puja por los precios en Argentina. El primer mandatario ratificó que Internet será servicio público en el país “para que no roben con las tarifas”, y el sector, particularmente las pymes, reaccionaron.

“Se enojan porque dije que Internet es servicio público, que se enojen, vamos a hacerlo así para que llegue a todos y todas las argentinas y para que no nos estafen y roben con las tarifas”, fueron las palabras textuales que utilizó Fernández sobre el tema en el marco de la presentación de Argentina Programa.

Así, el funcionario dejó claro que no es idea del gobierno dar marcha atrás con el DNU 690 y sus reglamentos, a pesar de que varias instancias judiciales fallaron a favor de los operadores, dando vía libre a estos para fijar precios. El caso más resonante fue el de Telecom Argentina, pero hubo otros, entre ellos DirecTV y Telecentro.

El primero en recoger el guante fue el Presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), Ariel Graizer. “Para que la conectividad llegue a todos de nada sirve declarar Internet como servicio público (…), como el gas y el agua potable que no llegan a todos, a pesar de serlo hace décadas. ¡Se necesita una industria competitiva y reglas claras!”, expresó.

Fue justamente Graizer quien en un evento reciente dijo que los accesos a Internet seguían creciendo en el país, pero a un ritmo más bajo que antes y que, en las condiciones actuales, llevaría 12 años cumplir con la idea de universalización del servicio. “Les pedimos que no nos ayuden tanto”, había bromeado otro ejecutivo en el mismo encuentro.

Desde la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet Pymes (Cacpy) publicaron: “Que Internet sea un servicio público no garantiza achicar la brecha. Controlar los precios perjudica inversiones y baja la calidad de servicios. Las empresas que brindamos servicios TIC no robamos ni estafamos a nadie. Invertimos a riesgo propio”.

La Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI) fue la más dura en la respuesta y hasta pidió a Fernández revisar sus dichos. “El presidente nos trató (a los prestadores) de ladrones, ni más ni menos. Si eso piensa, señor presidente, radique la denuncia correspondiente. Hay expresiones desafortunadas que no tienen retorno. Recapacite”, señaló.

No acusaron recibo, por su parte, los prestadores de mayor tamaño del país, a quien a todas luces en realidad iba dirigido el mensaje de Fernández. Las autoridades locales ya se habían pronunciado en contra del accionar de empresas de mayor tamaño cuando Telecom recibió el primer visto bueno de la justicia en su puja con el gobierno por este tema.

En el marco de la presentación de resultados trimestrales que tuvo lugar antes de las declaraciones de Fernández, el CEO de Telecom Argentina, Roberto Nobile, señaló que el gobierno “pone en juego hasta 4.5 puntos del PBI regulando precios”. Los dichos de una y otra parte sólo prometen mantener encendida una disputa que parecía haber bajado el tenor en las últimas semanas.