A menudo se celebra que más personas tienen acceso a Internet en América Latina. Las cifras oficiales muestran avances: más del 70% de la población en la región ya cuenta con algún tipo de conexión, y la cobertura 4G ha alcanzado zonas que hasta hace pocos años estaban completamente fuera del radar digital.

Sin embargo, una nueva advertencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) obliga a ir más allá del optimismo de la cobertura y preguntarse: ¿realmente la población está bien conectada?

La OCDE, en el nuevo informe Cerrar las brechas de conectividad de banda ancha para todos, publicado este 10 de julio, pone el foco en una verdad incómoda: el acceso a Internet no garantiza una conectividad de calidad.

Es decir, estar conectado no implica poder participar plenamente en la economía digital, la educación en línea o los servicios de salud digitales si la red es lenta, inestable o con alta latencia.

Brecha entre regiones rurales y urbanas

De acuerdo con el estudio, los habitantes de zonas rurales y regiones alejadas en los países miembros de la OCDE experimentan velocidades de descarga fijas 43.8% inferiores a las de zonas metropolitanas.

Además, en la banda ancha móvil, las personas que viven en ciudades tienen velocidades de descarga 37.2% superiores a las de las zonas rurales. Y aunque en general el promedio de rapidez de Internet ha mejorado en los últimos 5 años, la organización advierte que la brecha entre las regiones con las velocidades más rápidas y las más lentas se ha ampliado.

En América Latina, existen algunas brechas más profundas. Particularmente en Colombia, la diferencia en velocidad fija entre regiones metropolitanas y las más remotas supera los 100 Mbps, lo equivalente a una disparidad de 43.8%. Y en la banda ancha móvil, la brecha de velocidad entre áreas urbanas y rurales es de 50%.

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México, aunque presenta una brecha móvil más estrecha (alrededor de 5 Mbps en promedio), lo hace en un contexto de velocidades generales más bajas que el promedio de la OCDE.

Brasil, Perú y Argentina también reportan amplias brechas de velocidad en la banda ancha fija, ubicándose entre los 5 países que no son miembros de la OCDE con mayor diferencia absoluta en este rubro. 

Perú tiene una diferencia de 173.7 Mbps, Brasil de 97.8 y Argentina de 93.8%, lo que significa que la población de las ciudades experimenta un nivel de rapidez 246.4%, 123.1% y 139% mayor al de las zonas rurales o remotas.

Por otro lado, aunque el alcance de tecnologías más avanzadas se ha ampliado, en lugares donde llega la red 4G ó 5G la experiencia real de los usuarios es desigual. En 2024, las velocidades de descarga móviles 5G experimentadas en la OCDE por los usuarios de las ciudades (222.6 Mbps) fueron, en promedio, 28.3% superiores a las de las zonas rurales (173.5 Mbps).

En América Latina, esta cifra puede ser mayor, exacerbada por factores como saturación de red, menor inversión en infraestructura y barreras geográficas.

¿Qué significa estar bien conectado?

La investigación de la OCDE hace énfasis en que la brecha digital ya no sólo debe medirse en términos de si hay o no conexión. Hoy es una cuestión de calidad, simetría y estabilidad del servicio.

El estudio introduce un concepto clave para redefinir las políticas públicas: estar bien conectado implica contar con cobertura suficiente, tanto fija como móvil; velocidades adecuadas para videollamadas, aprendizaje virtual, salud digital y comercio electrónico; baja latencia y servicios estables; así como tarifas asequibles para los distintos segmentos de la población.

La OCDE advierte que los países que únicamente miden el número de suscripciones o la cobertura poblacional están dejando fuera aspectos críticos del acceso digital significativo.

El desafío político: cambiar el enfoque

La OCDE propone que los países adopten indicadores granulares para evaluar el estado real de su conectividad, incluyendo velocidades de subida y bajada, latencia y consistencia del servicio en cada región. Sólo así se pueden diseñar políticas públicas eficaces y asignar recursos donde más se necesitan.

En América Latina, resalta el informe, iniciativas como el mapeo de infraestructura en Colombia o el monitoreo de calidad de servicio en México van en esa dirección, pero aún falta integrar estos esfuerzos a la planeación de subsidios, licitaciones de espectro y regulaciones del mercado.

También se requiere fomentar modelos de inversión compartida y redes comunitarias, donde el mercado no llega, como lo han hecho países de la OCDE mediante asociaciones público-privadas o esquemas mayoristas abiertos.

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Respecto a este último punto, el organismo destaca que varios países latinoamericanos están adoptando innovadores modelos de infraestructura para desplegar infraestructura mayorista, como redes de fibra de acceso abierto. 

Por ejemplo, está el caso de V.tal con la red de fibra neutra más grande de Brasil, que presta servicios a operadores y proveedores de servicios en la Nube; en Chile, OnNet Fibra proporciona acceso mayorista abierto a todos los operadores de telecomunicaciones; mientras que en Perú está Internet Para Todos, un operador neutral de infraestructura móvil en zonas rurales

Estos proyectos, según la OCDE, son una forma de asegurar la financiación para salvar las brechas digitales mientras se preserva la competencia.

La República

Más de 1.500 habitantes de los territorios indígenas Brunca (Boruca) y Ngäbe (Guaymí) en el sur de Costa Rica pronto contarán con internet y telefonía móvil, gracias a un proyecto adjudicado por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) a la empresa Liberty Costa Rica.

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¿Te gustaría tener Internet de alta velocidad mientras viajas en autobús, y sin que haya desconexiones o intermitencias? La solución es el Internet satelital y Viasat ya presentó su nueva solución Digital Bus.

La solución de Viasat para autobuses utiliza conectividad satelital y celular vinculada, explicó la compañía, la cual aseguró que recientemente realizó pruebas exitosas en Brasil, el primer país en donde está disponible, con la expectativa de llegar a otras regiones.

Viasat detalló que Digital Bus está conformada por una plataforma de inteligencia operativa para que el operador monitoree el sistema de conectividad y otros puntos de datos, así como un portal para pasajeros que el cliente utiliza para acceder al servicio.

Explicó que dicho portal permite a los clientes acceder a WiFi de forma rápida e intuitiva, mientras que los operadores de autobuses pueden desarrollar diversas estrategias de monetización mediante publicidad dirigida y dinámica.

“Los pasajeros, independientemente de su destino y medio de transporte, esperan cada vez más el mismo nivel de conectividad que tienen en casa durante sus desplazamientos. Nuestra propia investigación indica que 85 por ciento de los pasajeros de autobús considera el WiFi un servicio esencial durante un viaje, y sabemos que un WiFi fiable influirá en el proveedor que elijan.

“Sin embargo, en muchas partes del mundo, los autobuses recorren extensas zonas sin cobertura móvil, lo que ha implicado poca o ninguna conexión de WiFi para los pasajeros en viajes de varios días”, dijo Andy Kessler, vicepresidente de Enterprise and Land Mobile de Viasat.

Explicó que con Digital Bus, los pasajeros podrán navegar, chatear con amigos y ver contenido de alta calidad en streaming, con cobertura incluso en los lugares más remotos.

Además, de acuerdo con la oferta de Viasat, los operadores también pueden usar la herramienta para rastrear, monitorear y gestionar su flota de vehículos dondequiera que se encuentren, además de que pueden añadir datos adicionales como telemetría o mantenimiento predictivo al panel de control.

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic)

“La brecha digital y el acceso a internet como un derecho humano”, se denomina el proyecto de ley que está siendo analizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tiene como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso a conectividad a todos los ciudadanos, participó de una reunión técnica que estudia esta iniciativa.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado convocó a varias instituciones, entre ellas al MITIC, que estuvo representado por Margarita Rojas, directora general de Inclusión Digital y TIC en la Educación, para analizar los lineamientos del proyecto de ley. La iniciativa plantea el acceso universal a internet como una política de Estado, lo que conlleva un análisis profundo.

El enfoque parte de la necesidad de los tiempos actuales en acceder a tecnología y conectividad, situación que obliga al Estado a proyectar la infraestructura adecuada para posibilitar que el servicio a todo el país.

Durante el encuentro, se discutieron las posibilidades de colaboración con instituciones que poseen infraestructura de red, como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), con el fin de aprovechar las redes existentes -como la fibra óptica- para extender la conectividad a las zonas más vulnerables.

Además, los representantes de las diversas instituciones presentaron informes técnicos, los cuales proporcionaron una visión de la situación actual y los desafíos. Se destacó que el análisis exhaustivo del proyecto de ley seguirá su curso a través de las diferentes comisiones legislativas, contemplando la posibilidad de incorporar modificaciones, con el objetivo de perfeccionar la propuesta y asegurar su efectiva aplicación.

Los resultados de la más reciente encuesta Accesos, usos y usuarios de Internet, realizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y Cadem, da cuenta de un crecimiento en el acceso de Internet en hogares chilenos: 96.5 por ciento de las viviendas sondeadas declaró tener acceso propio y pagado al servicio, lo que implica un incremento de 2.2 puntos en la comparación interanual. 

La mayoría accede vía fija y móvil. El promedio de acceso sólo vía móvil es mayor en ámbitos urbanos y en hogares de menor nivel socioeconómico.

El dispositivo más usado para acceder es el teléfono móvil/smartphone. En segundo lugar se ubica la televisión con conexión a Internet, mientras que el computador portátil cierra el podio.

La mayoría utiliza el servicio para tener más acceso a información, para comunicarse con otras personas o para apoyar la educación de sus parientes.

Más de uno de cada tres encuestados aseguró acceder a Internet fijo vía fibra óptica, mientras que 41 por ciento señaló que el dispositivo desde el que accede a Internet móvil es compatible con 5G.

Entre los motivos para no acceder a Internet, el señalado con más frecuencia es que no saben usar el dispositivo. Otros encuestados optaron por decir que no se les ha informado sobre los beneficios de acceder o no saben usarlo. El costo es el cuarto argumento más mencionado.

El 62.2 por ciento de quienes no acceden está “muy poco dispuesto” a hacerlo; esta cifra trepa al 67.2 por ciento en hogares de nivel socioeconómico bajo.

En Costa Rica, el acceso a Internet en los hogares de estudiantes ha disminuido significativamente en 69 cantones, según los resultados del Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2024, en comparación con las cifras de 2023.

El informe muestra una realidad mixta en cuanto al acceso a la tecnología en el sistema educativo de Costa Rica. Sin embargo, las escuelas del país han logrado avances significativos, mejorando el acceso mínimo a Internet y aumentando la disponibilidad de computadoras para los estudiantes.

El ICN incluye a todos los estudiantes matriculados en educación pública y privada, desde preescolar hasta secundaria.

Si bien el acceso a Internet en los hogares mostró variaciones más moderadas, sólo 17 de los 82 cantones registraron reducciones mayores a 1 punto.

Según datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), el acceso a Internet en el país ha mostrado señales de retroceso en los últimos años, tras un crecimiento importante de la apertura del mercado de telecomunicaciones.

En 2010, la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que sólo 25 por ciento de los hogares contaba con conexión a Internet, mientras que en 2019 alcanzó un máximo histórico del 86 por ciento. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado una disminución al 81.7 por ciento en 2023.

Este descenso plantea una preocupación significativa, ya que Internet es una herramienta clave para el aprendizaje y el acceso a información y oportunidades.

Por otra parte, programas como Hogares Conectados, implementado en 2016 para subsidiar el servicio de Internet y dispositivos tecnológicos en hogares vulnerables, han perdido alcance debido al fin del plazo de los contratos de subsidio. Esto podría dificultar que muchas familias mantengan el servicio.

Los resultados del ICN 2024 también observan un incremento en el porcentaje de centros educativos con acceso a Internet de al menos 15 Mbps en 77 cantones, destacando que esta velocidad mínima no garantiza una calidad adecuada, especialmente cuando un gran número de usuarios se conecta simultáneamente.

En cuanto a la disponibilidad de dispositivos, se ha reducido el promedio de estudiantes por computadora, pasando de 10.3 en 2023 a 7.9 en 2024, en los 82 cantones. Persisten brechas significativas entre territorios, con algunas regiones enfrentando una escasez de equipos.

Al analizar el acceso a Internet en los hogares de los estudiantes, los cantones centrales registran un promedio de 72.5 por ciento de estudiantes con conexión a internet, mientras que en las zonas costeras y fronterizas este porcentaje se reduce a 42 por ciento. Por cantón, los extremos van desde el 10.5 por ciento en Talamanca hasta el 95 por ciento en Flores.

Asimismo, el acceso a Internet en las escuelas de Costa Rica muestra disparidades significativas. Cantones como Orotina, Flores y San Pablo tienen una cobertura del 100 por ciento en sus centros educativos, con velocidades mínimas de 15 Mbps. En contraste, cantones como Upala y Sarapiquí presentan 60 por ciento de escuelas sin esta conexión básica.

Esta situación está estrechamente vinculada al bajo despliegue de redes fijas en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde el promedio de operadoras por cantón es de 9.8, comparado con 16.2 en la GAM.

Durante el segundo trimestre del 2024 se registraron 99.7 millones de accesos de servicios móviles en Colombia. El total de accesos a Internet móvil fue de 47.5 millones, de los cuales la tecnología 5G representó el 4.5 por ciento, es decir 2,1 millones de accesos. Así lo revela el más reciente informe de Data Flash, presentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

En comparación con el mismo periodo en 2023, las líneas o accesos de servicios móviles crecieron 7,8 por ciento y los accesos de Internet móvil, 14,7 por ciento. Lo que representa un ingreso 3,1 billones de pesos, unos 704 millones de dólares.

Los ingresos de Internet móvil se elevaron un 8,4 por ciento frente al mismo trimestre del 2023, lo que supone 2,6 billones de pesos o 590 millones de dólares.

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Por su parte, los ingresos de los Operadores Móviles de Red (OMR) presentaron un crecimiento de 8,4 por ciento en el segundo trimestre de 2024 frente al mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) se incrementaron en un 5,4 por ciento.

Con respecto a las cifras por operador, Claro Colombia se mantiene en el primer lugar de accesos con el 58.3 por ciento del total del mercado, seguido de Tigo con 18.8 por ciento y  Telefónica con 15.2 por ciento. 

El tráfico de Internet móvil llegó a 1,57 millones de TB (1,5 Exabytes) en el segundo trimestre de 2024 (1,96% más que lo registrado en el primer trimestre del 2024). 

Los ingresos agregados para los servicios móviles (voz y datos) superaron los 3,1 billones de  pesos en el segundo trimestre de 2024, un crecimiento de 6,5 por ciento, frente al mismo trimestre del año anterior. 
Sin embargo, el tráfico de voz registró una disminución del 10.6 por ciento, 24 mil millones de minutos en total.

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

En el mes de octubre, se registró un total de 10,185 atenciones en los 104 Centros de Acceso Digital (CAD) de las regiones beneficiarias de Cusco, Ayacucho, Lima, Lambayeque, Huancavelica y Apurímac, informó el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), ente adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Del total de atenciones, 8,511 (84%) corresponden a ciudadanos que accedieron al servicio de Internet para realizar tareas escolares (3,629), para buscar información (2,133), uso de Microsoft Office (1,014), uso de equipos del CAD (859), acceder a otros programas (326), ente otros.

De otro lado, las 1,674 (16%) atenciones restantes representaron trámites públicos virtuales, que se realizaron con el acompañamiento de los líderes digitales de la iniciativa CAD.

Estos trámites públicos virtuales registraron mayores consultas sobre temas relacionados con: Beca 18 (125), Verificación de Seguro (96), consultas y pagos (266), entre otros.

Asimismo, a través de los CAD, se han brindado 3,105 capacitaciones: 67% impartidos por los Líderes Digital Comunitarios (LDC) y 33% fueron cursos virtuales de los aliados del Programa Jóvenes Productivos, EDTeam y Microsoft.

De otro lado, el 46% del total de nuevos usuarios (777) de los CAD son mujeres y un 54% son varones, con una edad promedio de 28 años y el quechua (30%) es uno de los idiomas principales.

Para Pronatel, la implementación de la iniciativa CAD en zonas rurales se orienta a reducir la brecha digital y promover la alfabetización e inclusión digital, promoviendo acciones para desarrollar competencias en el uso y conocimiento de herramientas digitales en la población de comunidades rurales.

Un informe del Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br) advierte que en Brasil todavía 29 millones de personas no acceden a Internet: la principal razón es que no saben cómo utilizarlo.

Brasil ha logrado disminuir el número de personas que se encuentran desconectadas, pues en 2022 el número de quienes no usaban Internet era de 36 millones de habitantes.

A pesar de que el país ha avanzado significativamente hacia la conectividad universal, aún existe una proporción importante de la población que está excluida del entorno digital.

En la edición 2024 de TIC Domicilios, el Cetic.br, un departamento de NIC.br, señala que, del total de personas que no son usuarias de Internet, 24 millones viven en zonas urbanas.

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Además, 22 millones cursaron hasta la escuela primaria, 17 millones se declaran negros o mestizos, 16 millones pertenecen a clases D y E (las clases de bajos ingresos) y 21 millones viven en las regiones sudeste y noreste del país.

Esto apunta a que la exclusión digital aún persiste en las periferias urbanas de Brasil, donde los grupos sociales enfrentan más barreras para usar Internet y las tecnologías digitales.

La principal razón declarada por la que las personas no utilizan Internet es que no saben cómo hacerlo: esto es algo que se pone de manifiesto, sobre todo, entre la población urbana y rural; las mujeres; algunos grupos de edad como las personas adultas mayores pero también entre jóvenes y adultos; al igual que los grupos de menores ingresos.

Otras causas referidas por la población abarcan la falta de interés o necesidad; el costo del servicio, cuestiones de privacidad y seguridad; por considerar que no hay algún lugar al que acceder; o para evitar el contacto con contenidos peligrosos.

Persisten desigualdades en el acceso digital

El informe de Cetic.br destaca que la conectividad en Brasil ha crecido significativamente en las últimas dos décadas. Este año, el 86 por ciento de los habitantes de zonas urbanas utiliza Internet, mientras que en 2005 la proporción era de 24 por ciento.

Y si se considera un concepto ampliado de “internautas”, que incluye a quienes declararon no usar Internet pero realizan alguna actividad en línea en sus teléfonos celulares, la población conectada se eleva al 90 por ciento.

Sin embargo, el estudio puntualiza que, a pesar de los avances registrados, todavía hay marcadas desigualdades en el entorno digital.

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Por ejemplo, Internet está presente en el 100 por ciento de los hogares de clase A (media alta), pero sólo en el 68 por ciento de los de clase D y E (las clases bajas). En tanto, en las zonas urbanas, el 85 por ciento de los hogares están conectados y en las zonas rurales la proporción es del 74 por ciento.

Aunado a ello, la investigación del centro advierte que existe también una desigualdad en relación con la calidad del acceso a Internet.

Si se toma en cuenta el costo, la velocidad de conexión, la presencia de banda ancha fija y el acceso a múltiples dispositivos, sólo el 22 por ciento de las personas de 10 años o más tienen condiciones de conectividad satisfactorias.

Y de ese 22 por ciento, siete de cada pertenecen a la clase A y una tercera parte vive en la región sur. También existe una brecha de género en el acceso a una conectividad satisfactoria, pues el 28 por ciento de los hombres se encuentran en esta situación, contra el 16 por ciento de las mujeres.

El Economista Jorge Bravo

La frase “amor con amor se paga” ha sido adoptada por políticos como una promesa de compromiso con la ciudadanía. En la era digital la relación entre gobernantes y gobernados no puede limitarse a declaraciones retóricas. Hay que demostrar que se ama al pueblo con acciones concretas que garanticen el acceso a la tecnología, la conectividad y los beneficios de la innovación. 

La verdadera prueba de amor digital se manifiesta al conectar personas, dándoles el derecho a participar activamente en la era digital y aprovechar las oportunidades que ofrece. Demostrar amor implica crear un entorno donde todos puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la tecnología. Los líderes políticos que verdaderamente aman a sus ciudadanos comprenden que la transformación digital no es una opción, es una obligación moral y un derecho fundamental.

La conectividad es mucho más que un privilegio para las áreas urbanas. En un país con profundas desigualdades sociales y económicas como México, la transformación digital debe ser un motor para cerrar las brechas históricas. La exclusión digital es una forma moderna de marginación.

Cuando el “amor con amor se paga”, debemos pensar en cómo extender ese concepto a la digitalización de la sociedad. Conectar comunidades rurales, poblaciones marginadas y sectores vulnerables es un acto de justicia y una necesidad para el desarrollo. La inversión en infraestructura, redes de fibra óptica y tecnologías es una herramienta para llevar ese “amor” a los rincones más alejados del país.

El acceso a la tecnología y la conectividad ya no es un lujo. Es un derecho que define las posibilidades de desarrollo de cualquier sociedad. El verdadero amor digital implica garantizar que todos, independientemente de su ubicación geográfica o condición socioeconómica, puedan acceder a los servicios y herramientas que ofrece el ecosistema digital. Desde el acceso a Internet de alta velocidad hasta aplicaciones que mejoren la calidad de vida, como la telemedicina para todos, la educación en línea sin límites, el impulso económico mediante el comercio electrónico, las plataformas digitales que generan oportunidades de empleo e ingresos y el gobierno digital eficiente.

Cuando los dirigentes proclaman su amor por el pueblo, deben garantizar la inclusión digital en todas sus formas, como la reducción de los costos de acceso a Internet, la alfabetización digital y generar políticas públicas que incentiven la adopción de tecnologías emergentes como la Nube o la Inteligencia Artificial en los sectores menos favorecidos.

Para demostrar este amor digital, el desarrollo de una infraestructura digital robusta es clave. En muchas regiones la conectividad sigue siendo precaria o inexistente, lo cual perpetúa desigualdades entre quienes pueden acceder a las oportunidades del siglo XXI y quienes permanecen excluidos.

Los gobiernos, sobre todo cuando inician, tienen la responsabilidad de colaborar con el sector privado para expandir las redes de Internet, especialmente en áreas rurales o de difícil acceso. Tecnologías como 5G, fibra óptica y satélites ofrecen una oportunidad única para cerrar la brecha digital y permitir que todos los ciudadanos, sin importar su ubicación, puedan acceder a los mismos servicios y oportunidades.

Pero no basta con proveer infraestructura. El amor también se demuestra al fomentar la alfabetización digital. En una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología, no sólo se necesita acceso a Internet, también las habilidades necesarias para utilizarlo de manera productiva. La educación debe estar en el centro de cualquier política de transformación digital.

Los gobiernos tienen el deber de implementar programas de formación y capacitación que permitan a las personas aprovechar las herramientas tecnológicas. Esto es particularmente relevante en un mundo laboral que está cambiando rápidamente debido a la automatización y la digitalización de los procesos.

Las iniciativas de educación en línea, capacitación tecnológica y generación de talento son cruciales. Programas de alfabetización digital en las escuelas, acceso a cursos en línea gratuitos y el fomento de la enseñanza de competencias tecnológicas avanzadas son ejemplos de cómo un gobierno puede demostrar su amor. Las nuevas generaciones no sólo deben consumir tecnología, también ser capaces de desarrollarla y crear nuevas soluciones que respondan a su entorno.

Para que el amor digital sea una realidad tangible, es necesario que se traduzca en políticas públicas. Los gobiernos deben adoptar una postura proactiva en la creación de políticas y marcos regulatorios que promuevan la adopción e inversión en tecnología, conectividad y servicios de calidad.

Para que el amor digital no quede en simples promesas, es esencial establecer métricas y objetivos cuantificables: porcentaje de cobertura de Internet de alta velocidad en el territorio nacional, número de ciudadanos capacitados en competencias digitales, cantidad de trámites gubernamentales digitalizados, índice de adopción de tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial en diferentes industrias.

Otra prueba de amor es la protección de los derechos digitales, prevenir y mitigar los riesgos en materia de ciberseguridad. En un mundo donde la privacidad, la seguridad y la libertad de expresión están vinculadas a la tecnología, los gobiernos deben garantizar que los ciudadanos puedan navegar con confianza y seguridad. Esto incluye la protección contra el cibercrimen y la defensa de los derechos de los usuarios en plataformas digitales.

El amor digital es más que una metáfora: es una promesa de inclusión, equidad y desarrollo para todos. La transformación digital no es una cuestión técnica, es profundamente humana. El verdadero amor digital se mide en cómo los gobiernos, las empresas y las instituciones trabajan juntos para conectar, capacitar, empoderar y crear un futuro donde nadie quede rezagado en el acceso a la tecnología. En la era digital el amor se paga conectando al pueblo y asegurando su lugar en la revolución tecnológica. En el siglo XXI el amor se mide en velocidad de Internet y en la capacidad de transformar vidas a través de la conectividad.