“Quieren cobrarnos por usar las calles”: repartidores piden frenar impuesto digital en la CDMX

Sentado en una banca del Parque México, en la colonia Condesa ―una de las más cotizadas por los extranjeros con amplia oferta de restaurantes, bares y cafeterías―, Andrés se come un sándwich mientras juega Block Puzzle en su celular. Son las 11 de la mañana de un día caluroso de mayo, y él revisa la hora cada cinco minutos en espera de que le caiga un nuevo pedido.

Andrés Estrada es repartidor de DiDi y Rappi desde hace dos años. Antes, trabajaba como cajero en una tienda de autoservicio, pero los horarios eran agotadores y el pago muy poco. Decidió unirse a las plataformas y algunos días a la semana trabaja en un tianguis cerca de su casa, en la alcaldía Iztapalapa.

“Me gusta repartir porque no estoy encerrado ni nadie me manda o me grita. Bueno, a veces hay clientes pesados, pero no son tu jefe. Hay días buenos y otros no tanto. La verdad también me preocupa todo eso que dicen de los impuestos que van a subir”.

“El otro día fui a una reunión con repas y decían que nos organizáramos porque el gobierno nos quiere cobrar por usar la calle. Se me hace ridículo, un invento para sacar más lana a los que menos tenemos. ¡Por usar la calle! O sea, nos quieren cobrar por trabajar. Es una injusticia, ¿no? ¿A ti no te molestaría que te cobren por usar la calle mientras vas a tu trabajo?”, dice mientras chasquea la lengua.

Andrés es joven, tiene 27 años, de piel trigueña y una cabellera corta con rizos.  Mientras habla, su voz relajada de apenas hace un minuto se vuelve más grave y frunce el ceño con un gesto de enojo, que contrasta con su rostro afable y simpático.

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¿Aprovechamiento o impuesto?

El impuesto al que se refiere es el aprovechamiento de 2 por ciento que el Congreso de la Ciudad de México aprobó en diciembre de 2021 como parte del Paquete Económico para 2022.

Bajo una figura, las plataformas digitales de reparto deben pagar a la CDMX 2 por ciento del cobro total, antes de impuestos, por cada entrega realizada, por el uso y explotación de la infraestructura urbana.

Hoy, a más de tres años de que se determinara dicha medida, persiste la incertidumbre entre las y los repartidores acerca del impacto que tendrá sobre sus ingresos, sobre todo en un contexto de mayor inflación y aumento del costo de vida en México.

“Antes a esta hora ya llevaba al menos tres entregas. Pero ya está más difícil. La gente piensa más en gastar su dinero. Por eso me vengo acá a la Condesa, hay mucho gringo con más lana, muchos negocios y hay más movimiento, pero también hay mucha competencia en este tipo de zonas”.

“Si ya está cañón, imagínate si todavía hay que pagar más impuestos. Ya pagamos impuestos, por eso se me hace injusto. Todos los repas pagamos impuestos. Dicen [las autoridades] que no es a nosotros, pero obvio nos va a afectar: todo va a estar más caro, vamos a tener menos pedidos”, lamenta Andrés.

El argumento del gobierno capitalino, avalado por el Congreso, es que las plataformas digitales deben pagar un aprovechamiento de 2 por ciento debido a que usan y explotan la infraestructura pública, como los componentes de la vialidad urbana.

“¿Por qué a nosotros [los repartidores] nos cobran un impuesto por pisar la calle, por estar aquí sentado en el parque? Se supone que tenemos derecho a la vía pública, como todos, como el que reparte Coca-Colas en las tiendas o el que reparte paquetes de Amazon”, sentencia.

La medida no sólo es cuestionada por Andrés sino por buena parte de las y los repartidores de las plataformas digitales. En abril de 2025, decenas de repartidores protestaron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del impuesto.

Un grupo de repartidores de diversas aplicaciones, incluidas Uber, DiDi y Rappi, pidieron a las y los ministros que eliminen el aprovechamiento, pues aumentar la carga impositiva afectará sus ingresos y la demanda de envíos en la CDMX.

Repartidores sin voz en la disputa judicial

A finales de abril, la Segunda Sala de la SCJN rechazó un proyecto que buscaba confirmar un amparo otorgado a Uber en contra del cobro de dicho impuesto, lo que se traduciría también en un alivio para el sector.

Sin embargo, la discusión no ha terminado, pues el asunto fue turnado a la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama para su nuevo análisis. Lo que se discute de fondo en la Suprema Corte es la constitucionalidad del impuesto a las plataformas.

Aunque el gobierno lo ha presentado como un “aprovechamiento”, la industria y especialistas advierten que en realidad se trata de un cobro de derechos, por lo que viola principios de justicia tributaria.

PwC, un grupo de servicios de auditoría, impuestos y consultoría, hizo un análisis en el que señaló que se estaría violando la garantía de equidad tributaria, ya que la medida sólo se aplica a las plataformas de reparto como DiDi o Rappi, cuando en realidad existen otros sujetos que también usan la infraestructura pública y no están sujetos a dicho impuesto.

La firma de abogados Basham también alertó que el impuesto viola los derechos constitucionales y diversos tratados internacionales suscritos por México, pues se está gravando a empresas específicas cuando todas las compañías hacen uso de la infraestructura de una u otra forma.

Alianza In, una asociación que agremia plataformas digitales, también señaló que la medida fiscal establece un trato desigual y discriminatorio, por lo que en este mes de mayo pidió a la Corte que considere la inconstitucionalidad del impuesto.

En esta discusión, los repartidores han buscado que se les escuche, pero la SCJN determinó que no tienen interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad de la medida.

“Quizá no entiendo de leyes, pero si no tenemos interés jurídico, por lo menos tenemos interés humano: es nuestra fuente de ingresos, nosotros andamos en las calles, nos deben tomar en cuenta”, comenta Andrés.

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“Nos quieren cobrar por usar calles defectuosas y peligrosas”

Y más allá de los cuestionamientos a la legalidad, a las y los repartidores les preocupan los efectos que tendrá sobre su labor y la legitimidad de la medida. 

En teoría, los recursos recaudados por el aprovechamiento de 2 por ciento se tendrían que usar en mejorar la infraestructura urbana, lo que beneficiaría a los miles de repartidores que todos los días transitan las calles en moto, bicicleta y a pie.

Sin embargo, la ley en la Ciudad de México establece que los recursos recaudados del impuesto se podrán destinar de manera preferente al mantenimiento de la infraestructura, pero no obliga a ello, por lo que no es seguro que los fondos en realidad mejoren las calles donde transitan a diario miles de repartidores de aplicación.

Susana Gómez, repartidora de Uber y DiDi, opina que “las calles cada vez están peor. Hay colonias con baches que dan miedo, y cuando llueve es peor. Hace unos meses, me caí en la bicicleta cuando llevaba un pedido a la colonia Doctores. No vi el bache a tiempo y caí como res. Traía las rodillas llenas de sangre, se me desparramó el pedido y me dolía mucho. Ese día estuvo horrible”, cuenta la joven de 32 años.

“Luego dicen que nosotros [los repartidores] ponemos el desorden, pero no. Tienes que lidiar con los automovilistas furiosos, con las calles en mal estado, con baches, con el Metrobús que a cada rato atropella gente, con las inundaciones, con todo. Yo no veo que inviertan en mejorar las calles, si acaso sólo en las zonas nice, pero ¿y las otras?”

“Nos quieren poner más impuestos por usar calles defectuosas y peligrosas, cuando somos los más afectados por las pésimas condiciones. Sólo les importamos para eso, cuando se trata de sacar más dinero. No sólo afecta nuestra seguridad, también nuestro bolsillo. Las cosas cada vez están más caras y nosotros con menos dinero”, lamenta Susana.

El Código Fiscal de la CDMX señala que las y los repartidores no serán quienes paguen el aprovechamiento de 2 por ciento, sino las plataformas respecto de las comisiones y tarifas que cobran.

Sin embargo, los trabajadores de las aplicaciones consideran que subir los impuestos inevitablemente afectará a todos los actores del ecosistema, no sólo las aplicaciones, sino a ellos mismos, a los restaurantes y establecimientos, así como a los usuarios finales que piden por medio de las apps.

“Esto afecta a todos: los restaurantes, los usuarios que pedirán menos porque estará más caro, y a nosotros que quedamos atrapados en medio”, advierte Susana Gómez.

Mientras las calles capitalinas continúan llenas de baches, las y los repartidores siguen luchando por ser reconocidos como trabajadores esenciales y con interés humano, no sólo como contribuyentes cautivos en la CDMX.