Las plataformas y organismos empresariales advierten riesgos adversos si la SCJN niega el amparo promovido por Uber Eats contra el impuesto de 2%, como lo propone el ministro Luis María Aguilar Morales.
Hoy se prevé que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aborde un amparo presentado por Uber Eats contra el impuesto de 2 por ciento que la Ciudad de México fijó a las plataformas de reparto de comida y productos a domicilio.
El ministro Luis María Aguilar Morales propondrá negar el amparo a Uber Eats y avalar el impuesto establecido en la capital, lo cual sería un revés no sólo para las plataformas digitales sino sobre todo para usuarios, repartidores, restaurantes y pequeñas y medianas empresas (pymes).
Si la SCJN valida dicha carga tributaria contra el sector, se provocarían efectos negativos en todos estos actores, como el posible incremento de precios para consumidores finales, la reducción de ingresos y el freno al crecimiento de la economía colaborativa, que ha generado nuevas fuentes de ingresos más flexibles.
Uber Eats, DiDi y Rappi, y los organismos empresariales Coparmex, Canirac y la Concamin, advirtieron que un posible fallo de la SCJN que avale el impuesto de 2 por ciento sería un duro golpe para las plataformas y usuarios.
La contribución de 2 por ciento que aprobó la Ciudad de México en 2021 fue ampliamente criticada, dado que se ha visto como una medida con fines meramente recaudatorios.
Te recomendamos: Impuesto a plataformas de entrega encarecerá precios y frenará la economía digital: asociaciones
Desde que se comenzó a debatir, las aplicaciones denunciaron que se trata de un tributo discrecional que fue diseñado de manera discriminatoria contra las plataformas digitales, pues no afecta a otros servicios de entrega similares.
Por ejemplo, no se pretende cobrar la contribución a los comercios o empresas que tienen sus propios servicios de reparto a domicilio. Esto, alertaron, genera una cancha dispareja en el mercado.
Las empresas y sus colaboradores, tanto repartidores como conductores, ya realizaban el pago de impuestos en la capital (IVA e ISR).. Esto significa que el nuevo gravamen representa una doble tributación, que a largo plazo afecta el crecimiento y dinamismo de la economía colaborativa.
Para la Ciudad de México, la justificación del impuesto es que las plataformas digitales hacen uso y aprovechamiento de la infraestructura pública, como los componentes de la vialidad y movilidad urbana. Y por eso considera que deben pagar un tributo especial.
Es decir, se trata de un impuesto dirigido únicamente a una industria por transitar en la vía pública como lo hacen prácticamente todos los sectores económicos del país.
La otra parte que sería más impactada por esta medida serían los usuarios de las aplicaciones tecnológicas: consumidores finales, repartidores, pymes y restaurantes.
Incrementar las cargas tributarias en las plataformas podría desequilibrar el modelo de negocios de este sector y propiciar aumentos en los costos de transacción. Y, por lo tanto, en los precios ofrecidos y los ingresos percibidos.
A través de un comunicado conjunto, las plataformas y organismos empresariales advirtieron que “de prevalecer una medida recaudatoria como esa podría terminar impactando a los usuarios y consumidores, y de forma directa inhibiendo la creación de fuentes de ingreso para miles de familias”.
Destacado: Repartidores alertan que impuesto a plataformas de entrega en CDMX afectará sus ingresos
Las plataformas como DiDi, Rappi y Uber Eats se han convertido en aliadas muy importantes para millones de pymes y restaurantes, que han encontrado en las aplicaciones una forma de expandir sus negocios, realizar mayores ventas e incluso mantener sus establecimientos en operación durante la crisis por la Covid-19.
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), las entregas a domicilio representan en promedio 20 por ciento de los ingresos de los restaurantes en México.
En algunos casos, incluso las ventas por las aplicación equivalen a entre el 70 y el 80 por ciento de las transacciones totales.
También las plataformas digitales representan una alternativa para la generación de ingresos de miles de familias en la Ciudad de México y en varias partes del país. Las personas se conectan a las apps de reparto para conseguir ingresos adicionales bajo un esquema flexible, o como su fuente económica principal.
Los propios repartidores se han opuesto al cobro de la contribución adicional de 2 por ciento, debido a que prevén que sus ingresos se vean disminuidos.
Además, los repartidores han criticado que el gobierno de la capital quiere cobrar un impuesto por el uso y aprovechamiento de la infraestructura, mientras que esta permanece en un mal estado.
Incluso, este sector ha vivido las consecuencias de una infraestructura deficiente, pues los repartidores reportan que varios de los accidentes que sufren se deben a los problemas de las vialidades como los baches y caminos deteriorados.
El año pasado, Rappi obtuvo una suspensión temporal contra el impuesto de 2 por ciento por parte del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Las plataformas han promovido recursos legales contra el impuesto en distintas instancias, por lo que si la SCJN niega el amparo a Uber Eats se sentaría un precedente que afectaría las protecciones judiciales que ya se han conseguido.
Con eso en mente, las plataformas digitales y la Coparmex, Canirac y Concamin hicieron un llamado a la Suprema Corte “a realizar un análisis integral que privilegie los derechos de todos los beneficiados con el uso de aplicaciones digitales”.
“Que entre al fondo para evitar cualquier sesgo arbitrario y discriminatorio de dicha norma, así como las posibles implicaciones que tendría dicha contribución, particularmente sobre las necesidades de digitalización de miles de restaurantes, sobre las afectaciones al ingreso directo de cientos de miles de repartidores en el país, y sobre el número de pedidos y órdenes que podrían verse afectadas”.
