Plataformas digitales, ¿responsables del contenido de terceros? Lo que juzgará el STF de Brasil
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil juzgará este miércoles 17 de mayo acciones relacionadas con la responsabilidad de las plataformas en la moderación del contenido publicado por terceros. Una de las acciones es decidir si el artículo 19 del Marco Civil de Internet (MCI) es constitucional o no.
El artículo establece que “las plataformas sólo serán responsables del contenido de terceros si no lo eliminan después de una decisión judicial”, explicó Fernanda Rodrigues, coordinadora de investigación e investigadora del Instituto de Referencia en Internet y Sociedad (IRIS).
“Las acciones del STF discuten si las plataformas tienen el deber de supervisar estos espacios y eliminar contenido perjudicial, incluso sin una orden judicial, y también la constitucionalidad del artículo 19 del MCI”, comentó.
Demi Getschko, director Ejecutivo de NIC.br y consejero de conocimiento notorio del CGI.br, explicó a DPL News que el artículo 19 fue resultado del debate sobre un movimiento llamado “notice and takedown”. “El movimiento decía que si alguien denuncia algo a una plataforma y esta no lo retira, se convierte en corresponsable. Por eso, si te notifico algo, debes retirarlo inmediatamente”, explicó Getschko.
La comunidad de Internet se opuso a este movimiento para evitar que se eliminaran contenidos “correctos”. “Es mejor que el contenido incorrecto sea motivo de una acción [para su eliminación] que el contenido correcto [para su reinstalación]”.
Pero actualmente ya existen algunas excepciones para el artículo 19. Getschko mencionó el caso de la pornografía, que puede ser eliminada sin una decisión judicial.
Artículo 19 es constitucional, según los expertos
Getschko considera que el artículo 19 es constitucional y explica: “normalmente, el emisor es responsable del contenido. Ahora, si la plataforma transmite algo que tú no me enviaste, pero ella cree, por su algoritmo, que yo debería recibirlo o es algo que está en mi línea de interés, la plataforma es el emisor”.
“Si la plataforma es el verdadero emisor, deja de ser intermediaria”. En ese caso, la plataforma podría ser responsable.
La opinión de Getschko va en contra de la interpretación de que el artículo 19 del MCI exime a las plataformas de cualquier responsabilidad.
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Rodrigues está de acuerdo en que el artículo 19 es constitucional, “sobre todo considerando que fue diseñado para garantizar la libertad de expresión”.
“Pero desde el IRIS creemos que se deben hacer adaptaciones y reservas, porque las formas de interacción social e institucional han cambiado desde 2014 [cuando se aprobó el MCI]. Esto hace que el modelo en cuestión ya no sea suficiente para satisfacer las demandas de la contemporaneidad“, añadió.
Además, el IRIS defiende que esta adaptación se realice en una construcción multilateral, “considerando a todos los actores, gobierno, sociedad civil, academia, sector privado”, y para evitar que toda la responsabilidad recaiga en el Poder Judicial.
Marco Civil de Internet
Otra acción que será votada por el STF pide la declaración de inconstitucionalidad de “la penalización de la suspensión temporal y la prohibición de ejercer actividades derivadas del incumplimiento de una orden judicial por parte de la empresa responsable de proporcionar un mecanismo de intercambio de mensajes a través de Internet”.
El Partido de la República, que presentó la acción, afirma que los jueces han ordenado la suspensión de plataformas de intercambio de mensajes argumentando que la empresa se niega a proporcionar a la autoridad judicial el contenido de los mensajes privados, basándose en los artículos 10 y 12 del MCI.
Pero, como la sanción afecta a otros usuarios, el partido solicita que las aplicaciones de intercambio de mensajes se clasifiquen como comunicación telefónica, “de modo que la ruptura del secreto sólo pueda ser autorizada por orden judicial con fines de persecución penal”.
Getschko también recuerda que el cifrado impide que la empresa acceda al contenido del mensaje intercambiado, e “impedir el cifrado sería perjudicial para la privacidad”.
El juicio se llevará a cabo días después de que la Cámara de Diputados pospusiera la votación del proyecto de ley 2630/2020, que trata sobre la regulación de las plataformas digitales y la lucha contra la desinformación.