Un representante de la bancada de Perú Libre, Abel Reyes, presentó al Congreso un proyecto de ley que busca “declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación”.
Aunque el documento señala que su objetivo es promover la diversidad de contenidos, los medios comunitarios y la libertad de expresión, la iniciativa ha recibido varias críticas por parte de organizaciones periodísticas y de medios de comunicación, debido a que consideran que se abre la puerta al control de los contenidos de la radio y televisión.
La propuesta incluye cuatro artículos y una norma complementaria. El primero define el objeto de la ley; el segundo señala que los medios de comunicación son servicios de competencia de la nación, dado que comprenden derechos y libertades de los ciudadanos, y se debe velar por “el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos”.
El tercero indica que el Estado podrá promover ciertas acciones relacionadas con el espectro, como proteger e impulsar la radio y la televisión en todas sus modalidades; prevenir y rechazar la concentración y monopolización de las frecuencias radioeléctricas; así como otras medidas a favor de la producción nacional y el desarrollo de iniciativas comunitarias.
Además, el artículo cuatro contempla que en casos de emergencia el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por operadores y usuarios de telecomunicaciones. Y podrá asumir la prestación directa de determinados servicios o ciertas redes de manera temporal.
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La iniciativa de ley de Perú Libre aborda elementos problemáticos para los medios de comunicación y el sector de telecomunicaciones. El Instituto de Prensa y Sociedad y el Consejo de Prensa Peruana rechazaron el proyecto, y advirtieron que es inconstitucional y amenaza la libertad de expresión.
Dichas organizaciones dijeron que la iniciativa deja a un lado la norma que regula a los medios que son concesionarios del espectro radioeléctrico, la cual establece derechos y obligaciones sin vulnerar su independencia.
“Hay un peligro expropiatorio implícito, pues le otorga al Ejecutivo una facultad vaga para distribuir de manera “justa y equitativa” el espectro radioeléctrico. También tiene carta abierta para asumir de manera directa la prestación de determinados servicios en ‘casos de emergencia’”, alertan los organismos.
La Sociedad Interamericana de Prensa también se pronunció al respecto. Destacó que este tipo de proyectos “suelen llevar inserto un virus de censura, de intención de controlar el debate ciudadano. La ley tal y como está redactada deja un amplio margen para la discrecionalidad, una ambigüedad en algunas expresiones”, en una entrevista con El Comercio.
Precisamente, la iniciativa de ley alude a devolverle el sentido de “bien propio de la nación” al espectro, su uso y aprovechamiento, pero no define exactamente bajo qué criterios se garantizaría una distribución “justa y equitativa” y cuáles medidas podría aplicar el Estado en su ordenamiento.
En contraparte, también existen quienes advierten que el sobresalto de los conglomerados empresariales de medios se debe a que la iniciativa busca poner fin a la concentración de los cableros que, por ejemplo, ha impedido concluir el apagón analógico en el país y migrar hacia la televisión digital.