Legisladora del PAN promueve acabar con lagunas legales ante plataformas como inDrive
Joanna Felipe Torres, diputada del PAN, presentó un proyecto para buscar que todas las plataformas cumplan con obligaciones fiscales y condiciones de seguridad.
Un nuevo proyecto de reforma, impulsado por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del Partido Acción Nacional (PAN), plantea reforzar la regulación de plataformas digitales de transporte para evitar que algunas empresas operen “al amparo de lagunas legales”.
La iniciativa del PAN plantea reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para establecer la creación de un Registro Nacional de Empresas de Redes de Transporte, en el cual deberán estar inscritas todas las aplicaciones que faciliten la prestación del servicio de transporte.
El proyecto advierte que existen ciertas lagunas en la legislación actual, por lo cual “algunas empresas transnacionales han aprovechado para ofertar sus servicios sin cumplir normatividad alguna y operando sin regulación en las zonas metropolitanas y ciudades que determinan, según sus estudios de demanda”.
Felipe Torres expone el caso de inDrive, una empresa de origen ruso cuyo modelo se basa en la negociación de los precios de los viajes entre conductores y pasajeros.
A diferencia de los competidores que fijan la tarifa desde el principio en función de la oferta y la demanda, en inDrive se determina de mutuo acuerdo sin criterios definidos.
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Aunque esto puede parecer una mejor opción para definir precios más justos o razonables, la diputada señala que la falta de regulación sobre aplicaciones como inDrive representa riesgos para la seguridad de las personas, tanto pasajeros como conductores.
La plataforma digital no cuenta con oficinas en México y ninguna entidad federativa reporta que cumpla con las legislaciones locales.
Tampoco se conoce que cumpla con sus obligaciones fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria, de acuerdo con el proyecto de ley.
Incluso, el subsecretario de Transporte y Movilidad de Coahuila, Rodolfo Navarro, ha dicho que “InDriver (hoy inDrive), a diferencia de Uber, de DiDi, de los taxistas tradicionales de toda la vida, de todo el sistema de transporte público en Vallarta es irregular, ¿qué significa?”.
“Que no sabemos ni quiénes son, que traen vehículos que presentan características de inseguridad, pero que también cualquier turista, cualquier usuario, cualquier vallartense que utilice estos servicios está expuesto a cualquier situación que sale de nuestras manos poder responder”.
Para subsanar estas “lagunas legales”, la diputada del PAN considera que sería necesario modificar la Ley General de Movilidad.
Específicamente, su proyecto contempla que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se encargue de implementar un Registro Nacional de Empresas de Redes de Transportes.
Todas las plataformas digitales, incluida inDrive, tendría que incorporarse a dicho registro y cumplir con ciertos requisitos:
- Obtener la autorización de la Secretaría.
- Contar con oficinas dentro de México.
- Tributar los impuestos que establecen las leyes en la materia (las obligaciones que las empresas de este sector tienen con el SAT y con algunas autoridades locales).
- Presentar y seguir protocolos de seguridad para las personas usuarias y conductores.
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En caso de que tengan la aprobación de la SICT y, por lo tanto, no se adhieran al registro, la iniciativa del PAN plantea que se buscaría el bloqueo de la descarga de cualquier aplicación mediante la cual la empresa en cuestión ofrezca sus servicios.
La propuesta de reforma de la diputada del PAN destaca que la irrupción de las plataformas digitales en México ha propiciado una nueva forma de movilidad para las personas, bienes y mercancías, ya que facilitan el transporte y la entrega de productos a domicilio.
Este nuevo modelo ha provocado cambios en las normativas a nivel federal y local, con el fin de que se reconozca su existencia y se establezcan condiciones para la operación.
No obstante, el proyecto señala que la Ley General de Movilidad, expedida en 2022, no concibe todavía la regulación de este tipo de servicios a nivel nacional, por lo que se requiere actualizarla.