Los dispositivos como smartphones, computadoras y aquellos que se conecten a Internet para el usuario final deben estar fabricados seguros desde su origen tanto de hardware como software, aseveró Iranga Kahangama, subsecretario para Asuntos Cibernéticos, de Riesgo y Resiliencia en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, durante su participación en el foro LATAM CISO.
Y es que el funcionario del gobierno estadounidense apuntó que la seguridad del usuario final recae sólo en este, por lo que es el eslabón más débil de la cadena de seguridad.
“Es importante cambiar la carga de ciberseguridad del usuario final a quienes hacen el software y los dispositivos para tener consecuencia escalable. Deben ser seguros desde el diseño de los productos tecnológicos para que estén ya perfectamente controlados y sea un hardware y software seguro. Queremos elevar la ciberseguridad del usuario a toda la cadena de valor”, aseveró Iranga Kahangama.
El funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos resaltó la creación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de su país, la que calificó como un pilar para la cooperación internacional.
Dijo que trabajan en el desarrollo de alianzas clave a niveles político, técnico y militar.
Relacionado: Ciberseguridad es prioritaria para el 83% de las empresas de la AmCham México
Además señaló que actualmente trabajan con sus contrapartes del gobierno mexicano para mitigar los problemas, informar a empresas e industrias sobre los ataques de ransomware, pues considera que alianzas entre los países son muy importantes en el mundo de la ciberseguridad.
Añadió que hay problemas de ciberseguridad que en Estados Unidos enfrentaron hace tres años, por ejemplo, y que actualmente lidian países de América Latina, por lo que compartir información es clave.
También se refirió a la Ley de ciberseguridad que pondrán en vigor en los próximos 18 meses en Estados Unidos, en la que se establecen acciones necesarias como el hecho de que las organizaciones están obligadas a compartir al gobierno cuando paguen un rescate de su infraestructura tras haber sido atacados por ransomware.
Lo anterior tiene el objetivo de rastrear e incautar a las organizaciones cibercriminales que han realizado los ataques cibernéticos.