Dudas e inquietudes sobre “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos”
A finales del 2018, México contaba con 14.83 suscriptores de banda ancha fija por cada 100 habitantes y ocupaba el lugar número 35 en este rubro dentro de los 36 países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo por arriba de Colombia (13.41 suscriptores por cada 100 habitantes).
En materia de banda ancha móvil, de acuerdo con los datos de la OCDE, México ocupó la posición número 34 de los 36 miembros, con 70.9 suscriptores por cada 100 habitantes en 2018, superando a Hungría y Colombia con 67.4 y 52.1 suscriptores por cada 100 habitantes, respectivamente.
Por otra parte, los resultados de la Encuesta de Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación en los Hogares (ENDUTIH), manifestaron que en 2018 había 74.3 millones de usuarios de Internet en México, siendo la adopción de Internet un fenómeno urbano en función de que en este segmento de la población, 73.1 por ciento de su población son usuarios de este servicio, mientras que en el segmento rural sólo 40.6 por ciento de la población tiene acceso a Internet.
Lo anterior significa que, si México se encuentra rezagado en materia de banda ancha a escala mundial, y si al mismo tiempo se considera que las zonas rurales de México se encuentran más atrasadas que el resto del país, entonces el esfuerzo por llevar Internet a las zonas rurales o marginadas representa un enorme reto.
Por otra parte, en 2013 México inició una revisión de sus mercados de telecomunicaciones y radiodifusión para traer más competencia, inversión y beneficios para el consumidor, que resultó en la reforma del sector. Dicha reforma incluyó dos iniciativas para “impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”
La primera iniciativa señalaba en el artículo décimo quinto transitorio que “la Comisión Federal de Electricidad cedería totalmente a Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le transferiría todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarían a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a Telecomunicaciones de México el acceso efectivo y compartido a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos. Telecomunicaciones de México tendría atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así́ como la comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos”.
La segunda iniciativa establecida en el artículo décimo sexto transitorio de la reforma, señala que se “contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida”.
Al mismo tiempo, la reforma estableció que se “podría contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades presupuestales y, en su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara de Diputados”.
Llevar la banda ancha a todo el país, tanto en zonas urbanas, rurales o marginadas es algo en lo que nadie estará en contra, no sólo por los beneficios que implican para la industria y sociedad, sino también por los efectos positivos que la banda ancha trae a la economía de cualquier país.
No obstante, el camino a seguir para lograr llevar la banda ancha a todo México ha tenido, tanto en la pasada administración como en la actual, tropiezos e incertidumbre que afectan la toma de decisiones de los inversionistas y, al mismo tiempo, generan muchas preguntas para los actores del sector.
La incertidumbre de la industria de telecomunicaciones inició en marzo de este año, cuando el Presidente de la República anunció una nueva iniciativa, llamada en ese momento “Internet para Todos”, con el objetivo de proporcionar Internet gratuito en sitios públicos (escuelas, centros de salud, plazas públicas, etcétera), utilizando 50 mil km de fibra óptica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
La inquietud del sector por tal medida, entre otras cosas, se derivó de la nula aclaración por parte de las autoridades en torno a la convivencia de la nueva iniciativa (Internet para Todos) con las iniciativas emanadas de la reforma de 2013 (Red Troncal y Red Compartida).
Más tarde, el 2 de agosto de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, se anunció la creación de “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos”, subsidiaria de la CFE, y que tendrá como objetivo dar servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro. Esta última iniciativa le vino a dar forma al proyecto que originalmente la nueva administración había denominado “Internet para Todos”.
No obstante, la publicación del Diario Oficial de la Federación no especificó cómo la nueva iniciativa para llevar servicios de telecomunicaciones a la población, convivirá con los proyectos derivados de la reforma del sector, situación que nuevamente generó dudas a los actores del mercado.
La incertidumbre empezó a despejarse cuando a mediados de agosto, la CFE y Telecom cancelaron la licitación de la Red Troncal, licitación que fue postergada en varias ocasiones en la administración pasada y actual. En su comunicado, CFE y Telecom indicaron que el proyecto de la Red Troncal deberá ser modificado y replanteado para adecuarse a las nuevas metas en materia de telecomunicaciones del país.
La medida tomada por el gobierno actual, hace sentido en función de que la nueva iniciativa sustituye en gran manera el proyecto de la Red Troncal. No obstante, surgen algunas preguntas: ¿no era más conveniente anunciar la cancelación de la Red Troncal conjuntamente con la publicación del Diario Oficial sobre la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos? ¿Porqué hasta el momento no se ha manifestado cómo convivirán la Red Compartida y la nueva entidad encargada de ofrecer servicios de telecomunicaciones a la población? ¿Habrá algún replanteamiento en torno a la Red Compartida o se cancelará la iniciativa como se hizo con la Red Troncal? ¿No sería conveniente establecer el plan y horizonte global en materia de telecomunicaciones que abarque todo el panorama a alcanzar en el corto y mediano plazo (métricas de avance, objetivos, tiempos, inversión, etcétera)? ¿Será necesario hacer algunos ajustes a la reforma del sector?
La cancelación de la licitación de la Red Troncal eliminará o modificará el artículo décimo quinto transitorio de la reforma del sector. ¿Se vale hacerlo cómo ha sido? Al parecer no ha habido ningún “decreto” que cancele la licitación de tal iniciativa, ¿no necesitaría pasar por el Congreso la cancelación de este proyecto?.
El artículo 6º de la Constitución manifiesta que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”. Por lo cual, las iniciativas emanadas de la reforma del sector (Red Compartida y Red Troncal), así como la nueva iniciativa de la actual administración (CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos), son proyectos tendientes a cumplir con un mandato constitucional. No obstante, en el gobierno de Enrique Peña Nieto el proyecto de la Red Troncal se prorrogó en varias ocasiones e incluso la misma situación se observó en la actual administración.
El nuevo proyecto del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos”, tendiente a llevar servicios de banda ancha a toda la población, deberá establecer con claridad cómo esta iniciativa encajará dentro de todo el sector en México; no es suficiente con sólo señalar que se trata de una compañía sin fines de lucro.
Sería muy grave llevar al sector con acciones como la cancelación de la Red Troncal, en la cual no parece haber una planeación de corto y largo plazos, sino medidas o acciones que no parecen estar planeadas y que producen inquietudes en el sector; al mismo tiempo, inhiben la inversión y limitan la adecuada planeación de los jugadores de la industria.
Los interesados en la Red Troncal perdieron de manera súbita la oportunidad de adjudicarse este proyecto, después de varios años de dedicar tiempo, dinero y esfuerzo en concretar su participación en esta iniciativa.
Aunque el proyecto de la Red Compartida ha avanzado, cumpliendo con los avances de cobertura estipulados en la licitación, ¿podría suceder su cancelación o modificación de manera inesperada, como lo fue la Red Troncal?
México requiere llevar servicios de Internet y banda ancha a todos los rincones del país, con el objetivo de elevar el bienestar de la población e incrementar la productividad y eficiencia de la industria para que al mismo tiempo generen un impacto positivo dentro de la economía en su conjunto.
La iniciativa llamada “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” podría ser un proyecto positivo para lograr lo anterior; no obstante, la falta de claridad en cómo esta compañía se acople con las otras iniciativas y con el entorno actual del mercado, es un aspecto que debe ser consultado con la industria, la academia y los expertos del sector.
El mandato constitucional de “garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet” merece una adecuada planeación y no acciones o medidas que parecieran son tomadas de acuerdo a cuestiones circunstanciales no planeadas.