Colombia revivió el debate sobre la penalización de la violencia digital. La semana pasada, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que tipifica el delito de violencia sexual cibernética en el Código Penal.
La iniciativa busca sancionar la violencia sexual que se ejerce mediante la divulgación de documentos, en cualquier formato, de la vida íntima o sexual de una persona sin su consentimiento expreso a través de medios analógicos, digitales o Internet.
Se darían de cinco a ocho años de cárcel, y una multa de 10 a 15 salarios mínimos mensuales a quien se le encuentre culpable de este delito, según propone el documento. Incluso, la pena sería mayor en caso de que la víctima sea una mujer.
Además, el proyecto contempla reformar el Código de Procedimiento Penal para incluir un artículo, en el cual se dispondrá que la Dirección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio debe encargarse de eliminar los registros documentales (imágenes, videos, audios u otros) de contenido sexual o erótico que hayan sido difundidos o reproducidos sin el consentimiento de la víctima.
El proyecto de ley, elaborado por el senador Richard Aguilar, destaca que la violencia digital debe ser reconocida y tipificada en el país, debido a que se trata de una problemática real, y su vacío legal deja en la indefensión a las víctimas, principalmente mujeres.
De acuerdo con un relevamiento del senador, en 2019 se presentaron al menos 157 denuncias por la publicación de imágenes no consentidas, un 17 por ciento más respecto al año anterior. De esa cantidad, en 90 de los casos las afectadas fueron mujeres y 67 hombres.
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Otros países ya cuentan con una legislación al respecto y han incluido en sus códigos penales el delito de violencia digital o en línea; por ejemplo, Estados Unidos y México. Mientras tanto, otros como Ecuador y ahora Colombia están debatiendo iniciativas de esta índole, al comprender que la violencia del espacio físico también se traslada a lo virtual.
La propuesta de ley ya se había ingresado en agosto de 2019 en el Senado, pero no logró pasar el primer debate. Ahora, con el visto bueno en primera instancia, buscará nuevamente la aprobación con el mismo texto.
