Colombia abre consulta sobre tráfico no solicitado y reaviva debate sobre Fair Share
La CRC busca medir el consumo de datos generado automáticamente por plataformas digitales, en medio de la discusión global sobre quién debe financiar las redes.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia abrió una consulta pública sobre el denominado tráfico no solicitado (TNS) en redes móviles.
Se trata de una iniciativa que trasciende el análisis técnico del consumo de datos y vuelve a colocar sobre la mesa uno de los debates más sensibles del ecosistema digital: el Fair Share o contribución justa de las grandes plataformas digitales al financiamiento de las redes de telecomunicaciones.
Aunque la CRC no menciona directamente el concepto de Fair Share en su convocatoria, la discusión de fondo se conecta con el creciente cuestionamiento de operadores y reguladores sobre el volumen de tráfico que generan plataformas de streaming, redes sociales, aplicaciones y servicios OTT, así como el impacto que esto tiene en la sostenibilidad de la infraestructura digital.
El regulador busca identificar cuánto del tráfico móvil consumido diariamente responde realmente a decisiones conscientes de los usuarios y cuánto es impulsado por procesos automatizados de las propias plataformas, como la reproducción automática de contenido, precarga de videos, sincronización permanente en segundo plano o algoritmos diseñados para maximizar tiempo de permanencia y consumo de datos.
La consulta pública estará abierta hasta el 5 de junio de 2026 y forma parte de la Agenda Regulatoria 2026-2027 de la CRC.
El tráfico invisible detrás de la economía digital
Durante años, el debate sobre Fair Share ha girado alrededor de una pregunta: ¿deben las grandes plataformas digitales contribuir económicamente al despliegue y mantenimiento de las redes que utilizan intensivamente?
Los operadores argumentan que compañías como plataformas de video, redes sociales y servicios digitales concentran gran parte del tráfico global y monetizan la atención de los usuarios sin participar proporcionalmente en los costos de infraestructura.
Por otro lado, las plataformas sostienen que ya invierten en Centros de Datos, cables submarinos y redes de distribución de contenido, además de que el tráfico es resultado directo de la demanda de los consumidores.
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La iniciativa de la CRC introduce un matiz particularmente relevante en esa discusión: no todo el tráfico necesariamente responde a una acción deliberada del usuario.
El regulador reconoce que actualmente existen limitaciones técnicas para identificar cuándo el consumo de datos proviene de una decisión explícita del usuario y cuándo es generado automáticamente por funcionalidades integradas en plataformas y aplicaciones.
Esto ocurre especialmente porque gran parte del tráfico viaja cifrado y porque los ecosistemas digitales modernos operan con mecanismos automatizados de recomendación, reproducción y actualización constante. La CRC intenta abrir una conversación sobre la calidad y naturaleza del tráfico, no únicamente sobre su volumen.
Colombia entra a un debate global
La discusión no ocurre en aislamiento. En Europa, el Fair Share provocó uno de los mayores enfrentamientos regulatorios entre operadores y Big Tech en los últimos años.
Mientras grandes grupos de telecomunicaciones europeos impulsaron mecanismos de contribución obligatoria para plataformas generadoras de tráfico, empresas tecnológicas y organismos defensores de la neutralidad de red advirtieron riesgos para la innovación y el Internet abierto.
En América Latina, el debate ha avanzado de manera más gradual, pero cada vez más reguladores comienzan a observar el impacto del crecimiento exponencial del tráfico de video, Inteligencia Artificial, Nube y plataformas digitales sobre las redes móviles y fijas.
La consulta de la CRC podría convertirse en uno de los primeros ejercicios regulatorios de la región enfocados específicamente en medir el tráfico no solicitado como variable de análisis económico y técnico.
La Comisión aclaró que la consulta no parte de una definición jurídica cerrada del tráfico no solicitado, sino que busca construir metodologías técnicas para aproximarse a su medición y comprender mejor el fenómeno.
Para ello, el organismo convocó a proveedores de telecomunicaciones, fabricantes, academia, consultores TIC y empresas tecnológicas a participar en pruebas controladas y presentar comentarios técnicos sobre el tema.