Por Violeta Contreras y Sharon Durán

Colombia atraviesa una turbulenta situación económica marcada por la inflación, el déficit fiscal y la incertidumbre política. Se estima que el déficit primario de 2025, que excluye intereses, sería de 3.4% del PIB, lo que ubicaría al país con el mayor déficit primario de América Latina por segundo año consecutivo.

Este 2026, el país andino podría enfrentar un déficit de entre 7.5 y 8.1% del PIB, mientras el gasto público crece a un ritmo acelerado, persiste la rigidez en las prioridades de gasto y el recaudo gubernamental no es suficiente para cubrirlo.

Fitch Ratings proyecta que el país experimentará un deterioro fiscal continuo a lo largo de este año, que podría agravarse con el incremento de la deuda consolidada y la incertidumbre por la política económica en un año de elecciones.

En este contexto, el gobierno está poniendo la lupa sobre la economía digital como una fuente de recaudación, ante el agotamiento de los mecanismos tributarios tradicionales y el fracaso de las propuestas legislativas ordinarias.

Mientras la economía digital es presentada como el motor de la productividad, la innovación y la inclusión, el Gobierno la observa también como una de las pocas fuentes inmediatas para cerrar un déficit fiscal que ya no admite paliativos.

A corto y mediano plazo, esto podría afectar las estructuras de costos de actores digitales como las grandes plataformas de comercio electrónico, los sistemas de pagos inmediatos y los operadores de infraestructura móvil.

Cambios en el comercio electrónico

Gustavo Petro, presidente de Colombia, impulsó una Ley de Financiamiento mediante la cual se proponía recaudar 16.3 billones de pesos nacionales para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026.

La ley no prosperó en el Congreso, por lo que a finales del año pasado el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social a través del Decreto 1390 de 2025.

Durante el estado de emergencia, el Gobierno ha emitido decretos para enfrentar el déficit fiscal, los cuales incluyen medidas como una sobretasa al sistema financiero y mayores impuestos a sectores de altos ingresos.

En el ámbito digital, las medidas tributarias contemplan el pago de 19% de IVA sobre las compras en el exterior con valor mayor a 50 dólares mediante plataformas de comercio electrónico como Amazon o Mercado Libre y gigantes chinas como Shein y Temu.

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Anteriormente, las compras en línea estaban exentas del IVA siempre que el valor del paquete no superara los 200 dólares, una figura conocida como “minimis”. Esto generó un crecimiento sustancial en el interés de la población colombiana por comprar en línea.

María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), destaca que esta exención logró que plataformas como Temu y Shein traccionaran “a personas que aún no compraban en línea para que ahora lo hagan”, lo cual permite que la sociedad amplíe sus posibilidades y ofertas.

Sin embargo, considera que “la figura de minimi se debe quitar como en otros países, incluso Estados Unidos y la Unión Europea, donde el usuario sí debe pagar el IVA que corresponde”.

La razón es que “el hecho de Colombia mantenga este tipo de excepciones tributarias para ciertas compras del exterior es insensato y responde, específicamente, a una interpretación política en los acuerdos de Tratado de Libre Comercio que considera que cobrar ese impuesto es una vulneración al tratado, pero eso no es correcto”, dice Quiñones a DPL News.

Para la ejecutiva, la diferencia entre las plataformas nacionales y las internacionales es que las segundas no pagan un impuesto por vender en Colombia. Si se considera la situación a una mayor escala, entonces será el comercio nacional, digital o no, el que se verá realmente sacrificado. 

“La realidad es que las personas en Colombia están decidiendo si compran en una u otra plataforma con base en el precio que ofrecen y, si las plataformas internacionales no pagan impuestos en nuestro país, significa que sus precios son menores, entonces eso no es competencia leal”.

”Yo como usuaria debería poder decidir si compro algo por calidad o por gusto, no porque una plataforma sea más barata porque no paga impuestos en mi país”, asegura.

Quiñones aclara que no se trata de una política proteccionista, sino de analizar realmente el mercado, pues del otro lado están las pequeñas y grandes empresas (pymes) que representan cerca del 99% del tejido empresarial local.

“Pensemos en una empresa, por ejemplo, de vestidos de baño, la emprendedora puede o no tener empleados, si los tiene ya aporta al sistema fiscal de Colombia. Además, necesita insumos para sus trajes de baño, en los insumos usualmente paga IVA”.

”Cuando ya están hechos, los vende en un local, que paga IVA; si no tiene un local, los vende en línea y paga IVA el usuario que lo compra. En cambio, las plataformas no generan empleo, no usan materia prima local y lo envían sin pagar IVA, entonces ¿a largo plazo quién puede llegar a la quiebra? La emprendedora”, ejemplifica la ejecutiva.

Para Quiñones, este es un asunto que tal vez pueda resolverse en el próximo gobierno, tras un ajuste en la interpretación de la ley por parte del Ministerio de Hacienda, lo cual hasta ahora, no sucede. 

Desde su perspectiva, el pago de IVA es inminente y sucederá incluso para compras de menos de 50 dólares, como lo contempla la medida propuesta. 

Lupa fiscal sobre otros sectores de la economía digital 

Los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por Internet, tanto en el territorio nacional como desde el exterior, también se sometieron a la tarifa general del 19% de IVA para este 2026, sobre el ingreso bruto del juego.

Además, aunque fuera del decreto de emergencia pero en el mismo contexto de fortalecer el control tributario digital, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estableció obligaciones de información para plataformas digitales que facilitan transacciones con usuarios en Colombia.

Las plataformas digitales extranjeras o con operaciones relevantes en el país andino deben reportar anualmente ciertos datos a la DIAN, con plazo hasta finales de febrero de cada año y con el objetivo de aumentar la transparencia fiscal y permitir mayor control tributario en la economía digital.

Si bien por ahora la economía digital no ha sido el principal blanco de los esfuerzos para ampliar la base tributaria, Colombia ha puesto sobre la mesa diferentes propuestas para gravar los servicios y transacciones digitales, como parte de la discusión sobre la ley de financiamiento y las reformas fiscales impulsadas por Gustavo Petro.

Por ejemplo, el proyecto de Ley de Financiamiento de 2025 contemplaba eliminar la exclusión del IVA para servicios de computación en la Nube. 

Los servicios de Nube han sido un habilitador de la transformación digital para startups y empresas de todos los tamaños, permitiéndoles escalar operaciones sin tener que hacer inversiones masivas en hardware local.

Por ello, la imposición del 19% de IVA incrementaría sustancialmente los gastos operativos de cualquier entidad que dependa de estos servicios para el almacenamiento de datos, procesamiento y desarrollo de software.

Además, el proyecto de Ley de Financiamiento planteaba quitar la tarifa reducida de 5% de IVA para los vehículos híbridos; e integrar formalmente los activos digitales en la base gravable nacional, aumentando el costo de cumplimiento para el sector fintech.

En octubre de 2025, el Ministerio de Hacienda también presentó un proyecto de decreto que pretendía aplicar una retención en la fuente de 1.5% a todos los pagos digitales, incluyendo aquellos realizados a través de Bre-B o Nequi, a fin de corregir “una asimetría fiscal” con el resto de tipo de pagos.

Carga fiscal sobre las telecomunicaciones 

Por otro lado, las telecomunicaciones enfrentan una realidad compleja en Colombia. La inversión total en el sector cayó un 8.4% en 2024 respecto al año anterior, situándose en menos de los 2,000 millones de dólares, según datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

A pesar de la subasta 5G de 2023, que recaudó 1.37 billones de pesos y estableció compromisos de inversión de 28 billones de pesos en 10 años, el despliegue de esta tecnología para 2026 se perfila como segmentado y concentrado en zonas urbanas de alta rentabilidad.

Fuente: CRC

El déficit fiscal suele presionar la tasa de cambio. La infraestructura, como antenas y fibra óptica, se compra en dólares. Pero las telcos cobran facturas en pesos a un consumidor cuyo poder adquisitivo está estresado.

Para desplegar redes de nueva generación, se necesitan créditos y atraer inversión extranjera. Cuando el país tiene un déficit alto, el “riesgo país” aumenta. Esto significa que las tasas de interés para las empresas pueden subir. 

Incluso, el banco JP Morgan advirtió, en un informe del año pasado, que Colombia no era un territorio atractivo para los inversores debido a los riesgos fiscales (incluyendo las tasas de interés).

Al final del día, el capital se vuelve miedoso y puede optar por ir a mercados más estables, o el sector retiene las inversiones hasta encontrar un momento más estable para avanzar, siempre con el riesgo de que ese momento no llegue y, mientras tanto, generando rezago en el despliegue de infraestructura.

Si el dólar sube porque los mercados desconfían de la estabilidad fiscal del país, la capacidad de reinversión del sector también se reduce. Básicamente, cuesta más caro conectar a los colombianos.

Y en esa misma línea, esta caída en la inversión también puede deberse a la incertidumbre regulatoria y a la carga financiera que supone el alto precio del espectro.

De acuerdo con la GSMA, el costo del espectro respecto a los ingresos pasaron de una tasa del 2% al 10% entre 2014 y 2023 en Colombia, debido a las adiciones de espectro y tarifas anuales costosas para la renovación de licencias.

A ello se suma la presión general sobre la sostenibilidad financiera del sector de telecomunicaciones. La Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil) reporta que el ingreso promedio por usuario (ARPU) de los operadores móviles disminuyó un 70% en la última década, mientras que, en contraparte, el tráfico de datos ha crecido progresivamente y, con ello, la necesidad de invertir más en infraestructura.

En el contexto del déficit fiscal que atraviesa hoy el país, el Ministerio TIC también sufrirá recortes presupuestales significativos. El presupuesto aprobado por el gobierno contemplaba un recorte de 23% para la partida de dicha cartera.

Sin embargo, la distribución del gasto está en su mayoría congelada, en tanto la Corte Constitucional estudia la validez de los decretos de emergencia mediante los que se busca recuperar parte de la inversión perdida con el hundimiento de la Ley de Financiamiento.

De todas maneras, en cualquier escenario, el Ministerio TIC tendrá un presupuesto mucho menor, lo cual podría afectar la continuidad de los proyectos de conectividad, de desarrollo de habilidades digitales y hasta la planta de trabajo de la propia cartera, limitando el alcance de las metas digitales del gobierno en la recta final de la administración de Petro.

Millicom, Movistar y el reacomodo del mercado telco

Por otro lado, la reciente decisión del Gobierno Nacional de vender su participación accionaria de 32.5% en Colombia Telecomunicaciones (Coltel-Movistar) también refleja la urgencia del Estado por recibir liquidez.

A través del Decreto 1481 de 2025, se aprobó el Programa de Enajenación de las acciones de propiedad de la Nación en Coltel-Movistar.

El precio fijado por acción es de 772.38 pesos, lo que representa para el Estado un ingreso potencial de 858,000 millones de pesos nacionales por sus 1,108 millones de acciones.

Al mismo tiempo, esta venta del Estado se da en un momento en el que Telefónica (Movistar) prepara su salida oficial de Colombia, como del resto de Hispanoamérica, y Millicom resurge como gran protagonista en la reconfiguración del sector telco nacional e incluso regional.

Millicom presentó una oferta pública de adquisición por las acciones de Telefónica en Colombia Telecomunicaciones (hasta el 68.35% del capital en circulación), y, a su vez, está interesada en comprar la participación restante del Estado.

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Y mientras esas gestiones suceden, Millicom ya se adjudicó el total de las acciones de UNE-Tigo en una audiencia el 27 de enero. Así, Empresas Públicas de Medellín (EPM), propiedad de la ciudad de Medellín, abandona el sector telco para enfocarse en otros proyectos estratégicos.

Colombia se ha caracterizado por ser un mercado en el que todavía figura la participación estatal en el sector de telecomunicaciones. Pero eso parece estar cambiando.

A pesar del panorama de estrechez fiscal y la incertidumbre que rodea las proyecciones de 2026, el sector tecnológico y de telecomunicaciones en Colombia da señales de resiliencia.

La salida del Estado de la propiedad de activos como Coltel-Movistar y la consolidación liderada por actores como Millicom sugieren que, más allá del ruido macroeconómico, el mercado colombiano sigue siendo un terreno de alto valor.

Esta reconfiguración, aunque impulsada por la urgencia de liquidez estatal, podría derivar en un ecosistema de operadores más robustos, capaces de soportar las inversiones en infraestructura que el país demanda con urgencia.

A esto se suman los acreedores pendientes del sector. WOM está en proceso de estabilizar su situación financiera en Colombia, pero aún no inicia el despliegue de sus redes 5G, ni cumple con las obligaciones de hacer para conectar territorios rurales.

WOM tenía un pasivo de 3.22 billones de pesos colombianos, con un plazo de ejecución de 10 años, hasta mediados del año pasado. Su principal acreedor, del 45% de las deudas, es el gobierno colombiano.

Por otro lado, está Telecall, quien prometía ser un nuevo operador en el mercado pero terminó con una gran deuda con el Estado. La empresa participó en la subasta 5G, pero no cumplió con el pago del espectro ni mucho menos con el despliegue. Ahora se encuentra en una disputa legal con el Ministerio TIC.

Estas deudas representan un déficit para el Estado colombiano que intenta adquirir recursos financieros de cualquier lugar.     

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Si bien algunas medidas fiscales, como la enfocada en los minimis, están nivelando la cancha de competencia y son positivas para la economía digital, según la industria, aún persiste un riesgo: la valoración de la economía digital y el sector TIC como una fuente de recaudo inmediato.

Gravar componentes esenciales como los servicios de Nube o las transacciones digitales puede ser una solución rápida para el déficit, pero corre el riesgo de convertirse en un freno de mano para la productividad.

Si la carga fiscal asfixia la estructura de costos de los innovadores y encarece el acceso a la tecnología, el Estado podría estar sacrificando el crecimiento de largo plazo a cambio de un alivio presupuestal temporal.

Por ahora, el 29 de enero la Corte Constitucional de Colombia decidió suspender de manera provisional el decreto presidencial que declaraba la emergencia económica y social, al considerarlo posiblemente inconstitucional y ordenó que no siga vigente mientras se estudia el caso de fondo. 

Con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, la Corte detuvo los efectos del decreto 1390 de 2025 y, como consecuencia, también quedó sin posibilidad de ejecución la mayoría de decretos fiscales que dependían de esa base jurídica, incluidos los relacionados con nuevos impuestos destinados a atender el déficit presupuestal. La decisión obliga al Ejecutivo a replantear su estrategia fiscal y deja una fuerte incertidumbre sobre cómo se financiará el presupuesto de 2026, al tiempo que aviva el debate político y jurídico sobre el alcance de los poderes presidenciales en situaciones presupuestales sin autorización del Congreso.