Buscan reformar ley de instalación de torres en Puerto Rico; ¿otra barrera para las telcos?
En la próxima legislatura que comenzará en agosto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico analizará un proyecto de ley que busca reformar el marco normativo actual sobre la construcción, instalación y ubicación de torres de telecomunicaciones.
La iniciativa la presentó en abril de este año el Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas. Y mientras se espera el inicio de las siguientes sesiones en el Senado y la Cámara de Representantes, la propuesta ya ha generado una serie de apoyos y rechazos entre la población y el sector.
Según el Frente, Puerto Rico debe reformular las reglas de instalación de torres porque existen definiciones poco claras y desactualizadas, las cuales ponen en riesgo a las personas y a la planificación urbana. Esto, según sostienen, se evidenció cuando colapsaron 300 antenas tras el paso del Huracán María.
De acuerdo con el documento, la nueva ley en la materia establecerá condiciones para permitir la construcción de torres considerando aspectos científicos, comunitarios y de participación ciudadana.
El proyecto contempla que la implementación de este tipo de infraestructura en un distrito residencial o rural debe contar con una solicitud de permiso discrecional, y la torre tiene que guardar una distancia no menor a 500 metros respecto a la colindancia más cercana.
Además, se propone que todas las torres que se ubiquen en zonas no residenciales, zonificadas o rurales tendrán que mantener una distancia mínima del 10 por ciento con la colindancia más cercana, y de 500 metros en el caso de escuelas, hospitales o centros de trabajo próximos.
Otros puntos de la iniciativa se refieren a los trámites que deberán cumplir las empresas si se aprueba la reforma. Las compañías tendrían que acudir a las autoridades municipales para notificar la ubicación de la infraestructura, obtener un endoso formal de la Legislatura Municipal y cumplir con los planes de ordenamiento territorial, o hacer cambios según lo determinen las autoridades.
Y también el proyecto señala algunas prohibiciones. Por ejemplo, no se permitirá la instalación de torres en centros o cascos urbanos de los municipios, hospitales, escuelas y gasolineras; en estructuras de servicios esenciales como tanques de agua, centrales eléctricas o reservas agrícolas; ni en zonas de valor ecológico.
Los operadores que no se alineen a la normativa, en caso de que avance en el trámite legislativo, serán sancionados y la obra correspondiente se detendrá. Aunado a ello, no podrán gestionar otro permiso de construcción y ubicación por lo menos en 10 años.
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Ante esta serie de propuestas que contiene la llamada Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones, el sector alertó que las reglas que se buscan introducir afectarían el desarrollo tecnológico y las inversiones en Puerto Rico.
El Presidente de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, Luis Romero Font, dijo al medio local El Vocero que el proyecto de ley frenaría la evolución de las redes móviles, y retrasaría a la isla en la adopción de nuevas tecnologías como 5G.
Las empresas se verían inmersas en un lago de procedimientos administrativos para instalar más torres, necesarias para responder a la creciente demanda de conectividad.
Por esa razón, en sentido contrario a dicha iniciativa, en Estados Unidos se está buscando agilizar la construcción de torres e infraestructura inalámbrica y en otros países se están promoviendo medidas para facilitar el despliegue de las redes, debido a que se ha identificado, según la organización 5G Americas, que uno de los obstáculos principales es la burocracia local.