La votación del Proyecto de Ley (PL) 2630/2020 en la Cámara de Diputados de Brasil fue aplazada la noche de este martes 2 de mayo. El relator del proyecto, diputado Orlando Silva (PCdoB-SP), pidió más tiempo para discutir las más de 90 propuestas recibidas desde la semana pasada.
El texto actual dividió grupos a favor y en contra de la aprobación y dio lugar a actores que piden una mayor participación en el tema. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), por ejemplo, defiende la actuación de la entidad como supervisora de la ley.
El Comité de Gestión de Internet (CGI.Br) considera que debe “ser incluido en la arquitectura normativa prevista para la implementación de la Ley”. Al mismo tiempo, Google realizó una campaña crítica al texto y comenzó a ser investigado por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
A continuación, lo que cada actor defiende sobre el PL 2630:
Anatel
El presidente de Anatel, Carlos Baigorri, considera que la Agencia puede ser un ente de control autónomo –lo que estaba previsto en una versión anterior del proyecto–, ampliando las actividades de la Agencia. Para ello, no sería necesario aumentar la plantilla, sólo una reorganización y formación de los empleados.
La Anatel tiene un acuerdo con la Universidad Federal de Goiás para desarrollar soluciones de Inteligencia Artificial que identifiquen contenidos potencialmente dañinos, como desinformación y discurso de odio. Además, ya se están probando soluciones de Blockchain.
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CGI.Br
El CGI argumenta que la entidad debe ser incluida en la arquitectura regulatoria prevista para la implementación de la ley. “En este sentido, reconocemos como relevantes las previsiones establecidas para este Comité, con excepción de la necesidad de mejoras en cuanto a las proposiciones de carácter supervisor y sancionador”, dice la nota.
ANPD
La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) comentó que el PL 2630 tiene artículos sobre el tratamiento de datos personales, lo que podría ser una superposición con su competencia.
Además, la Autoridad recomendó que el texto indique expresamente qué datos pueden ser almacenados por las plataformas digitales para la investigación criminal, sin expresiones vagas e imprecisas.
Google está en contra de la aprobación del proyecto de ley, incluso hizo una campaña a la que se opone la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), el Supremo Tribunal Federal y el CADE. La empresa dice que el texto actual puede terminar favoreciendo a quienes producen desinformación, amenazan la libertad de expresión, entre otros riesgos, y pide más debate sobre el tema.
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Asociaciones
Abinee, ABES, Brasscom
Un grupo de 10 asociaciones defendió el papel de la ANPD en materia de protección de datos personales y alertó del posible conflicto de competencias entre un eventual ente autónomo de control y la Autoridad.
“Las entidades que suscriben, en este sentido, respaldan la correcta posición de la ANPD en relación con el PL 2630/2020 y, respetuosamente, ante el Congreso Nacional, comparten la preocupación por los conflictos actualmente existentes en la propuesta Sustitutiva y la Ley General de Protección de Datos”, dice la nota firmada por ABIHPEC, Abinee, ABES, Brasscom, ACATE, ANPPD, CNDL, FecomercioSP, IBDEE y MBC.
IAB
IAB Brasil, la entidad que representa el ecosistema de la publicidad digital, publicó una nota criticando el PL 2630. La asociación afirma, por ejemplo, que los informes semestrales de proveedores y plataformas publicitarias –sobre contenido potenciado, la identificación del responsable del pago, las características de la audiencia contratada y el número de destinatarios alcanzados– inciden en las estrategias comerciales.
Coalición por los Derechos en la Red
Por otro lado, la Coalición por los Derechos en la Red está a favor de aprobar el texto, incluyendo una entidad autónoma de fiscalización, pero dice que ese papel no puede ser de la Anatel.
Según el grupo, la Anatel no tiene experiencia en el tema; la rendición de cuentas podría llevar a la Agencia a descuidar sus funciones actuales; dice que la Anatel tiene un desempeño insatisfactorio para su sector –basado en una auditoría del TCU, el cumplimiento de las metas de universalización de la telefonía fija de la Anatel, supuestos errores de precios en la subasta de 5G, por ejemplo–; y se obstaculiza el papel de la sociedad civil en la Agencia.