Como estaba previsto, el área técnica del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), en Brasil, concluyó esta semana su análisis del aviso para la licitación 5G. El documento de 270 páginas enumera una serie de ajustes que la Secretaría de Infraestructura Hidráulica, Comunicaciones y Minería (SeinfraCOM) recomienda realizar a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).
El material fue entregado al ministro del TCU, Raimundo Carreiro, quien hará el informe final. Si todo sale según lo planeado, la votación de la convocatoria tendrá lugar el 18 de agosto.
Consulta las principales propuestas de modificación de la Seinfra:
- Exclusión de la obligación de construir la red privada para la Administración Pública
Según los técnicos, la red privada está compuesta por una “red de telefonía móvil sólo en el Distrito Federal y con tecnología 4G; red de banda ancha fija en las capitales de los estados y el Distrito Federal; y dispositivo de encriptación para uso en redes comerciales de telefonía móvil y fija”.
Además de no establecer un compromiso de interés colectivo relacionado con 5G, no hay un esquema de proyecto en el aviso para saber si el valor estimado corresponde a la realidad. El Ministerio de Comunicaciones calcula que se necesitarán mil millones de reales, pero la Anatel dice que aún se puede destinar un monto adicional de hasta 685.3 millones.
“En este contexto, ante el riesgo de daño a la tesorería de hasta 1.685 mil millones de reales y las normas constitucionales y legales violadas, así como la inminencia del evento, se considera necesario proponer una determinación para que la Anatel excluya este compromiso de construcción de la red privada del citado certamen”, señala el dictamen.
- Exclusión del compromiso de construcción de la red de infovías del Programa Amazonia Integrada y Sostenible (PAIS)
Seinfra destacó que la red de infovías es una obra pública, y es incompatible con el compromiso de aviso público regulado por la Ley General de Telecomunicaciones (LGT). Los expertos creen que este tipo de adquisiciones debe seguir las reglas generales de licitación o contratación de asociaciones público-privadas.
Además, al tratarse de una obra pública, la situación puede debilitar el techo de gastos, una política que limita el gasto público hasta 2036.
La Anatel tampoco definió previamente las características, especificaciones mínimas, obligaciones, garantías de desempeño y compromisos asociados con la red infovias. Ante el riesgo de daño a la tesorería de 1.5 a 2.1853 mil millones de reales, los técnicos recomendaron la exclusión del dispositivo.
- Corrección del valor de la banda de 26 GHz
La Anatel realizó un benchmarking internacional para calcular el precio de la banda de 26 GHz, bajo la justificación de que es una banda con poco uso a nivel mundial. Sin embargo, el TCU identificó “varias debilidades en la metodología”.
“Existe el riesgo de que la oferta de estos lotes al valor tasado por la Anatel resulte en una ventaja económica indebida para los adquirentes de frecuencias, en detrimento del gobierno federal, lo que constituiría un perjuicio al erario. Cabe destacar que no existen compromisos ni obligación de utilización en todas las ubicaciones de la banda de 26 GHz, lo que también deja espacio para su adquisición por parte de empresas que sólo deseen revender la banda posteriormente, en lugar de prestar directamente el servicio de telefonía y banda ancha móvil a los usuarios”, dice el documento.
Según Seinfra, la Agencia no estimó un valor justo para el rango, “existiendo una subestimación del valor del rango de al menos 2.12 mil millones de reales”.
- Corrección de inconsistencias en las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz y 3.5 GHz
El TCU enumeró una serie de debilidades en los flujos de las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz y 3.5 GHz. Una de ellas es la falta de previsión de ingresos provenientes del mercado secundario de radiofrecuencia.
“Esto provoca un riesgo de distorsión de precios al no considerar la posibilidad de una comercialización parcial de la banda, lo que, según la propia Agencia, incrementaría el valor de las radiofrecuencias y debería reflejarse en los precios de las subastas de radiofrecuencia”.
Otro punto fue la especificación para atender el 95 por ciento del área urbana de los municipios en el primer año de operación. De acuerdo con el TCU, esto choca con el comportamiento histórico del sector, “lo que implica riesgos de distorsión del modelo de precios de la subasta”.
Específicamente, respecto a los lotes nacionales en la banda de 3.5 GHz, los técnicos indicaron que la Anatel estableció las mismas obligaciones de servicio a los municipios para todas las empresas ganadoras, sin reparto del compromiso. Esto representa “inversiones superpuestas del orden de 13.5 mil millones de reales en recursos federales, y la Anatel es responsable de adoptar medidas para corregirlas”.
Para Seinfra, también hubo errores en el cálculo del precio de los lotes regionales. “El monto correspondiente a las obligaciones en los municipios con menos de 30 mil habitantes aumentó en más de 4 mil millones de reales en gastos de infraestructura a ser cubiertos por el gobierno”, que debe ser revisado.
El portal Teletime informó que la Anatel debe manifestarse ante el Tribunal hasta este miércoles 11 de agosto, para la elaboración del informe final.