Si tomamos una fotografía del ecosistema digital venezolano tras la salida forzada de Nicolás Maduro, lo que observamos en materia de tecnología es un reflejo fiel del sistema político. La panorámica muestra una infraestructura de telecomunicaciones y tecnológica con rezagos estructurales que limitan su potencial como palanca de recuperación económica y competitividad.
A nivel de indicadores de uso, Venezuela exhibe tasas de penetración de Internet y usuarios que han mejorado en los últimos años, pero en realidad son bajas si se les compara con el resto de los países de la región. El país tiene una adopción de personas usando Internet de 61.6% de la población (Conatel) y una penetración de banda ancha móvil de 72.8% (GSMA Latam), pero estos números conviven con una calidad de servicio desigual: la velocidad móvil y fija están entre las más bajas de la región históricamente (Speedtest).
Infografía Digital Metrics | La Venezuela digital que deja Nicolás Maduro
En lo regulatorio, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha impulsado procesos de asignación de espectro para 4G y 5G para modernizar las redes. En los últimos dos años se anunciaron y ejecutaron procesos de licitación que pusieron a disposición bloques en la banda de 3.5 GHz y otros remanentes para despliegues 5G, aunque el despliegue comercial 5G aún no se ha materializado.
Lo anterior sitúa a Venezuela en la fase de espectro asignado y reglas para 5G, pero sin un despliegue que cambie la experiencia del usuario en el corto plazo. Sin mencionar el costo de los dispositivos habilitados con 5G, que se complica por la precaria situación de los habitantes.
El mapa de actores combina operadores privados históricos con empresas estatales. CANTV/Movilnet (operador estatal) mantiene presencia importante en segmentos fijos y móviles; en tanto que empresas extranjeras como Telefónica (Movistar) y operadores privados como Digitel operan en el mercado.
La presencia estatal asegura cobertura en zonas donde el mercado no resulta atractivo. La participación de operadores privados aporta competencia y experiencia tecnológica, aunque condicionada por restricciones macroeconómicas, control cambiario y riesgo político. Venezuela es uno de los tres mercados, además de México y Chile (en proceso de venta), donde Telefónica de España aún conserva operaciones. La caída de Maduro podría abrir la opción de venta de Movistar en Venezuela.
La experiencia del chavismo con la tecnología se ejemplifica con iniciativas simbólicas como el teléfono “Vergatario”, impulsado en su momento por Hugo Chávez para enfatizar la soberanía tecnológica y la inclusión mediante producción estatal de teléfonos celulares 3G.
Esta anécdota ilustra la política de apropiación tecnológica con fuerte sello ideológico: dispositivos o proyectos estatales como instrumentos de legitimación política más que proyectos sostenibles de mercado.
Un somero diagnóstico del sector telecomunicaciones, tecnológico y digital en Venezuela hacia una nueva era post Maduro arrojaría lo siguiente: cobertura móvil relativamente alta en zonas urbanas. Base de usuarios digitales de 18 millones (reducida por la migración de venezolanos a otros países), pero con posibilidad de escalar servicios digitales y comercio electrónico. Espectro 5G recientemente licitado para detonar inversiones en redes móviles de nueva generación y servicios empresariales de transformación digital industrial, telemetría petrolera, telemedicina y más, fundamentales para una etapa de reconstrucción venezolana.
En esta nueva etapa puede crecer el interés de inversionistas y renovarse los planes de modernización de operadores privados que pueden aportar capital y experiencia técnica. Pero es previsible que los desarrolladores chinos de tecnología e infraestructura digital encuentren obstáculos y barreras geopolíticas y comerciales para aportar al nuevo desarrollo y crecimiento de Venezuela.
Hoy, una de las principales debilidades es la calidad de la red rezagada y las velocidades bajas, lo cual afecta la productividad, la transformación digital y la innovación. Actualmente, la infraestructura está envejecida, sufre obsolescencia de equipamiento y dificultades para importación de insumos por restricciones cambiarias y el embargo económico.
El riesgo geopolítico no desaparece en la nueva situación post Maduro dominada por la administración Trump, sólo cambian las fichas del tablero porque el mandatario de Estados Unidos ya pidió que el gobierno provisional de Venezuela rompa relaciones comerciales con China, Rusia, Irán y Cuba. En materia de telecomunicaciones, los principales damnificados son los desarrolladores chinos de tecnología, con fuerte presencia en el país. Es importante que sigan aportando al desarrollo del país bajo un esquema de neutralidad tecnológica, competitiva y responsabilidad compartida en cuanto a seguridad de las infraestructuras críticas.
En lo político, existe fragmentación institucional e interferencia política en decisiones técnicas. El regulador, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, está adscrita directamente al ideologizado Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, creado en 2002 por Hugo Chávez. Sus principales atribuciones son la administración de los medios públicos, la gestión de la información, las relaciones con los medios y el desarrollo de la comunicación popular.
Otra amenaza para los planes petroleros de Trump es la vulnerabilidad de la red ante fallas en suministro energético y logística, especialmente crítico para el soporte de otras infraestructuras como el petróleo y el transporte. Venezuela se hizo famosa por los constantes y prolongados apagones eléctricos.
La reconstrucción del sector petrolero, objetivo central de la administración Trump, no puede desligarse de la modernización de la infraestructura digital. Redes de comunicación seguras, baja latencia y alta disponibilidad son necesarias para optimizar operaciones de telemetría y mantenimiento predictivo, digitalizar cadenas de suministro y habilitar plataformas de comercio y logística que permitan aumentar la eficiencia explotativa, extractora y exportadora.
El despliegue de fibra, transporte de datos (backhaul) y cobertura confiable en sitios remotos de producción petrolera son condiciones previas para que la revitalización del sector hidrocarburos se traduzca en productividad real y no sólo en extracción de materia prima o crudo. Sin modernización digital, las inversiones en producción petrolera enfrentarán cuellos de botella operacionales, logísticos y mayores costos.
Es indudable que la inversión en infraestructura petrolera va de la mano de la infraestructura digital. Ahora se abre la oportunidad de agilizar los procesos regulatorios, adjudicar más espectro y acelerar despliegues de 5G en centros urbanos y zonas industriales con velocidades verdaderamente productivas.
Para lograrlo, la prioridad será estabilizar la cadena de suministro de equipos y asegurar condiciones de financiamiento para los operadores, de preferencia sin exclusiones geopolíticas, pero se antoja difícil por las restricciones comerciales y arancelarias de Trump contra sus adversarios asiáticos.
Si convergen inversión privada, normalización de relaciones internacionales, políticas públicas y regulatorias claras y certidumbre jurídica, Venezuela puede experimentar una modernización de redes que respalde la automatización del sector energético, la diversificación económica y el desarrollo de una economía digital.
La “Venezuela digital” que deja Maduro es un país con déficits estructurales que exigen una estrategia de reconstrucción integral y no sólo enfocarse en los hidrocarburos. Se requiere reconstruir la confianza de los inversionistas para atraer capitales, eficientar la gestión de redes, certidumbre jurídica y regulatoria y priorizar la infraestructura digital como elemento transversal para recuperar no sólo la producción petrolera sino la competitividad general. Todo lo anterior requiere no solo cambios, necesita otra Venezuela.