7 de cada 10 contratos públicos telecom en Costa Rica se han asignado a empresas estatales
Casi tres cuartas partes (74%) de los montos adjudicados en procesos de contratación pública en el ámbito de las telecomunicaciones fueron otorgados a empresas estatales en Costa Rica, lo cual refleja una distorsión a la competencia.
Un análisis de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) revela que en el 43 por ciento de los casos el Estado asignó los servicios de telecomunicaciones a paraestatales, recurriendo a una disposición en la Ley de Contratación Administrativa que establece la actividad contractual pactada entre entes públicos.
La investigación del órgano regulador muestra que este tipo de concursos restringen la participación de los competidores privados, lo cual no debería existir debido a que el de telecomunicaciones es un mercado regulado en el que se involucran distintos proveedores.
De acuerdo con el informe de la Sutel, las empresas estatales que se han beneficiado de estos procesos de contratación incluyen al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Radiográfica Costarricense (RACSA), empresas públicas no financieras nacionales, además de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ambas empresas públicas no financieras municipales.
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“El eximir a los operadores públicos del requisito de tener que participar en procedimientos ordinarios de contratación administrativa por su mera condición de empresas del sector público representa una violación al principio de neutralidad competitiva”, advierte el informe.
Además de incurrir en cierta colusión y las afectaciones a la libre competencia, la Sutel señala que al limitar las contrataciones públicas se merma la posibilidad de conseguir mejores condiciones de precio, plazo de entrega y calidad de servicio.
La Superintendencia también identificó que en ocasiones se aplican otras formas de limitar la competencia en los concursos de contratación; por ejemplo, al establecer requisitos que sólo cumple una compañía o un pequeño número de empresas en el país, o al establecer metodologías de evaluación inadecuadas.
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Con base en los resultados de su análisis, el organismo regulador recomendó al gobierno que emita una política de neutralidad competitiva en compras públicas, con la finalidad de que los procesos se hagan de forma rigurosa.
Asimismo, invitó a la Contraloría General de la República a conocer y tomar en cuenta las previsiones que señala la investigación, para que ejecute acciones de promoción de la competencia en las proveedurías de la administración pública.
Este 1° de diciembre entró en vigor una nueva Ley General de Contratación Pública, lo cual puede ser una oportunidad para acabar con cualquier práctica desfavorable a la competencia. Sin embargo, la Sutel advierte que aún existe un riesgo latente que se debe resolver.
Dicha nueva legislación determina que los contratos establecidos entre entes de derecho público pueden darse de forma directa cuando el objeto contractual se encuentre dentro de las facultades legales del ente a contratar.