Durante alrededor de una década, el gobierno de Costa Rica no ha llevado a cabo de forma oportuna los procedimientos necesarios para promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico y ponerlo a disposición de los operadores móviles, lo cual ha provocado un retraso en el desarrollo de la tecnología 5G.
Así lo concluyó la Controlaría General de la República en un informe en el que escudriña la gestión del espectro que ha realizado el Ejecutivo a través de la Rectoría de Telecomunicaciones y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
El análisis advierte que la Rectoría ha implementado acciones deficientes para permitir el despliegue de las redes 5G, pues, por ejemplo, no efectuó en su momento las recomendaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones sobre adelantar procesos administrativos ante el desuso en el que se encuentran bandas de frecuencias que son prioritarias para la nueva tecnología.
Dado que este espectro se encuentra en desuso, especialmente las bandas de 2.6 y 3.5 GHz, el gobierno debía adelantar su recuperación para lanzar una subasta 5G. Sin embargo, no logró concluir esa tarea a lo largo de más de 10 años, retrasando el lanzamiento comercial de 5G y el despliegue de nuevos servicios.
La Contraloría identificó que desde 2012 la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) había informado al Viceministerio sobre el uso ineficiente del espectro por varios de varios concesionarios; entre ellos, el Grupo ICE. Pero a la Rectoría le tomó casi cuatro años hacer la valoración técnica-jurídica de los reportes del regulador.
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Además, en algunos casos el órgano rector prolongó por mucho tiempo la toma de decisiones y no atendió en absoluto las recomendaciones de la Sutel y otros departamentos. También “se constató la ausencia en la documentación de las valoraciones sobre las razones y efectos que justificaran el no inicio de acciones puntuales”, señala el informe.
Por ejemplo, al gobierno le tomó ocho años y cuatro meses emprender los mecanismos legales puntuales para un procedimiento administrativo que permitiera recuperar la banda de 3.5 GHz, a partir de que el Viceministerio le remitió el primer informe técnico acerca del estado de ese espectro. Y para actuar respecto a la banda de 2.6 GHz, le tomó ocho años y cinco meses.
Todas estas falencias evidencian “la falta de acciones concretas por parte del Poder Ejecutivo para completar oportunamente los procedimientos o mecanismos de recuperación de espectro. Aunado a ello, el sistema de control interno (SCI) que el Ministerio ha establecido no es completo, razonable, congruente ni integrado”, advierte el documento.
La Contraloría General de la República asegura en el análisis que el retraso de las acciones por parte de la Rectoría de Telecomunicaciones es responsable del rezago en la implementación de redes 5G en Costa. Y, con ello, de la demora de potenciales beneficios económicos y sociales derivados de esta tecnología.
Se calcula que un atraso de hasta cuatro años en la puesta a disposición del espectro radioeléctrico tiene un impacto negativo en el PIB equivalente a entre 4 mil 582 millones a 7 mil 364 millones de dólares, además de efectos en la profundización de la brecha digital, lo cual impacta en mayor medida a las zonas rurales.
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Por otro lado, la Contraloría determinó que el gobierno no ha llevado a cabo las acciones necesarias para la actualización del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, un instrumento para designar el espectro utilizado para los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y otras tecnologías.
Tampoco se cumplió con el programa y la meta de uso de bandas de frecuencias (890 MHz) para el despliegue de servicios 5G que establece el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021, según detalla el estudio.
La Contraloría realizó su análisis entre enero de 2016 y marzo de este año, lo cual implica que ya no se incluyen las acciones recién emprendidas por el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Chaves. Recién a principios de septiembre el Grupo ICE y el Micitt firmaron un acuerdo para que la paraestatal devuelva las frecuencias que tenía en desuso en la banda de 3.5 GHz, la cual se espera licitar para 5G.
De todas maneras, el análisis de la Controlaría evidencia una década en la que distintas administraciones no actuaron efectivamente para impulsar una gestión adecuada del espectro, lo cual generó una situación de rezago tecnológico para la nación tica.
