10 años reforma telecom | ¿La Red Compartida está cumpliendo sus objetivos sociales o es otro elefante blanco?

Uno de los proyectos de conectividad que imaginó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones para bajar los precios y expandir la cobertura de los servicios fue la Red Compartida, una red móvil mayorista obligada a vender capacidad a terceros y que funciona en la banda de 700 MHz.

La Red Compartida surgió en México en 2016 tras una licitación que fue ganada por el consorcio Altán Redes, luego de que ocurriera el apagón analógico para poder usar ese espectro.

La Red Compartida surgió como una asociación público-privada, Altán Redes puede utilizar los 90 MHz del espectro radioeléctrico y, a cambio de ello, se le impusieron obligaciones de cobertura poblacional. El consorcio tenía la obligación de cubrir 92.2 por ciento de la población de México cuando concluya el proyecto y cubrir de manera progresiva a 111 Pueblos Mágicos. Las metas eran:

– Cobertura de 85 por ciento de la población a más tardar el 24 enero de 2022 y,

– 92.2 por ciento a más tardar el 24 de enero de 2024.

Sin embargo, el consorcio solicitó prórrogas que le fueron otorgadas. La compañía estuvo haciendo malabares con una red que nació con pocas posibilidades de éxito. Altán informó a principios de 2021 que deberá extender cuatro años más, hacia 2028, el cumplimiento de su meta de cobertura de 92.2 por ciento del territorio nacional. El retraso se debe a que no alcanzó los ingresos estimados y se quedó con pocos recursos económicos para cumplir los compromisos.

Cuando el gobierno imaginó el proyecto, estimó que a finales de 2022 habría por lo menos 10 millones de usuarios masivos conectados a la red. De acuerdo con cifras de Altán Redes, actualmente hay alrededor de seis millones de personas que utilizan la Red Compartida a través de los servicios de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) como Weex, Pillofón o Izzi Móvil.

Desde su inicio de operaciones, analistas y expertos de la industria habían señalado la complejidad técnica y económica del proyecto de la Red Compartida. Entre los principales cuestionamientos se encontraban su viabilidad; el reto técnico para desplegar y operar una red pública únicamente en la banda de 700 MHz sin acceso a otras bandas del espectro; y que se haya prohibido el uso y explotación de dicha banda por el resto de operadores, además de los recursos que el Estado habría obtenido a partir de su posible licitación.

Otro de los elementos por lo que es cuestionada es que la iniciativa, que obtuvo beneficios con el objetivo de llevar cobertura a zonas desconectadas, tenga 80 por ciento de su tráfico en zonas con competencia, lo que aleja a la empresa de su objetivo de creación y, a la vez, puede distorsionar el mercado y generar una escalada de guerra de precios.

Rescate y viabilidad

En 2021, Altán Redes solicitó un concurso mercantil para reestructurar su deuda, preservar el valor de la compañía, salvaguardar los activos, su operación y los empleos de sus 250 colaboradores. El anuncio se conoce meses después de haber alcanzado un incremento de capital cuyo monto no trascendió y después de retrasar los objetivos de cobertura.

La compañía debía 250 millones de dólares a 119 empresas, según la sentencia de reconocimiento de créditos emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

En junio de 2022, Altán Redes logró un acuerdo de financiamiento entre sus acreedores. El aporte por 388 millones de dólares le permitirá seguir en operación. La inyección de capital fue realizada por el gobierno mexicano, a través de la banca de desarrollo, para salvarla de la quiebra.

El gobierno decidió tomar el control de Altán Redes como una alternativa al concurso mercantil. La administración de AMLO lo pudo hacer pues la banca de desarrollo aportó más de 29 por ciento de la inversión inicial del proyecto. De todas formas, no se trató de un proceso de nacionalización de una empresa privada, ya que en ella todavía participan otros acreedores como Morgan Stanley y China Mexico Fund.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la operación estaba en una “situación financiera delicada”, por lo que tomaron la decisión de aportar recursos, “y esa empresa que va a permitirnos que haya Internet en todos los pueblos, ya es de la nación”. El Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la administración de la empresa, dijo AMLO en conferencia matutina el 10 de junio.

Lo cierto es que la viabilidad de la asociación público-privada de la Red Compartida sigue generando dudas, más ahora con la administración del Estado, que a la vez desliza su interés en vender servicios a usuarios finales.

El sólo rescate del gobierno no parece ser suficiente para la supervivencia del proyecto, ya que debe monetizar la red y hacer cursar tráfico de voz, datos y video en la banda de 700 MHz. Para hacerlo más rentable se le debería permitir a Altán habilitar el mercado secundario de espectro, en el cual los operadores puedan rentar parte de esta banda que está subutilizada.