Telefónica de México cuestionó nuevamente la efectividad de las medidas de preponderancia impuestas en contra del grupo de América Móvil, al considerar que estas no han tenido el efecto esperado en el mercado, ya que la empresa de Carlos Slim aún posee casi tres cuartas partes de los ingresos del segmento móvil, a la vez que aún ejerce prácticas anticompetitivas.
Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista de Telefónica Movistar México, reiteró la posición de la compañía a favor de una mayor compartición de las infraestructuras pasiva y activa para un aprovechamiento más eficiente, a la vez que criticó algunas de las decisiones tomadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que no han logrado reducir la preponderancia de América Móvil.
La directiva explicó que la competencia debe transitar hacia un modelo basado en el servicio, calidad y atención al cliente, y dejar que las redes sean abiertas para todos los jugadores en el mercado, de modo que se usen de forma más eficiente y se beneficie su despliegue mediante acuerdos voluntarios de compartición y coinversión de redes.
El IFT anunció a principios del año pasado que la tercera revisión bienal de las medidas asimétricas impuestas en contra de América Móvil como Agente Económico Preponderante (AEP) podrían estar listas hasta el primer trimestre de 2024. Esta revisión pasa primero por un proceso de consulta pública en la que el AEP y sus competidores pueden aportar sus argumentos, para posteriormente ser analizada por el IFT.
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Las medidas asimétricas incluyen desde obligaciones de compartición de infraestructura pasiva, tarifas reguladas de interconexión, revisión de ofertas comerciales y replicabilidad económica, así como medidas de usuario visitante (roaming) y comercialización mayorista (Operadores Móviles Virtuales).
La directiva señaló que entre las principales demandas presentadas por Telefónica se encuentran mantener la obligación del AEP de ofrecer el modelo de usuario visitante, que se desagregue los elementos de red para compartición de infraestructura; ampliar la asimetría en tarifas de interconexión y una vigilancia más efectiva en la replicabilidad económica.
Actualmente, Movistar y otros operadores se basan en el modelo de usuario visitante para llegar atender a sus propios usuarios en zonas que únicamente están cubiertas por Telcel. De Saracho criticó que las medidas asimétricas busquen limitar este modelo a un periodo de cinco años, por lo que consideró que se debe ampliar, ya que habrá zonas donde difícilmente se podría instalar infraestructura de otro operador.
Añadió también que este modelo ofertado por el AEP también debería estar sujeto a una revisión de tarifas de referencia, a la vez que los clústers de servicio deberían desagregarse en más mercados, para no obligar a los operadores más pequeños a pagar por zonas donde sí tienen presencia.
Por otro lado, De Saracho indicó también que se debería abrir aún más la compartición de infraestructura, de modo que los operadores puedan acceder sólo a los elementos que se requieren. Señaló que la tecnología de las redes ya está lista para facilitar este proceso, por lo que es un tema de regulación, y reiteró que el IFT debe pensar en nuevos modelos de compartición.
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La directiva también criticó el estado actual de las tarifas de interconexión con el AEP, especialmente después de que la Suprema Corte de Justicia considerara que la llamada “tarifa cero” era inconstitucional. Telefónica consideró que se debe ampliar la asimetría entre las tarifas de interconexión del AEP con el resto de operadores, ya que aún hoy Telcel mantiene un saldo positivo por ingresos de interconexión.
Otra de las medidas que habían sido solicitadas por Telefónica es la revisión de los canales de distribución, ya que criticó que algunos de estos ofrecen diferentes condiciones entre el AEP y el resto de operadores para la venta de SIMs y otros servicios, o trabajan de forma exclusiva con Telcel, por ejemplo, las tiendas pertenecientes a Grupo Carso como Sears y Sanborns.
Finalmente, De Saracho advirtió que las medidas de replicabilidad económica no garantizan la competitividad del resto de jugadores como era el objetivo de la ley de telecomunicaciones. Consideró que el modelo debe incorporar ciertos cambios, como una evaluación ex-ante, hacer análisis por oferta individual y no agregada, y tomar en cuenta las promociones y subsidios de equipos.