El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dispuso cambios en las reglas que aplican para la provisión de telefonía pública en Argentina. En concreto, se modificó el Plan Nacional de Telefonía Social Pública, en atención a la “marcada merma en la demanda” de teléfonos públicos en el país. Se mantendrán ciertas obligaciones para los licenciatarios Telecom Argentina y Telefónica.

La normativa vigente hasta el momento establecía que el servicio debía prestarse mediante la conexión de aparatos telefónicos de uso público en zonas con importante densidad poblacional de bajos recursos económicos y entidades de interés; la autoridad podía determinar la ubicación de hasta un 5 por ciento del total de aparatos a ser instalados por cada operador. Desde ahora, sólo deberán garantizar la permanencia de teléfonos públicos en lugares de interés público determinados por el regulador.

Los cambios no aplicarán, por ejemplo, al ámbito de servicios penitenciarios, por entenderse que en estos sitios los aparatos “cumplen un rol relevante en el resguardo del derecho de comunicación de las personas privadas de su libertad”. También se considera necesario garantizar la subsistencia de terminales de este tipo en centros de salud, palacios de Justicia, terminales de transporte y comisarías, entre otros.

El nuevo texto señala como argumento que las redes de comunicaciones móviles han alcanzado un alto grado de penetración en todo el territorio, además de que buena parte del parque de teléfonos públicos ya fue retirado por falta de demanda y hechos de vandalismo.

Un nuevo proyecto normativo busca reencauzar los esfuerzos de conectividad en Perú, permitiendo a los operadores de telecomunicaciones sustituir sus obligaciones con la prestación del servicio de telefonía pública por la cobertura de Internet de banda ancha.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el proyecto de decreto que aprueba el Reglamento de la Ley para el Fomento de un Perú Conectado, en el cual establece las disposiciones para el reemplazo de dichas obligaciones.

Dado que la población utiliza cada vez menos los teléfonos públicos, la intención del gobierno es que la conectividad se mueva hacia el servicio de Internet, que manifiesta una mayor demanda.

Los operadores podrán sustituir sus obligaciones de telefonía pública por el Internet de banda ancha en centros poblados rurales o de preferente interés social, y en caso de que el teléfono público que se vaya a quitar tenga un tráfico promedio menor a tres minutos diarios durante el último año.

En su lugar, podrán proponer al MTC proyectos de nuevas obligaciones contractuales que propicien la reducción de la brecha de acceso a Internet, expandan los servicios de voz y banda ancha, y cuyos costos de implementación, operación y mantenimiento sean iguales a los de la telefonía pública.

Al menos el 55 por ciento de los teléfonos públicos en el país se encuentran en desuso, según datos del Ministerio.

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Con este cambio, el gobierno plantea la necesidad de la actualización tecnológica y de aprovechar las obligaciones de cobertura de los concesionarios de telecomunicaciones para desplegar servicios que necesita la población.

Además, el proyecto de reglamento establece la forma en la que el gobierno definirá los centros poblados calificados como áreas rurales o lugares de preferente interés social para el desarrollo de servicios públicos de telecomunicaciones.

El decreto señala que el MTC, el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) deben contar con información exacta y actualizada sobre los centros poblados para guiar su toma de decisiones.

Por esa razón, se creará un Listado Oficial de Centros Poblados, el cual se actualizará periódicamente (cada dos años) y excepcionalmente cuando lo amerite.

Será una nueva comisión la encargada de elaborar dicho listado. El decreto indica que esta comisión especial se conformará por diferentes funcionarios del Ministerio, Osiptel, Pronatel y el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La comisión también podrá convocar a invitados de la sociedad civil, instituciones académicas y de investigación, empresas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos regionales y locales y a otros representantes de interés.

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El trabajo de la comisión será desarrollar el listado, recabar la información necesaria, proponer actualizaciones, plantear correcciones de datos y evaluar consultas referidas al listado.

Por otro lado, el reglamento que busca aprobar el MTC contempla disposiciones sobre el alcance de la obligación de velocidad mínima garantizada para las conexiones de banda ancha fija y móvil.

El documento detalla que la velocidad mínima garantizada será exigible únicamente para aquellas conexiones de acceso a Internet comercializadas como Internet de banda ancha móvil o fija.

Lo anterior, según el proyecto de decreto, brindará mayor predictibilidad acerca de los parámetros de aplicación de la normativa de velocidad mínima, una ley que ha sido muy polémica en Perú debido a que los proveedores de servicios advierten que garantizar un parámetro mínimo de rapidez no sólo depende de ellos mismos, sino de múltiples factores como la falta de energía eléctrica o las condiciones geográficas.

La iniciativa de decreto estará abierta a consulta pública hasta finales de este mes de abril. El Ministerio publicará una versión final luego de procesar los comentarios de las partes interesadas.

Reforma Alejandro González

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá reabrir una investigación que determinó cerrar sobre el caso entre Comercializadora Nacional Telefónica (Conatel) y Telmex, en donde la primera denunció prácticas anticompetitivas de la firma de Carlos Slim.

Silvia Cerón Fernández, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, determinó que se deje sin fundamento el acuerdo del Pleno del IFT y emita otro ya que hubo violaciones al proceso.

“Al haberse demostrado que como lo indicó la parte quejosa en su demanda, la autoridad responsable violó sus derechos fundamentales al no haber motivado suficientemente el Acuerdo P/IFT060219/68 , es inconcuso que el concepto de violación analizado resulta fundado y suficiente para conceder el amparo”, advierte la sentencia.

En 2016, Conatel realizó ante la Autoridad Investigadora (AI) del IFT una denuncia en contra de Telmex que presuntamente vendía a Conatel el servicio de telefonía pública con una renta fija de 150 pesos por línea en cada caseta, lo que ocasionaba que sus tarifas al usuario fueran superiores a las que Telmex ofrecía en sus casetas.

Sin embargo, el IFT decidió cerrar la investigación en 2018, a pesar de inconsistencias que denunció la propia Conatel.

Manuel Paniagua, propietario de Conatel, afirmó que además de la renta fija a Telmex, debía pagarle 1.80 pesos por llamada a celulares, por lo que la tarifa a sus clientes es de 5 pesos, en tanto que la empresa de Carlos Slim cobra 1.50 pesos por llamada.

La sentencia detalla que el Pleno del IFT no realizó un estudio y sólo se limitó a hacer una breve síntesis de lo que refirió la Autoridad Investigadora del propio regulador.

“Se advierte que para adoptar su decisión, el Pleno del Instituto únicamente se limitó a hacer una breve síntesis de lo referido por la Autoridad Investigadora, y en tan sólo unas líneas se pronunció respecto de las cuatro conductas que habían sido materia de la investigación, sin realizar un estudio propio de las constancias que integraban el expediente administrativo de marras, ni menos aún analizar las conductas denunciadas desde la perspectiva económica que se requería para pronunciarse respecto de su actualización”, advierte la sentencia.

Las conductas anticompetitivas a las que se refiere la sentencia y que denunció Conatel ante el IFT fueron depredación de precios, discriminación de precios, obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda, y estrechamiento de márgenes.

Gestión-Vanessa Ochoa Fattorini

Hace unos 29 años ocurría lo que para los millennials hoy son recuerdos vagos y para lo centennials lo inimaginable. En las calles, ante una emergencia, la búsqueda y hallazgo de una cabina de teléfono público se convertía en la solución al problema; el tener un teléfono fijo era básico en el hogar y el hacerse de uno no era cosa fácil.

Un trámite para adquirirlo podía demorarse no meses, sino años, y claro, sumando a interminables colas. Y el alcanzar el ansiado aparato era una victoria. Ya estábamos listos para comunicarnos. Era nuestro nivel de inmersión con el mundo, aunque muchas veces con límites. Claro, las tarifas no eran bajas y la palabra “plan” no tenía una connotación ligada a las telecomunicaciones.

Hoy el mundo evolucionó y nosotros con él. Y sin duda el teléfono celular desplazo –aunque no del todo- al teléfono fijo y a las cabinas naranjas y luego azules de Telefónica del Perú que podían ser usadas con monedas.

Quien nos puede dar más alcances de toda esa historia esTelefónica del Perú . Milagros Montenegro, Vicepresidenta de Estrategia y Asuntos Públicos de la compañía. “Aunque la telefonía fija jugó un papel muy importante en las comunicaciones de las personas a partir de los años noventa, en 1993 el Perú mostraba uno de los índices más bajos de penetración de las telecomunicaciones en América Latina”, comentó.

Para darnos una idea, en ese año, solo tres peruanos de cada 100 tenían teléfono, por debajo de Bolivia, Uruguay, Ecuador, Chile y Colombia. Y para que el teléfono llegara al hogar el tiempo de espera podía llegar a 70 meses.

Jaime Briceño, docente de la carrera de Marketing de USIL, destaca que hemos pasado desde esos años de una telefonía fija extremadamente cara, que podía costar miles de dólares solo “la membresía”, sumado a un cargo fijo mensual elevado.

Hoy la telefonía fija ha pasado a ser accesoria. “Las líneas fijas hoy se han vuelto prepago y si no hablas no tienes que pagar”, sostuvo. “Es sencilla acomodada al uso del cliente”, agregó. Pero no se extingue, en eso Briceño es claro, es una alternativa a lo que hoy existe y pasó a un segundo plano. Otro aspecto que destacó es que la telefonía fija se ha vuelto transversal, ya no es elitista. 

El adiós de la telefonía pública.

Pero si hablamos de extinción la palabra calza bien en la telefonía pública, y fue la telefonía móvil la que lo ocasionó. Briceño dice que desde hace unos años, personas vendían llamadas desde móviles, aunque esto también va disminuyendo ante la masividad de los teléfonos celulares.

Para Montenegro, durante años la telefonía pública cumplió un rol muy importante para facilitar la comunicación y desarrollo de cualquier actividad económica, social o familiar, especialmente en aquellas localidades donde no había otra forma de comunicación, pero las cifras no mienten

Es así como la estrella de las últimas casi tres décadas es la telefonía móvil. En los años 90, ya empezaban las primeras empresas de celular como la italiana TIM y se tenía el modelo Nokia 3008 o marcas como Motorolla y Audiovox, pero en sí con una oferta limitada.

“Hemos pasado de pantallas negras muy pequeñas a multicolor, y en el camino, en todos estos años evolucionando en tamaños y con una suma de marcas que siguen llegando”, indicó Briceño.

A su turno, Montenegro consideró que el verdadero despegue de la telefonía móvil empezó de la mano del nuevo milenio. “En el año 2001, Movistar tenía 1 millón de líneas móviles y en el 2016 ya contaba con más 5 millones de líneas activas”, sostuvo.

El crecimiento en el uso de la telefonía móvil vino con el avance de las tecnologías y la masificación de los terminales móviles, agregó la ejecutiva. “Solo en los últimos quince años se ha pasado de la voz a los datos móviles, con la llegada de los smartphones, el 3G y el lanzamiento del 4G/LTE en 2014. Hoy en día los datos son el principal servicio que buscan tener los clientes por la ubicuidad de la conexión”, refirió.

Pero el objetivo es uno solo dice Briceño “El objetivo es comunicarnos y solo ha cambiado la forma, ahora lo podemos hacer donde sea y estamos omnipresentes, el fondo es el mismo”, comentó. 

Reforma – Alejandro González

La empresa Comercializadora Nacional Telefónica (Conatel), que ofrece servicios de telefonía pública, se amparó contra la resolución del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de cerrar un expediente que planteaba presuntas prácticas monopólicas por parte de Telmex.

En 2016, Conatel realizó ante la Autoridad Investigadora (AI) del IFT una denuncia en contra de Telmex que presuntamente vendía a Conatel el servicio de telefonía pública con una renta fija de 150 pesos por línea en cada caseta, lo que ocasionaba que sus tarifas al usuario fueran superiores a las que Telmex ofrecía en sus casetas.

Manuel Paniagua, propietario de Conatel, afirmó que además de la renta fija a Telmex, debía pagarle 1.80 pesos por llamada a celulares, por lo que la tarifa a sus clientes es de 5 pesos, en tanto que la empresa de Carlos Slim cobra 1.50 pesos.

Paniagua dijo que el amparo recibido por el Juzgado Segundo en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, es para solicitar que el caso se reabra, pues la AI del IFT no realizó una investigación exhaustiva.

De acuerdo con la sesión del Pleno del IFT en donde discutieron el tema, tres comisionados votaron en contra del cierre de la investigación, pues consideraron que falta definir el mercado relevante pues en la investigación no se realizó.

“Observo que existe una definición de mercado relevante tal y como lo marcan las disposiciones regulatorias, no lo encuentro en ninguno de los puntos, no se demarca y, por lo tanto, pues no se puede llegar a las siguientes conclusiones porque no se define ningún mercado relevante”, advirtió el comisionado Arturo Robles Rovalo.