Tele.Síntese
A proposta foi apresentada como uma solução para dois desafios que, segundo o executivo, surgirão nos próximos anos: a necessidade de ampliar a disponibilidade de frequências sub-1 GHz para as operadoras regionais e o risco de deterioração da qualidade da cobertura móvel em áreas rurais e localidades remotas ao final da década.
mais…

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) iniciou a implementação do Plano de Monitoração do Espectro de Mobilidade (PM-EM), estrutura permanente de acompanhamento das faixas de radiofrequência usadas por redes móveis no Brasil. 

A medida reforça a fiscalização preventiva do espectro e amplia a base técnica para decisões regulatórias ligadas à expansão do 5G e à futura transição para o ecossistema IMT-2030/6G.

O plano, conduzido pela Superintendência de Fiscalização (SFI), prevê medições contínuas e padronizadas das faixas móveis, com uso de novas estações de monitoramento, automação e ferramentas analíticas. A agência afirma que o objetivo é antecipar riscos de interferência, apoiar ações de fiscalização e subsidiar o planejamento do espectro.

O principal possível impacto para as operadoras está na criação de uma base contínua de dados técnicos sobre o uso das faixas móveis. Esses dados deverão apoiar estudos de convivência espectral entre redes terrestres e satelitais, incluindo NTN (redes não terrestres), Direct-to-Device (D2D), Wi‑Fi outdoor de alta capacidade e serviços satelitais de nova geração.

A iniciativa também deve subsidiar decisões sobre atribuição, canalização e eventual refarming de faixas, tema central para a expansão do 5G e para o planejamento das futuras redes 6G.

Recomendamos: Anatel encomenda “calculadora” para leilão de espectro 6G

Os testes-piloto do PM-EM foram realizados entre abril e maio em Santa Catarina, incluindo medições em Florianópolis e municípios do interior com alta densidade de redes 4G e 5G. A Anatel informou que, após o refinamento da metodologia, o sistema será implementado de forma contínua em âmbito nacional.

O desenvolvimento do plano contou com soluções do Laboratório de Inovações da SFI e parcerias com instituições como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para ensaios em câmara semianecoica com o Senai Cimatec.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) inició la implementación del Plan de Monitoreo del Espectro de Movilidad (PM-EM), una estructura permanente de seguimiento de las bandas de radiofrecuencia utilizadas por las redes móviles en Brasil.

La medida refuerza la fiscalización preventiva del espectro y amplía la base técnica para decisiones regulatorias vinculadas a la expansión del 5G y a la futura transición hacia el ecosistema IMT-2030/6G.

El plan, liderado por la Superintendencia de Fiscalización (SFI), contempla mediciones continuas y estandarizadas de las bandas móviles mediante el uso de nuevas estaciones de monitoreo, automatización y herramientas analíticas. 

La agencia afirma que el objetivo es anticipar riesgos de interferencia, apoyar las acciones de fiscalización y respaldar la planificación del espectro.

El principal impacto potencial para los operadores radica en la creación de una base continua de datos técnicos sobre el uso de las bandas móviles. Estos datos servirán de apoyo para estudios de convivencia espectral entre redes terrestres y satelitales, incluidas las NTN (redes no terrestres), Direct-to-Device (D2D), Wi-Fi outdoor de alta capacidad y servicios satelitales de nueva generación.

La iniciativa también deberá respaldar decisiones sobre atribución, canalización y eventual refarming de bandas, un tema central para la expansión del 5G y la planificación de las futuras redes 6G.

Recomandamos: Anatel encarga “calculadora” para subasta de espectro 6G en Brasil

Las pruebas piloto del PM-EM se realizaron entre abril y mayo en Santa Catarina, e incluyeron mediciones en Florianópolis y municipios del interior con alta densidad de redes 4G y 5G. Anatel informó que, una vez refinada la metodología, el sistema será implementado de forma continua a nivel nacional.

El desarrollo del plan contó con soluciones del Laboratorio de Innovaciones de la SFI y con alianzas con instituciones como el Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), la Universidad de Brasilia (UnB) y la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) para realizar ensayos en cámara semianecoica junto con Senai Cimatec.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Paraguay definió la segunda subasta de espectro para 5G por las bandas de 2.3 y 3.5 GHz, que se realizará el 10 de julio de este año. Esta licitación se produce luego de que en agosto pasado, dos de los tres principales operadores del país, Tigo y Personal, no se presentaran al primer concurso por el condicionamiento del pliego sobre el origen de proveedores de equipos.

El pliego de bases y condiciones generales contempla poner a disposición dos lotes de frecuencias: los segmentos de 2,300 a 2,350 MHz y 2,350 a 2,400 MHz (lote 1) , así como las sub-bandas de 3,700 a 3,750 MHz y 3,750 a 3,800 MHz (lote 2).

Además, la Comisión podría habilitar un tercer lote si algún operador con 200 MHz espectro asignado previamente en la banda de 3.5 GHz decidiera liberar parte de sus frecuencias para participar en el nuevo concurso.

Este eventual lote estaría integrado por bloques contiguos de 100 MHz ubicados en los rangos 3,400 a 3,500 MHz o 3,600 a 3,700 MHz. 

Bajo un modelo de subasta simultánea ascendente, el proceso busca impulsar la expansión de la tecnología 5G a nivel nacional, promover la compartición de infraestructura como resultado del proceso y, entre otras cosas, ampliar la cobertura de conectividad.

Además del despliegue del servicio móvil, las bases de la subasta determinan que, por cada 100 MHz adjudicados, los operadores deberán contribuir al fortalecimiento de la Red Nacional de Fibra Óptica mediante la provisión de nodos para la red troncal DWDM del Estado.

Te puede interesar: 5G llega a Paraguay gracias a la inversión de Claro de 35 mdd

El pliego también contempla que las empresas tendrán que proveer conectividad de última milla a 1,000 establecimientos públicos de salud, seguridad y educación por un periodo extendido de 60 meses. 

Sin embargo, la Comisión ofrece la posibilidad de solicitar una exención temporal de estas obligaciones sociales a cambio de inversiones alternativas específicas.

De acuerdo con el cronograma del proceso, en este momento y hasta el 15 de junio, la Conatel está recibiendo aclaraciones de oficio. Las consultas sobre el pliego podrán realizarse hasta el 25 de junio. Y la recepción de solicitudes de los postores se llevará a cabo hasta las 9:00 horas del 10 de julio, mismo día en el que se procederá con la apertura de ofertas.

Nueva subasta, misma restricción

El pliego de condiciones para esta nueva licitación mantiene requisitos que podrían impedir la participación de algunos proveedores de infraestructura con amplia presencia en América Latina, entre ellos Huawei.

Particularmente, en las bases existen dos elementos: una cláusula de reciprocidad comercial y exigencias específicas de certificación para los proveedores de redes.

Aunque el pliego de la Conatel no menciona directamente a Huawei ni a ninguna firma de origen chino, los requisitos implican la prohibición de la participación de ciertos fabricantes en la cadena de valor del despliegue de 5G.

Relacionado: Estados Unidos aplaude la licitación 5G de Paraguay que excluyó a Huawei

Nubicom

En el primer concurso, una de las licencias fue adjudicada a Nubicom Paraguay, una empresa que enfrentó cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego. Además, recientemente venció el plazo inicial de 180 días para la instalación y puesta en funcionamiento de la red, la compañía no habría realizado anuncios públicos ni mostrado avances concretos en el despliegue comercial de servicios 5G.

Prensa Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

El Gobierno ha manifestado su apoyo a la propuesta de la Comisión Europea para reservar, por primera vez, una parte del espectro satelital a compañías europeas, tal y como había reclamado España hace un mes. Así lo ha trasladado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su participación en el Consejo de Telecomunicaciones de la Unión Europea.

“Es una buena noticia que, por primera vez, vayamos a tener un espacio reservado para proveedores europeos”, ha celebrado el ministro a su llegada al Consejo. López ha defendido alcanzar un “equilibrio” entre la “libertad de mercado” y la necesidad de “reforzar la soberanía europea”, objetivo que se persigue con el nuevo plan de la Comisión.

El pasado 27 de mayo, Bruselas presentó una propuesta de Reglamento donde propone, por primera vez, reservar frecuencias de la banda de 2 GHz, la adecuada para comunicaciones móviles por satélite, solamente para operadores europeos. Este cambio responde a la asunción por parte del Ejecutivo comunitario de que la conectividad por satélite es un elemento fundamental de la soberanía tecnológica, la seguridad y la defensa europeas, un enfoque con el que coincide plenamente España.

Fue precisamente el Gobierno español, por boca del ministro Óscar López, y apoyado por Francia, quien puso hace un mes esta cuestión encima de la mesa, en la reunión informal de ministros de Telecomunicaciones del 29 de abril en Chipre. “Es el momento de decidir si queremos que nuestros cielos sean más fuertes o dependientes”, defendió entonces el ministro.

En estos momentos, dos empresas estadounidenses tienen las licencias para el uso de las frecuencias de estas bandas, pero esos permisos expiran en  mayo de 2027. El uso de estas frecuencias ha sido escaso hasta ahora, pero el sector satelital ha experimentado transformaciones profundas con la aparición de constelaciones de órbita baja LEO, los D2D (direct to device) que funcionan como torres de telefonía en el espacio, o el desarrollo de servicios críticos que afectan a cuestiones de soberanía al depender de entidades extranjeras para su prestación.

Un reparto del espectro que prioriza a empresas europeas

En concreto, el texto de la Comisión propone destinar un tercio de la banda satelital de 2GHz a comunicaciones críticas, seguridad y defensa y que haya un operador de la UE que garantice la integración con las capacidades actuales y futuras de la infraestructura del programa de conectividad segura de la Unión, IRIS².

La propuesta también incluye que dos tercios de la banda de 2 GHz se dediquen a uso comercial, como los servicios de conectividad por satélite directamente a dispositivos móviles, garantizándose así la cobertura móvil cuando las redes terrestres no estén disponibles. También podrá utilizarse para el internet de las cosas, por ejemplo, dispositivos de seguimiento de la forma física personal, control de la energía y dispositivos de respuesta a emergencias.

El espectro de esta parte comercial de la banda se dividiría a partes iguales para su uso por parte de los operadores de la UE que entren en el mercado, para fomentar la diversificación de los proveedores e incentivar la entrada en el mercado de proveedores de la UE, por una parte; y su uso por parte de operadores de la UE y de fuera de la UE.

En Luxemburgo, el ministro López también ha pedido a Europa “apostar más por el programa IRIS²”, en línea con el compromiso recientemente anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dedicar más recursos económicos y capacidades industriales al programa a través de una contribución nacional adicional.

Revisión de la Ley de Ciberseguridad

En el Consejo se han tratado otros asuntos como la revisión de la ley de ciberseguridad o la propuesta de construcción de una cartera digital europea para empresas (European Business Wallet). En relación con el primero, el ministro López ha reivindicado que los Estados miembros deben seguir teniendo un papel en la definición de las cadenas de suministro de nuevas tecnologías que afectan a la seguridad nacional.

Respecto al European Business Wallet, López ha respaldado la iniciativa de simplificar los trámites que las empresas han de hacer con las administraciones, pero ha pedido que los estándares que se fijen para esta herramienta común no supongan un retroceso para los países más avanzados en la digitalización de sus servicios públicos, como es el caso de España.

Éste ha sido el último Consejo de Ministros de Telecomunicaciones presidido por Chipre, que cederá el testigo a partir del 1 de julio a Irlanda, un país que ya ha avanzado que quiere hacer de la protección de los menores en el mundo digital una de sus prioridades. López ha confiado en que durante la presidencia irlandesa se avance hacia el objetivo de establecer a nivel europeo una mayoría de edad digital para el acceso a las redes sociales, en línea con las iniciativas legislativas puestas en marcha en España y Francia para fijar una edad mínima de acceso, 16 años en el caso de España, 15 en el de Francia. 

Mientras Uruguay avanza hacia la conectividad universal y profundiza su estrategia de transformación digital, el gobierno ya pone la mirada en los desafíos de una nueva etapa: cerrar las brechas de uso, atraer inversiones vinculadas a la Inteligencia Artificial y fortalecer la ciberseguridad. En paralelo, prepara una nueva subasta de espectro en un proceso que iniciará este año.

Pablo Siris, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), conversó con DPL News sobre los planes del gobierno en materia de conectividad, espectro, IA, Centros de Datos y regulación de plataformas digitales. También destacó el rol de Uruguay en la construcción de una agenda regional de cooperación digital y buenas prácticas regulatorias.

Nicolás Larocca: Uruguay presenta buenos índices de cobertura. ¿Cuáles son, en este contexto,  los retos de conectividad en el plano local?

Pablo Siris: El desafío para este, y entiendo para el resto de los gobiernos del mundo, es lograr la conectividad universal. En Uruguay queremos lograrlo efectivamente. Antel cubrió en estos días todos los pueblos de más de 1,000 habitantes, lo que nos pone en un lugar único en las Américas, y aspiramos a conectar a los de más de 500 habitantes este año y a todos los sitios de más de 100 personas para el fin del mandato. Tenemos la disposición de llegar a todos lados.

Por otra parte, ya superamos el 98% del territorio cubierto con LTE y tenemos un muy buen alcance de 5G.

En este contexto, el desafío que nos planteamos es el de las brechas de uso. Las últimas encuestas nos muestran que hay brechas que se van abriendo suavemente y las estamos revisando, con diferencias particularmente por condición socioeconómica, nivel educativo o edad. Por ejemplo, el 75% de los uruguayos de entre 15 y 29 años usa IA pero el porcentaje baja al 6% en mayores de 60 años.

Nicolás Larocca: Mencionó a Antel. ¿Cuál es la estrategia para fomentar las inversiones privadas en Uruguay mientras se protege a la estatal?

Pablo Siris: En Uruguay hay convivencia entre el operador público y privados desde principios de la década del 90. El mismo régimen se mantiene desde entonces y consideramos que es un aliciente para la inversión extranjera en Uruguay, por su seguridad jurídica y estabilidad institucional. Nadie tomará medidas que afecten lo que fue construido en sucesivas capas y que fueron útiles para la realidad en la que estamos hoy.

Hubo debates sobre este tema y nuestro país tiene mecanismos institucionales, administrativos y jurídicos para subsanar los inconvenientes que puedan surgir. Dicho esto, no tenemos previstos cambios en este sentido.

Nicolás Larocca: Los cableoperadores pueden dar Internet en Uruguay.  ¿Hay una mejor oferta en el servicio? ¿Cuál es la percepción de Dinatel sobre este punto?

Pablo Siris: No existe caso en el territorio nacional donde no haya fibra de Antel y sí un cablero dando Internet. Por eso yo me posicioné en contra de la decisión que se terminó adoptando, porque entendía que era pescar en la pecera y que no tenía sentido considerando la altísima inversión estatal realizada en la materia. No estaba previsto, igualmente, afectar lo establecido en la norma aprobada al fin del período anterior, aunque fue hecha un poco a las apuradas y tiene sus complejidades.

La realidad hoy es que quienes hicieron uso de esta posibilidad o realizaron inversiones son los grandes capitales de los medios de comunicación asociados a los tres canales privados de Montevideo y a su empresa de instalación de servicios de TV para abonados y no esos pequeños del interior de los que se hablaba.

Nicolás Larocca:  ¿Analizan una nueva subasta de espectro?

Pablo Siris: Sí, la decisión de pensar en una subasta de espectro radioeléctrico para este periodo tiene que ver con la necesidad de los operadores móviles de brindar mejores servicios. Habían quedado algunas porciones de espectro en bandas ya subastadas que podrían ponerse a disposición, entonces estamos tratando de ordenar el espectro. Estamos en proceso de análisis respecto a qué y cómo exactamente pero sucederá pronto.

Nicolás Larocca:  ¿Cuál es el roadmap y qué bandas estarán involucradas?

Pablo Siris: En este momento no hay proceso de revisión de la banda de 3.5 GHz, no puedo darte más precisiones de qué bandas sí para evitar especulaciones. Vamos a ponerlo a disposición de los operadores en breve: este año saldrá el decreto convocando a la subasta.

Nicolás Larocca:  ¿Mantendrán las particularidades de adquisición por parte de Antel? ¿Qué condiciones o tipo de proceso evalúan?

Pablo Siris: Sí, en Uruguay hay una práctica acordada de que Antel no participa del proceso pero sí luego paga el precio promedio de las demás. Además, este operador indica si tiene interés por alguna banda y se le reserva. Esto se va a mantener, aunque en cada proceso hay alguna pequeña innovación.

En la subasta de 2023 se incorporaron obligaciones de despliegue laxas, era prácticamente imposible incumplirlas. La cobertura en Uruguay es muy buena así que no tendría sentido involucrar compromisos de ese tipo; seguramente sea una subasta del tipo tradicional.

Nicolás Larocca: ¿Cómo trabajan o cuál es el análisis de Dinatel en tres cuestiones recurrentes en los debates del sector: desarrollo de IA, proliferación OTT y más riesgos en el ciberespacio?

Pablo Siris: En IA hay mucho trabajo. La Universidad de la República estableció un protocolo de uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito académico que valoramos mucho. Uruguay también lanzó el Primer Consejo Empresarial por la Ética de la IA a nivel nacional, iniciativa impulsada por la Unesco; presentamos la iniciativa Entornos controlados de prueba o sandboxes para el desarrollo de Inteligencia Artificial; contamos con una Estrategia Nacional de IA y datos y más, como la incorporación de herramientas para la administración pública. En ese mismo sentido, buscamos inversión extranjera para centros de datos y trabajamos para acompañar esa reconversión en las industrias.

La ciberseguridad es un tema dramático en todo el mundo. Implementamos nuevas medidas de seguridad en el Estado y trabajamos en campañas de concientización. También estamos pendientes de que las redes de datos en nuestro país tengan las condiciones de seguridad requeridas. Por eso es tan importante que la empresa estatal cuente con su propio Data Center, que es además uno de los más seguros de la región y en el que están alojados los datos de organismos del Estado. En este aspecto también valoramos la apuesta de Antel por instalar un nuevo Data Center para IA y la decisión de Google de instalar un Centro de Datos aquí.

Sobre los OTT, lo que consideramos relevante es propiciar el debate sobre la regulación de las plataformas de contenidos y de difusión de la información. Cualquier decisión que se tome buscará tener los más amplios consensos.

Nicolás Larocca: Uruguay presentó recientemente su Estrategia Digital con foco en la modernización de la administración pública. ¿Cuál es la situación actual y cuáles los objetivos en el mediano plazo?

Pablo Siris: Consideramos que es algo fundamental. Uruguay tiene una particularidad: el 100% de los trámites en nuestro país pueden iniciarse online. Sin embargo, está el desafío del que ya hablamos de que no todos tienen tramitada su identidad digital y tampoco todos saben acceder. Entonces, parte del objetivo  es ese: desde el uso de agentes que orienten al usuario hasta la capacitación de funcionarios para poder asesorar. Queremos ser más eficientes y lo digital no solo promueve eso sino que también contribuye a indicadores como la transparencia.

Nicolás Larocca: ¿Cómo está Uruguay en la discusión regional en materia digital? ¿Qué puede aportar y qué debe aprender de ese diálogo?

Pablo Siris: Este mes termina el semestre en el que Uruguay le tocó ejercer la presidencia temporal del consenso de Brasilia, y uno de los subgrupos que le tocó coordinar fue el de conectividad digital. Se trataron, entre otros, cinco temáticas centrales: infraestructuras digitales, roaming a nivel regional, firma electrónica, uso de sistemas de telecomunicaciones para alertas tempranas y buenas prácticas regulatorias.

Hemos tenido una interacción extraordinaria entre los países de la región. El balance que hacemos es sumamente positivo. En algunos casos no solo identificamos prácticas interesantes sino que hemos abordado posibilidades de trabajo conjunto, de criterios comunes. Creo que Uruguay tiene mucho para dar y mucho para aprender porque hay experiencias extraordinarias en toda la región.

El Economista Jorge Bravo

La economía mexicana no tiene demasiado margen de maniobra. El PIB creció 0.7% en 2025, el menor avance desde 2020. El Banco de México rebajó su pronóstico para ese año hasta 0.1%. La OCDE lo situó en 0.4%. El FMI llegó a proyectar una caída de 0.3%. Las cifras varían según el organismo y el momento, pero todas apuntan a un estancamiento. México no está en recesión técnica todavía, pero no significa que la economía vaya bien.

En ese contexto adverso, el gobierno necesita motores de crecimiento. La inversión privada está frenada por la incertidumbre arancelaria con Estados Unidos y la reforma judicial. El gasto público tiene un techo apretado. La obra en infraestructura está en pausa. Uno de los pocos mecanismos disponibles para estimular la inversión real, inmediata y con efectos transversales en la economía es la licitación de espectro radioeléctrico 5G.

La nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó la liitación que incluirá concesiones para redes inalámbricas industriales y 5G. Para saber si ese proceso se hará bien, la respuesta pasa necesariamente por el precio del espectro.

México tiene uno de los espectros más caros del mundo. Según la asociación de la industria móvil GSMA, el espectro en México está 60% por encima del promedio internacional. Este sobrecosto es un obstáculo para que los operadores participen e impide el uso efectivo del recurso para cerrar la brecha digital. La GSMA revela que el costo anual del espectro como porcentaje de los ingresos recurrentes de los operadores duplica la mediana latinoamericana y podría triplicarla.

El incremento de los costos del espectro a un ritmo mucho mayor que los ingresos de los operadores forzó a dos empresas a devolver frecuencias entre 2019 y 2023. La subasta de 2021 (IFT-10) terminó con 38 de 41 bloques sin ofertas. México es el único país de la región donde la cantidad de espectro asignado para servicios móviles se ha reducido, por debajo de las recomendaciones de la UIT y del promedio de la OCDE.

Si se considera que la demanda de datos crece sin pausa y que la conectividad es infraestructura productiva, México tiene menos espectro asignado hoy que hace unos años. El extinto IFT reconoció que los altos montos por el uso del espectro inhiben la participación en licitaciones, provocan la devolución del recurso y funcionan como una barrera artificial a la entrada de nuevos competidores.

Cuando hay licitación de espectro bien diseñada, hay inversión. El espectro es el insumo fundamental de las redes móviles. Sin frecuencias asignadas, no se construyen torres, no se instalan antenas, no se despliega fibra óptica para conectarlas, no se activan nuevos servicios. El espectro abre la cadena de inversión.

La subasta 5G de Brasil de 2021 recaudó 8,500 millones de dólares de cuatro operadores nacionales, con un enfoque en despliegue y no recaudación. Colombia proyecta una inversión de 7,000 millones de dólares en diez años gracias a la licitación de la banda de 3.5 GHz, que recaudó 325 millones de dólares. Chile obtuvo 450 millones de dólares en su primera subasta 5G de 2021.

La diferencia entre esos resultados y los de México es la política de precios. Brasil no diseñó su licitación 5G para maximizar la recaudación del Estado, sino la inversión y la inclusión digital. El modelo brasileño es un ejemplo a seguir porque estableció como objetivo la inclusión digital y la innovación, no la recaudación fiscal. Ese enfoque generó más inversión privada en infraestructura que cualquier subasta de precio elevado.

Las licitaciones de espectro no es un asunto de operadores de telecomunicaciones, sino de toda la economía.

Una red 5G desplegada con espectro suficiente transforma industrias. En manufactura, habilita fábricas conectadas en tiempo real, con automatización y control remoto de procesos. En agricultura, permite sensores, drones de precisión y gestión de riego inteligente. En logística, conecta cadenas de suministro. En salud, facilita telemedicina y monitoreo remoto de pacientes. En educación, lleva banda ancha a zonas donde hoy no llega. En servicios financieros, da soporte a la banca móvil en regiones desatendidas por la banca tradicional.

El contexto de bajo crecimiento vuelve más valiosa la licitación 5G. Es importante que la autoridad hacendaria reduzca los precios del espectro para que la licitación no quede desierta y los servicios sean más accesibles.

Cuidado con la trampa fiscal. Puede parecer racional cobrar más por el espectro para recaudar más. Pero esa lógica no funciona. Una licitación cara que queda desierta no recauda nada. No genera inversión. No mejora la cobertura. No crea empleo. Sólo confirma que el precio está mal calibrado. El régimen de derechos anuales vigente ha erosionado la base fiscal, desincentivado la tenencia de espectro y frenado la inversión. De 2019 a 2024, la recaudación por derechos de espectro cayó de 26,681 millones de pesos en 2019 a 18,412 mdp. Se cobró caro y se recaudó menos.

Una licitación 5G con precios competitivos puede convertirse en uno de los pocos catalizadores de inversión para una economía que no crece. El espectro no es un bien de lujo que el Estado puede encarecer sin consecuencias. Es un recurso productivo que multiplica su valor en la economía, sobre todo si está en el límite del estancamiento.

X: @beltmondi

La nueva administración chilena busca imprimir su sello a una política de telecomunicaciones que, según reconoce la propia autoridad, ha mantenido una línea de continuidad durante las últimas décadas. En un mano a mano con DPL News, la subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, Romina Garrido, repasó las prioridades del gobierno de José Antonio Kast para el sector: reducción de trabas regulatorias, impulso a la inversión, fortalecimiento de la ciberseguridad y cierre de la brecha digital.

Tras tres meses de mandato, Garrido deja mensajes clave y certezas, como que este gobierno no impulsará una regulación específica para la Inteligencia Artificial. La funcionaria también abordó temas clave para la industria, como una eventual nueva subasta de espectro, el futuro de WOM, la adquisición de Telefónica por parte de Millicom y los proyectos de cable submarinos que tienen a Chile como protagonista.

Nicolás Larocca: ¿Cómo avanzará la premisa de digitalización como política de Estado en Chile durante esta administración?

Romina Garrido: Efectivamente, las políticas en materia de telecomunicaciones han tenido una continuidad en los distintos gobiernos: en los últimos 15 o 20 años se ha mantenido una política de crecimiento en infraestructura de telecomunicaciones, conectividad y cierre de brecha digital que contribuyó a la digitalización del sector público y privado.

Como administración queremos seguir en ese camino. Hemos notado que pueden existir algunas trabas, internas y externas, que hacen que la industria crezca menos o con costos más altos y trabajaremos para que no se sienta tan ahogada desde el punto de vista de la regulación. Contribuiremos también a una agenda de seguridad, porque estar siempre conectados trae beneficios pero también ciertos riesgos en torno al nuevo escenario. Al mismo tiempo, avanzaremos hacia el cierre de la brecha digital, con alternativas para que todas las personas cuenten con acceso de calidad.

Nicolás Larocca: En noviembre se puso a consulta la posibilidad de una nueva subasta de espectro. ¿Hace falta más espectro? ¿Cuál es su impresión sobre este tema y qué comentarios recibieron de los operadores?

Romina Garrido: Ahora hay una discusión que tiene que ver con las tenencias máximas de espectro que tiene cada operador y esperamos que se resuelva lo antes posible. Sí estamos evaluando un probable concurso y ordenando bandas; tendremos pronto novedades en este tema.

Nicolás Larocca: ¿Cuáles es su percepción de la salida de Movistar y llegada de Millicom? ¿Considera que habrá más consolidación en Chile?

Romina Garrido: Siempre es una buena noticia que quieran invertir en Chile. La compra de Telefónica demuestra que somos un país que ofrece las condiciones para que puedan existir estos cuatro operadores y nosotros como Subtel tenemos la obligación de dar certidumbre y generar condiciones oportunas para toda la industria. 

Nicolás Larocca: Tras el ida y vuelta con la anterior gestión. ¿Cuál es la percepción de esta administración sobre el caso Wom y cómo avanzará el tema?

Romina Garrido: Lo que ocurrió con Wom es muy particular por cómo se habían desarrollado al momento los despliegues de las licitaciones ligadas con 4G y 5G. A nosotros nos toca recibir este acuerdo que puso fin a años de litigios y ser rigurosos en que se cumplan con las condiciones pactadas para que haya simetría entre los actores. Conversamos con la empresa para que todo avance de lo mejor posible e ir cerrando las etapas como corresponde. Trabajaremos para que no vuelvan a existir desórdenes así en el futuro.

Nicolás Larocca: Tiene un perfil muy vinculado con la protección de datos y la seguridad digital y lo mencionó como aspectos mandatorios para el nuevo gobierno. ¿Cuál es la agenda de Subtel en este sentido?

Romina Garrido: Tendremos próximamente algunas cosas marchando. Es una discusión que todavía resulta algo incipiente en nuestro país, llegamos con retraso, pero tendremos una legislación moderna que nos habilitará para poder atraer inversión. Todavía hay mucho que hacer en Inteligencia Artificial más que pensar en una regulación como la que se estaba discutiendo en el gobierno anterior: esta administración no va a impulsar esa propuesta. La ley de Datos Personales será una herramienta suficiente; consideramos necesario tener algunas reglas respecto de la responsabilidad en el uso de datos, sistemas transparentes o evaluaciones de impacto. 

Nicolás Larocca: ¿Cómo avanza la vinculación con otras áreas de gobierno para que el plan de digitalización sea transversal y también involucre a otros sectores de la administración pública?

Romina Garrido: Tenemos un mandato claro del Presidente (José Antonio Kast) que es articular. En este sentido, estamos participando en la Estrategia Nacional de Data Centers o en las estrategias de seguridad. Presentamos apoyo técnico donde seamos requeridos y tenemos una conversación bien fluida con otros subsecretarios y autoridades. Estamos por cumplir tres meses, en algunos meses más veremos los frutos de esas articulaciones, pero las intenciones y los planes de trabajo están particularmente en esas dos áreas.

Nicolás Larocca: ¿Cómo reciben y cuál es el calendario del proyecto Humboldt? ¿En qué etapa está el plan de cable submarino hacia la Antártida y cuál es la posición respecto del proyecto de un tendido hacia China?

Romina Garrido: Sobre Humboldt, esperamos el aterrizaje en octubre o noviembre y que el cable submarino esté operativo en el primer semestre del año próximo. Es un proyecto que nos tocará inaugurar pero es parte de una política pública de telecomunicaciones sostenida en el tiempo.

Este mes, en tanto, estaremos cerrando los estudios de prefactibilidad del Cable Antártico. Son tres informes que nos van a dar detalles interesantes para avanzar en esta iniciativa que recién podrá tener resultados concretos en 2034 o 2035.

El tendido con China es un cable privado solicitado por una empresa en particular; estamos analizando los permisos y revisaremos si se dará o no la concesión.

Nicolás Larocca: Defendió la idea del Estado como habilitador en materia digital. ¿Cómo se traducirá esto en acciones concretas para los operadores y para los usuarios?

Romina Garrido: En estos meses trabajamos en identificar los nudos regulatorios y abordamos, por ejemplo, la normativa aprobada el año pasado de permisos sectoriales, que reemplaza ciertos trámites que se hacen en las administraciones públicas por declaraciones que entregan los interesados. Identificamos otros trámites que pueden incluirse mientras trabajamos en la reglamentación. También estamos viendo si es necesario dar alguna respuesta legislativa para ciertos permisos, para modernizar el régimen de concesiones o resolver aspectos de fiscalización y carga regulatoria.

Lo que nos hemos propuesto desde que asumimos es facilitar trámites internos, dar más certeza y mejorar los tiempos de respuesta.

Nicolás Larocca: ¿Cómo trabaja esta administración la apuesta de Chile como hub digital de América Latina?

Romina Garrido: Si queremos ser un hub debemos mantener una política centrada en la conectividad, facilitar el crecimiento de la industria y promover los despliegues. Debemos llegar a sitios desatendidos y articular con otras entidades públicas para llegar a todos. La idea de hub digital de la región se sostiene, además, con una industria resiliente y robusta; trabajamos para promoverlo.

Todos estos temas serán abordados en la cuarta edición de Chile Digital Summit, evento organizado por DPL Group que tendrá lugar en Santiago el próximo 28 de junio. El país llega a esta edición como hub regional, posición respaldada por sólidos indicadores TIC y una robusta infraestructura digital impulsada por una visión tecnológica de Estado. El evento tendrá lugar en la Sala Celso Furtado de la CEPAL, podrá seguirse tanto de manera presencial como virtual. Registro abierto aquí.

CRT Prensa

El Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó por unanimidad someter a consulta pública la propuesta regulatoria de lineamientos a observar para el uso de la Plataforma Dinámica de Licitaciones de Espectro, por medio de la cual se podrán realizar los procedimientos de licitación pública para las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y recursos orbitales.

El arranque de operaciones de esta plataforma marcará el inicio del Programa Nacional de Licitaciones del Espectro Radioeléctrico 2026, que incluirá el otorgamiento de concesiones para redes de telecomunicaciones inalámbricas: uso industrial, microondas  y 5G. 

La plataforma tecnológica permitirá reducir tiempos de resolución, agilizar la carga de documentos y emitir notificaciones electrónicas, así como simplificar trámites y modernizar las distintas etapas de los procedimientos de licitación pública del espectro radioeléctrico y recursos orbitales que lleve a cabo la Comisión, facilitando que las personas interesadas puedan participar de manera remota, segura y eficiente.

A través de la consulta pública, se recaban comentarios, opiniones y sugerencias de personas interesadas, agentes regulados, especialistas y ciudadanía, para fortalecer el proyecto bajo un principio de mejora regulatoria, transparencia, participación ciudadana y certeza jurídica. 

Las personas interesadas pueden participar durante los siguientes 20 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el portal de internet de la Comisión en https://portal.crt.gob.mx/consultapublica. 

Ciudad de México. Al cierre del CLTD 2026 y el M360, reguladores, operadores y organismos multilaterales coincidieron en que América Latina enfrenta una transición crítica para redefinir sus marcos regulatorios, reducir cargas administrativas y garantizar la sostenibilidad financiera de las telecomunicaciones frente al crecimiento acelerado del tráfico y la Inteligencia Artificial (IA).

Felipe Díaz, director ejecutivo de la Comisión de Regulación y Comunicaciones (CRC) de Colombia, y Hernán Verdaguer, director ejecutivo de Asuntos Regulatorios de Personal Argentina, advirtieron que la región necesita una regulación más flexible, enfocada en riesgos reales y capaz de facilitar inversiones de gran escala.

Díaz explicó que Colombia atraviesa una reconfiguración estructural de sus mercados de telecomunicaciones tras la consolidación del sector registrada el año pasado, lo que obligó al regulador a replantear su estrategia.

“Colombia está dando una modificación estructural asociada no solamente con cómo está siendo la regulación, sino con toda la dinámica de los mercados”, afirmó.

El directivo de la CRC señaló que el regulador colombiano busca abandonar modelos regulatorios rígidos y avanzar hacia decisiones basadas en evidencia y análisis granular de mercado.

Como parte de ese proceso, la CRC inició un piloto de automatización de reportes regulatorios para reducir cargas administrativas tanto para operadores como para el propio regulador.

“¿Qué queremos con esto? Reducir cargas regulatorias para nuestros agentes, reducir cargas y costos para el regulador y poder tomar decisiones más oportunas”, explicó.

También lee: El nuevo paradigma para el éxito del espectro en América Latina

La estrategia incluye revisar qué información realmente es útil y eliminar procesos burocráticos innecesarios. Además, la CRC trabaja en un observatorio de rivalidad competitiva que permita detectar riesgos de coordinación entre actores y monitorear dinámicas de inversión.

Díaz defendió también un enfoque regulatorio basado en riesgos, especialmente en mercados con comportamientos diferenciados entre regiones y ciudades.

“Necesitamos hacer una regulación no solamente con características diferenciales, sino orientada a eso”, señaló.

Como ejemplo, indicó que en algunas ciudades colombianas las velocidades reales superan ampliamente los parámetros regulatorios mínimos. “Tengo promedios de velocidad de descarga en algunas ciudades de 20, pero mi marcador regulatorio es de 8”, dijo.

En ese contexto, cuestionó mantener obligaciones regulatorias uniformes en mercados donde la competencia ya está funcionando. “Lo que sí crea es un boquete y un exceso de actividad y de gasto de recursos”, añadió.

La escala se vuelve indispensable

Por su parte, Hernán Verdaguer alertó que América Latina enfrenta obstáculos estructurales que amenazan la sostenibilidad del ecosistema digital, entre ellos altos costos de espectro, complejidad regulatoria y falta de certidumbre jurídica.

El ejecutivo remarcó que la región necesita operadores con mayor escala para sostener el ritmo de inversión que exigen 5G, la digitalización y la Inteligencia Artificial.

“Sin operadores sólidos no hay posibilidad de sostener el crecimiento del ecosistema”, afirmó.

Relacionado: Daniel Hajj llama a replantear regulación y espectro para evitar rezago digital en América Latina

Verdaguer destacó que el tráfico en las redes crece exponencialmente, mientras las inversiones no avanzan al mismo ritmo. “El tráfico crece de forma exponencial, pero la inversión de redes no acompaña en ningún ritmo”, advirtió.

También alertó que las redes ya no sólo conectan usuarios, sino que soportan nuevas responsabilidades vinculadas con ciberseguridad, procesamiento de datos y servicios digitales avanzados.

Además, insistió en que el modelo regulatorio actual mantiene asimetrías frente a plataformas digitales y nuevos actores tecnológicos que también capturan valor del ecosistema.

“No puede haber reglas distintas para actores que compiten por el usuario final o capturan valor en el mismo sistema”, sostuvo.

Incluso, afirmó que los operadores siguen cargando prácticamente solos con las obligaciones regulatorias. “La mochila siempre la cargan los operadores”, expresó.

Verdaguer añadió que la expansión de la IA incrementará aún más la presión sobre la infraestructura. “La Inteligencia Artificial nos está llenando aún más las redes y eso nos requiere escala para lograr sostenibilidad”, indicó.

Espectro caro y rezago en 5G

El debate también abordó el problema histórico del costo del espectro radioeléctrico en México.

Gabriel Contreras, vicepresidente Regulatorio y de Asuntos Externos de AT&T, aseguró que el modelo actual de valoración del espectro limita directamente el despliegue de redes y el avance de 5G.

“A México le hubiera salido más barato regalarlo porque hubiera sido plenamente aprovechado por los usuarios mexicanos”, afirmó.

Contreras señaló que México opera con apenas 428 MHz asignados para servicios móviles, pese a que la Unión Internacional de Telecomunicaciones recomienda más de 1,700 MHz.

Desde la perspectiva regulatoria, Ricardo Castañeda, director de Política Regulatoria de la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones (CRT), adelantó que el país prepara tres procesos de licitación de espectro, incluyendo bandas para usos industriales, backhaul y servicios IMT, con el objetivo de atraer nuevos jugadores y mejorar la competencia.

Inclusión digital y demanda significativa

En paralelo, Yolanda Martínez, gerenta de Prácticas de Desarrollo Digital en América Latina y el Caribe del Banco Mundial, subrayó que la inclusión digital no puede limitarse únicamente a conectar personas, sino que debe generar valor concreto para ciudadanos y economías. “El 32% de gente que tenía Internet no la usa porque no había ningún valor en ella”, alertó.

La representante del Banco Mundial destacó proyectos regionales vinculados con identidad digital interoperable, capacitación y TV 3.0 en Brasil, donde se desplegará un programa de servicios digitales para 93 millones de hogares.

En suma, entre los panelistas, el consenso fue que la región enfrenta un dilema: aumentar inversión, cobertura y capacidad tecnológica en medio de mayores exigencias regulatorias y una creciente presión sobre las redes, derivada de la Inteligencia Artificial y la digitalización.

Tanto reguladores como operadores concluyeron que América Latina necesita regulaciones más ágiles, menor burocracia, condiciones de inversión sostenibles y una visión regional capaz de generar escala para competir en la nueva economía digital.