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México, junto con diversos países de América Latina, promueve una agenda regional orientada a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, colocando en el centro de las políticas públicas su bienestar, seguridad, salud mental y desarrollo integral.

Frente a los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en internet, los países participantes han coincidido en la necesidad de establecer reglas más claras para que las plataformas digitales asuman una mayor responsabilidad en la protección de sus derechos.

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Fuente: Prensa MinTIC

La ministra TIC, Carina Murcia, participó en el Congreso Tech Fest 2026, realizado en Medellín. En este espacio, presentó los principales alcances del proyecto de decreto de Entornos Digitales, Sanos y Seguros, una iniciativa del Gobierno orientada a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en Internet y promover el bienestar digital en Colombia.

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Prensa ANEP

El encuentro contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y con la presencia de las consejeras del Consejo Directivo Central, Elbia Pereira y Daysi Iglesias, entre otras autoridades parlamentarias, de la educación y organizaciones sociales.

Los expositores expusieron acerca de cómo equilibrar la regulación, privacidad y el acceso a la tecnología para proteger a niñas, niños y adolescentes. También discutieron cómo lograr que las redes sociales verifiquen la edad sin exponer los datos personales de sus usuarios, y se preguntaron si es posible avanzar hacia una regulación integral contra la violencia digital en nuestro país.

Las ponencias estuvieron a cargo del director ejecutivo de ObservaCom, Gustavo Gómez; el exmiembro del Comité de ONU sobre derechos del Niño, Redlamyc, Luis Pedernera; la socióloga y representante de la organización El Abrojo, Paula Baleato; la doctora en Ciencias Sociales Carolina Aguerre; la directora de Programas Wikimedistas de Uruguay, Evelin Heidel; la doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Comisión Tecnología, Colegio de Abogados del Uruguay, Sandra Garín; y la oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas Uruguay, Valeria Ramos.

El senador Daniel Borbonet ofreció unas palabras de apertura y planteó que es fundamental apostar al diálogo con miras al desarrollo de una ley que regule y proteja a los niños, niñas y adolescentes en el ámbito digital.

En este sentido, indicó que es importante saber qué ven los niños en las pantallas y conocer los diseños de las plataformas responsables que generan una gran atracción. “¿Quién debe regular y reglamentar el contenido? En última instancia los estados son los responsables, y yo creo que la región y el mundo hoy está discutiendo estos temas”.

Por su parte, Carolina Cosse, anunció que en la actualidad legisladores de todos los partidos políticos trabajan en torno a una ley modelo contra la violencia digital.

“Cómo será la cosa que ahora se están discutiendo estos temas sin temor, porque estos temas se discuten y se han tomado acciones desde hace ya 10 o 15 años en otras partes del mundo desarrollado. Acá un poco montado al concepto de la neutralidad de Internet, se nos ha colado por la ventana lo que nos está pasando. Cuando los temas son difíciles de discutir, lo peor que hay que hacer es dejarlo para después. Por eso hay que proteger el buen diálogo y el diálogo profundo”, expresó.

Marcos normativos
Luis Pedernera precisó que los poderes legislativos tienen la necesidad de actualizar y armonizar la legislación nacional, incorporando protecciones específicas frente a los riesgos digitales, como la violencia, explotación, vigilancia, discriminación algorítmica y publicidad dirigida, entre otras.

En este sentido, afirmó que debe garantizarse la neutralidad tecnológica de los marcos normativos, “es decir que no dependan de plataformas o tecnologías específicas que invadan el campo de una experiencia basada en los derechos del niño”.

Pedernera indicó que en el entorno digital nos enfrentamos a un fenómeno con dos características: es un entorno donde la actividad privada es fundamental, y es una actividad con componentes trasnacionales, lo que también impacta en los marcos regulatorios. “Por eso en la observación general marcamos claramente que los estados tienen una obligación de control y regulación de la conducta de las empresas, de los proveedores de servicios digitales y las plataformas”.

De este modo, hizo hincapié en que una buena legislación debería definir deberes de diligencia para las empresas que operan en el entorno digital, establecer mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas, y garantizar que las empresas evalúen el impacto en los derechos del niño antes de introducir nuevos productos o servicios digitales.

Atención a la diversidad
La coordinadora de la organización El Abrojo, Paula Baleato, sostuvo que existen directrices brindadas por Unesco en relación a los sistemas regulatorios, que exigen obligaciones de transparencia por parte de las plataformas, accesibilidad, revisión de cuentas, curaduría de contenidos y evaluaciones sistemáticas.

También destacó que es fundamental garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en todo este proceso. “Es importante además atender las interseccionalidades de la infancia y la adolescencia, ya que no es una masa uniforme: hay niñas y niños, hay orígenes diferentes, hay clases sociales, hay condiciones funcionales, entonces es muy importante que la regulación también atienda esa diversidad”.

Por otro lado, señaló como clave regular lo relacionado con la producción, distribución y comercialización de videojuegos dirigidos a niños y adolescentes, que hagan uso del sistema de recompensa. “En la actualidad, en el entorno digital se dan prácticas de trabajo infantil y de juegos ilícitos con participación de niños y adolescentes”.
“También sería importante crear un observatorio de medios y consumos culturales que incluya todos los consumos digitales de niños, niñas y adolescentes, que genere evaluación, evidencia, conocimiento e información para la política pública”, argumentó.

Por último, opinó que no es posible proteger de las violencias en el entorno digital, y no ocuparse del resto de los asuntos que circulan en Internet. “Por eso hablamos de una regulación más amplia del entorno digital, atenta a una perspectiva de derechos de las infancias y adolescencias”.

Evidencia e investigación
Carolina Aguerre consideró que intervenir en la materia sin generar alianzas es un camino complicado. “Estamos hablando de plataformas que operan sobre 1.000 millones, 2.000 millones de usuarios en el mundo, la industria de las grandes plataformas que usan los niños o los adolescentes habitualmente”.

Aguerre mostró preocupación por la industria de contenido sexual y pornográfico, que en la actualidad contiene más datos que Facebook, “con políticas de protección y acceso a los datos impresionantes”.

“El otro efecto que estamos viendo en América Latina, tiene que ver con los juegos de apuestas y cómo los adolescentes sobre todo participan, interviniendo tanto en esos ámbitos, que algunos colegas dicen que esta es la última frontera en la regulación de Internet”, señaló.

Evelin Heiden hizo un llamamiento a distinguir la moda de la evidencia. “Nos preocupan las nuevas modas de implementar mecanismos de verificación de edad para resolver estas cuestiones vinculadas a la protección de niños, niñas y adolescentes. Brasil, Australia y Reino Unido han implementado esta clase de medidas, pero finalmente lo que terminan haciendo es regalarle miel a las plataformas, porque finalmente las plataformas terminan con muchísimos más datos de los que hubieran tenido originalmente si no se hubieran implementado estos sistemas”.

Además, se refirió a la ausencia de espacios saludables que fomenten la participación de niños, niñas y adolescentes. “Si todos los espacios que tenemos son sitios de apuestas o sitios pornográficos y no hay construcción de espacios saludables digitales en los que efectivamente puedan participar, también estamos en un problema”.

Valeria Ramos valoró que la violencia digital facilitada por las tecnologías, es una de las expresiones más recientes, compleja y expandida de la violencia basada en género y generaciones. “Por eso son fundamentales las instancias de intercambio intergeneracional, para poder comprender mejor esta problemática y para llegar a soluciones y propuestas transformadoras”.

Ramos mencionó que en diciembre UNFPA, CONAPEES y Facultad de Psicología presentaron un análisis de las denuncias de violencia digital hacia niños, niñas y adolescentes recibidas por el Ministerio del Interior, “que nos confirman que los chiquilines sufren violencia digital. En el caso de la violencia sexual el grueso está en las adolescentes mujeres, pero también hay víctimas en la primera infancia”.

Diseño adictivo
Sandra Garín opinó que los centros educativos tienen que indagar cómo repercutiría impedir el uso de los dispositivos electrónicos durante el horario de clase. “Faltarían estudios para saber si acá pasa lo mismo que en otros países, donde los niños, niñas y adolescentes recalcan los beneficios de haber dejado el celular en el centro educativo, cuando por ejemplo se relacionan más entre ellos y tienen más contacto presencial”.

Por otro lado, Gustavo Gómez señaló “no hay ningún tipo de duda de que hay empresas que por hacer dinero y, a sabiendas del daño que pueden ocasionar, desarrollaron un diseño adictivo para enganchar a nuestros niños y nuestras niñas todo el tiempo que puedan, para sacar plata con ese enganche”.

Para Gómez el diseño adictivo y la responsabilidad de las empresas tecnológicas debe ocupar el centro de la discusión. “No sigamos poniendo la responsabilidad en los pobres padres y madres”, señaló.

“Hay estándares y experiencias suficientes para que a fin de este año pueda haber un proyecto de ley presentado formalmente en el Parlamento”, aseveró.

Por último, resaltó la calidad de la ley brasileña, vigente desde marzo, “mucho más interesante que las propuestas de prohibición más integral, ya que esta ley ataca justamente al tema del modelo de negocio de las plataformas en los términos que acá se han planteado: transparencia, diseño algorítmico, mecanismos que te hacen enganchar permanentemente, recompensa y scroll infinito”.

En el cierre del encuentro, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, destacó que regular en la materia constituye el reto más trascendente de los legisladores, “porque es un desafío que no se puede eludir, pero tampoco se puede afrontar ni con modas, ni tampoco con facilismos, porque no tiene una solución única, ni siquiera si pudiéramos estatizar las grandes plataformas”.

“Es necesario escuchar a los niños para que nos ayuden a identificar oportunidades, riesgos y daños, que muchos de nosotros, de otra generación, no somos capaces de identificar y que además van cambiando. Para todo eso, desde el Parlamento estamos impulsando una consulta pública para acompañar este proceso y poder abordar una legislación con más elementos, más voces y más respuestas”, informó.

Diversos gremios del sector tecnológico en Colombia encendieron alertas frente al proyecto de decreto mediante el cual el Gobierno Nacional busca reglamentar la Ley 2489 de 2025 que establece disposiciones para el desarrollo de entornos digitales seguros para niños, niñas y adolescentes del país.

En un comunicado conjunto, organizaciones como la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia (ASOTIC) advirtieron que si bien respaldan el objetivo de proteger a los menores, la propuesta actual “presenta riesgos significativos en materia de legalidad, constitucionalidad, diseño regulatorio, sobrecargas operativas y afectaciones a derechos fundamentales”.

La iniciativa del gobierno, liderada por el Ministerio TIC, busca aterrizar la Ley 2489 de 2025 que estableció un marco para garantizar entornos digitales seguros para menores de edad bajo un modelo de corresponsabilidad entre Estado, plataformas digitales, familias y sistema educativo. El decreto, actualmente en fase de consulta pública, adiciona disposiciones al Decreto 1078 de 2015 y plantea la creación de un sistema integral de monitoreo, así como el desarrollo de una política pública específica en un plazo máximo de 12 meses.

Sin embargo, según los gremios, el texto en su versión actual incorpora nuevas cargas operativas para las empresas del sector, muchas de ellas sujetas a desarrollos regulatorios posteriores, y advierten que esto “podría incrementar la discrecionalidad administrativa y generar incertidumbre jurídica”.

“El desarrollo de una regulación efectiva en esta materia requiere un proceso abierto, técnico y participativo que permita construir soluciones equilibradas, que protejan a los menores sin comprometer la innovación ni la sostenibilidad del ecosistema digital”, indicaron las agremiaciones firmantes, entre las que se encuentran también la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y la Alianza por la Infraestructura Digital y la Internet Abierta (DIGI.IA-LAC).

Asimismo, coinciden en que “el proyecto introduce obligaciones que impactan de manera transversal a múltiples actores del sector, sin una delimitación clara de responsabilidades ni un análisis suficiente de proporcionalidad”.

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Entre los puntos que generan mayor preocupación se encuentran las obligaciones para que plataformas y proveedores digitales “colaboren activamente” en la implementación de mecanismos de protección, lo que podría traducirse en la incorporación de herramientas de control parental, monitoreo de contenidos o configuraciones de seguridad por defecto. 

Para la industria, este tipo de exigencias, sin lineamientos técnicos definidos, implica costos adicionales y retos de implementación, especialmente para empresas de menor tamaño.

El decreto también contempla la creación de un Sistema Integrado de Monitoreo del entorno digital infantil, con participación de varias entidades del Estado, lo que ha suscitado inquietudes sobre el alcance de la supervisión y su posible impacto en derechos como la privacidad y la libertad de expresión.

Al respecto, los gremios advirtieron que el diseño regulatorio podría plantear tensiones en materia de constitucionalidad y proporcionalidad.

Las organizaciones hicieron un llamado al gobierno para abrir una mesa técnica de trabajo con participación del Ministerio TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el sector privado, la academia y la sociedad civil, con el fin de revisar el contenido del decreto antes de su expedición.

Además, reiteraron su disposición para contribuir a la construcción de un marco regulatorio que permita avanzar en la protección de la niñez en entornos digitales, pero que al mismo tiempo garantice seguridad jurídica, promueva la innovación y se alinee con estándares internacionales.

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) y Fedesoft son otras de las agremiaciones que se unieron a la petición.

Fuente: Prensa MinTIC

El Ministerio TIC culminó una nueva ronda de mesas de trabajo para avanzar en la construcción de la propuesta de decreto que reglamenta la Ley 2489 de 2025, orientada a promover entornos digitales sanos y seguros para niñas, niños y adolescentes del país.

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CRHOY

Los diputados aprobaron una reforma a la Ley contra el Bullying en centros educativos, incluyendo los entornos digitales y situaciones fuera de las escuelas y colegios.

La iniciativa fue aprobada en la Comisión Legislativa Plena I (con potestad de aprobar leyes) y fue presentada por la liberacionista Montserrat Ruiz.

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Fuente: Prensa MinTIC

El Ministerio TIC a través del viceministerio de Transformación Digital, lideró un espacio de diálogo interinstitucional y participativo en el marco del proceso de reglamentación de la Ley 2489 de 2025, orientada a la creación de entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes. El encuentro contó con la participación de entidades del Estado como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, así como organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector educativo, líderes comunitarios, padres de familia y estudiantes.

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Fuente: Prensa MinTIC

El Ministerio TIC presentó los resultados de este año del programa Ciberpaz, una iniciativa fundamental para la alfabetización digital dentro del gobierno del Presidente Gustavo Petro, que durante 2025 logró impactar a 1.400.000 colombianos y colombianas en prácticas seguras y responsables en Internet. De ese total, 1.139.565 ciudadanos participaron en actividades territoriales, una muestra de que se logró llevar la estrategia directamente a las comunidades alejadas, para así cerrar brechas de acceso y conocimiento.

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Fuente: Prensa MinTIC

En un esfuerzo conjunto por promover entornos digitales más inclusivos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de su programa CiberPaz, y el Instituto Nacional para Ciegos (Inci) realizaron el taller de sensibilización “Somos personas adultas, somos personas diversas”, un espacio orientado a la reflexión, el aprendizaje y la apropiación tecnológica con enfoque de diversidad.

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El cifrado en Internet contribuye a salvaguardar la vida de millones de personas alrededor del mundo que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, ya que garantiza la privacidad, así como el anonimato de usuarios que necesitan proteger su identidad por temor a poner en riesgo sus vidas.

Para conversar sobre este asunto, en un Twitter Space se dieron cita expertos de Iberoamérica que se oponen a eliminar y modificar las leyes de cifrado con fines de ‘Inteligencia’, como lo llaman los gobiernos en el mundo.

Vladimir Cortés, miembro de Artículo 19, una organización que promueve y defiende el derecho de libertad de expresión en Centroamérica y México, hizo un llamado sobre los riesgos que supone eliminar el cifrado.

“Debilitar, reducir o modificar el cifrado puede suponer un riesgo para las personas que usan esta opción para proteger sus comunicaciones y su propia identidad. Un ejemplo claro es la situación de las personas miembros de la comunidad LGBTIQ+ en territorios como Irán, quienes encuentran en el cifrado una opción para proteger su identidad, dado que sus vidas pueden correr riesgo y los gobiernos los persiguen a causa de su diversidad sexual”, explicó Cortés.

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Karla Prudencio Ruiz, miembro de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), aseguró la necesidad de “que la sociedad mundial y desde la comunidad activista por los derechos digitales se lleven a cabo actividades para contribuir a la protección de los derechos humanos en entornos digitales”.

Explicó que “en México, como en otros países del mundo, se le ha llamado ‘inteligencia’ o ‘persecución al crimen organizado’ a tácticas que realmente responden al espionaje, y parte de la contribución que se realiza desde las dinámicas de activismo responden a evitar que estas iniciativas prosperen, ya que son utilizadas para espiar comunidades LGBTIQ+”.

El cifrado no sólo permite que las personas se comuniquen entre sí, también faculta que generen y compartan sus propias historias desde una perspectiva en donde cada individuo crea su propia narrativa, permitiendo que personas aliadas conozcan las realidades diversas que suelen depender de las condiciones socioeconómicas de cada quién.

Así, el cifrado protege tanto a individuos como a las luchas sociales desde las miradas diversas, que con su presencia en Internet amplían las realidades del mundo, pero desde allí mismo resisten para crear nuevos entornos en donde cada persona existe con libertad.

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Para los expertos, garantizar que esta diversidad exista, se mantenga y se amplíe en los entornos digitales depende, en gran medida, de la educación para los usuarios.

“La educación, las conversaciones, los espacios como estos en donde los usuarios reconocen las opciones que tienen y la forma en la que pueden usar el cifrado, son vitales para amplificar la voz de la comunidad LGBTIQ+”, coincidieron los participantes.

“Tenemos un camino largo por recorrer y mientras se avanza en los procesos de educación sobre estas dinámicas, es necesario que las organizaciones pensemos en qué hace falta para que los espacios que nos pensamos como espacios de libertad y seguros, vuelvan a serlo, y plantearnos opciones para lograrlo”, concluyó Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos en Fundación Karisma.