Aunque se plantean ciertas mejoras para los medios públicos, comunitarios e indígenas en México, el dictamen de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aún tiene una deuda pendiente en materia de radiodifusión.

Históricamente, estos medios se han enfrentado a desafíos operativos, de sostenibilidad financiera e independencia, que complican su misión de servir al interés público y dar espacio a la pluralidad de ideas, al equilibrio ideológico y a la libertad de expresión.

En ese sentido, Aleida Calleja, coordinadora de Incidencia del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), señaló que es necesario incorporar en el proyecto de ley mecanismos para fortalecer los medios públicos, comunitarios, indígenas y afromexicanos a través de garantías de gestión y de financiamiento.

Algunos de estos mecanismos podrían basarse en ejemplos internacionales, sugirió la también exdirectora general del Instituto Mexicano de la Radio (Imer) durante el conversatorio de este martes sobre el dictamen de ley en el Senado de la República.

Por ejemplo, continuó, en Canadá se estableció que las grandes plataformas audiovisuales deben aportar una proporción de sus ingresos anuales para financiar el ecosistema creativo local. Y además existen fondos especiales para financiar proyectos de medios, periodismo y producción independiente.

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En América Latina, también hay países que cuentan con fondos a partir de las aportaciones de las empresas, los cuales se usan para fortalecer a los medios comunitarios, indígenas, afrodescendientes y, en algunos casos, a los medios públicos, comentó Calleja.

Azucena Pimentel Mendoza, presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, coincidió en que se requieren nuevas formas de robustecer los medios públicos. Particularmente, propuso desarrollar “un modelo de financiamiento mixto”.

“Nuestra propuesta consiste en crear un modelo mexicano de financiamiento a los medios públicos que asegure que el presupuesto asignado no sea menor al del ejercicio anterior”, explicó Pimentel.

Asimismo, Azucena Pimentel dijo que este modelo debe considerar “la posibilidad de recibir donativos nacionales e internacionales; patrocinios sin injerencia editorial en contenidos; estímulos fiscales para quienes apoyen a los medios públicos; considerar tasas específicas a operadores de radio y televisión privados, ya sea de señal abierta o restringida, plataformas de streaming y telefonía, sin afectar al consumidor y que estas se destinen al fortalecimiento de los medios públicos”.

Este tipo de medidas podrían implementarse sin comprometer la independencia editorial de estos medios, ni la autonomía, pluralidad y transparencia.

Por parte del Comité Nacional de Radios Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas, Mariana Patrón Hernández, destacó que es necesario reimaginar el marco legal desde una perspectiva interseccional, feminista y comunitario, que reconozca las desigualdades estructurales, como el racismo, el clasismo y el sexismo.

Mariana Patrón propuso la creación de un fondo compensatorio para fortalecer su producción y proteger la identidad colectiva; aumentar la reserva del espectro a un 33 por ciento para los medios comunitarios, indígenas, sociales y afromexicanos; e incrementar el porcentaje de publicidad oficial destinado para estos medios.

Por otro lado, un tema también importante que se debería de revisar en el dictamen es el de la preponderancia en la radiodifusión.

“La preponderancia en televisión o radiodifusión ha tenido pocos efectos”, advirtió Aleida Calleja. En su perspectiva, es necesario hacer cambios en la materia, “tenemos que volver a hacer diseños institucionales que ahora sí puedan dar respuesta a tener un sistema mediático incluyente, justo, social pero sobre todo democrático”.

¿Por qué se necesita una ley convergente?

En opinión de Elena Estavillo, directora General de Centro-i, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión también necesita ser dotada de un carácter convergente.

“Durante décadas, los medios tradicionales, la radio, la televisión, la prensa, fueron los canales dominantes para la transmisión de contenidos, para el acceso a la información. Pero la convergencia ha hecho que se desdibujen las fronteras entre los medios, las telecomunicaciones, las plataformas digitales, las redes sociales, donde toda persona puede ser ahora audiencia, pero también emisora y distribuidora de contenido, de información, de programación”, explicó Estavillo.

La excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones señaló que la convergencia digital ha transformado profundamente cómo se produce, cómo se distribuye y consume la información, lo cual tiene implicaciones políticas, sociales y económicas que deben reflejarse en el marco jurídico.

“Y no sólo hablamos de una evolución tecnológica, sino que es una reconfiguración completa de los roles del poder y de los impactos en la manera en la que nos informamos, nos comunicamos y cómo participamos en la vida pública”.

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Por lo tanto, Elena Estavillo aseguró que es imprescindible actualizar la legislación considerando la convergencia tecnológica, ya que las definiciones tradicionales que separaban los mercados y los servicios han quedado obsoletas.

“La nueva ley debería establecer reglas que garanticen condiciones equitativas para distintos servicios e infraestructuras, siempre respetando plenamente la libertad de expresión, la pluralidad, el derecho al acceso a la información y la inclusión digital”, agregó.

Sin embargo, puntualizó que esto no significa que se deban imponer regulaciones idénticas para servicios distintos, sino asegurar que las reglas para cada uno tengan efectos equivalentes y protejan los derechos humanos de los usuarios y las audiencias.

Por ejemplo, puntualizó Estavillo, existen medidas orientadas a proteger a las infancias en los medios tradicionales, pero ahora se requiere establecer medidas equivalentes que funcionen en el entorno digital, entendiendo las diferencias de ambos espacios y los avances tecnológicos.

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) también tuvo participación en los Conversatorios para el Análisis y Propuesta de Dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado, donde acusó que la preponderancia por sector únicamente beneficia a las empresas transnacionales y a las televisoras. 

Rafael Marino Roche, representante del STRM, aseguró que la preponderancia por sector  conllevó a un desarrollo de la infraestructura con menores alicientes y condiciones para lograr una inclusión digital para la gran mayoría de la población, sobre todo aquella con menores ingresos y zonas de difícil acceso. 

“Esta ley creó una compleja y tortuosa regulación asimétrica que estableció como eje central de su política la protección de las empresas transnacionales y a las televisoras sobre la base de este hecho, ya que la preponderancia no existía en ninguna regulación en el mundo”, acusó Marino Roche. 

También dijo que dicha regulación ha significado no alcanzar una competencia efectiva de los operadores y ha generado fallas en el mercado, lo cual ya desincentivando la inversión en el sector, a pesar de que éste requiere una creciente cantidad de recursos para incrementar la infraestructura y poder lograr una mayor modernización, conectividad y cobertura en todo el país. 

“Considero necesario subrayar lo que ha mencionado un experto en TIC, Crisanto Plaza, en su libro “La regulación tecnológica en la era digital en Europa”, la cual afirma que la regulación ex ante, si no tiene una temporalidad, terminará por quebrar al operador incumbente, y los otros terminarán convirtiéndose en operadores perezosos. 

“Recupero está afirmación porque está situación se ajusta actualmente a nuestro país y con ella no se beneficia a los usuarios, solamente propicia la falta de inversión, innovación y despliegue de redes”, afirmó el representante del sindicato de telefonistas. 

Durante el evento, en el que participaron empresas tecnológicas y representantes de distintos organismos públicos, el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, dió inicio al Panel de Apertura del Conversatorio expresando que “es fundamental crear espacios interdisciplinarios para pensar, analizar y dialogar sobre estos temas, que principalmente afectan a la población más vulnerable”. Además, sostuvo que “instancias como estas son fundamentales para comprender los delitos vinculados con la tecnología y diseñar políticas públicas que tiendan a prevenirlos para mejorar la vida de las personas, porque de eso se trata la politica”.

Acompañanado a Ambrosini en el panel de apertura estuvieron presentes Micaela Sánchez Málcom, Secretaria de Innovación Pública de la Nación; Santiago Rodríguez, Director Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER); y Diego Leiva, Coordinador General de Asuntos Técnicos de ENACOM. Del acto participó también Ariel Martínez, Jefe de Gabinete de Ente.

Leer más: https://www.enacom.gob.ar/institucional/conversatorio-sobre-ciberseguridad_n4323

La República

Los grandes conversatorios no cesan. Con gran expectativa, Perú Conectado, la plataforma digital informativa sobre la conectividad del país, realizará el segundo foro virtual “Lima Conectado: Propuestas de digitalización para el futuro”.

En esta oportunidad, el conversatorio contará con la presencia de Gonzalo Ruiz, especialista en economía con Master of Arts in Economics en ILADES, y Sebastián M. Cabello, experto en políticas públicas digitales y CEO de SMC+.

El foro estará abierto a recibir a los candidatos a la alcaldía de Lima para analizar, estudiar y/o debatir sobre los beneficios del uso de tecnologías y la importancia de las telecomunicaciones en la ciudad.

Si deseas participar en el evento, el cual será moderado por Maite Vizcarra, experta en innovación tecnológica y digitalización, mira la transmisión en vivo del foro el 20 de setiembre a las 11:30 p. m. en las plataformas digitales de La República y LR+.