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La nueva Ley de Comunicaciones Electrónicas (LCE) de Portugal fue publicada y entrará en vigor en noviembre de este año, 90 días después de su publicación en el Diario de la República. El texto transpone el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (CECE) a la legislación nacional, pero también tiene particularidades.

Uno de los cambios es la definición más amplia de los servicios de comunicaciones electrónicas, que incluye, por ejemplo, los servicios Over-The-Top (OTT). “Esta definición, esencial en el ámbito de la Nueva LCE, comprende no sólo los servicios tradicionales que consisten total o principalmente en la transmisión de señales, sino también (i) los servicios de acceso a Internet, […] como (ii) servicios de comunicaciones interpersonales, tanto basados ​​en números como independientes de números”, explica el bufete de abogados Lexology.

A pesar de esto, los servicios OTT están sujetos a una regulación más ligera en comparación con los servicios tradicionales. “Su prestación no podrá depender del régimen general de autorización (en la medida en que se trate de servicios independientes del número) y (ii) no estarán sujetos a las condiciones generales aplicables a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, pudiendo únicamente estar sujetos a las obligaciones acceso e interconexión en casos justificados”, según el grupo.

La nueva ley también asegura que los usuarios finales estén bien informados sobre los costos de instalación y la calidad de los servicios de comunicación prestados, protege al cliente en caso de indisponibilidad de los servicios y obliga a los operadores a prestar servicios sin lealtad. Además, en caso de enfermedad prolongada, desempleo, entre otras situaciones, se suspende el contrato de fidelización.

“Ha habido avances muy favorables para los usuarios, en particular en lo que respecta a la (re)fidelización y sanciones por terminación anticipada de contratos”, comentó a DPL News Luís García Pereira, ingeniero y exdirector de regulación de mercado de la Agencia Nacional de Comunicaciones (Anacom).

Por otro lado, un punto negativo de la norma fue la reducción de las facultades de la Anacom en relación con las subastas de espectro. Ahora, es el gobierno el que aprobará los reglamentos, dijo García.

La nueva LCE también prevé la intervención de otras autoridades del sector, principalmente las relacionadas con los derechos de los usuarios.

Si bien existen estas y otras diferencias, gran parte de la ley sólo transpone la CECE, adoptada en 2018, a la legislación nacional. “Sólo quedan a criterio de cada Estado miembro algunos aspectos más institucionales, relacionados con las facultades de la autoridad reguladora o cuestiones específicas sobre los derechos de los consumidores”, explicó el experto.

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El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgó la semana pasada la nueva Ley de Comunicaciones Electrónicas (LCE). El texto transpone a la legislación nacional el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (ECEC), una directiva de la Unión Europea que regula las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

El portal de la Presidencia de la República informa que la medida transpone las “Directivas 98/84/CE, 2002/77/CE y (UE) 2018/1972, por las que se modifican las Leyes 41/2004, del 18 de agosto, y 99/2009, del 4 de septiembre, y los Decretos-Leyes Nº 151-A/2000, del 20 de julio, y N° 24/2014, de 14 de febrero, y por los que se deroga la Ley Nº 5/2004, del 10 de febrero, y Ordenanza Nº 791/98, de 22 de septiembre.”

La nueva LCE pretende simplificar las normas aplicables a las comunicaciones electrónicas, “aportando mayor claridad y seguridad jurídica en el ámbito de los contratos de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y potenciando la protección de los consumidores, ya sea en materia de acceso al servicio universal, como en materia de reglas de cambio de operador, o en términos de lealtad”, según el Consejo de Ministros.

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Una de las medidas es que cualquier persona que esté desempleada, tenga una enfermedad prolongada o emigre podrá cancelar los contratos de fidelidad con las empresas de telecomunicaciones sin costo adicional, informó el portal Dinheiro Vivo.

La ECL se aprobó y promulgó en Portugal con más de un año de retraso, ya que los Estados miembros de la Unión Europea deberían haber transpuesto las nuevas reglas de comunicación a la legislación nacional antes del 21 de diciembre de 2020.

La Comisión Europea (CE) dio un ultimátum a 10 Estados miembros ante la falta de comunicación sobre la transposición de su regulación nacional respecto a las nuevas normas del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

Mediante un comunicado, la CE anunció que remitió a España, Croacia, Letonia, Lituania, Irlanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber comunicado cómo las medidas nacionales transponen el Código.

La Comisión señala que las nuevas normas modernizan el marco regulador europeo de las comunicaciones electrónicas, mejorando las opciones y los derechos de los consumidores e incentivando a los operadores a invertir en redes de muy alta capacidad y el despliegue de fibra y 5G.

Entre las medidas adoptadas se incluyen un nuevo Reglamento Delegado que establece tarifas máximas únicas de terminación de voz en toda la Unión Europea (UE) que los operadores pueden cobrarse mutuamente por la entrega de llamadas fijas y móviles entre sus redes.

Y una Recomendación actualizada sobre los mercados relevantes, que actualiza la lista de mercados predefinidos que las autoridades reguladoras nacionales europeas deben revisar periódicamente.

Los Estados miembros deberían haber transpuesto las normas a las leyes nacionales antes del 21 de diciembre de 2020. En febrero de 2021, la Comisión envió cartas a 24 Estados miembros por no haber notificado la transposición completa. El septiembre del año pasado, la CE envió un dictamen a 18 Estados miembros que no habían notificado la transposición completa, con un periodo de dos meses para el cumplimiento.

Hasta la fecha, la CE señala que los Estados miembros listados aún no han cumplido con sus obligaciones de comunicar a la Comisión sus medidas nacionales de transposición y, como resultado, la Comisión ha remitido estos casos al Tribunal.

Si un Estado miembro no transpone una Directiva adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo a la legislación nacional dentro del plazo requerido, la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga sanciones financieras.

La Comisión Europea (CE) inició este jueves procedimientos de infracción contra 24 Estados miembros, debido a que no integraron las nuevas normas en materia de telecomunicaciones que establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

A partir de que entró en vigor en diciembre de 2018, los países debían transponer el marco normativo a su legislación nacional. La fecha límite era el 21 de diciembre del año pasado; sin embargo, sólo Hungría, Finlandia y Grecia cumplieron con el proceso.

Francia, Alemania, Italia, Portugal, España, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Austria, Polonia, Luxemburgo, Irlanda, Suecia, Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Letonia, Chipre, Lituania, Malta, Eslovaquia, Rumanía y Eslovenia son las naciones que no completaron la incorporación.

Bruselas dijo que envió cartas de emplazamientos a los 24 Estados miembros para que adopten y notifiquen las medidas pertinentes, y les otorgó dos meses para responder.

Según los procesos europeos, la misiva es el primer paso. Si se concluye que el país no cumple con sus obligaciones, puede enviar una petición formal para que lo haga y, de mantenerse la falta, remitiría el asunto al Tribunal de Justicia.

La CE dijo que adoptar la normativa “es un acto legislativo fundamental para lograr la sociedad europea del gigabit y garantizar una participación plena de todos los ciudadanos de la Unión Europea en la economía y la sociedad digitales”.

Y resaltó que la transposición es importante porque el Código moderniza el marco regulatorio europeo para las comunicaciones, con el fin de mejorar las opciones de servicios para los consumidores, fortalecer la competencia en el mercado, incentivar las inversiones y facilitar la implementación de infraestructura digital.