La Alianza por el Cifrado de América Latina y el Caribe (AC-LAC) solicitó a la Comisión de Defensa del Senado de Chile “adicionar temas de cifrado” en el proyecto de Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información, que actualmente se encuentra en discusión en primer trámite constitucional.

“El Poder Legislativo tiene la responsabilidad de proteger la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y de garantizar la seguridad de la población y de la nación, por lo cual el cifrado representa una causa a defender por los legisladores”, dijo la coalición en una carta (ver aquí) en el que valoró la propuesta que ingresó en marzo, aún durante la presidencia de Sebastian Piñera.

AC-LAC pidió expresamente añadir el siguiente texto entre los principios rectores del proyecto: “Toda persona tiene derecho a adoptar las medidas técnicas de seguridad informática que considere necesarias, como el cifrado o la encriptación. Ninguna persona o entidad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio de este derecho”.

Proyecto de Ley

La propuesta, todavía en etapa incipiente de discusión, presenta como propósito “establecer la institucionalidad, los principios y la normativa general que permiten estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad de los órganos de la administración del Estado y entre estos y los particulares”. También propone requisitos mínimos para la prevención y respuesta ante incidentes y obligaciones para órganos del Estado y privados que cuenten con información crítica.

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De prosperar la iniciativa, Chile tendrá una Agencia Nacional de Ciberseguridad como servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de colaborar en la protección de los intereses nacionales en el ciberespacio, coordinar áreas y asesorar al presidente en la materia. Su consejo técnico detallará cada dos años cuáles son los sectores o instituciones que posean infraestructura de la información que deba ser calificada como crítica.

El artículo 16 de la propuesta señala que habrá también un “registro nacional de incidentes de ciberseguridad”, administrado por la agencia antes mencionada y que tendrá carácter reservado. Luego se determinan procedimientos de actuación y sanciones para quienes incumplan algunas de las normas por, por ejemplo, entregar maliciosamente información falsa o errónea, dar la documentación fuera de plazo o negarla injustificadamente.

En abril de este año, se acordó en sala que el proyecto sea analizado primero por la Comisión de Defensa y luego por la de Seguridad Pública, para después seguir su trámite en la Comisión de Hacienda. La propuesta lleva la firma de los por entonces titulares de distintos ministerios, entre ellos el de Transportes y Telecomunicaciones (Gloria Hutt)  y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Andres Couve Correa).

La Alianza por el Cifrado en América Latina y el Caribe (AC-LAC) solicitó a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de México incluir temas de cifrado de comunicaciones en el proyecto de la Ley Federal de Ciberseguridad en la que trabajan los legisladores mexicanos.

En la misiva dirigida al diputado Javier López Casarín, y al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presidentes de ambas comisiones en cada Cámara, la AC-LAC señala que el cifrado extremo a extremo es crucial para garantizar la seguridad y la privacidad en el mundo digital.

Advierte que ante la incidencia, cada vez mayor de los delitos en el entorno digital, el cifrado extremo a extremo se ha convertido en una de las mejores opciones para proteger a la población que hace uso de servicios y plataformas digitales.

Asimismo, la carta señala que el incremento en la cantidad y las modalidades de los delitos a través de Internet muestra que los delincuentes y las organizaciones criminales invierten recursos importantes y dedican esfuerzos considerables para vulnerar la seguridad y privacidad de los servicios digitales.

La AC-LAC dice que debido al incremento de la complejidad de las actividades cibercriminales, es necesario tomar previsiones en materia de seguridad y el desarrollo y actualización de soluciones tecnológicas para lograr un entorno digital cada vez más confiable y seguro.

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Por ello, afirman que el cifrado hace que las comunicaciones sean más seguras y privadas, a la vez que permite un alto grado de certeza y confianza para interactuar en una red global que ha demostrado ser vulnerable. 

Dicha organización explicó a los legisladores mexicanos que el cifrado de extremo a extremo facilita la protección de valores y derechos que como sociedad defendemos y contribuye a mantener la seguridad nacional y personal, así como la protección a periodistas, activistas y defensores de derechos en nuestra sociedad se ve fortalecida mediante la utilización del cifrado y su inviolabilidad.

Específicamente, la carta solicita que se agreguen dos párrafos al proyecto de Ley Federal de Ciberseguridad en México, que son los siguientes: 

“Toda persona tiene derecho a adoptar las medidas técnicas de seguridad informática que considere necesarias, como el cifrado o la encriptación. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio de este derecho”.

“El cifrado de extremo a extremo significa que las comunicaciones permanecen cifradas desde el remitente hasta el destinatario, de modo que ningún tercero puede acceder al contenido o inferirlo, en tránsito o en el dispositivo. Un tercero en este contexto significa cualquier organización que no sea el remitente o el usuario destinatario que participa directamente en la conversación”.

Un grupo de 14 organizaciones regionales y globales fundaron la Alianza por el Cifrado en Latinoamérica y el Caribe, una plataforma que buscará impulsar el cifrado como una herramienta para la seguridad y el respeto a los derechos humanos.

Las organizaciones miembros son Access Now, ALAI, APC, Artículo 19, Coalizão Direitos na Rede, Derechos Digitales, EFF, Fundación Karisma, IP.rec, IRIS, ISOC Brasil, Nic.br y R3D.

Además, la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), participará como integrante observador del nuevo organismo.

El objetivo de la Alianza será avanzar en la implementación de una agenda proactiva para promover y defender el cifrado en la región; fortalecerlo y generar un ecosistema de confianza, seguridad y estabilidad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la infraestructura crítica de Internet, sus aplicaciones y servicios.

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Para la nueva organización, el cifrado es un elemento clave en la protección y garantía de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos personales.

El cifrado es la conversión de datos de un formato legible a un formato codificado, lo cual implica que los datos sólo pueden leerse o procesarse una vez descifrados. De acuerdo con Kaspersky, esto hace del cifrado la base principal de la seguridad de los datos.

Los miembros de la Alianza coordinarán esfuerzos a nivel nacional, regional y global, para generar espacios de intercambio y movilización para responder al debilitamiento del cifrado como un mecanismo de seguridad.

El próximo jueves 21 de octubre se realizará el lanzamiento oficial de la Alianza por el Cifrado en Latinoamérica y el Caribe, en un evento virtual abierto al público en el marco de la semana del Global Encryption Day.