El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca regular la operación de las plataformas de transporte como Uber y DiDi, sentando los requisitos normativos, fiscales y de seguridad social que deben cumplir.
La iniciativa equipara en cierta medida algunas condiciones regulatorias entre las aplicaciones tecnológicas y el servicio tradicional de taxi, aunque pondera diferencias en cuanto a su funcionamiento y el modelo de negocios.
De acuerdo con el documento, las empresas de Internet deberán estar inscritas a un registro nacional y pagar anualmente un permiso de funcionamiento ante la Tesorería Nacional, cuyo monto será determinado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y se destinará a un Fondo de Movilidad para financiar proyectos de infraestructura vial, movilidad y modernización del transporte.
Las personas conductoras tendrán que estar inscritas como trabajadores independientes ante la Caja Costarricense del Seguro Social bajo un régimen especial de cotización que contemplará si la actividad es habitual, ocasional o parcial.
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Además, los conductores estarán registrados como contribuyentes en el Ministerio de Hacienda, por lo que pagarán los impuestos correspondientes. Y a su vez deberán contar con una póliza de seguro que los cubra ante cualquier responsabilidad y riesgo.
Si una persona se afilia a más de una aplicación tecnológica, el proyecto señala que sólo deberá realizar el pago anual de su autorización para ser conductor ante la primera plataforma a la que se haya conectado. Y si algún conductor de taxi se une a una aplicación como Uber o DiDi, no requerirá volver a hacer un pago.
La propuesta del gobierno también abarca los derechos de las personas usuarias de este tipo de servicio. En especial, indica que tendrán acceso a un canal de atención al cliente para plantear quejas o denuncias, acceso a vehículos adaptados a sus necesidades de movilidad (como en el caso de las personas con discapacidad) y al debido tratamiento de sus datos personales.
Por otro lado, la iniciativa establece un marco normativo para el servicio de taxi tradicional. Muchas de las condiciones que debe cumplir son similares o iguales a las de las plataformas digitales. Por ejemplo, en este caso los conductores también deberán inscribirse como trabajadores independientes ante la Caja Costarricense del Seguro Social bajo un régimen de cotización especial.
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Sin embargo, en el servicio de taxi tradicional se necesita contar con un título habilitante para la operación y las tarifas se seguirán calculando de forma distinta, ya sea a través de taxímetro o mediante la negociación entre las partes.
El gobierno destacó que “el proyecto establece una regulación nueva y ágil para quienes dan servicio de transporte mediante plataformas. Además, incorpora a los taxis dentro de esa nueva regulación más flexible y adaptada a los tiempos modernos”.
Asimismo, la propuesta de ley señala que en el país existe la necesidad de reconocer la importancia de las plataformas digitales en la movilidad de la población, pues se han convertido en una opción cada vez más relevante para realizar viajes, por lo que “el proyecto considera garantizar la competitividad y seguridad jurídica ante una nueva realidad social marcada por la economía digital”.