Conductores ven cerca una regulación de plataformas digitales en Costa Rica

Aunque parece haber cierta demora en la presentación del proyecto de ley para regular a las plataformas de transporte como Uber, DiDi, Easy Taxi o Cabify, hay confianza en que el gobierno liderado por Rodrigo Chaves dará paso firme hacia esa dirección.

El presidente de la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica (Aprimotec), Alfredo Román, afirma que estamos “totalmente confiados en que esta nueva administración sea la que de una vez por todas haga que una ley se aplique a las plataformas tecnológicas”.

Rodrigo Chaves, el presidente de Costa Rica, anunció a finales de 2022 que en este mes de enero el gobierno daría a conocer su propuesta para crear un marco normativo que abarque el trabajo que se realiza a través de las plataformas. 

Todavía hay por delante algunos días de enero para que eso suceda, aunque es probable que la iniciativa de ley se envíe a la Asamblea Legislativa hasta febrero. En cualquiera de los dos escenarios, Román considera que esta puede ser una oportunidad para avanzar en la discusión que lleva años en el tintero.

“Desconocemos las causas por las cuales no se ha hecho. Recordemos que este proyecto se iba a presentar en julio del año pasado. Confíamos en que estas pausas hagan mérito a los aportes que han realizado varios sectores, y de Aprimotec, para que se tomen en cuenta dentro de este proyecto”, afirma en entrevista.

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La conversación sobre la regulación de las plataformas digitales en el ámbito laboral no es un asunto nuevo. A lo largo de los últimos años, varios legisladores han presentado proyectos para crear un nuevo marco jurídico, o bien modernizar el Código del Trabajo actual.

Hasta ahora, ninguno ha trascendido, pues se trata de una discusión compleja que pone en la mesa la necesidad de replantear el modelo laboral actual y desarrollar los nuevos creados a raíz de la disrupción tecnológica generada por la economía colaborativa, incluyendo a las plataformas de transporte y las de entrega a domicilio.

Una legislación que tome en cuenta el nuevo modelo de negocios de las plataformas, y sus diferencias respecto a los parámetros tradicionales económicos y laborales, daría certidumbre jurídica a este sector y evitaría que haya conflictos con otros; específicamente, los taxistas. “Creemos que sí hay buena intención, pero nos hace falta el hecho, que realmente lo pongan a discusión”, asegura el presidente de Aprimotec.

“El ministro de Obras Públicas y Transporte dijo que esto no iba a ser una cacería de brujas. Sin embargo, en diciembre anterior notamos que fue todo lo contrario. Podemos hablar de un porcentaje bastante alto de la población de conductores a los que les bajaron las placas o les hicieron una infracción por ser un supuesto transporte ilegal”, advierte.

¿Por qué regular?

Un estudio de la Cámara de Comercio de Costa Rica muestra que las plataformas de movilidad y de reparto aportan el 0.44 por ciento del PIB nacional de forma directa. También contribuyen a la generación de fuentes de ingresos, pues existen alrededor de 30 mil conductores y 10 mil repartidores en el país.

Si bien puede parecer que su aportación no es muy grande, o al menos no como la de otros sectores, la economía colaborativa es un sector relativamente nuevo que se ha vuelto cada vez más importante para la productividad y competitividad del país.

Durante la pandemia por la Covid-19, el informe resalta que las plataformas digitales desempeñaron un rol clave en el proceso de reactivación económica, pues una parte de la población encontró en ella una fuente de ingresos y, además, sirvieron para que las personas pudieran tener acceso a productos y servicios en el confinamiento.

Para que ese impacto positivo se preserve, las aplicaciones tecnológicas coinciden en que se requiere un marco regulatorio innovador y flexible, que permita garantizar la viabilidad de este modelo de negocios y también la flexibilidad de esta actividad que permite a conductores y repartidores generar ingresos. De lo contrario, podría haber efectos negativos.

En Ginebra, Suiza, el 80 por ciento de los colaboradores de Uber Eats dejaron la plataforma luego de un fallo de la corte que obligó a la empresa a contratar a los repartidores bajo un esquema de trabajo convencional como asalariados. El desafío está en lograr el equilibrio entre brindar un piso de seguridad social y la sostenibilidad de las plataformas.

En vísperas de que el gobierno presente su proyecto de ley, cuyo contenido aún se desconoce, Alfredo Román considera que esta puede ser una oportunidad para que Costa Rica se posicione como un ejemplo de regulación efectiva en América Latina.

Sin embargo, para lograrlo, advierte que “no podemos dejar que esta regulación la dictaminen personas detrás de un escritorio, o representantes de taxistas o sólo plataformas. Aquí deben estar consumidores, conductores, el gobierno y las plataformas”.

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La Asociación Privada de Movilidad Tecnológica ya ha hecho llegar al Ministerio de Transporte, encargado de la iniciativa, sus propuestas para incluir en el documento. Algunas de ellas son las siguientes:

  • Crear una Oficina de Movilidad Colaborativa administrada por el sector público y privado, pero financiado al 100 por ciento por este último. Se encargaría de atender los trámites y requerimientos de los conductores y pasajeros de las plataformas; por ejemplo, en el caso de que los primeros sean bloqueados, o que los usuarios tengan una queja.
  • La condonación de deudas a la Caja Costarricense del Seguro Social o un arreglo de pago: proponen que se condonen las deudas anteriores a la ley. Llegar a un arreglo de pago para que los conductores puedan saldar su obligación en un plazo definido, con el compromiso de mantener su estadía en las plataformas.
  • Análisis tarifario: asegurar que las aplicaciones tengan un máximo de retención del 20 por ciento del precio de cada viaje.

Román confía en que hay disposición por parte del gobierno en discutir estos planteamientos. Pero el debate aún llevará tiempo y será un proceso largo, aun cuando el proyecto de ley se dé a conocer en estos últimos días de enero, pues deberá pasar por la Asamblea y buscar consensos.

En cualquier caso, Román puntualiza que “los taxistas no tienen que estar en esta discusión porque ellos tienen su regulación. Sin embargo, si quieren ser partícipes, la postura de Aprimotec es muy clara: apertura”.

“¿A qué nos referimos? Los taxistas tienen derecho a un mejor ingreso, que se incluyan a las plataformas, que se elimine la unificación, que se ajusten los precios de acuerdo con la plataforma y el mercado decida qué precio pagar”.