Reforma Jorge F. Negrete P.
Primera enmienda: “El Congreso no podrá hacer ninguna ley… limitando la libertad de expresión, ni de prensa”. Constitución de Estados Unidos de América.
En 1776, la Asamblea General de Virginia aprobó esta declaración: “La libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad, y nunca puede ser restringido sino por gobiernos despóticos”. Por eso, no se regula la libertad de expresión en Estados Unidos, punto.
A los directivos y dueños de estas empresas se les ha citado ante el Senado de Estados Unidos acusados de actividad monopólica, por tribunales europeos señalados por abuso de datos personales y han sido citados para pagar impuestos locales, pero es una realidad mayúscula, que las plataformas de Internet, como Netflix, Spotify, Uber, DiDi y las denominadas redes sociales (Twitter y Facebook), al igual que los operadores de telecomunicaciones, habilitan el ejercicio de derechos fundamentales: libertad de expresión, de prensa, el derecho de acceso a la información pública, al libre tránsito, educación y el derecho de acceso a la cultura. Dinamizan la economía y el comercio digital. Los buscadores de Internet, como Google, comenzaron la transformación de la sociedad a una de la información y el conocimiento. Las plataformas digitales y la Internet son el gran igualador social de esta civilización.
No han sido las mejores defensoras del derecho a la información, pero respetan la ley. La sección 230 es la ley que permitió el desarrollo de la Internet en EUA. Establece que las empresas de Internet no son legalmente responsables del contenido que alojan si alguien más lo publicó allí. Sin embargo, en 2020 los legisladores aprobaron un proyecto de ley que agregó una nueva excepción. Ahora, las plataformas pueden ser consideradas responsables del contenido de terceros que facilita la generación de delitos, es decir, de la violación a la ley. Si las redes sociales no actúan se vuelven cómplices como lo vimos con Trump, de apología del delito e insurrección.
En la lógica americana, si el Presidente López Obrador, con fundamento en la primera enmienda, difama, calumnia a ciudadanos o miente, las redes tienen derecho a eliminar su información, ya que pueden ser cómplices de violación a la ley. Eso es lo que verdaderamente le preocupa al Presidente de México, su libertad de expresión.
La posición de privilegio que tiene el Presidente de EUA fue lo primero que analizó la prensa americana. No es igual el ejercicio de libertad de expresión del Jefe de Estado, que del ciudadano. Eso lo detectaron Twitter y Facebook. Encontraron una asimetría en el ejercicio de ese derecho. Twitter, visibilizó el problema en 2010, cuando expresó su preocupación de que políticos hicieran mal uso de la plataforma.
Cuando el Presidente Hugo Chávez se unió a la red social, preguntó: “¿Deberíamos tener políticas y términos diferentes para líderes mundiales o dictadores que están usando la plataforma para atacar a los ciudadanos o sus oponentes políticos?”.
Al Senador Monreal legítimamente le preocupa el mundo digital, pero su iniciativa fue mal argumentada en un video, confundió todos los conceptos, después trató de corregir en otro, ahora debe liderar con prudencia. La respuesta no son soluciones rápidas, sino construir un diálogo que precise las áreas de acción: ¿discurso de odio?, ¿apología de la violencia?, ¿discriminación?, ¿mentiras?, ¿el privilegio de amplificar un discurso por virtud del puesto público?, ¿acceso a la información pública?
No necesitamos la creación de una regulación para la libertad de expresión, sino una práctica público-privada de moderación del derecho a la información en redes. Un nuevo acuerdo privado con las redes y política pública para no mentir, calumniar, engañar y comprar bots, públicos y privados. Políticas apegadas a derechos humanos e incluso un ombudsman.
La libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero la falta de acuerdos público-privados no puede ser ocupada por la incontinencia legislativa.
Presidente de Digital Policy & Law
Twitter: @fernegretep
