Reforma de Ley de Telecomunicaciones en México tendrá 13 cambios
Como resultado de los conversatorios realizados con especialistas, sociedad civil y sectores involucrados y tras reuniones con José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo federal, las comisiones unidas del Senado de la República incorporarán 13 modificaciones a la propuesta original de la iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Entre los cambios más relevantes está la eliminación de la concentración de facultades regulatorias en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En su lugar, las atribuciones se dividirán entre tres nuevos entes:
- ATDT: encargada de políticas públicas para cobertura social, espectro y conectividad satelital.
- CNA: responsable de regular preponderancia y medidas asimétricas.
- CRT: un nuevo órgano regulador con cinco comisionados y autonomía técnica y operativa, que supervisará concesiones, uso del espectro, servicios de telecomunicaciones y sanciones.
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También se restableció el principio de neutralidad a la competencia, con lo cual el Estado deberá obtener concesiones comerciales y participar en licitaciones públicas si desea operar servicios de telecomunicaciones para usuarios finales.
Asimismo, se eliminan los artículos 201 y 202, que otorgaban a la Secretaría de Gobernación (Segob) la facultad de autorizar previamente la transmisión de contenidos, medida considerada como censura previa. De igual modo, se modificó el artículo 210 para limitar la prohibición de publicidad extranjera únicamente a la proveniente de gobiernos, permitiendo contenidos turísticos, culturales y deportivos.
En el ámbito digital, se eliminó el artículo 109, que permitía el bloqueo de plataformas digitales, así como las definiciones de “Proveedor de plataformas digitales” y “Servicios digitales”. Además, se fortalecerán los derechos de las audiencias.
Otros puntos clave son:
- La eliminación de la obligación de “uso correcto del lenguaje”.
- La incorporación de derechos para personas con discapacidad en el diseño de plataformas y servicios digitales.
- Exenciones de pago y facilidades para concesionarios de uso social y comunitario, con enfoque en conectividad en zonas prioritarias.
- El restablecimiento de las consultas públicas no vinculantes para la creación o modificación de normas.
- Restricciones a la colaboración con autoridades en investigaciones penales, limitando los delitos que justifican el acceso a comunicaciones privadas.