El Presidente de Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari, enfatizó la necesidad de endurecer las penas por robo y hurto de cables de telecomunicaciones, durante una audiencia en la Cámara de Diputados esta semana. El proyecto de ley 5,845/2016 establece una pena de prisión de tres a ocho años para quienes cometan el delito.
También solicitó la aprobación del proyecto de ley 5,846/2016, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) y sanciona a las empresas que compren equipos robados o sustraídos. La propuesta también establece que los proveedores que tengan su servicio interrumpido debido a acciones criminales no serán sancionados por la agencia reguladora.
“La interrupción de estos servicios acaba provocando una doble sanción. Primero, es la sanción del propio delito, de reponer los cables robados, y, por motivos regulatorios, nos sanciona el ente regulador, la Anatel, que impone una multa por el servicio no prestado sin importar el motivo”, dijo. Ferrari en la audiencia.
También recordó que los consumidores que se quedan sin el servicio son los más afectados, ya que se les impide contactar con servicios esenciales, como emergencias médicas, o utilizar Internet para trabajar y estudiar.
Pedro Lucas Araújo, director del Departamento de Inversión e Innovación del Ministerio de Comunicaciones, señaló que este tipo de delitos afecta principalmente a las zonas más pobres y que carecen de calidad de conectividad. Esto hace que la población sea nuevamente penalizada, ya que los delitos disuaden las inversiones de las empresas.
Los últimos datos de Conexis muestran que 4.6 millones de metros de cable fueron robados o sustraídos en el último año, afectando los servicios de telecomunicaciones de 6.679 millones de clientes.
Las delitos aumentaron de 2019 a 2020, pasando de 94 mil a 96 mil.