Agencias del Poder Ejecutivo de Estados Unidos solicitaron de manera unánime a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) revocar y rescindir las autorizaciones de China Telecom para proporcionar servicios de telecomunicaciones internacionales hacia y desde el país norteamericano.
John C. Demers, fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, resaltó que “hoy, la vida de la nación y su gente corre en nuestras redes de telecomunicaciones”, por ello “la seguridad de las comunicaciones gubernamentales y profesionales, así como los datos más privados, depende del uso de socios confiables. Esta acción no es más que nuestro próximo paso para garantizar la integridad de los sistemas de telecomunicaciones del país”.
Las agencias del Poder Ejecutivo ―que incluyen a los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional, Defensa, Estado, Comercio y el Representante Comercial de Estados Unidos― identificaron riesgos de seguridad nacional y aplicación de la ley sustanciales e inaceptables relacionadas con las operaciones de China Telecom, provocando que las autorizaciones de la FCC sean inconsistentes con el interés público. El principal temor es que China Telecom seda a la explotación, influencia y control por parte del gobierno chino.
Además, tienen declaraciones inexactas de China Telecom sobre dónde almacenó sus registros estadounidenses; representaciones públicas inexactas con respecto a sus prácticas de seguridad cibernética, que generan dudas sobre el cumplimiento del operador chino con las leyes federales y estatales de ciberseguridad y privacidad.
Estos puntos tienen que ver con el incumplimiento de China Telecom a la Carta de Garantía de 2007, base para las autorizaciones de la FCC. Desde el año pasado, el Comisionado Brendan Carr alentó a las agencias de seguridad a examinar y recomendar si la FCC debía revocar el acceso a redes de la compañía china. “Es hora de reconsiderar la relación con compañías controladas por la República Popular China”, porque existe evidencia de que “China quiere vigilar a las personas en nuestras fronteras, ya sea por ventajas económicas o de inteligencia”.
El Departamento de Justicia se comprometió a trabajar con la industria para garantizar que las necesidades comerciales críticas se aborden de manera coherente con los intereses de seguridad nacional y en cumplimiento de la ley del país. Y Carr aseguró que trabajará con la FCC “para actuar de acuerdo con esta recomendación y proteger aún más las redes de Estados Unidos de los malos actores que nos harían daño”.
