Luego que la pandemia puso en relieve el déficit de conectividad de internet en buena parte del país, el Programa Peruano de Telecomunicaciones, PRONATEL, acaba de informar que evalúa tres propuestas para licitar el Servicio para la Operación y Mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDND).
Hasta ahora, la Red Dorsal es un elefante blanco. A pesar de tener la infraestructura en orden y totalmente operativa para ser empleada, de acuerdo con un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su uso solo llega al 3.2% de su capacidad.
Este fracaso motivó que, en julio último, el Estado rescindiera el contrato con Azteca Comunicaciones del Perú S.A.C., de origen mexicano, que tenía la titularidad desde el 2014. La red enfrentó problemas desde el inicio porque se aplicó una política tarifaria fija que ha resultado poco atractiva para captar clientes.
Siendo un proyecto de APP, el Estado es dueño y pagó toda la inversión de la construcción, y ahora la operación y el mantenimiento. Durante los 5 años de operación y mantenimiento, el Estado ha pagado alrededor de US$132.7 millones adicionales a los US$170.8 millones de la construcción. Hasta ahora, esa plata se ha ido al agua. Aun cuando el Estado de acuerdo con la Ley 29904 tiene una reserva de capacidad para su uso exclusivo, que puede ser empleada como medio de transporte para conectar hospitales, colegios, comisarías y en general cualquier entidad pública; pues esta no se usa.
Al mismo tiempo, durante estos cinco años el Estado ha pagado casi US$450 millones, según los resultados que arroja el sistema amigable del MEF. Y se tiene esa reserva sin usar.
Al frente del proyecto por el lado del Estado estuvo la exviceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawua, quien en mayo de 2020 emitió el Decreto legislativo 1502 por el cual el mismo Estado se obligaba a pagar US$23 más IGV por cada Mbps, a pesar de la reserva que tiene a su disponibilidad.
Las bases del proceso actual en la modalidad de adjudicación directa por invitación no se han hecho públicas, pero CARETAS pudo confirmar que se ha eliminado la participación de postores extranjeros y limitado la competencia nacional al establecer los siguientes requisitos: a) acreditar la prestación de servicios públicos en al menos 10 regiones a nivel nacional; b) contar con cinco años gestionando Centros de Operación y mantenimiento con su respectivo Data center.
Es especialmente llamativo que Azteca comunicaciones, que tuvo 5 años de operación de la red, y que fue postor único en esa licitación, no hubiera cumplido los requisitos. Los nuevos términos de referencia irían en contra del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado que cautela la libre competencia. De este modo, más bien se restringe fuertemente la competencia y, una vez más, el Estado pagaría los platos rotos con altos costos de estos servicios.
MOVIDAS EN PRONATEL
PRONATEL, por cierto, es la Dirección Ejecutiva del sector Comunicaciones que maneja el mayor presupuesto del mismo y que tiene comprometidos US$2,100 millones los 21 proyectos regionales de banda ancha, además de fondos complementarios para el desarrollo de telecomunicaciones en zonas rurales y de interés social.
Para una organización con semejantes recursos, la transparencia en su personal especializado debería ser la norma. Pero lamentablemente no es así, y se suman más cuestionamientos a la gestión del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que ya tiene que responder serios cuestionamientos por jugadas y licitaciones realizadas en Provías.
Apenas el 21 de setiembre se publicó la resolución con la firma de Silva en la que se designa a Edgar Velarde como director ejecutivo de PRONATEL. Velarde es un profesional con más de 30 años en el sector de comunicaciones, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y exgerente regional de Lucent Technologies. En poco tiempo, Velarde logró emitir la Resolución N 245-2021-MTC/24 que define costo cero por el uso de la reserva de capacidad para las comunicaciones del Estado en la Red Dorsal, con lo que se corrigió la resolución anterior.
Pero duró poco.
Edgar Velarde duró poco en PRONATEL.
El 13 de noviembre, menos de dos meses después, Velarde fue reemplazado por Jorge Luis Tupac Yupanqui Sagastegui, un bachiller en ingeniería industrial sin experiencia ni conocimiento especializado en el sector Comunicaciones. Entre 2017 y 2018 fue jefe de la Oficina de Soporte e Infraestructura Tecnológica de la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud.
Por su parte, la asesora principal María Carmen Martínez, ha puesto especial interés en todos los procesos relacionados con la Red Dorsal.
¿Por qué un profesional como Velarde fue tan rápidamente removido?
Silva le habría recomendado recibir en reuniones de trabajo a Julio César Bravo Sánchez, cuyo nombre saltó en un oficio enviado el 1 de diciembre a la Secretaría General de Palacio por el congresista de Fuerza Popular, Eduardo Castillo Rivas, quien solicitó información sobre la reunión que el presidente Pedro Castillo sostuvo con Sánchez Bravo en Palacio de Gobierno el 20 de agosto. Se trata de un capitán que fue expulsado del Ejército por estar involucrado en actividades de narcotráfico en Tacna, como consecuencia de ello purgó condena efectiva. Y pertenecía a la promoción 1985 donde también estaba Antauro Humala.
Bravo Sánchez, según la información recogida por CARETAS, solicitó a Velarde información privilegiada sobre actuales y futuros proyectos de PRONATEL. Velarde se negó y poco después fue cesado.
Julio César Bravo Sánchez
Ya el 7 de octubre se había designado a Ulises Calizaya mediante Resolución Ejecutiva Nº 218-2021-MTC/24 como director en la Dirección de Adquisición de Predios y Asuntos Socio Ambientales del PRONATEL. El mismo que presenta antecedentes por procesos por omisión de asistencia familiar, peculado y violencia familiar.
Son nombramientos que se suman a otros como el de la jefa del Gabinete del MTC, la psicóloga Rosemary Malpartida, que no cumplen con los perfiles profesionales y por los que la oficina de control interno del sector, a cargo del ingeniero Óscar Yabar Berrocal, no se ha manifestado.
