Obstáculos ‘injustificados’ de municipios italianos al despliegue de 5G frenan la competencia y la innovación: AGCM
La Autoridad de la Competencia y el Mercado (AGCM) de Italia publicó un informe en donde detalla que las autoridades municipales prohíben y obstaculizan la implementación de redes 5G a través de actos administrativos sin justificación, que además son contrarios a la normativa nacional y de la Unión Europea. Por ello, dijo que es prioritario eliminar dichas barreras.
De acuerdo con el análisis del regulador, los impedimentos que ponen los municipios a la instalación y operación de servicios móviles y de acceso inalámbrico fijo (FWA) con 5G afectan el proceso de innovación tecnológica en Italia, la competencia en estos mercados y los niveles de calidad brindados a los usuarios.
Además, las barreras locales aumentan los costos administrativos para los operadores de telecomunicaciones, pues demoran la colocación de antenas, pilones y otras estructuras de soporte, y determinan trámites complejos para poder continuar con la instalación.
El regulador de la competencia advirtió que es ilegal que los municipios suspendan la implementación de infraestructura, ya que se trata de una medida excepcional ante “una situación de peligro real” y no injustificada. Las autoridades locales han argumentado que con esto buscan proteger a la población de las emisiones electromagnéticas de 5G, de las que se ha especulado que provocan supuestos daños a la salud.
Sin embargo, la AGCM explicó que la ley nacional ya prevé herramientas especiales para la protección de los ciudadanos frente a los campos electromagnéticos y que diversos organismos internacionales ya han confirmado que 5G cumple con las directrices de emisión de radiaciones, como el resto de las generaciones de redes móviles anteriores.
Los municipios tienen tareas específicas en relación con el despliegue de sistemas 5G, como identificar los sitios de transmisión y telefonía móvil, o adoptar un reglamento para el correcto asentamiento urbano y territorial. Pero ninguna de esas responsabilidades tampoco debe interferir con las competencias del Estado y de autoridades independientes, puntualizó el organismo italiano.