Must carry afectará a usuarios de TV de paga en Perú: Asiet

Asiet considera que el Proyecto de Ley afectaría a los usuarios de TV de paga al obligar a las radiodifusoras nacionales a sustituir las señales contratadas o dejar de ofrecer el servicio en ciertas zonas del país.

El viernes 17 de mayo de 2024 se aprobó en primera votación el Proyecto de Ley 2844/2022-CR, que propone incorporar dos artículos a la Ley de Telecomunicaciones para permitir que “los radiodifusores de una determinada localidad tengan derecho a ser incluidos en las parrillas de los prestadores de televisión pagada de dicha localidad, en el mismo canal que le ha sido otorgado, sin alteraciones y con las mismas características y tecnología que la señal de origen”.

Desde su presentación, el proyecto ha suscitado mucha polémica entre la industria de telecomunicaciones: en septiembre de 2023, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), se manifestó en contra y ahora la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) fue la que manifestó su rechazo.

Asiet: contratación y limitante técnico

Asiet explica que los términos “afectan los canales disponibles para los usuarios y las grillas que motivaron la contratación del servicio”. Y argumenta que “los niveles de audiencia y preferencia de los canales contratados por los usuarios deben ser respetados”, en un país dónde sólo 16.2 por ciento de la población cuenta con televisión de paga.

La Asociación explica que, además, existe un limitante técnico para implementar la medida, y es que “las empresas que ofrecen servicios de televisión de paga con difusión nacional no contarían con capacidad de incluir todas las señales de las diversas localidades del país y se verían forzadas a sustituir señales de las contratadas por los usuarios o a dejar de ofrecer el servicio en distintas zonas del país”.

Y enfatiza que, según lo estipulado en la ley, la incorporación de las señales deberían realizarse en el mismo número de canal otorgado en la autorización respectiva, “lo cual en la mayoría de los casos no es técnicamente viable”.

Asiet argumenta que el proyecto va en contra de la libre competencia, “dado que los agentes privados deberían poder organizar sus actividades empresariales en plena libertad”, por lo que sugiere desestimar su aprobación.

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