Mecanismo de financiación de servicio universal de la FCC llega a la Suprema Corte
La Suprema Corte de los Estados Unidos atrajo un caso de apelación para discutir sobre la legalidad del mecanismo de financiación del fondo de servicio universal (USF, por sus siglas en inglés) de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La Corte buscará determinar si la ley le da facultades a la Comisión para recaudar y delegar la administración de los fondos a través de una entidad privada.
El pasado viernes, la Corte atrajo el caso para resolver sobre el mecanismo de financiación del fondo de 8 mil millones de dólares que la FCC utiliza para el subsidio de servicios de redes en zonas rurales, escuelas y bibliotecas.
El fondo, establecido por ley en 1996, está compuesto principalmente por contribuciones de los operadores de telecomunicaciones que son recaudados por la FCC, las cuales son utilizadas para subsidiar el acceso a servicios de comunicaciones para usuarios de bajos ingresos. Desde 1997, la Comisión estableció la Compañía Administradora de Servicio Universal para administrar el fondo.
En julio de 2024, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos, compuesto principalmente por jueces de ideología conservadora o republicana, aceptó una controversia presentada por el grupo Consumer Research, que acusa de ilegal el mecanismo de financiación y administración del fondo.
El juez Andrew Oldham dijo que el método de financiación del USF implica facultades inconstitucionales de la FCC. El juzgado consideró que las contribuciones de los operadores son una forma de impuesto y, al ser una facultad que reside sólo en el Congreso, la Comisión no tendría autorizada su recaudación. En ese sentido, señaló que “la combinación de la amplia delegación del Congreso a la FCC y la subdelegación de la FCC a entidades privadas ciertamente equivale a una violación constitucional”.
El caso ya había sido desechado por otras dos jurisdicciones. El gobierno del presidente Joe Biden impulsó una apelación de la sentencia, por lo que se espera que sea discutida en la Suprema Corte, probablemente en marzo del próximo año.
“Me complace que la Suprema Corte revise la decisión errónea del Quinto Circuito. Durante décadas, ha habido un amplio apoyo bipartidista para el Fondo de Servicio Universal y la FCC que ayudan a que las comunicaciones lleguen a los hogares más rurales y menos conectados de los Estados Unidos, así como a hospitales, escuelas y bibliotecas de todo el país. Tengo la esperanza de que la Suprema Corte anule la decisión que pone en peligro este sistema vital”, señala la presidenta saliente de la FCC, Jessica Rosenworcel.
La discusión del caso se presenta en un contexto de cambio de administración, en la que el presidente entrante Donald Trump, alineado con una ideología conservadora, buscará reducir el alcance y burocracia del gobierno. Al centro del debate se encuentra la “doctrina de la no delegación” (non delegation doctrine), la cual establece que el gobierno no puede delegar sus funciones constitucionales a otra entidad.
En ese sentido, al considerar que la Corte se compone actualmente por una supermayoría conservadora, se espera que la resolución favorezca la queja de Consumer Research. Aunque no está claro cómo una sentencia en contra de la FCC pueda afectar al USF, se espera que la resolución tenga un impacto más amplio sobre la labor de otras agencias del gobierno estadounidense.
La última vez que el Tribunal Supremo invocó lo que se conoce como doctrina de no delegación para anular una ley federal fue en 1935.
