Lula endurece penas por delitos contra infraestructura de telecomunicaciones en Brasil
La Ley N° 15.397 establece sanciones de prisión más duras contra el robo de cables, equipos y dispositivos, además de fraudes digitales.
El Congreso de Brasil y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionaron una ley que endurece las sanciones para delitos que dañan o afectan la infraestructura de telecomunicaciones.
Publicada este lunes 4 de mayo en el Diario Oficial de la Unión, la Ley N° 15.397 introduce modificaciones al Código Penal para proteger la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones, centrándose en el endurecimiento de penas por robo de equipos y la interrupción de servicios.
La ley establece penas específicas de reclusión de 2 a 8 años, además de una multa, para quienes sustraigan elementos esenciales para la conectividad; entre ellos, hilos y cables y equipos de transmisión.
Asimismo, la nueva ley endurece las penas cuando el objeto del hurto o robo sean dispositivos personales o de trabajo, incluyendo teléfonos celulares, computadoras (portátiles y tabletas) o cualquier dispositivo electrónico o informático similar. Si alguno de estos objetos son sustraídos, la pena de reclusión es de 4 a 10 años y multa.
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La ley también modifica el artículo 266 del Código Penal, que trata sobre la interrupción o perturbación de servicios telegráficos, telefónicos, informáticos o telemáticos, considerados servicios de utilidad pública.
En estos casos, se establece una pena de reclusión de 2 a 4 años y multa. La sanción se aplicará al doble si el delito ocurre mediante la sustracción, daño o destrucción de equipos instalados en estructuras utilizadas para la prestación de servicios de telecomunicaciones.
Por último, la legislación tipifica y sanciona con mayor rigor las estafas realizadas a través de medios digitales, incluyendo los fraudes cometidos a través de redes sociales, contactos telefónicos, correos electrónicos fraudulentos o duplicación de dispositivos y aplicaciones de Internet. La sanción para estas modalidades de fraude electrónico es de 4 a 8 años de reclusión y multa.
Presión sobre redes críticas
Brasil está endureciendo las penas ante el incremento del robo y vandalismo de infraestructura de telecomunicaciones, particularmente de cables de cobre y equipos activos, que afectan la continuidad del servicio y elevan los costos operativos de los operadores.
De acuerdo con la GSMA, los ataques a infraestructura crítica —incluyendo telecomunicaciones— generan pérdidas millonarias cada año y pueden comprometer servicios esenciales, desde comunicaciones de emergencia hasta operaciones financieras y servicios públicos digitales.
A nivel de América Latina, este fenómeno se ha intensificado debido al valor de reventa de materiales como el cobre y a la expansión de redes en zonas con menor vigilancia.
En el caso de Brasil, datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y reportes de operadores han documentado miles de incidentes anuales relacionados con robo de cables y equipos, que impactan directamente en la calidad del servicio, especialmente en redes fijas y de backhaul móvil.
Este tipo de delitos provoca interrupciones y también retrasa el despliegue de nuevas tecnologías como5G o fibra óptica.