Libertad en Internet disminuye por undécimo año consecutivo
La intervención estatal y la creciente vigilancia de los usuarios de Internet, en conjunto con la presencia de grandes compañías que controlan las páginas más visitadas de la red, han provocado una disminución de la libertad de Internet por undécimo año consecutivo, según el más reciente reporte de Freedom House.
El informe señala que los mayores deterioros para la libertad de Internet se documentaron en Myanmar, Bielorrusia y Uganda, donde las fuerzas estatales reprimieron a la población en medio de crisis electorales y constitucionales. La disminución de 14 puntos en la puntuación de Myanmar es la mayor registrada desde que comenzó el proyecto Freedom on the Net.
Advierte que durante el año, más gobiernos arrestaron a usuarios por discursos políticos, sociales o religiosos no violentos. Los funcionarios suspendieron el acceso a Internet en al menos 20 países y 21 Estados bloquearon el acceso a las plataformas de redes sociales.
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Se sospecha que las autoridades de al menos 45 países obtienen software espía sofisticado o tecnología de extracción de datos de proveedores privados. La limitada regulación de la venta y compra de estas herramientas, junto con su casi ubicuidad y bajo costo en la práctica, ha creado una crisis para los derechos humanos, indica el reporte.
Entre estos países, destaca el gobierno mexicano como uno de los peores abusadores del uso del spyware Pegasus, mientras que otros países como India, Nigeria, Marruecos, Myanmar y Hungría también han utilizado este tipo de software para actividades de espionaje contra la población, periodistas y activistas.
“La intervención estatal debe proteger los derechos humanos en línea y preservar una Internet abierta. El poder emancipador de Internet depende de su naturaleza igualitaria. Para contrarrestar el autoritarismo digital, las democracias deben garantizar que las regulaciones permitan a los usuarios expresarse libremente, compartir información a través de las fronteras y hacer que los poderosos rindan cuentas”, destaca el informe.
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El estudio estima que tan sólo 21 por ciento de la población de Internet vive en países con libertad en Internet, un 28 por ciento en países con libertad parcial y 39 por ciento en países sin libertad en Internet. El estudio de Freedom House cubre aproximadamente el 88 por ciento del total de la población mundial de Internet.
Adicionalmente, el estudio estima que al menos 75 por ciento de los usuarios mundiales de Internet vive en un país donde los individuos han sido arrestados o encarcelados por postear contenido en temas religiosos, sociales o políticos. Un 64 por ciento vive en países donde los gobiernos han desplegado comentaristas progobierno para manipular la discusión en línea, mientras que el 41 por ciento habita países donde los gobiernos han desconectado las redes de Internet por razones políticas.
En particular, el estudio señala a China como el país con el peor ambiente para la libertad en Internet por séptimo año consecutivo. Detalla que las autoridades chinas impusieron penas de prisión draconianas para los disidentes en línea, prensa independiente y las comunicaciones cotidianas. La pandemia de Covid-19 sigue siendo uno de los temas más censurados.
Asimismo, destaca que Estados Unidos declinó por quinto año consecutivo en el ranking mundial, derivado de la proliferación de la información falsa, engañosa y manipulada que incluso afectó la aceptación pública de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
En la versión de este año, Freedom House también destaca la creciente influencia de las grandes compañías de Internet, que comienzan a atraer la atención de los gobiernos. Las autoridades de al menos 48 países aplicaron nuevas reglas para las empresas de tecnología sobre contenido, datos o competencia durante el año pasado.
Freedom House advierte que esta nueva supervisión gubernamental, con algunas excepciones positivas como prevenir el acoso en línea y las prácticas de manipulación del mercado, se está explotando para someter la libertad de expresión y obtener un mayor acceso a datos privados.
“Las actividades en línea de los usuarios ahora son moderadas y monitoreadas de manera más generalizada por las empresas a través de procesos que carecen de las salvaguardias que ofrece la gobernanza democrática, como la transparencia, la supervisión judicial y la rendición de cuentas pública”, agrega.
El informe explica que más gobiernos han introducido reglas controversiales para controlar la libertad de expresión de los usuarios, diseñadas para suprimir el contenido que critica al gobierno, violar el debido proceso al eliminar la necesidad de una orden judicial o al exigir el uso de Inteligencia Artificial (IA) para la eliminación de contenido, las cuales pueden resultar en un daño colateral significativo para la expresión política, social y religiosa.
“Los usuarios se encuentran cada vez más solos para lidiar con los turbios sistemas de moderación de las empresas y proteger sus derechos en línea”, advierte.